De nuevo la llamada «guerra del agua»vuelve a ocupar espacios en los medios de comunicación y en las agendas de los políticos. La milagrosa solución de la ex ministra Carbona con su programa AGUA y sus desaladoras no ha podido solucionar un problema histórico agravado desde la década de los 60 del pasado siglo como […]
De nuevo la llamada «guerra del agua»vuelve a ocupar espacios en los medios de comunicación y en las agendas de los políticos. La milagrosa solución de la ex ministra Carbona con su programa AGUA y sus desaladoras no ha podido solucionar un problema histórico agravado desde la década de los 60 del pasado siglo como consecuencia de la explosión de las demandas ligadas a la expansión de los regadíos , el sector turístico y, a partir de la ley del suelo del PP, del sector inmobiliario.
Ni la consagración del dominio público hidráulico ni la proclamación del principio de unidad de cuenca, d la que tan orgullosos se han mostrado los gobernantes del PSOE desde la promulgación de la ley de aguas de 1985, han podido atajar ó como mínimo regular los déficits crecientes de recursos hídricos y sus consecuencias en términos de conflictos de intereses, expresados como enfrentamientos territoriales en el «Estado de las Autonomías». El paradigma de la política hidráulica inspirada en las propuestas regeneracionistas de «equilibrar España» y llevar agua desde sobra a donde falta fue el proyecto de trasvase Tajo Segura diseñado por el ingeniero Lorenzo Pardo y finalmente aprobado por ley franquista en 1971. mediante los 1000 Hm3 proyectados para trasvasar a la cuenca del Segura se pretendía abastecer las demandas de agua de un sector agrario al que los tecnócratas de la Dictadura querían convertir en uno de los motores del desarrollo capitalista español, adecuado para su integración en el Mercado Común Europeo (hoy UE) cuando las circunstancias políticas lo hicieran posible. Lo que se señala, por cierto, para mostrar la continuidad de las políticas económicas de la Dictadura y el régimen parlamentario.
Como en muchos otros aspectos, las políticas económicas de los gobiernos constitucionales no han divergido mucho de las inspiradas por los tecnócratas del franquismo. La proclamación por la ley del 85 del carácter demanial de las cuencas y del principio de su unidad de gestión no alteró las prácticas oligárquicas y clientelares en los aprovechamientos de la aguas por los grandes regantes y las compañías eléctricas así como la orientación efectiva de la gestión hidráulica según las pautas tradicionales del Cuerpo de Ingenieros de Caminos al servicio de los proyectos de expansión de negocio de las grandes constructoras. La obsesión franquista por las inauguraciones de presas fue heredada por los gobernantes socialistas, alcanzando el paroxismo con el PHN del ex ministro Borrell en el que se pretendían trasvasar Hm3 y al que la recesión del 92-94 y las políticas de ajuste presupuestario de Solbes enterraron definitivamente.
En una coyuntura muy determinada, el PSOE consiguió convertirse en la herramienta útil para un importante conjunto de sectores sociales, especialmente en Aragón y Catalunya, para derogar el trasvase del Ebro que el PP había convertido en el buque insignia del PHN del 2001. Conseguida esta derogación-no la del conjunto del PHN2001,aún en vigor- , por razón de restricciones en los recursos presupuestarias de la UE que debían financiar tan importante inversión, se puso en marcha el llamado programa AGUA destinado a compensar la frustración de las expectativas de las CCAA y los sectores beneficiarios del trasvase del Ebro(Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía Oriental y los sectores del regadío, turístico e inmobiliario, todos ellos dirigidos por la derecha gobernante en estas CCAA y en la mayoría de los municipios de ambas regiones), básicamente mediante la construcción de un conjunto de plantas desalinizadoras que abastecerán de agua al regadío y a los abastecimientos urbanos.
