La santificación del déficit cero acelera la centralización del Estado con pretextos económicos. ¿Hay alguna comunidad autónoma que sea capaz de oponerse a ese dogma? Fue en verano cuando se congeló el déficit para siempre. Es probable que nadie recuerde el referéndum para validar aquella reforma exprés de la Constitución porque nunca hubo referéndum. PSOE […]
La santificación del déficit cero acelera la centralización del Estado con pretextos económicos. ¿Hay alguna comunidad autónoma que sea capaz de oponerse a ese dogma?
Fue en verano cuando se congeló el déficit para siempre. Es probable que nadie recuerde el referéndum para validar aquella reforma exprés de la Constitución porque nunca hubo referéndum. PSOE y PP acordaron en la madrugada del 25 de agosto de 2011 que ningún Gobierno, central o autonómico, podría gastar un 0,4 por ciento más de lo que ingresase. La propia cifra estuvo a punto de colarse en la Constitución, aunque al final se quedó en el redactado de una Ley Orgánica. Esa ley se debate estas semanas en el Parlamento y, de aprobarse, que se aprobará, consagrará a partir de 2020 uno de los principios económicos del neoliberalismo importado desde Bruselas. Déficit cero.
En 2011, las Administraciones españolas gastaron 26.900 millones de euros más de lo que le habían prometido a Bruselas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, achacó a las comunidades dos tercios de ese desvío. Los consejeros autonómicos más críticos con el ejecutivo central recordaron que el 60% del déficit total correspondía al Estado. El debate, pues, se centró en quién cumplió -Madrid- o incumplió -el resto de comunidades autónomas- con los objetivos de déficit y, en ocasiones, en cómo cumplir, pero nadie parecía poner en duda si la exigencia de los ‘mercados’ era legítima.
¿Contrapeso en Andalucía?
Las elecciones andaluzas arrojaron un resultado que sorprendió a las empresas de sondeos y dejó al PP fuera del palacio de San Telmo. La coalición ha alcanzado un acuerdo de Gobierno con el PSOE. En el texto, «las fuerzas políticas firmantes (…) consideran imprescindible la participación de las comunidades autónomas en el objetivo de déficit público impuesto por el Gobierno de la nación y la UE». Es decir, aceptan acatar la norma, aunque con un matiz importante: «La consolidación fiscal no puede ser una coartada para la privatización de los servicios públicos ni para que el Estado desvíe su propio déficit hacia las comunidades autónomas». ¿Podrá este nuevo Gobierno autonómico servir de contrapeso a Moncloa?
Según José Antonio García Rubio, secretario de Economía y Trabajo de IU, «el margen es muy estrecho». «Un déficit del 1,5% es una exigencia desproporcionada para las comunidades autónomas, que asumen la mayor parte del gasto social». García Rubio critica la imposición del «criterio neoliberal«. «Si enfermas, pagas, y si eres pobre, te jodes«, denuncia con vehemencia en alusión a la reciente instauración del repago farmacéutico. Y da alguna pista de hacia dónde puede empujar su coalición en Andalucía: «Si quieres reducir el gasto sanitario, ¿por qué fijarse sólo en los intereses farmacéuticos en vez de buscar mayor peso público en el sector?». García Rubio lanza otra propuesta: «En España hay casi un millón de accidentes laborales al año, que causan más de mil muertes; ¿por qué no trabajar en prevenirlos como vía de ahorro sanitario?».
Las Administraciones españolas gastaron 26.900 millones en 2011, más de lo que le habían prometido a Bruselas
Isidro López, del Observatorio Metropolitano ve «complicado» que el peso de IU en la nueva legislatura andaluza sirva para hacer «una oposición abierta al mandato del déficit«. Según él, «IU tendría que tenerlo más claro». García Rubio asegura que su coalición sí cuestiona la norma del déficit, pero reconoce el temor a que el Gobierno ahogue a la región que incumpla y recuerda que las comunidades recaudan muy poco por sí solas, «prácticamente sólo mediante el tramo autonómico del IRPF». El resto del presupuesto autonómico llega desde Madrid.
