Cuando se le preguntó a las mujeres de distintos lugares de Guatemala por qué no aspiraban a cargos a elección popular, de forma discreta y, en voz muy baja, coincidieron en decir que por los celos de esposos y padres, el temor a que el pueblo hable mal de ellas o por haber llegado sólo […]
Cuando se le preguntó a las mujeres de distintos lugares de Guatemala por qué no aspiraban a cargos a elección popular, de forma discreta y, en voz muy baja, coincidieron en decir que por los celos de esposos y padres, el temor a que el pueblo hable mal de ellas o por haber llegado sólo al tercer grado de primaria.
Esas respuestas no sorprendieron a los investigadores de Naciones Unidas encargados del estudio, quienes confirmaron así por qué en este país centroamericano prevalece una notoria ausencia femenina en diputaciones y corporaciones municipales, pese a ser las mujeres el 51 por ciento de los 13 millones de habitantes.
Tanto mujeres indígenas como ladinas y garífunas reflejaron que el sistema patriarcal tampoco les cede espacios para participar como candidatas a puestos de elección popular, porque coinciden en que «el lugar de las mujeres está en la casa». Además, los partidos políticos marginan a quienes buscan promoverse a través de uno de ellos.
En septiembre venidero, Guatemala elegirá a su próximo presidente, diputados al Congreso de la República y Alcaldes Municipales y en esas listas la presencia femenina es casi nula.
El no gubernamental Tribunal Supremo Electoral reportó que, hasta junio, sólo estaban inscritas 74 candidatas a diputadas, en contraste con el número de hombres que era de 288, mientras que para corporaciones municipales apenas había 253 mujeres frente a 2.076 varones.
La desigualdad se mantiene en la política de este país, señaló Catalina Soberanis, quien ha sido Ministra de Educación, Diputada y ex presidenta del Congreso de la República.
Ella sostiene que en esta nación son marcados los contrastes en la política en el tema de género y puso como ejemplo que, de un total de 158 diputados, sólo 14 son mujeres. La discriminación va más allá, pues únicamente una de ellas representa a las indígenas, pese a que la población de origen maya alcanza los seis millones de habitantes.
En los puestos ediles, las cosas empeoran, indica Soberanis. De 331 corporaciones municipales que gobiernan la nación, apenas ocho mujeres están sentadas en la silla edil y solamente una de ellas pertenece a la cultura indígena.
La mujer rural históricamente ha sido marginada, en especial en el tema de la educación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, sólo el 48,3 por ciento de las mujeres son alfabetas, frente al 64,1 de los hombres.
Mientras, en salud, a nivel general, la tasa de mortalidad materna de Guatemala es una de las más altas de América Latina: 153 mujeres mueren por cada 100.000 bebés nacidos vivos.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, de igual forma, califica como dramática la presencia femenina en los puestos de poder y, aún más, en las propuestas de los partidos políticos para promoverlas a cargos de decisión.
Para este organismo internacional, la participación femenina en las organizaciones políticas en Guatemala es «sumamente limitada y casi inexistente» y considera grave la ausencia de garantías normativas que permitan atender esa necesidad de participación equitativa de mujeres y hombres dentro de esas fuerzas.
De acuerdo con Nineth Montenegro, una activista en derechos humanos que ha sido diputada por dos legislaturas representando al partido de tendencia izquierdista Frente Nueva Nación, Guatemala junto con Paraguay, Honduras y Brasil son los países con los índices más bajos de mujeres en el Parlamento.
En ese grupo político, ella encabeza el listado al Congreso de la República. Su partido, junto con el Frente Republicano Guatemalteco, es el que mayor número de mujeres promueve para diputaciones, con más de 25 candidatas.
Las demás propuestas políticas, como la Gran Alianza Nacional, la Unidad Nacional de la Esperanza y la Democracia Cristiana Guatemalteca, han designado de cinco a siete mujeres en sus listas al Legislativo.
Ello demuestra que la mujer, y especialmente la indígena, sigue siendo puro folclor en la contienda, opina Carmen Quiej, dirigente de las mujeres indígenas Moloj.
Quiej hizo pública su molestia al indicar que no sólo las ladinas (mestizas) son discriminadas. «En Guatemala, cuatro millones de habitantes conforman los 23 grupos mayas y no figuramos como mayoría en los puestos de poder», agregó.
José Dávila, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, piensa que ellas deberían tener una cuota de poder similar a la de los hombres, si son las que conforman la mayoría de la población.
Indicó, además, que se debe terminar con la idea de que el género femenino es una ciudadanía de segunda clase y colocarlas en puestos elegibles, no sólo porque hay que darles trabajo, sino para que puedan tomar decisiones. «Una democracia debe ir a la par de una justa equidad de genero», insistió.
Dávila ve en las cuotas de poder una injusta repartición, ya que los partidos políticos han colocado a la gran mayoría de las mujeres en sus listados a diputaciones al final de las casillas, lo que automáticamente les impide acceder a una curul en el Congreso de la República.
Las guatemaltecas lograron el derecho a ejercer el voto en 1945, aunque en esa ocasión se excluyó a las analfabetas. Veinte años después, en 1965, se extendió el sufragio a todas las mujeres, lo cual hizo de este país el primero de Centroamérica y uno de los más avanzados de Latinoamérica en aprobar el voto femenino.
Agrupaciones como la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj, la alianza de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y la Convergencia Cívico Política de Mujeres han entrelazado vínculos para romper con lo que ellas denominan ese «techo de vidrio», reflejado en las entrevistas realizadas por Naciones Unidas.
La cruzada se inició hace una semana, con foros, y proseguirá con encuestas y la publicación de afiches para exigir más mujeres en los cargos públicos, desestimular el uso del cuerpo femenino para promover el voto y hacer un llamado a ejercer el sufragio consciente.