El movimiento popular vasco por la soberanía y el socialismo, coloca la resolución del conflicto político con el estado español en el terreno del diálogo y la negociación, proclama la incompatibilidad del uso de la violencia con sus objetivos políticos, y propone el fin de todas las coacciones, incluyendo la ilegalización de sus organizaciones políticas […]
El movimiento popular vasco por la soberanía y el socialismo, coloca la resolución del conflicto político con el estado español en el terreno del diálogo y la negociación, proclama la incompatibilidad del uso de la violencia con sus objetivos políticos, y propone el fin de todas las coacciones, incluyendo la ilegalización de sus organizaciones políticas y sociales, la clausura ilegal de empresas y medios de comunicación, la supresión del derecho de asociación, participación política, expresión y manifestación para amplios sectores de la población, los montajes policiales, la utilización partidista del código penal y las torturas.
El movimiento popular vasco por la soberanía y el socialismo no defiende un nacionalismo étnico y excluyente sino la autodeterminación frente al estado capitalista y monárquico que Franco dejó atado y bien atado con el Título II de la Constitución Española (de la Corona) y el Título Preliminar de la Constitución Española que prohíbe expresamente el derecho de autodeterminación (artículo 2) y convoca al ejército para impedirlo (artículo 8). Este movimiento social, político, cultural, obrero, feminista, internacionalista, electoral, soberanista -y hasta ahora, con una expresión armada-, muestra la falta de libertades democráticas y garantías jurídicas para quienes ejercen su derecho de autodeterminación. En Cataluña, sin expresión armada, la mayoría de la población vota un estatuto de autonomía en el Parlamento y, tras refrendarlo en un referéndum popular y en la calle, el Estado Español «se lo cepilla» en Madrid.
El movimiento popular vasco ha tomado una iniciativa unilateral de paz y derechos para tod@s en un marco político antidemocrático y represivo. La derecha española, tradicional o sobrevenida, desacredita esta propuesta de democracia por su pretensión de participar en las elecciones municipales de mayo de 2011. Políticos profesionales que, por un puñado de votos, venden su alma al diablo acusan de sus propias miserias a centenares de miles de personas que, contra viento y marea, reclaman su derecho de participación política y nos enseñan que el único camino para la libertad es la lucha por la liberación.
La convivencia basada en la precariedad, el aumento de la diferencia y la exclusión es violencia social en estado puro y sólo se sostiene por la integración de l@s beneficiad@s, la pasividad de las mayorías perjudicadas y la represión de quienes desobedecen. La ausencia de cauces para la expresión política de las víctimas de dicha violencia permite achacarla, no a las relaciones de explotación y de dominio sino a la naturaleza corrompida de los individuos o a minorías refractarias «antidemocráticas».
Pero todos los conflictos deben llegar, antes o después, a su punto final. El diálogo para la superación de un conflicto requiere partir de todas las víctimas y de la memoria de todos los derechos vulnerados. La memoria contiene un enorme potencial de reconciliación pero no puede ser unilateral. La reconciliación es un proceso de autodeterminación de todas las víctimas que resignifican su dolor al reconocer el sufrimiento y las razones de las otras víctimas.
En la retórica de guerra -armada o comercial- cada contendiente expresa sus razones y sus daños excluyendo los del oponente. La diferencia irreconciliable otorga al otro todos los males y justifica la violencia que cada uno se ve obligado a realizar frente a ese «otro», identificado con el mal absoluto. El lenguaje de la reconciliación necesita las razones y los daños de ambos contendientes. La voluntad de reconciliación trata de superar la lucha a muerte como experiencia de la diferencia absoluta, pero este esfuerzo es estéril si una parte de las víctimas, constituida en vanguardia de uno de los bandos, llega a imponer a la noción de «víctima» su propia identidad, excluyendo al resto de las víctimas. Sin voluntad recíproca de paz no será posible la reconciliación.
Para la resolución dialogada de un conflicto, la reconciliación de las víctimas es necesaria pero no suficiente. Hace falta el restablecimiento de los derechos cuya vulneración generó el conflicto y su cadena de violencias.
Los movimientos sociales debemos apoyar la iniciativa de paz del movimiento popular vasco basada en el respeto a la democracia y los derechos humanos para tod@s. Es el momento de apostar por las iniciativas de diálogo y no por el catálogo de violencias pasadas; por las víctimas pacificadoras y no por las víctimas beligerantes; por el restablecimiento de todos los derechos para todas las personas y para todos los pueblos y no por la represión y el despojo de los derechos civiles. Es el momento de apostar por la paz, el diálogo y la democracia.
Al día siguiente de sacar a España de la OTAN, romper relaciones con el estado terrorista de Israel y traer los soldados españoles de Líbano y Afganistán, el peligro de atentado islamista en territorio español se reduciría a cero. Pero la servidumbre de nuestra monarquía parlamentaria a los EEUU y a la Europa del Euro nos impide dar ese paso. Al día siguiente de abrir el debate sobre las formas para el reconocimiento del derecho de autodeterminación, se terminaba la violencia de ETA (las otras violencias, no). Pero nuestro bipartidismo neofranquista no puede revisar la Constitución aprobada bajo la amenaza del golpe militar sin poner en cuestión su propia legitimidad. El único precio político que hay que pagar para la paz es la democracia y la justicia. Lo que para PP y PSOE es un precio insoportable, para los pueblos de España y l@s trabajador@s es un bien deseable.
Agustín Morán, miembro de la Plataforma de Madrid por una Solución Dialogada y Democrática del «Conflicto Vasco»
Fuente: http://www.nodo50.org/caes/articulo.php?p=1383&more=1&c=1