El problema de la vivienda en España: análisis y propuestas

El problema de la vivienda en España: «La vivienda es un negocio, no un derecho»

El problema de la vivienda es el enladrillamiento de este país al servicio de la especulación y el lucro, construyendo sin freno y destrozando el territorio con una política de tierra quemada y de huida hacia delante. El objetivo es hacer negocio vendiendo casas, da igual cual sea el precio a pagar o si esas viviendas nunca serán habitadas, el negocio es lo primero.

Nos dicen que hacen falta más viviendas y que se necesita urbanizar más suelo para construirlas. La realidad es que sobran: hay más de 3 millones de viviendas vacías en España. La vivienda no es asequible porque se ha convertido en una mercancía más con la que se especula, se vende o se alquila, donde algunos se lucran a manos llenas a costa de una necesidad social básica excluyendo de la vivienda a los que no resultan rentables para el mercado y encadenando al resto de por vida a una hipoteca.

En este país estamos sufriendo una gran conspiración silenciosa: la mayor transferencia de renta de nuestra historia, en beneficio de una minoría, un «oligopolio de la vivienda», que controla la propiedad del suelo y la promoción y construcción de viviendas. Y en su labor cuentan con la colaboración necesaria -cuando no cómplice- de las Administraciones Públicas y con la inoculación en el ideario colectivo de la idea de «la compra de una vivienda es la mejor inversión», con el que las masas se suman gustosas a este «capitalismo popular del ladrillo». Millones de proyectos de vidas están siendo sacrificados en el altar de la vivienda. Lo que se hipotecan no son casas, son nuestras vidas.

El posicionamiento de la Asamblea: ¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO!

Y la mejor forma de garantizar este derecho es que el acceso a la vivienda no dependa del mercado y la propiedad. ¿Y de que derecho a la vivienda hablamos? Del derecho de alojamiento, a habitar una vivienda digna a un coste asequible, lo que no pasa por la propiedad de esa vivienda, ni por su mercadeo, ni por gastar la vida para pagar la casa.

Para garantizar este derecho fundamental es condición necesaria unas Administraciones Públicas no corruptas y al servicio de los ciudadanos, y no como hasta ahora, al servicio de la especulación inmobiliaria y los que la promueven. Nuestros «representantes» ni siquiera cumplen las leyes que ellos mismos han aprobado y que deberían garantizar el acceso a una vivienda digna.

Queremos ir más allá de la mera satisfacción de la necesidad individual de alojamiento, y plantearnos y plantearos en qué modelo de ciudad queremos insertar esas viviendas, con qué modelo de urbanismo queremos que se generen, qué sistema de relaciones sociales y de interacción con el resto de la ciudad y del territorio pretendemos generar, con qué criterios de necesidad y sostenibilidad abordar la expansión urbana, etc.

Propuestas para garantizar el acceso a una vivienda

Para lograr el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda, ésta debe dejar de depender del mercado, incidiendo en tres ejes de actuación fundamentales contra las causas del problema de la vivienda y uno más acerca del modelo de urbanismo, de ciudad y de sociedad.

Dar uso a las viviendas vacías existentes

El objetivo es dar un uso social (que se habiten) a los más de tres millones de viviendas vacías existentes (sin incluir los cuatro millones de segundas viviendas). Pasos para lograrlo:

1. Identificar las zonas con «Necesidad Urgente de Vivienda» (NUV) en función de la demanda de viviendas en cada municipio y territorio.

2. Establecer un censo actualizado y supervisado de viviendas vacías para los municipios con necesidad urgente de vivienda. Para ello se debe definir y acotar previamente el concepto de «vivienda vacía», en base a inspecciones, a los datos de empadronamiento y los consumos básicos del hogar (luz, agua), entre otros criterios posibles.

