Claudia X es una indígena boliviana de 32 años que hace sólo dos meses vendía plátanos en una carretera estrecha y sin asfaltar de Cochabamba. Con dos hijos -de 3 y 5 años- a los que debe sacar adelante como madre soltera, ella tomó entonces la «decisión más difícil» de su vida: emigrar a España […]
Claudia X es una indígena boliviana de 32 años que hace sólo dos meses vendía plátanos en una carretera estrecha y sin asfaltar de Cochabamba. Con dos hijos -de 3 y 5 años- a los que debe sacar adelante como madre soltera, ella tomó entonces la «decisión más difícil» de su vida: emigrar a España para buscar un «mejor futuro», por lo que dejó a los niños con la abuela, en la pequeña choza de madera donde ella misma creció.
Lejos de la tranquilidad de los bosques y los platanares de su región, esta joven boliviana sobrevive en Madrid, una metrópoli agresiva y «rápida» que la obliga a aprender a marchas forzadas los «códigos secretos» de los llamados «sin papeles».
España es, después de Estados Unidos, el segundo país con el mayor número de migrantes procedentes de América Latina: alrededor de un millón 840 mil viven de forma «legal» en el país, según el último censo oficial.
Sin embargo, los cálculos de las organizaciones de inmigrantes y de las propias autoridades estiman que en estos momentos hay alrededor de 800 mil personas en situación irregular, con lo que la cifra de latinoamericanos aumentaría hasta 2 millones 600 mil.
Claudia no sabe leer ni escribir, habla un español precario y tiene como única arma de supervivencia ser una trabajadora tenaz e incansable. En entrevista con La Jornada, esta joven boliviana prefiere no dar su nombre íntegro, ante el temor de que por su situación «irregular» sea «identificada y deportada».
En esta misma condición, la de ser considerado un «sin papeles» o «un trabajador clandestino», se encuentran alrededor de 800 mil latinoamericanos, de los cuales alrededor de 200 mil son originarios de Bolivia.
«Yo tengo aquí a mi hermana y ella me ha ayudado mucho a conseguir mi primer trabajo, con una señora mayor a la que cuidaba y para la cual cocinaba. Pero cuando cumplí el primer mes me dijo que ya no me necesitaba, y que como le había descompuesto la lavadora no me iba a pagar», narra entre lágrimas esta indígena de Cochabamba, desesperada porque, además de tener el apremio de mandar dinero a sus dos hijos y a su madre, tiene una deuda de 2 mil euros por el viaje que la trajo a España.
Ahora Claudia, con otro trabajo también en el servicio doméstico, intenta aprender los «códigos secretos» de esos que llaman «trabajadores clandestinos»:
«Tengo miedo de que no me vuelvan a pagar, pero lo que más me preocupa es que me detengan y me regresen a Bolivia, donde la situación es muy difícil y no hay trabajo. Yo vendía plátanos en la carretera, pero apenas sacaba para que comiéramos mis hijos y yo una vez al día, y eso cuando nos iba bien», relata.
El llamado «milagro económico español», que se inició con la transición a la democracia después de la larga dictadura franquista (1939-1975), convirtió a España en un país moderno y próspero.
Al final de la década de los noventa, cuando finalmente se había reducido la tasa de desempleo interno a cifras históricas (menos de 12 por ciento de la población activa), España se convirtió en un país atractivo y «amable» para los centenares de miles de latinoamericanos que han tenido que emigrar por falta de oportunidades en sus países de origen.
Al principio llegaron -sobre todo- peruanos, dominicanos y argentinos, si bien en los últimos cinco años, a pesar de las restricciones del visado, el mayor número de migrantes procede de Ecuador, Bolivia, Colombia y Paraguay.
Pedro Nel Valencia es un periodista colombiano de 50 años, que llegó a España en 2001, huyendo de los salarios precarios de su país, incluso para él, que había ganado un premio por su ejercicio periodístico y que llegó a trabajar en uno de los diarios más importantes de Colombia.
