Con récords de riesgo país y desempleo, el gobierno de Mariano Rajoy arremete contra el Estado de Bienestar agudizando la crisis
Cuando parece que no puede ocurrir nada peor, llega otra preocupante noticia desde España. En los últimos días, el riesgo país marcó un nuevo récord al superar los 600 puntos y Valencia pidió un rescate al gobierno, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en solicitarlo. Luego le siguió Cataluña y se espera que Murcia, mientras otras regiones lo están estudiando. De forma paralela, crece el malestar social por los recortes que anunció el presidente Mariano Rajoy y las movilizaciones sociales se suceden día tras día. El jueves 19, los principales sindicatos organizaron ochenta manifestaciones que sacaron a la calle a miles de personas. Un escenario que se volvió a repetir dos días después cuando desocupados procedentes de varios puntos del país convergieron en Madrid con consignas como «El próximo parado que sea un diputado». Anteriormente, empleados públicos de distintos rubros también se habían concentrado en varias ciudades en rechazo a la reducción de su salario que prevé el plan de ajuste. Como dato nuevo hay que mencionar que a algunas de estas marchas se han sumado miembros de las fuerzas del orden, un hecho que contrasta con los episodios de represión que han protagonizado algunos policías y agentes antidisturbios.
NUEVO PAQUETE
Los recortes y reformas aprobados por el gobierno han sido bautizados como los más duros de la historia de la democracia española y tienen como objetivo un ahorro de 65 mil millones de euros en dos años. La suba del IVA entrará en vigor a partir del 1º de setiembre y establece un aumento del tipo general de tres puntos, del 18 por ciento al 21, que supondrá un incremento de gasto promedio de unos 415 euros por familia al año, según calculó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El tipo reducido escala del ocho por ciento al diez y deja de gravar productos como espectáculos culturales, productos sanitarios y funerarias, que pasarán al tipo general. España equiparará así su IVA al de países como Bélgica, donde, no obstante, el sueldo mensual es el doble que el de los españoles.
Por otro lado, se suprimirá la desgravación por compra de vivienda nueva a partir de enero de 2013, apenas un año después de que el oficialista Partido Popular recuperara esta medida. Se suspende también el pago del aguinaldo de Navidad a los funcionarios y altos cargos de la Administración, a quienes les supondrá una reducción salarial del 5,7 por ciento de media, informa el diario El Mundo citando a fuentes del gobierno. El recorte se compensará íntegramente con aportaciones al fondo de pensiones de los empleados públicos a partir de 2015. También se reduce la prestación por desempleo: la cantidad que perciben las personas que se han quedado sin trabajo pasará, a partir del sexto mes, del 60 al 50 por ciento de la base reguladora.
Otra de las reformas incide en el comercio: se amplían los horarios de las tiendas en días laborables, así como también los domingos y feriados en los que podrán abrir. Además, se liberalizará el período de rebajas, que hasta ahora estaban limitadas a dos campañas anuales. El Consejo de Ministros también dio luz verde a recortes en los gastos ministeriales, la gestión municipal y el número de cargos de la Administración local.
LA CLASE POLÍTICA, DESACREDITADA
El anuncio de los recortes ha caído como un jarro de agua fría en una sociedad que se siente desalentada por la crisis y engañada por la clase política. Los datos del Barómetro de junio de 2012 elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hablan por sí solos: cerca del setenta por ciento de la población cree que la situación política general de España es mala o muy mala y para los entrevistados la clase política es el tercer problema que existe actualmente en el país, después de la desocupación y los problemas de índole económica. Apenas ocho meses después de asumir el cargo con una holgada mayoría absoluta, Mariano Rajoy ya ha incumplido la mayoría de las promesas que hizo durante la campaña electoral. Pero lo más grave es lo del IVA: el Partido Popular criticó la anterior suba del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y fue definida por el propio Rajoy como «el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis».