No es el momento de detenerse a analizar la viabilidad económica y la adecuación ecológica de estas infraestructuras. Procede, sin embargo, señalar la continuidad con las políticas hidráulicas de oferta vigentes desde el franquismo. Las actuaciones de utilización de aguas residuales, de ahorro y eficiencia en los sistemas de regadío y, sobre todo, las de racionalización de la demanda, frenando la locura urbanizadora del litoral levantino, no han pasado de un nivel testimonial destinado a legitimar el núcleo duro de las desaladoras ante la audiencia ecologista y los sectores agrupados en torno al discurso d la «nueva cultura del agua» y la consigna «agua par siempre». Esta política de «cebar la bomba» aumentando la oferta de recursos no ha sido correspondida del lado de la demanda porque los sectores regantes que debían comprar el agua producida por desalación rechazan los precios al que se les ofrece (0,35 euros/m3) porque haría inviables sus explotaciones. No parece demasiado aventurado suponer que estos sectores estén actuando de punta de lanza en el pulso que le está echando al Gobierno el amplio bloque de regantes, sectores inmobiliarios y hoteleros, sector de la construcción, etc, organizados en torno a los gobiernos del PP y su demagógica consigna «agua para todos»; y la pasividad, cuando no la complicidad. de la izquierda sistémica (PSOE e IU) en las CCAA de Valencia y Murcia. Un pulso expresado en el medio millón de personas en la manifestación del 18-M en Murcia y en los 10.000 de Elche, demandando ambas la continuidad de trasvase Tajo Segura cuya fecha de caducidad para 2015 proclama el proyecto de Estatuto de Autonomía que actualmente se discute en el parlamento de Castilla La Mancha. La entrada en liza del gobierno regional de Castilla la Mancha añade un factor adicional de complejidad. Al calor e la ingente cantidad de ayudas recibidas de los Fondos Europeos, un cierto nivel de prosperidad se ha producido desde los años 80 en esta región con la emergencia de un bloque social beneficiario de las mismas de parecida composición al antes descrito para las regiones levantinas pero con intereses lógicamente antagónicos por lo que se refiere a las aguas del Tajo. Este bloque social ,en cuya configuración tanta importancia ha tenido el actual presidente de las Cortes, cuestiona e papel de mero cedente de recursos hídricos que reserva a la región la franquista ley del trasvase, alegando la efectiva carencia de tales recursos excedentes y los derechos que le asisten a utilizar tales recursos para su desarrollo económico. Subyace a este alegato un cuestionamiento, todavía no explicitado, del carácter de «dominio público de todos los españoles» de las aguas que discurren por una determinada región. Inauguró este cuestionamiento el Estatuto de Aragón al establecer una reserva de 600 Hm3 de agua del Ebro para el disfrute de la región y como forma d blindarse contra futuros trasvases. Aunque el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto, dicha reserva significa una derogación de hecho de la Ley de Aguas y una restricción importante ante lo que pudiera determinar en materia de transferencia de recursos entre cuencas el Plan Hidrológico Nacional.
La Directiva Marco de Aguas de la UE del año 2000, mal transpuesta al ordenamiento jurídico interno por la ley de acompañamiento de los presupuestos para el 2004, debería contribuir a solucionar los problemas señalados por la implementación de una política orientada por los principios del buen estado ecológico de las aguas, la racionalización de las demandas, la gestión integrada de las cuencas y la participación pública en los procesos de decisión y gestión. Se trata de una política racionalizadora que busca maximizar la eficiencia en la asignación de los recursos mediante al utilización de mecanismos d mercado-«principio de recuperación de costes» -una de las expresiones del «capitalismo verde» que la Comisión lleva postulando hace años y que tiene su expresión más conocida en el llamado mercado europeo de derechos de emisión para la reducción de gases efecto invernadero.
La aplicación de esta política capitalista , postulada aquí por el PSOE y descansando sobre un bloque social «modernizante» no definitivamente configurado y en el que destaca la presencia de grandes empresas constructoras y del sector eléctrico ,choca con los intereses del capitalismo más castizo, soportado por el amplio bloque social principal beneficiario de la prosperidad/milagro de la última década.
