La convocatoria de huelga general para el 29S por parte de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, secundada por los sindicatos menores apoyada por numerosas entidades ciudadanas, ha sido aplaudida mayoritariamente por las clases populares de nuestro país; una parte importante de los ciudadanos -incluidos trabajadores y pequeños propietarios-, ha mostrado su adhesión a la […]
La convocatoria de huelga general para el 29S por parte de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, secundada por los sindicatos menores apoyada por numerosas entidades ciudadanas, ha sido aplaudida mayoritariamente por las clases populares de nuestro país; una parte importante de los ciudadanos -incluidos trabajadores y pequeños propietarios-, ha mostrado su adhesión a la huelga ante la enorme agresión contra los derechos de los trabajadores, que incluye las pensiones, la edad de jubilación, el abaratamiento del despido, los sueldos de los funcionarios, el aumento de la precariedad, etc., además de que el paro ronda los 5 millones de personas y muchas familias no cuentan con ingresos para subsistir. Muchos intelectuales críticos y solidarios coinciden en sus análisis en que esta huelga es más necesaria que nunca. Quizás su único defecto pudiera consistir en haber sido convocada demasiado tarde, pues la protesta tendría que haber sido planteada, cuando el gobierno financió el déficit bancario para evitar la crisis financiera. Pero como se sabe la política reformista es pragmática, y los sindicatos mayoritarios de la clase obrera en nuestro país lo son, por lo que sólo suele protestar contra los efectos de las decisiones políticas y no contra sus causas.
Sin embargo, al mismo tiempo no dejan de percibirse las dificultades de esta huelga, cierto desánimo entre la ciudadanía golpeada por la crisis, el desencanto de los trabajadores que sufren las consecuencias del crecimiento del paro, el descrédito de los sindicatos por su política reformista, la disgregación de la clase por el individualismo, la pérdida de conciencia por el consumismo, etc. Hay una fuerte incertidumbre acerca de las posibilidades para que esta huelga obtenga los resultados apetecidos. En primer lugar, con 5 millones de parados no resulta fácil realizar una movilización importante de los trabajadores. Pero sobre todo no basta con hacer una buena huelga, sino que además después esa huelga hay que gestionarla, y no está nada claro que la acción de los trabajadores tenga capacidad para cambiar la reforma laboral. En ese sentido ya se ha manifestado el gobierno, reafirmándose en la política adoptada a pesar de la protesta obrera.
Es claro para todos que el presidente del gobierno español ha modificado su programa político ante la presión del capital financiero tras la crisis económica de estos años anteriores, y la demostración de fuerza por parte de los sindicatos y la clase obrera tendría que devolvernos a los equilibrios sociales que constituyen el entramado básico de la convivencia democrática en nuestro país desde la Constitución del 78. En ese sentido conviene recordar que las Huelgas Generales ha sido un mecanismo utilizado de forma recurrente por los trabajadores para contrarrestar anteriores intentos de recortar los derechos laborales. El éxito relativo de esa herramienta política en anteriores convocatorias, hace que se encuentre ampliamente legitimada en su uso.
Especialmente merece recordar la huelga de diciembre de 1988 y la de junio de 2002. Ambas tuvieron como consecuencia el reforzamiento de la izquierda parlamentaria. Eso quiere decir que la huelga en curso podría ser la salvación del actual gobierno, sumido en el descrédito completo tras sucesivas intervenciones equivocadas en la gestión de la crisis económica. De ahí las declaraciones de Fernández de la Vega en la segunda semana de septiembre: ‘tenemos que entendernos con los sindicatos’. El éxito de la Huelga General del próximo 29 de septiembre, seguido de un posterior acuerdo del gobierno con los sindicatos, que consiguiera retirar los aspectos más agresivos de la ley laboral -ya aprobada en el Parlamento el 9 de septiembre-, podría volver a equilibrar el panorama político, dándole a Rodríguez Zapatero un respiro frente a la presión de la derecha que amenaza con ganar las próximas elecciones.
Sin embargo, esta perspectiva supone la continuidad del sistema socio-económico del Estado español, y es posible que lo que haya entrado en crisis sea precisamente ese sistema. La crisis finaciera, primero, y la crisis del sector inmobialiario después, han destruido el modelo de crecimiento de la economía española, vigente durante los últimos 30 años, y todavía no se ve con claridad cómo se va a recomponer.
La estructura económica española está fundada en la hegemonía del capital financiero sobre la sociedad, que tiene su correlato político en la monarquía semi-constitucional, que dirige los cuerpos de seguridad del Estado español, ejército y policía -que siguen siendo reductos de extrema derecha en nuestro país-. Los grandes beneficios que el capital financiero ha obtenido durante tres décadas de crecimiento económico, han sido el fundamento para la estabilidad social y el desarrollo económico español de las últimas décadas; esto es precisamente lo que ha quedado tocado a causa de la crisis financiera y productiva de los últimos dos años.
Simplificando yo diría que en la última década la economía española se ha centrado en dos pilares: por un lado, la globalización financiera y la integración en el mercado internacional; por el otro, y la fiebre constructora, acompañada por la especulación sobre la vivienda y la recepción de una importante masa de inmigrantes. Al mismo tiempo, se ha beneficiado de una coyuntura mundial de materias primas relativamente baratas, como consecuencia de la victoria del imperialismo capitalista sobre los antiguos países del Bloque del Este comandados por la extinta URSS, con el consiguiente dominio del neoliberalismo sobre la economía mundial.
