Nacido en Viena hace 52 años, realizó los estudios de Ingeniería Ambiental en la Universidad Técnica de Berlín. En la actualidad es el director ejecutivo de TBU, consultora de ingenieros medioambiental, de la que es uno de sus fundadores. Es también asesor de proyectos del Banco de Europeo de Inversiones (BEI), y ha participado en […]
Nacido en Viena hace 52 años, realizó los estudios de Ingeniería Ambiental en la Universidad Técnica de Berlín. En la actualidad es el director ejecutivo de TBU, consultora de ingenieros medioambiental, de la que es uno de sus fundadores. Es también asesor de proyectos del Banco de Europeo de Inversiones (BEI), y ha participado en una veintena de proyectos sobre gestión de residuos en todo el mundo. La última colaboración, la realizada en Gipuzkoa.
Destaca la importancia de tener en cuenta la actual crisis económica para haber modificado el PIGRUG. De hecho, le llamó la atención que el debate en Gipuzkoa estuviera centrado en el puerta a puerta. También asegura no tener una posición firme sobre la incineración porque se dedica a hacer planes concretos para situaciones determinadas, aunque descarta de plano esa opción para este territorio.
Desde Austria hasta Pakistán, pasando por Italia y Abu Dabí. Es una pincelada de los trabajos que ha realizado alrededor del mundo.
He realizado alrededor de veinte planes diferentes, cada uno con su propia realidad, en una coyuntura concreta. No obstante, con este de Gipuzkoa siento una especie de deja vù. Hace 18 años en mi provincia, en el Tirol, hicimos un plan en un territorio que contaba con una población similar a la de aquí. Tenían un problema parecido y se trataba de cómo debían gestionar los residuos. Es más, acababa de haber un cambio en el gobierno local; los recién llegados eran «Los verdes», por lo tanto, descartaban la incineradora.
¿Y qué es de ese territorio?
Realizan un pretratamiento allí mismo, y luego lo mandan a otro lugar, pero no saben de aquí a diez años qué van a necesitar. Por el momento, así les resulta viable económicamente. Lo ideal, y el objetivo a lograr, es ser autosuficientes, no necesitar ni depender de terceros.
¿Cuál es la clave para que un proyecto como este prospere?
Es importante que sea viable económicamente. Lo digo porque cuando vine aquí por primera vez sentí que la discusión se centraba en la salud y la incineración, pero que nadie discutía sobre el elevado coste.
De todas maneras, lo que nosotros hemos hecho ahora ha sido una actualización del plan que ya existía, no desarrollamos algo totalmente nuevo. Creo que el anterior estaba muerto, y no tiene nada que ver con el nuevo gobierno. Claro que Bildu le ha dado el último golpe, pero el anterior estaba sobredimensionado y en medio plazo hubiese provocado un problema en Gipuzkoa. Cabe añadir que no tengo una posición concreta sobre la incineradora, para mí no es una religión, me dedico a realizar un plan concreto sobre una situación determinada.
Añadiría, y hablo de mis sensaciones personales, que no he visto a nadie que defendiera el anterior con el corazón. Han sacado faltas al actual, pero nadie ha dicho: «El mío era mejor».
¿Cuáles han sido los cambios?
Los resumiría en cinco puntos. Se ha redimensionado, porque no se puede obviar la crisis; se ha implementado la responsabilidad individual y se ha descentralizado la gestión, generando puestos de trabajo. También se ha reducido el coste, y en último lugar hemos estabilizado el proceso, y me explico. Nadie nos obliga a que debamos obtener energía de los residuos, Europa no lo ordena. Lo que Europa dice es que hay que estabilizar el proceso. Esto lo hemos hecho decantándonos por tratamientos blandos, descartando la incineración directa.
Estaba previsto que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) diera un crédito a la incineradora proyectada en Zubieta. ¿Dada la modificación, qué sucederá ahora con ese dinero?
Uno de los retos con los que nos hemos topado es que el plan estaba muy desarrollado. Esto no es habitual, modificar un plan que se encuentra en ese punto, porque ya hay financiación, hay contratos… sin embargo, tengo total confianza en que Gipuzkoa buscará un acuerdo, una solución. Respecto al BEI, no tengo la respuesta, eso habrá que preguntárselo a los bancos. De todas maneras, no es el Banco Europeo de la Incineradora, sino el Banco Europeo de Inversiones.
Un banco es un banco, no es un juez. A él no le incumbe qué infraestructuras son las que se instalan, eso no le compete.
¿Qué actitudes requerirá por parte de la ciudadanía?
No quiero ser provocativo, pero eso es irrelevante. La ciudadanía sacará los residuos de una manera u otra. Dicho esto, cabe destacar que una cosa es la recogida y otra el tratamiento que se hace con los residuos. Son dos cosas totalmente diferentes. La discusión aquí se ha centrado en puerta a puerta sí, puerta a puerta no, y me resulta una discusión irreal, casi absurda. He escuchado que relacionaban este sistema con la falta de libertad, con falta de privacidad… La participación ciudadana es esencial, pero lo importante es la gestión que se hace de la fracción resto, controlar este aspecto al máximo porque es lo más caro de todo.