Ahora, en cambio, el gobierno considera que estas medidas son «necesarias e inaplazables» para reducir el déficit público y dinamizar la economía, y responden a criterios de «máxima justicia y equidad». Éstos son, precisamente, los puntos más criticados por la sociedad, compuesta en su mayoría por las clases medias (las más perjudicadas por los recortes). Un rechazo que comparten otros partidos políticos y la oposición socialista, que pese a no hacer propuestas alternativas sólidas pidió que se retire el ajuste porque considera que pone en peligro la paz social y que agudizará la recesión en que está inmerso el país. «No tenemos libertad para elegir» es la respuesta del oficialismo. Inquietante, ya que pone de manifiesto el progresivo desplazamiento del poder de los representantes elegidos democráticamente a los centros financieros.
El predecesor de Rajoy, el entonces líder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco lo hizo mucho mejor durante su mandato. No sólo negó la crisis en sus comienzos, un fallo que le han recriminado distintos sectores por considerar que la gravedad de la situación no habría sido tal de haber tomado las decisiones adecuadas a tiempo, sino que una vez presionado por los organismos europeos aplicó medidas de ajuste que poco tenían que ver con el corte socialista del programa que lo llevó a ganar las elecciones en 2004 y 2008.
Además, en los últimos tiempos han salido a la luz decenas de casos de corrupción en distintas formaciones políticas, e incluso en la Casa Real, que hasta ahora había sido «intocable». No se libra ni el Presidente del Tribunal Supremo, máximo órgano del Poder Judicial, quien renunció el mes último luego de ser acusado de haber pagado varios viajes de lujo injustificados con dinero público. Y, por si todo esto fuera poco, ocurren hechos insólitos como el exabrupto de la diputada del gobernante Partido Popular (PP) Andrea Fabra, quien desde su banca del Congreso gritó «¡Que se jodan!», luego de que Rajoy anunciara el histórico recorte. Además de la económica, la crisis de valores se hace patente en el país.
EL LARGO CAMINO DE LA AUSTERIDAD
Los últimos recortes llegan después de otros muchos que se han ido implementando en distintos ámbitos desde que comenzara la crisis, tanto por parte del PSOE como del PP: educación, sanidad, políticas sociales, cultura, ciencia e investigación, ayuda al Desarrollo, infraestructuras, políticas activas de empleo… Y sigue la lista. Además, cabe mencionar las dos reformas laborales, en 2010, con Zapatero, y, este año, con Rajoy, ambas en la línea de facilitar a las empresas el despido de trabajadores en nombre de la «flexibilización» del mercado laboral. El caso es que, si hablamos de empleo, España es el país con un porcentaje de desocupados más alto de toda la Unión Europea, 5.639.500 personas según la última Encuesta de Población Activa. Una realidad que muestra su peor cara a los jóvenes: más de la mitad de los menores de 25 años carece de trabajo.
La actual crisis española comenzó en 2008, en el marco de la crisis económico-financiera global que se había generado en Estados Unidos y que luego se extendió a otros países. En España, las problemáticas internacionales se suman a los efectos del fin del boom inmobiliario, en un país cuyo crecimiento económico estaba basado en el sector de la construcción. Los bancos habían concedido tipos de interés muy bajos que favorecieron el endeudamiento, pero con el estallido de la burbuja muchas personas empezaron a no poder pagar los préstamos que habían pedido. Desde entonces, el sistema financiero comenzó su caída en picada motivando la reciente intervención de la UE. Para Pablo, cocinero de 26 años, «la responsabilidad es de las personas que se endeudaron muy por encima de sus posibilidades y los bancos que concedieron todos esos créditos, sin garantía de solvencia».
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, escribía hace unos días en su blog para The New York Times que España se enfrenta a tres niveles de problemas: en un primer nivel están los bancos; luego viene la deuda soberana. Lo que hace que el problema de la deuda sea tan grave, explica, es el problema subyacente de la competitividad: «España necesita aumentar las exportaciones para compensar los empleos que se perdieron cuando estalló su burbuja inmobiliaria». Krugman cree que Rajoy ha impuesto una severa austeridad que quizás sirva para reducir el déficit, pero a costa de aumentar el desempleo y no resolver de forma significativa el problema fiscal ni el de la competitividad. Por eso, el título de su publicación es: «Pointless Pain In Spain» («Dolor sin sentido en España»).