3. En las zonas NUV, una vez identificada una vivienda vacía, se dará un plazo (3 meses por ejemplo) a los propietarios para que demuestren que están habitadas. Transcurrido el plazo, si el propietario no puede acreditar la ocupación de la vivienda tendrá dos opciones:

   1. Inscribir la vivienda vacía en una bolsa de alquiler social, a través de la cual se gestionaría todo lo relacionado con el uso y alquiler de esa vivienda. El precio del alquiler se fijaría en función de los costes de conservación y mantenimiento del edificio y la vivienda, de forma que se mantenga en perfecto estado de habitabilidad para el momento que el propietario pueda reclamar un uso legítimo de la vivienda.

   2. Si opta por mantener la vivienda vacía allí donde hace falta, se la considerará un bien de lujo y será gravada, por tanto, con un contundente impuesto cuya cuantía desincentive el mantenerla desocupada.

Política pública de vivienda

Allí donde el parque de vivienda existente no sea suficiente para cubrir las necesidades de alojamiento de la población, la iniciativa pública generará suelo barato para promover vivienda social en alquiler. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social fuera de los mecanismos de mercado.

1. Abaratar el suelo para uso social

Declarar todo el suelo inicialmente protegido y no urbanizable. La generación de nuevo suelo urbano y urbanizable deberá responder al interés social general y ser gestionado con criterios democráticos mediante la participación activa de la ciudadanía.

Desligar el valor del suelo del precio de mercado, que incorpora expectativas inmobiliarias. Cuando el suelo se expropie para generar vivienda social, se expropiará pagando un precio ligado a su aprovechamiento agropecuario o similar.

2. Construcción de viviendas públicas de alquiler

El objetivo es constituir un amplio parque público de viviendas de alquiler reducido (al coste de mantenimiento y reposición) gestionado mediante bolsas públicas de alquiler. Estas viviendas se edificarían a través de una constructora pública, lo que garantiza unas condiciones laborales dignas y no precarias a los trabajadores que las construyan y además, abarata su construcción al eliminar el margen de beneficios con el que operan las empresas privadas del sector.

Para lograrlo, todo el gasto público en vivienda debe destinarse a promover la vivienda social de alquiler. Para ello debe reorientarse la política actual, centrada en subsidiar la compra de vivienda, eliminando progresivamente la deducción del IRPF por compra, incorporada al precio de la vivienda y por tanto, convertida en una transferencia de renta al vendedor.

Las diferentes Administraciones Públicas deberán garantizar este parque público de alquiler en el plazo más breve posible. Por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado de 2007 prevén destinar 9.000 millones de euros a vivienda, principalmente a bonificaciones fiscales y deducciones por compra de vivienda. Con ese dinero se podrían construir hasta 150.000 viviendas públicas en alquiler. Si fueran necesarias más, se podría aumentar el gasto público en vivienda reasignándolo de otras partidas presupuestarias menos prioritarias o revertiendo las regresivas reformas fiscales de los últimos años para disponer de recursos adicionales.

3. Urbanismo al servicio de los ciudadanos, no al del mercado

Articular el territorio con criterios de sostenibilidad, al servicio de los ciudadanos y de sus necesidades y no las de los propietarios del suelo, promotores y constructores. Para lograrlo es imprescindible la participación democrática real de la ciudadanía en el desarrollo urbanístico del territorio y someter a referendum la aprobación de los planes urbanísticos.

Un urbanismo al servicio de los ciudadanos debe pasar por consolidar y mejorar la ciudad ya existente, con una edificación en altura razonable (ni adosados ni rascacielos), con bloques de viviendas en manzanas abiertas a la ciudad y a la calle y no como prisiones encerradas sobre si mismos, promoción de los espacios gratuitos de socialización ajenos a la lógica comercial (plazas, parques, centros sociales, espacios deportivos), apuesta por el transporte colectivo (intermodal) y la accesibilidad (peatonalización), mezcla de usos del suelo no excluyentes entre si, evitando la especialización extrema del espacio urbano, la creación de zonas marginales («guettos»)…

Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna. Madrid octubre 2006