En los años 90, en América Latina, el Banco Mundial (BM) impulsa la minería como parte de una política para los Estados (una nueva imposición del modelo extractivista, conocido por su carácter depredador de la naturaleza); en el año 94, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el BM conjuntamente con Gran Bretaña y Suecia […]
En los años 90, en América Latina, el Banco Mundial (BM) impulsa la minería como parte de una política para los Estados (una nueva imposición del modelo extractivista, conocido por su carácter depredador de la naturaleza); en el año 94, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el BM conjuntamente con Gran Bretaña y Suecia otorgan un crédito de 24 millones de dólares para el proyecto minero PRODEMINCA.
La idea del proyecto fue convertir al Ecuador en un gran centro de explotación minera, un lugar muy apetecido por el mercado internacional de metales, que se encuentra ávido de cualquier reserva, como la nuestra, que posee 1,5 millones de toneladas métricas. Para ello se creó un marcó jurídico en el área minera, que dio apertura y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras: la Ley Trole II, nociva en términos políticos, económicos, sociales, y ambientales para al país. En aquel gobierno de derecha se declaró a la minería a gran escala como prioridad nacional y a través de la Trole II se promovieron incentivos fiscales se permitió actividades mineras en zonas protegidas, haciendo más flexible el marco legislativo para la inversión de compañías mineras.
De esta manera llegaron al Ecuador varias transnacionales mineras extranjeras, sobre todo canadienses, a las cuales se les ha concesionado zonas protegidas, ricas en fuentes de agua, lo que ha causado impactos ambientales irreversibles, además de conflictos sociales internos. Las principales concesionarias en el país son Ascendant Explorations y su mega-proyecto de convertir en un distrito minero a las zonas comprendidas entre Intag (Imbabura), Pichincha y parte de Esmeraldas; I AN GOLD, que pretende explotar oro en el Azuay; Ecuador Minera Corporation (EMC); Antofagasta PCL (Chile); Aureliam, que opera en Zamora Chinchipe y tiene más de 95 mil concesiones; Ecuacorriente o Corriente Resources, que pretende trabajar en la Cordillera del Cóndor, entre otras.
La explotación minera a gran escala: sus estrategias e impactos
Las transnacionales mineras utilizan diversas estrategias para ingresar en las comunidades y lograr su aceptación, una de ellas es la «compra de conciencia» de los principales dirigentes, para que estos convenzan al resto de pobladores de los «potenciales beneficios»; las mineras privadas ofrecen programas sociales para las comunidades aledañas a las zonas de concesión: programas de desarrollo local en materia de productividad, capacitación técnica de la agricultura y la ganadería, vialidad, reforestación y obras públicas. Sin embargo, nada de esto se cumple. Todo lo contrario. La explotación minera a gran escala produce un impacto directo en el suelo, la flora, la fauna y el agua. En la fase de prospección y exploración se abren caminos, se derriban bosques primarios, intervienen maquinarias utilizando combustibles contaminantes… En la explotación se utilizan químicos como el cianuro o el mercurio para separar el oro de otros minerales de la naturaleza, elementos que directamente se depositan en los yacimientos hídricos.
Las transnacionales mineras y las hidroeléctricas privadas, a más de la conflictividad social que producen, terminan con las fuentes primarias de agua (bosques, pajonales), envenenan los ríos, erosionan el suelo y contaminan el aire. Los productos químicos que se utilizan en la minería son altamente contaminantes y nocivos.
Las ONGs trabajan conjuntamente con las transnacionales mineras para vender su imagen
Klever Calle – Movimiento de la Salud de los Pueblos
En el país se vende la imagen de la «minería sustentable» para iniciar proyectos sociales a las poblaciones, pero finalmente los efectos siguen siendo los mismos, porque la minería no es sustentable, ya que este recurso no es renovable.
Esta iniciativa supuso la creación de ONGs «ambientalistas», organizaciones no gubernamentales que no encuentran ninguna contradicción entre actividades mineras a gran escala y el conservacionismo, que a su vez abren paso a las mineras, por ejemplo: Fundación Natura para fines de noviembre, en Cuenca, está coorganizando un Congreso Internacional Ambiental con Iam Gold, que es la transnacional minera que más convulsión social ha producido en el Azuay; transnacional que, además, tiene la concesión de una zona protegida, el humedal de Quinsacocha (3 lagunas), que tiene 17 mil hectáreas de extensión (el humedal es la naciente de cuatro microcuencas importantes para la zona: el Yanuncay, Tarqui, Irquis, Chorro). Esto indica las contradicciones en que caen las Organizaciones Ambientalistas como Fundación Natura, que a su vez trabajan con las mineras. A este respecto, la Coordinadora en Defensa de la Vida y la Soberanía está lista para interferir el discurso que se pretende promocionar con este Congreso. Al interior de la Facultad de Ciencias Médicas y la Coordinadora, nos toca confrontar cualquier tipo de afirmaciones que se den en el marco de este evento con la evidencia científica de lo que realmente ocurre.
La minería en el país debe desaparecer
Gloria Chicaiza – Acción Ecológica
Nuestro país ya tiene una sobreexplotación de petróleo, ante ello se ha puesto como una gran opción la minería. En el área minera nuestro país tiene concesionadas cerca de 4 millones 111 mil hectáreas de territorio, cifra que supera levemente la superficie designada para la minería en Perú: 4 millones de hectáreas. Existen facilidades para las mineras extranjeras, ventajas que antes de la Ley Trole II no había; por ejemplo, por daño ambiental hoy no se puede suspender ni revertir al Estado las concesiones mineras. Igualmente la Ley Minera quitó el 3% de regalías sobre el material en bruto que se saque, hoy no pagan ni un solo dólar por patente minera, que es el arriendo que se paga para una concesión por año. El Banco Mundial tiene un catastro minero del país cuantificado en un 20% del territorio ecuatoriano, es decir, de los 27 millones de hectáreas totales, 5 millones de hectáreas serían el potencial minero del Ecuador.
El Banco Mundial tiene un catastro minero del país cuantificado en un 20% del territorio ecuatoriano, es decir, de los 27 millones de hectáreas totales, 5 millones de hectáreas serían el potencial minero del Ecuador; si se analiza el potencial minero y las concesiones otorgadas, estas se encuentran sobre las poblaciones más numerosas y que poseen las principales fuentes de agua del país y de tierras agrícolas; es espantoso pensar que se pueda desarrollar minería a gran escala sobre este territorio y a costa de las vidas de miles de ecuatorianos.