En una entrevista para el Canal 24 Horas de la televisión pública (TVE), Jorge Fabra, fundador de la iniciativa «Economistas frente a la crisis», mostró también su desacuerdo con las políticas españolas para salir de la crisis: «Se está utilizando el pensamiento económico, en vano, contra los intereses generales del país». Según Fabra, España está ante una crisis de caída de la demanda efectiva (consumo, inversiones) que el gobierno debería compensar con un aumento del gasto público.
¿FIN DEL ESTADO DE BIENESTAR?
Hasta que la crisis no pase es difícil analizar el alcance de sus consecuencias, pero sí es posible detectar algunas tendencias. En primer lugar, existe una evidente erosión del Estado de Bienestar, al menos tal y como se lo concebía hasta ahora. En palabras de Salvador Cardús, doctor en Ciencias Económicas, ensayista y periodista: «Estamos cerca del fin de la idea de un bienestar ilimitado, al que se le podían añadir ventajas, servicios y prestaciones sin parar. Habrá que ajustar el Estado de Bienestar a la riqueza del país, a su capacidad productiva». Esto, sumado sobre todo a la elevada tasa de desempleo, nos lleva a un segundo punto: el empeoramiento de la calidad de vida y el aumento de la pobreza. Así lo ratifica un estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett), que situó a España como el país de la UE con un mayor Índice de Miseria.
La crisis también trae aparejada la precariedad laboral y una sensación generalizada de incertidumbre que afecta a jóvenes y adultos. Andrés, fotógrafo y realizador audiovisual de 27 años lo explica así: «Ha sido un cambio radical. Hace cuatro años estaba recién licenciado e iniciando una empresa propia. Ahora esa empresa está disuelta y trabajo como free-lance en lo que puedo. No sé si podré ganarme la vida con aquello por lo que aposté estudiando una carrera». Para José Luis, abogado de 60 años, la situación tampoco es fácil: «Antes podías tener el dinero en cualquier banco; ahora hay que pensar si es o no fiable. Antes, las relaciones de trabajo de mi entorno (empresa media y grande) eran económicamente seguras; ahora hay que vigilar si pagarán o no. Antes, el acceso al trabajo de un hijo universitario era seguro, tarde o temprano; ahora, no se sabe».
La inestabilidad en la que se encuentran muchos ciudadanos tiene también consecuencias psicológicas: «Muchos de mis pacientes se ven afectados por la crisis y el paro; algunos incluso han llegado aquejados de angustias y ansiedades en relación con una situación laboral incierta», asegura Carmen León, psicóloga clínica y psicoanalista.
Hay jóvenes que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a un primer trabajo y esto puede derivar en una generación perdida, tal y como advertía hace poco la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El sociólogo Cardús, en cambio, es prudente al respecto: «Se corre demasiado en liquidar a una generación creando un desasosiego inútil. En todo caso, será una generación perdida para hacer lo mismo que hacían las generaciones anteriores, pero sabrá buscar sus caminos alternativos y no se va a perder, desde una perspectiva de futuro».
Ante este panorama, muchos optan por marcharse. Según las últimas estimaciones de población actual difundidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de cuarenta mil españoles emigraron del país en el primer semestre del año y, en 2011, por primera vez en una década, España registró más movimiento de emigración que de inmigración. La mayoría de los que emigran son jóvenes calificados que tratan de encontrar oportunidades laborales principalmente en Europa, Estados Unidos y América Latina. Dentro de la UE, muchos eligen a la principal economía: Alemania. Es el caso de Andrea, ingeniera ambiental de 26 años que ahora vive en Friburgo: «Las dificultades así como el ritmo de trabajo vago se contagian y me hacían apalancarme, al contrario de la situación en la que me encuentro ahora: motivada al ciento por ciento, exprimiendo mi cerebro a más no poder».
