20 años después de la histórica Cumbre de la Tierra de Rio 92, comienza hoy en Rio de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, también llamada Rio+20. Esta Conferencia fue convocada de manera oficial por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución A/RES/64/236 el 31 de marzo de 2010, […]
20 años después de la histórica Cumbre de la Tierra de Rio 92, comienza hoy en Rio de Janeiro, Brasil, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, también llamada Rio+20. Esta Conferencia fue convocada de manera oficial por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución A/RES/64/236 el 31 de marzo de 2010, con el objetivo de: » Obtener un compromiso político renovado en favor del desarrollo sostenible, evaluando los avances logrados hasta el momento y las lagunas que aún persisten en la aplicación de los resultados de las principales cumbres en materia de desarrollo sostenible y haciendo frente a las nuevas dificultades que están surgiendo » .
La Conferencia se va a centrar en dos temas que han sido negociados en el proceso preparatorio, la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional del que se van a dotar los países para el desarrollo sostenible.
Economía verde
La polémica economía verde se ha convertido en el tema más controversial de esta Conferencia por la pretensión de los países desarrollados de instaurar un solo modelo de desarrollo sostenible basado en la mercantilización y privatización de los recursos naturales. La propuesta inicial de economía verde se origina del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que planteó la hipótesis de que para alcanzar el desarrollo sostenible era fundamental la localización de las inversiones en 10 sectores (Agricultura, Edificios, Energía, Pesca, Forestaría, Industria, Turismo, Transporte, Basura y Agua). De estos 10 sectores, 5 se relacionan con acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 5 corresponden a lo que llaman capital natural. El PNUMA propuso concentrar más del 86% del total de las inversiones previstas en los 5 sectores de mitigación climática, quedando cerca del 14% para la inversión en los sectores que componen lo que llaman Capital Natural. Partía de la presunción equivocada de que para superar la pobreza y la inequidad social, se debía invertir en mitigación climática. La dimensión social quedaba así relegada por una lectura climática de la crisis y del desarrollo; además de climatizar la ayuda oficial al desarrollo enfocándola a la mitigación y limitando la profundización de los tres pilares del desarrollo sostenible: ambiental (que es algo masa amplio que mitigación climática), social y económico.
Sin embargo, los países en desarrollo (G77+China), con una especial incidencia por parte del ALBA al interior del G77, se han opuesto a la implementación de un modelo único de desarrollo para todo el mundo bajo el nombre de economía verde. Debido a que era parte de la agenda y no podía evitarse su debate, los esfuerzos de los países del Sur han estado centrados en diluir los alcances de la economía verde y en poner diferentes salvaguardas y barreras para impedir su aplicación concreta, disminuyendo su impacto y evitando quedar prisioneros de la economía verde.
Hasta ahora, en el último borrador del documento presentado por Brasil el 19 de junio y consensuado, aunque con reservas, por los 193 países que van a estar presentes en la Conferencia, se han logrado varias pequeñas victorias en lo referente al desarrollo de la economía verde. En primer lugar el pasar de ser un único modelo de desarrollo para el mundo a convertirse en una simple herramienta más previo reconocimiento de la existencia de diferentes enfoques, modelos y visiones de desarrollo, impidiéndose por tanto que se promueva un proceso mundial de transición hacia la economía verde y reconociéndose que cada país puede elegir un enfoque apropiado de acuerdo a sus planes, estrategias y prioridades de desarrollo sostenible. Se ha pasado por tanto de un alineamiento institucional mundial hacia la promoción de la economía verde en todos los países del mundo a que el esfuerzo esté orientado a la implementación del desarrollo sostenible incluyendo entre otros a la economía verde. Además, se introducen una seria de salvaguardas como que la economía verde debe ser inclusiva, estando orientado a patrones de producción y consumo sustentables, respetando la soberanía de los países sobre los recursos naturales, promoviendo el desarrollo institucional de los países y asegurando el bienestar de los pueblos indígenas y comunidades sin poner en peligro su identidad y prácticas, preservando y respetando enfoques de no mercado.
Aunque cada día de negociación el documento va modificándose y la negociación de los matices va a continuar durante los tres días de discursos en el plenario por parte de los más de 100 presidentes que han confirmado su visita, podemos ya detectar algunos problemas que persisten.
El texto en general es excesivamente débil en lo que se refiere a las metas de implementación, el compromiso de los países en desarrollo es muy bajo en esto y por el contrario el borrador apunta al desmantelamiento de la cooperación internacional tal cual fue establecida en la Agenda 21 aprobada en Rio92, para instaurar en su lugar un régimen privatizado de ayuda internacional. Los países desarrollados están buscando deshacerse de los grades compromisos en materia de cooperación para repartir esta responsabilidad a la cooperación sur-sur. Así mismo buscan la sustitución del concepto de cooperación internacional por el de inversión privada. Una de los grandes puntos negros de este documento es el gran y desbalanceado rol que se le ha dado al sector privado. Asimismo el texto tiende a la climatización de la agenda de desarrollo. Precisamente uno de los grandes desbalances que se ha tratado de enmendar ha sido el excesivo enfoque de lo ambiental en el combate a la pobreza. En cuanto a transferencia tecnológica, uno de los acuerdos de Rio92 por el que los países desarrollados debían ir transfiriendo tecnología con el objetivo de que los países en desarrollo pudieran ir dejando atrás su dependencia de los combustibles fósiles, el documento carece de compromiso y hasta podría decirse que retrocede en los compromisos establecidos hace 20 años. Los países desarrollados se niegan sistemáticamente a hablar de transferencia tecnológica, prefieren hablar de diseminación que significa acceso a través del mercado y no aceptan discurso alguno en el tema de los derechos de propiedad intelectual.