El nacimiento de su hijo y su aspiración de un «mejor futuro» lo llevaron a embarcarse rumbo a Madrid, donde inició su andadura como migrante, que en los primeros cuatro años fue complicada: «cuando me vine para acá y se me venció el visado de turista (de tres meses, con el cual habitualmente ingresan al país la mayoría de los migrantes), comencé a laborar en cosas precarias, como constructoras, inmobiliarias y hasta de conserje. Al poco tiempo empecé a trabajar en una revista de inmigrantes que aceptaba a gente sin papeles y que me pagaba dinero negro. Recuerdo que a veces me pagaban con tarjetas telefónicas que luego yo tenía que revender para poder completar el sueldo. Estuve cuatro años sin papeles, hasta que me acogí a la última regularización, en 2005; fue entonces cuando pude regresar a Colombia a ver a mi hijo y a mi madre, que estaba gravemente enferma de cáncer».
La regularización de 2005 fue adoptada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de «normalizar» la situación de más de 2 millones de personas, que a pesar de que formaban parte de la fuerza de trabajo nacional no tenían derechos ni obligaciones con el Estado. Esta medida, aplaudida por los colectivos de migrantes y organizaciones de defensa de los derechos humanos, provocó una airada reacción de la derecha española, aliada histórica del sector empresarial, que asumió un discurso incendiario contra los sin papeles.
Este periodista colombiano, después de sortear las dificultades de todo migrante, se convirtió en el primer director latinoamericano de un medio de comunicación editado en España, en este caso del periódico Latino, destinado al colectivo de migrantes de la región.
«En lo personal, lo más difícil fue la lejanía de mi hijo y ver que estás en un país del primer mundo donde la gente vive bien, pero que uno está en condiciones muy distintas, con escasez de dinero y de todo. Eso es muy fuerte, pues yo en Colombia estaba relativamente mejor, pero creo que ahora estoy recogiendo el fruto de ese sacrificio», explica Valencia.
Precisamente unos de los temas que más preocupan a las autoridades y a los colectivos de migrantes es el proceso de integración de estos 2 millones de personas: es decir, algo más de 5 por ciento de la población total de España.
Las comunidades autónomas pioneras en poner en marcha programas públicos de adaptación fueron el País Vasco y Cataluña, que cuentan con ayudas específicas y, sobre todo, tienen un discurso en favor de la integración, en el que exaltan las virtudes de la fuerza laboral de los migrantes.
Del otro lado se encuentran Madrid y Valencia -gobernadas por el derechista Partido Popular (PP)-, donde no existen programas parecidos a los de Cataluña y el País Vasco.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España residen de forma legal alrededor de 400 mil ecuatorianos, 270 mil colombianos, cien mil peruanos, 90 mil argentinos, 60 mil dominicanos, 50 mil bolivianos (más los 200 mil que se estima que se encuentran en situación irregular) y los 120 mil procedentes de Uruguay, Paraguay, Chile y Venezuela. Además. se calcula que hay más de 40 mil migrantes «con papeles», originarios de México -alrededor de 10 mil-, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Cuba y Panamá.
Este colectivo está al alza, pues se calcula que al año ingresan a España más de 30 mil migrantes latinoamericanos, ven el fruto de su sacrificio y su trabajo no sólo en la mejoría de su situación personal, sino en el envío periódico de dinero a sus familias. El año pasado se estima que este grupo de migrantes envió a sus respectivos países alrededor de 3 mil 730 millones de euros, y en lo que va de 2007 ya han enviado mil 300 millones; es decir, 40 por ciento más que hace un año, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Como Claudia, que sueña con el día en que por fin pagará la deuda de su viaje y podrá, finalmente, empezar a mandar dinero a su pueblo de Cochabamba, donde hace sólo dos meses iba con su carretilla repleta de plátanos a ganarse la vida en una vieja carretera.