Nuevo disciplinamiento
López retrata esta tensión como «un reordenamiento de las élites del Estado«, que se han topado con un nuevo «disciplinamiento». En este «encaje», como él lo define, los territorios parecen llevar todas las de perder. «El programa de déficit es tan duro que se va a incumplir en todas las comunidades autónomas», asegura López, que compara este ajuste con el que se exigió a Grecia y recuerda las consecuencias que está teniendo.
Después de la tardía aprobación de los presupuestos generales del Estado, precisamente retrasados hasta después de las elecciones andaluzas, las comunidades han tenido que rehacer sus planes económicos para incluir los nuevos ajustes y tienen de plazo hasta el 30 de abril para enviarlos a Hacienda. La bronca con Andalucía está servida. La constitución del Parlamento andaluz y la formación del nuevo Gobierno ralentiza algunas decisiones justo cuando Montoro acaba de devolver a la Junta su plan de ajuste. Según Hacienda, el Gobierno andaluz parece contar con una partida presupuestaria que no está contemplada en los presupuestos, mientras la consejera andaluza asegura que su plan no incluye cifras porque su asignación depende simplemente del peso demográfico andaluz respecto al español, según fija su Estatuto. Este vaivén de tecnicismos puede vaticinar duras consecuencias para la nueva Junta.
Las autonomías tienen otro problema: Olli Rehn, comisario europeo de Economía. Lo recordarás sentado, mirando al infinito, ondulando los labios, como paladeando, mientras nuestro ministro de Economía, agachado a su espalda, le confesaba que al día siguiente aprobarían una reforma laboral «extremadamente agresiva«. El 25 de abril metió prisa a Rajoy: «He recomendado al Gobierno español que empiece a aplicar ya, sin demora, la nueva ley de estabilidad presupuestaria a las regiones autónomas». La ley era tan «nueva» que ni siquiera había sido aprobada. El PP quiere rebajar la cifra del 0,4 por ciento al cero absoluto. El PSOE no quiere renunciar a esas cuatro décimas de margen.
A principios de mayo se aplicará por primera vez la Ley de Estabilidad. Las comunidades que no cumplan con rigor tendrán que aplicar severas correcciones antes de seis meses. En noviembre, aquella que no cumpla será intervenida.
¿Habrá intervenciones? Es decir, ¿alguna comunidad autónoma dejará de ser autónoma? Un par de artículos recientes en The Guardian y The Wall Street Journal daban por hecha la intervención inminente de alguna comunidad autónoma. El diario británico preveía que fuese una comunidad gobernada por el PP y la edición europea del diario estadounidense auguraba que el propio ejecutivo autonómico pediría el rescate ante la imposibilidad de pagar las facturas. García Rubio confía en que no llegue a ocurrir, aunque López no lo tiene tan claro y vaticina problemas de independencia para la Comunidad Valenciana o Murcia.
UNA ‘SOLUCIÓN HOLLANDE’ O UNA ‘REVUELTA NEOCÓN’
Las comunidades gobernadas por el PP y CiU asumen como propia la receta del ajuste. Las gobernadas por el PSOE, Euskadi y Andalucía, tampoco parecen capaces de plantar batalla. ¿La tijera es irrefrenable? ¿Qué consecuencias tendrá? García Rubio (IU) alberga una esperanza remota: que una victoria del socialdemócrata Hollande en Francia abra «una posibilidad de brecha en la Comisión Europea» y que el paradigma cambie. Isidro López, del Observatorio Metropolitano, es más pesimista y no descarta que el ajuste, lejos de salvar la economía, termine por derrumbar los apoyos sociales de Rajoy, que las élites autonómicas del PP se rebelen por la vía neocón, que haya que adelantar las elecciones y que las urnas engendren un Gobierno de concentración.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Autonomias-multiplicadas-por-cero.html