Otro de los principios de Rio92 era el de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, entre los países del Norte y el Sur. Esto es, si bien todos los países debían asumir un compromiso de manera conjunta para hacer frente a la crisis medioambiental, los países desarrollados lo fueron gracias a las revoluciones industriales y la explotación de los recursos naturales (del Sur principalmente) y por lo tanto debían asumir mayores compromisos. Estados Unidos ha tratado fuertemente en estas negociaciones de diluir el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, sin embargo el G77+China ha logrado mantener una de las grandes conquistas de Rio92.
Bolivia y el ALBA
Dentro de las diferentes posiciones que mantiene el G77, que agrupa a mas de 100 países con una diversidad de posiciones tan grande como las diferencias culturales que tiene el mundo árabe, el África subsahariana o América Latina, el ALBA, y al interior del mismo Bolivia, han jugando un papel clave en estas negociaciones. En un primer lugar haciendo un esfuerzo diplomático porque el G77 no se rompa y mantenga una posición de fuerza frente a Estados Unidos y la Unión Europea, y en segundo lugar por a partir de esa búsqueda de unidad, dar un empujón de radicalidad a las propuestas del G77.
Los ejes rectores de las propuestas de Bolivia y por extensión del ALBA, siendo también asumidas al interior del G77, han sido la defensa del derecho al desarrollo, la defensa del principio respecto al derecho soberano de aprovechar los propios recursos según las propias políticas ambientales y de desarrollo, la defensa de los Derechos de la Madre Tierra, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la defensa de los diferentes enfoques de desarrollo sostenible, garantizar se respete el derecho humano al agua, garantizar el derecho a la alimentación, y defender la gestión integral de los bosques.
Derecho al desarrollo y derecho de la Madre Tierra
Las discusiones y negociaciones que se han dado en torno al borrador de documento de Rio+20 dejan claro que el colonialismo no es un asunto del pasado. Las necesidades de someter a pueblos, personas y a la propia naturaleza para obtener una plusvalía de ellas, sigue más que presente en los ámbitos de negociación multilaterales, empezando por las propias Naciones Unidas.
El modelo neoliberal en cuanto a nueva fase del capitalismo provoca la retirada del Estado de todos los sectores estratégicos, dejándole precisamente la tarea de crear mercados en espacios donde hasta ahora no existían, como el de los bienes comunes, y entre ellos todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Para crear mercados se impone una financiarización de la naturaleza, una mercantilización de la Madre Tierra que en Rio+20 los países desarrollados están tratando de imponer a los países en vías de desarrollo.
Es por eso que en Rio+20 se esta tratando de dar forma al nuevo colonialismo ambiental de la economía verde. El Norte que creció y se industrializo a costa del saqueo del Sur pretende dejar sin derecho al desarrollo a un Sur, además de pisotear los derechos de la Madre Tierra. En ese sentido, las posturas que esta defendiendo Bolivia y por extensión el ALBA y el propio G77 son cruciales para la defensa de la humanidad y el planeta en su conjunto. La defensa del derecho al desarrollo de manera complementaria a la defensa de los derechos de la Madre Tierra es clave en la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio. Frente a análisis que solo legitiman las posiciones y la agenda disfrazada de ambientalismo de la Unión Europea, nos encontramos la postura de los países del Sur contra el colonialismo de la economía verde que es un nuevo reciclaje del capitalismo para una época de crisis estructural.
El Norte trata de aprovechar la agenda ambiental para que el Sur no utilice sus combustibles fósiles y no crezca y le dispute la hegemonía mundial como ya comienzan a hacer los BRICs, mientras tampoco transfiere una tecnología que permita ir buscando una transición hacia otro tipo de economías post extractivistas. No solo se trata de justicia histórica, sino de que el Sur desposeído debe crecer económicamente para poder sacar de la pobreza a millones y millones de personas empobrecidas que ven vulnerados sus derechos sociales cada día. Como lograr conjugar de manera complementaria ese derecho al desarrollo que ya tuvieron los países industrializados, con los derechos de la Madre Tierra, es el reto al que se enfrenta ese Sur que sigue dando lecciones como ya las dio en la anterior Cumbre de 1992.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible se va a celebrar del 20 al 22 de junio con discursos de todas las delegaciones existentes pero se estima que las negociaciones de algunos matices al texto final por parte de los equipos negociadores, liderados en algunos temas por los propios presidentes y ministros de relaciones exteriores, continúen hasta el mismo día 22. En cualquier caso el último borrador del acuerdo de Rio+20 aprobado en plenaria el 19 de junio, es mucho más cercano a las posiciones defendidas por el ALBA y el G77 que a las de Estados Unidos y la Unión Europea.
Katu Arkonada se encuentra en Rio de Janeiro formando parte del equipo negociador del Estado Plurinacional de Bolivia
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