No es precisamente un escenario recesivo como el actual el más adecuado para que se impongan las propuestas del primer bloque de intereses. Diversos factores se conjugan para dificultar esta alternativa de la política de aguas:
• El principio de recuperación de los costes incurridos en la prestación de los servicios del agua implica una subida generalizada en las tarifas del agua para los distintos usos del mismo difícil de asumir en general, especialmente para aquellos sectores cuya prosperidad ha descansado en la práctica gratuidad de tales servicios. Aún descontando la parte de demagogia utilizada por los voceros de estos sectores, son innegables las dificultades que tales subidas pueden representar para sectores como el turismo de sol y playa y la agricultura de regadío.
• La circunstancia anterior puede pesar decisivamente en los proyectos de la dirección del PSOE, consciente de la concentración de la mayor parte del electorado en el arco mediterráneo y de los elevados costes ya pagados por las alegrías ambientalistas de la ex ministra Carbona.
• Una parte de la nueva política del agua-en realidad, como ya se ha visto, continuación de la tradicional política de oferta- está seriamente cuestionada por el rechazo de los sectores teóricamente demandantes y la inhibición de los sectores privados que debían sumarse en la tan pregonada modalidad de financiación público privada.
Existen condiciones favorables para hacer posible un entendimiento, un «arreglo razonable» entre los partidos que organizan ambos bloques. Las actuales dificultades por las que pasa el PSOE para garantizar unas mínimas condiciones de gobernabilidad le vuelven demasiado vulnerable para afrontar un conflicto de de la envergadura del del agua. La titular actual de la política de aguas a escala de Estado con un perfil ciertamente más bajo que su antecesora, parece haber asumido la inviabilidad de la llamada «nueva política de agua» y su proyecto estrella, la producción d 1100 Hm3 por desalación. Parece asistirse, por el contrario, al desesperado intento de formar, en el seno de la UE, el «sindicato de los agraviados» por la pérdida de las ayudas de la PAC con las que el Gobierno español querría seguir manteniendo explotaciones económicamente inviables y ecológicamente esquilmadoras de los ecosistemas acuáticos.
En la actual coyuntura de grave recesión económica, el gobierno del PSOE parece haberse olvidado que no hace tanto aprobó la llamada Estrategia Española para el Desarrollo Sostenible, un capítulo de la cual estaba dedicado a los recursos hídricos. Un vulgar y por lo demás tímido keynesianismo parece ser el único repertorio teórico frente a la crisis. Ni siquiera es eses keynesianismo verde que Michel Husson ha analizado y criticado. Ante las dificultades, el capitalismo español retrocede ante lo que debiera ser, de acuerdo con sus ideólogos, su misión histórica de asunción de riesgos en el emprendimiento de nuevos proyectos, incluso cuando dichos riesgos están generosamente apoyados por el dinero publico como en el caso de las energías renovables. El capital financiero bastante tiene con tapar sus agujeros, al parecer bastante más grandes que la arrogancia de sus patrones parecía indicar. Y los recursos públicos tienen demasiados pretendientes como para ser inmovilizados en proyectos de dudosa rentabilidad como las desaladoras. El destino de programas como el AGUA, presentado como la solución a los déficits hídricos del Mediterráneo, es más que incierto.