La globalización financiera ha supuesto el desembarco de los capitales españoles en América Latina, de donde se calcula que extraen hoy en día el 40% de sus beneficios. La inmigración ha provisto al capital español de una mano de obra barata y sobreexplotada que ha producido también pingües beneficios en el sector de la construcción, desestructurando al mismo tiempo el mercado de trabajo y propiciando este ataque a los derechos de los trabajadores. El desarrollo del mercado inmobiliario apoyado en la especulación sobre la vivienda, ha sido otro motor de la economía de las últimas décadas, hasta haber agotado sus posibilidades de crecimiento, generando una típica crisis de superproducción capitalista -se calcula en un millón el número de viviendas vacías, artificialmente encarecidas por el mercado manipulado al servicio de los grandes financieros-.
Ese modelo no puede seguir funcionando, primero, porque el sector inmobiliario no puede continuar siendo el motor de la economía española. Urge sustituirlo por otro, pero no hay recambio. Lo idóneo sería encontrar un nicho productivo que se caracterizase por el valor añadido de carácter tecnológico y la alta cualificación de los trabajadores; sólo eso justificaría un desarrollo progresivo de la economía española dentro de los criterios capitalistas. Sin embargo, la baja calidad de la enseñanza en nuestro país no nos permite aspirar a un avance en ese sentido y es una dificultad añadida a la salida de la crisis.
En segundo lugar, la crisis financiera muestra el final de la globalización neoliberal; éste ha sido un periodo de ganancias fáciles fundado en la especulación y la absorción de capitales desde la periferia capitalista hacia los centros financieros internacionales, especialmente Walt Street y la City londinense. Para sustituir esa fuente agotada de beneficios los bancos han optado por extorsionar a la clase obrera de los países desarrollados, consiguiendo recuperarse de las cuantiosos pérdidas sufridas a través de la cesión de capitales desde el Estado hacia las entidades financieras y rebajando los derechos y las retribuciones del trabajo.
Una de las consecuencias de la crisis financiera ha consistido en intensificar las relaciones Sur-Sur, entre países latinoamericanos, africanos y asiáticos, prescindiendo de Europa y EE.UU. La previsible hegemonía china en las próximas décadas nos sugiere que los países de cultura capitalista liberal jugaran un papel cada vez más marginal en el concierto de las naciones. Es claro que si todavía no es así, se debe a la apuesta militarista de los EE.UU. secundados por Europa; pero también es claro que ese envite no se sostendrá a medio plazo tras la previsible derrota en Oriente Medio. Lejos de escoger la vía de la confrontación militar, la República China ha optado por derrotar a su enemigo en el terreno de la eficacia productiva. Además de la revolución sudamericana y el planteamiento del socialismo en varios países de esa región, uno de los fenómenos más importantes de los últimos años es el desarrollo de la lucha obrera en China, así como la intensificación de las luchas campesinas en Asia y América Latina.
La combinación de una mayor intensidad de la actividad anticapitalista en los países del Sur y el desarrollo de nuevas relaciones políticas y económicas entre esas sociedades, auguran un desplazamiento de las relaciones de poder en el mundo del siglo XXI. Este escenario parece indicar una caída de beneficios de las empresas capitalistas a medio plazo, incluso si llegaran a triunfar las tendencias más derechistas de las sociedades desarrolladas del primer mundo. Pero también plantea importantes peligros si las tendencias militaristas y xenófobas siguen desarrollándose en estas sociedades.
En tercer lugar, en el transfondo de la crisis económica hay una profunda crisis ambiental, que incluye el agotamiento de recursos no renovables del planeta Tierra. Conviene subrayar en este sentido que también Ecologistas en Acción ha convocado esta huelga. El capitalismo español es un modelo económico inviable, insostenible, depredador de los recursos escasos y despilfarrador de energías fósiles que causan el efecto invernadero. Uno de los aspectos más negativos de la situación política en España es la escasa conciencia ambiental de los ciudadanos, además del bajo nivel cultural propiciado por los medios de comunicación social y la reducida capacidad crítica tras 40 años de fascismo y 32 de democracia vigilada.
En conclusión, estamos ante una crisis profunda del modelo político del capitalismo español, instalado desde la Constitución del 78, que además no tiene un recambio previsible. Si la derecha consigue ganar la lucha política en los próximos meses, se abrirá una dinámica política complicada de consecuencias imprevisibles. Pero si la movilización social triunfa a partir de esta huelga ahora convocada, tampoco podemos esperar grandes fiestas. Por las características de la crisis, no está claro que los resultados de la huelga puedan gestionarse con facilidad, lo que significa que la lucha obrera tendrá que continuar. Además la importancia de esta convocatoria de Huelga General sobrepasa con mucho la mera reivindicación laboral. Necesitamos parar la ofensiva de la derecha, para apoyándonos en esa victoria continuar avanzando hacia formas de organización social más racionales y solidarias.
Con la crisis de estos años se ha terminado una larga época de paz social que ha durado desde la ascensión del PSOE al poder en 1982 hasta nuestros días. A partir de ahora se abre un periodo de fuertes luchas sociales que se desarrollarán a lo largo de la próxima década hasta culminar en la crisis resolutiva -que nos pondrá ante la alternativa de socialismo o barbarie-. Si bien en Europa la izquierda parte en una situación de desventaja clara, no podemos olvidar que en la arena internacional las fuerzas progresistas y socialistas están avanzado con firmeza; tenemos, por tanto, que apoyarnos en esa correlación de fuerzas internacional, y especialmente los avances en América Latina, para conseguir el triunfo de las fuerzas progresistas en la consecución de una organización social más racional.
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