Más de mil familias forman parte de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF). Reclaman los bienes embargados por el régimen. De cada comprobante se podría escribir una novela. El 17 de septiembre de 1938, el Gobierno provisional de Franco editaba una orden en el Boletín Oficial del Estado donde se […]
Más de mil familias forman parte de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF). Reclaman los bienes embargados por el régimen.
De cada comprobante se podría escribir una novela. El 17 de septiembre de 1938, el Gobierno provisional de Franco editaba una orden en el Boletín Oficial del Estado donde se prohibía «tener papel moneda puesto en curso por el enemigo». El dinero republicano debía ingresarse en el Banco de España, donde a cambio se obtendría un comprobante, con sello y número, que serviría más tarde para obtener la misma cantidad en moneda franquista. Hasta la fecha, más de ocho millones y medio de pesetas de la época jamás llegaron a ser devueltas.
Traducido a euros, una peseta de 1939 equivaldría a más de 1,5 euros. El total serían más de 14 millones de euros. Y las familias de los incautados piden la restitución de su patrimonio. Detrás de cada comprobante se encuentra con frecuencia una historia de quiebra familiar, dinero requisado o pequeñas fortunas desaparecidas. Fueron miles las personas que no pudieron canjear el recibo. La causa: los requisitos para devolver el dinero. Con un lenguaje funcionarial, el decreto franquista advertía que el canje sería en función «del espíritu diligente» del solicitante. Además, su trayectoria política debería estar avalada, lo que suponía un eficaz sistema disuasorio para los reclamantes del bando derrotado.
En la actualidad, algo más de mil familias de la APIGF conservan aún el papel amarillento de los recibos. Durante décadas, conservarlo podía suponer más un motivo de riesgo político que de seguro económico. No obstante, su valor no ha prescrito. El documento es válido, y cerca de un millar de personas que componen la asociación reclaman al Gobierno que se devuelva el dinero requisado.
El expolio y las sentencias
En comparación con otros casos, incluso se puede decir que algunos miembros de la APIGF han tenido suerte. Poseen un documento que da cuenta de su propiedad. No es lo usual. Durante los primeros años de guerra, miles de bienes y propiedades de represaliados pasaron a manos del bando franquista directamente por orden judicial. Alberto Lorente, quien ha estudiado el caso de la represión en el Valle del Tiétar, señala un ejemplo en Casillas, un pequeño pueblo de Ávila de apenas 800 habitantes, donde se elaboraron 210 expedientes en los que había que señalar el pasado político y bienes del individuo. «Ese documento tenía que ser avalado por dos personas del orden. Tenían que decir si tenía propiedades, dónde estaban, especificarlas, y el párrafo daba un informe sobre su actitud religiosa», señala Lorente. «Y esto ocurre en todos los pueblos». Según los colectivos de la memoria, uno de los motivos por los que no se anulan las sentencias se relaciona directamente con este expolio.
Emilio Silva, presidente de la ARMH, señala que la Administración teme el «revoltijo patrimonial» que supondría anular los juicios. No obstante, este temor contrasta con la recuperación por parte de los grandes partidos y sindicatos de su patrimonio incautado. E incluso desde la ARMH se apunta que el interés de los partidos por su patrimonio pueda estar contribuyendo también a ralentizar el trámite de la Ley de la Memoria. Mientras, entre la APIGF miran con recelo una ley que consideran ya «bastante descafeinada» y en la que no se dice nada de su situación. De momento, deberán seguir esperando.
La guerra vivida en los pueblos
Alberto Lorente lleva años estudiando la historia oral sobre la Guerra Civil y la represión en varios pueblos de Ávila. Recientemente escribió sobre Casillas, enclavado a mil metros de altura y aislado históricamente, «que quizás se enterase de la guerra tres o cuatro días más tarde», comenta. Para Lorente, «en Casillas se empieza a aplicar lo que se va a empezar a hacer en otros pueblos», con la llegada de escuadrones de la muerte ajenos a los vecinos. En Casillas fueron nueve los fusilados. Una cifra baja en comparación con otras localidades cercanas como Piedralaves, donde por motivos religiosos se quemó a 20 personas. En este tiempo, Lorente ha descubierto «cómo empiezas a entender el por qué de la brutalidad, ves una estrategia de aniquilación planificada». «En cuanto a la perpetuación de ese orden: claro que sigue. Lo hicieron para eso».