El alto nivel de preparación de los muchos que dejan el país hace que algunos analistas hablen de una fuga de cerebros en España, que vuelve así a una tendencia de los años 40 y 50, en la época de la Posguerra, cuando los trabajadores emigraban a Alemania, Francia o la Argentina en busca de una vida mejor.
Otra de las consecuencias que está teniendo la crisis es una mayor dependencia del sector turístico. Como afirma David Levy, asesor financiero independiente, «la gente está sufriendo y hay datos sociales muy preocupantes, pero España recibe mucho turismo que permite seguir manteniendo cierto nivel de crecimiento». Sobre las perspectivas de futuro Levy opina que la recesión todavía durará varios años y agrega: «Vamos hacia un cambio de modelo de crecimiento más estable y sostenido». El FMI, por su parte, prevé que España prolongue la recesión durante 2013.
ESPAÑA Y LA UE
Una de las particularidades de esta crisis respecto a las anteriores es que es global. Además, ocurre en un momento en que España forma parte de la UE, donde los países miembros comparten un mismo mercado, una misma moneda y donde se aplica una política monetaria única (el Estado no puede devaluar el euro a diferencia de lo que podría haber hecho con la peseta).
El tamaño de la economía española y su capacidad de contagio al resto de potencias hacen que Europa esté también en riesgo. Hasta el momento, la UE ha otorgado un rescate a la banca de ese país valorado en 100 mil millones de euros. Otro dato que indigna a la sociedad es que se considera injusto tener que pagar con su dinero la devolución del préstamo cuando los responsables de entidades bancarias como Bankia (incluido el ex director del FMI Rodrigo Rato) están imputados por administración desleal o fraudulenta y apropiación indebida, entre otros delitos. Más aun teniendo en cuenta que el número de desahucios alcanzó un nuevo récord durante el primer trimestre del año. De todos modos, según un artículo publicado por el diario El País, influyentes expertos señalan que cada vez es más probable una intervención total de la economía española, como ocurriera con Grecia, Portugal e Irlanda. Tres casos en los que las medidas de austeridad no parecen haber surtido el efecto esperado, con una cada vez más comentada salida del euro del país heleno.
«En esta crisis hay ganadores y hay perdedores. Y no estamos ante economistas incompetentes que estén aconsejando mal a los gobiernos, lo que pasa es que hay una utilización de la crisis como coartada para cambiar el modelo de convivencia social europeo que hace transferencia de rentas entre los sectores menos favorecidos y los más favorecidos», explica Jorge Fabra. Frente a las medidas de austeridad, defiende alternativas como los eurobonos, la mutualización del riesgo y que el BCE de liquidez directamente a los Estados para que su prima de riesgo sea menor.
Entonces, ¿se pueden hacer las cosas de otra manera?
Veamos los modelos de Islandia y Francia. Hace tres años, la crisis financiera impactó en la economía islandesa y las autoridades nacionalizaron la banca, pero rechazaron financiar el rescate de sus bancos. Desde entonces, el país ha tenido que enfrentar duros ajustes, pero a fines de 2011 ya logró crecer de nuevo. Por otro lado, las políticas del presidente de Francia, François Hollande, también demuestran que el ajuste no tiene por qué ser tan severo.
Existen alternativas, falta querer aplicarlas con todo lo que eso puede implicar para los grupos de poder. La crisis es una de las más graves en la historia reciente de España, pero también se desarrolla en un contexto donde hay más actores implicados y la ciudadanía en su conjunto está mejor informada. ¿Sabrán estos actores canalizar el descontento colectivo e influir de forma efectiva en las decisiones de la clase política y en un eventual cambio del sistema? La sociedad entera lo está pidiendo a gritos.
Fuente: http://www.revistadebate.com.