Tras negarse el presidente del Congreso, José Bono, a proponer a votación la condena del golpe de Estado de 1936 en el Congreso, PP, PSOE y CIU han abortado una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que pretendía modificar la Ley de Amnistía de 1977 con carácter retroactivo para posibilitar la investigación de los crímenes de […]
Tras negarse el presidente del Congreso, José Bono, a proponer a votación la condena del golpe de Estado de 1936 en el Congreso, PP, PSOE y CIU han abortado una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que pretendía modificar la Ley de Amnistía de 1977 con carácter retroactivo para posibilitar la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista.
La modificación pretendía excluir de la Ley de Amnistía los crímenes de lesa humanidad y evitar que prescriba su aplicación, porque según el BNG no es lógico que tras 75 años del alzamiento militar y 36 de la muerte de Franco no haya sido posible revisar «las atrocidades» de la dictadura.
España ha suscrito la legislación internacional que regula el tratamiento jurídico a los crímenes de lesa humanidad, pero sigue sin cumplirla en la práctica, puesto que las denuncias presentadas tras la apertura de numerosas fosas siguen sin ser escuchadas por el poder judicial, que siempre argumenta que dichos crímenes prescribieron en aplicación de la Ley de Amnistía. El texto de BNG pretendía eliminar cualquier tipo de ambigüedad respecto al uso y abuso de la Ley de Amnistía de manera que los crímenes por genocidio no sigan quedando impunes en España.
El PSOE ha rechazado la iniciativa porque «la reforma resulta prácticamente innecesaria».
El PP recurrió a su repertorio habitual: «Cómo podríamos reconciliarnos los que nos estábamos matando si no borrábamos ese pasado para siempre (…) ahora ustedes vienen hoy a traer muertos y a traer rencores».
CIU argumenta que «ya se ha hecho bastante por la memoria de las víctimas durante el último período y no cree justificable la modificación de la ley».