No hay soluciones milagrosas para el problema del agua pero cualquier que pudiera concebirse debería partir de asumir las restricciones físicas y climatológicas a los usos del agua en la Península Ibérica. El régimen clientelar y oligárquico de gestión de las aguas es insostenible pero la pretendida eficiencia los llamados mecanismos de mercado está todavía por demostrar. Pero aún más infame resulta invocar necesidades de abastecimiento no verificadas para justificar la construcción de grandes infraestructuras como el embales que proyecta Esperanza Aguirre en el norte de la Comunidad de Madrid y con el que pretende ,de paso, justificar la entrada de capital privado en el Canal de Isabel II para financiar tan cuantiosas inversiones. Se trata de hacer revivir el bloque inmobiliario rentista ahora garantizando cartera a las grandes constructoras al tiempo que se anima a la promoción inmobiliaria a continuar en su tarea de «repoblar» la región de urbanización extensa y segundas residencias intensivas en el consumo de agua, en cuya cultura parecen descansar las aspiraciones del PP de eternizarse en el gobierno de la Comunidad.
El acceso al suministro de agua en condiciones de cantidad y calidad para asegurar unas dignas condiciones de vida debiera ser un derecho al abrigo de coyunturas económicas y de la viabilidad de unas u otras soluciones tecnológicas. En la reciente conferencia mundial del agua celebrada en Estambul, varios Estados se han opuesto al reconocimiento de este derecho. No en vano la administración del agua ha fundado en el pasado las formas más antiguas de despotismo que se conocen. Pero no es menos cierto que también en la administración del agua están depositados los más valiosos testimonios de gestión cooperativa y solidaria del bien común que es, al fin, lo que es el agua.
El derecho al agua, que debiera estar consagrado como tal en la propia Constitución debe estar garantizado por un servicio publico digno de tal nombre. Los actuales Organismos de Cuenca, una herencia de la Dictadura de Primo de Rivera, constituyen objetivamente uno de los más poderosos baluartes contra el proyecto de democratización de la gestión del agua, por tímido y moderado que fuese.
El proceso de transferencias a las CC AA presenta resultados desiguales pero en general poco satisfactorios y parece estar sirviendo, sobre todo, para cimentar el poder y las relaciones clientelares de los aparatos políticos regionales de los dos «partidos de gobierno». Ello podría estar sirviendo de justificación, junto con las permanentes invocaciones de la CEOE por «las amenazas a la unidad del mercado», para discretos pero inequívocos movimientos de acercamiento entre el PSOE y el PP para reconducir el proceso de descentralización en materia de aguas hacia una recuperación estatal de competencias.
Hay que rechazar de plano estos intentos. La alternativa no es recentralizar sino descentralizar seriamente, garantizando la participación de los sectores afectados, no solo de los tradicionalmente beneficiarios sino de la totalidad de las poblaciones de la cuenca y, desde luego, de quienes representan los usos mas sostenibles, de los defensores del conjunto de los ecosistemas acuáticos.
La determinación de las necesidades de agua por los ciudadanos y la planificación democrática de sus usos así como de las inversiones públicas necesarias para proveerlos es la única alternativa viable a la situación actual
Postfacio
Terminado este artículo, el Gobierno ha aprobado una transferencia de 109 Hm3 de la cuenca del Tajo a la del Segura, 20 de los cuales van destinados al PN de las Tablas de Daimiel, permanentemente amenazado por la sobreexplotación derivada de los regadíos que se abastecen del acuífero 23 .
La bondad del año hidrológico permite al Gobierno este trasvase y, con él y con los efectos de la implicación de Camps en el caso Gurtel, reducir la presión alcanzada por la derecha en la manifestación de Murcia del 18M pero habrá que preguntarse sobre su posición en los más que probables años de sequía que pueden venir, en la perspectiva ,además, del plazo de caducidad del trasvase Tajo Segura fijado para 2015 en el proyecto de Estatuto de Autonomía para Castilla la Mancha.
La más que probable realización del trasvase del Tajo medio al Segura desde el embalse de Valdecañas en Extremadura, implica también a esta CA en la guerra del agua y vuelve a coger a contrapie al PSOE carente de un discurso «nacional»distinto del tradicional que sostiene el PP y en el que parecen condenados entenderse en una revisión «loapista» del proceso descentralizador por el que claman no solo los empresarios sino también diversos sectores desencantados con el Estado de las Autonomías