¿Cree que debería pagar más quién más generara?
Sí, porque es una manera de controlar que se genere menos residuo. A los ciudadanos y fabricantes que más generasen les cobraría el coste real de la gestión. En el edificio en el que vivo convivimos cincuenta personas, y depende si llenamos uno, dos o tres contenedores el coste varía. En Viena, la tasa de las basuras nos supone al bolsillo el equivalente a un cigarro y medio al día. La pregunta no es si esta cantidad es asequible o no, que lo es, sino si la ciudadanía está dispuesta a pagarla. La tasa del agua es más cara, y sin embargo nadie la discute. La cuestión de los residuos es otra parte de nuestro día a día. No se puede mezclar la viabilidad con la voluntad.
La actual alternativa de la Diputación es similar a la que presentó el PSE en 2006
El 9 de marzo de 2006, el entonces alcalde de Donostia, Odón Elorza (PSE), y el concejal de su partido Denis Itxaso convocaron a la prensa en el vertedero de San Marcos para presentar su modelo de gestión de residuos. Una alternativa que pasaba por «potenciar al máximo la recuperación de los residuos, hasta alcanzar el 50% del total», la construcción de «una ambiciosa planta de compostaje y otra de biometanización» y el cierre del ciclo con la inertización del resto, que se enterraría en alguna cantera clausurada.
Era uno de los últimos intentos del PSE de modificar la decisión de construir una incineradora, contra la que peleó con uñas y dientes y que fue aprobada en las Juntas de Gipuzkoa con los votos de la coalición PNV-EA y del PP, y la ausencia de la ilegalizada izquierda abertzale. El PSE finalmente se resignó a levantar la incineradora en terrenos de Donostia «bajo el chantaje antidemocrático» de la Diputación que gobernaba el jeltzale Joxe Joan González de Txabarri.
En aquel acto en San Marcos, Elorza pidió la constitución de un consorcio que «gestione la toma de decisiones». Un año después, en 2007, nació el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), órgano destinado a «desarrollar e implantar soluciones para la correcta gestión de los residuos urbanos», según se lee en su página web.
Mucho han cambiado las cosas desde entonces. En la Diputación gobierna Bildu, que ostenta la mayoría en GHK y que propone un modelo similar al presentado en 2006 por el PSE. Mientras, este partido se ha convertido en el más vehemente defensor de la incineradora. Los mismos depósitos de inertes que proponía son ahora «nuevos vertederos» que Bildu pretende «cubrir con falsos eufemismos», según criticó ayer su secretario de Medio Ambiente, Denis Itxaso, quien empleó la expresión «planta de valorización energética» para definir la quema de residuos. También consideró que las plantas de compostaje y biometanización supondrán un «problema ambiental» y tildó de «panfleto» el proyecto redactado por cinco personalidades internacionales especializadas en Medio Ambiente.
Los vecinos alertan de los riesgos que engendra el vertedero de Hazketa
La asociación Hazketa 2010 denunció ayer la situación del vertedero de desechos que se encuentra en la localidad labortana de Hazparne. El tercer incendio producido en Hazketa en un año ha obligado a la asociación a denunciar públicamente dicho incidente. Apadrinada por el Colectivo de Asociaciones de Defensa del Medio Ambiente (CADE por sus siglas en francés), la asociación exige que se refuerce la vigilancia y se controle la procedencia de los desechos depositados.
«Todos los vecinos estamos continuamente alerta por los incendios. Se ve que no solo no pueden prevenirlos sino que tampoco pueden detectarlos», denunció el vecino y miembro de la asociación Peio Durruty. Además del fuego, el agua también se presenta como un problema en el vertedero, ya que el control sobre las aguas contaminadas no siempre es el correcto y los miembros de la asociación aseguraron haber sido testigos de fugas.
Entre las exigencias de los miembros de la asociación se encuentran métodos de vigilancia para hacer frente a este tipo de situaciones de alarma, como cámaras térmicas o de vigilancia, otro quemador de biogás para evitar los malos olores, o un panel de control.
El portavoz del CADE Victor Pachon declaró: «Cuando se hace una exposición pública antes del proyecto siempre se presenta algo idílico, pero luego se degrada. Si las promesas no se mantienen eso legitima las quejas de los vecinos. El problema en Hazketa es que se depositan desechos fermentables, y no deberían de aceptarse residuos que puedan crear fuego». Esta declaración hace referencia a las fundadas dudas sobre la procedencia de los desechos depositados, que se traslada a una de las exigencias sobre el control de la naturaleza de los desechos enterrados.
Debido a la situación actual Hazketa 2010 demanda que se establezcan claramente las responsabilidades de los diferentes cargos públicos y privados ligados al vertedero, así como la reunión de la Comisión Local de Información y Vigilancia. Por último, exigen el cierre del vertedero al final del contrato en el 2014.