Sindicatos, organizaciones sociales y grupos ecologistas europeos han iniciado una campaña para que la UE reconozca como derecho humano el derecho al agua y al saneamiento, y garantice además «la gestión pública de estos servicios públicos esenciales». Se trata de una iniciativa ciudadana europea (similar a la iniciativa legislativa popular española) con la que se […]
Sindicatos, organizaciones sociales y grupos ecologistas europeos han iniciado una campaña para que la UE reconozca como derecho humano el derecho al agua y al saneamiento, y garantice además «la gestión pública de estos servicios públicos esenciales». Se trata de una iniciativa ciudadana europea (similar a la iniciativa legislativa popular española) con la que se pretenden recoger las firmas necesarias (un millón) para que la Comisión Europea implemente este derecho ya reconocido por Naciones Unidas.
La campaña ha sido impulsada por la Red Europea de lucha contra la pobreza, la Alianza Europea por la Salud Pública, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, la Confederación Europea de Sindicatos y la Internacional de Servicios Públicos, entre otras organizaciones. Entre otras cuestiones, se insta a las autoridades comunitarias a que el abastecimiento de agua «no se rija por las normas del mercado interior, y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización».
En la presentación de la iniciativa en Valencia ha intervenido Pedro Arrojo, embajador en España de la Iniciativa Ciudadana Europea, experto en materia hídrica (en concreto, en Economía del Agua), profesor de Análisis Económico en la Universidad de Zaragoza y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua. CCOO, UGT, Ecologistas en Acción, Acció Ecologista Agró, SEO/Birdlife, WWF, Xúquer Viu, Acció Cultural del País Valencià y la Fundación Nueva Cultura del Agua se han sumado a la campaña.
En el año 2010, Bolivia presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas la propuesta de que se reconocieran como derechos humanos los servicios básicos de agua potable y saneamiento. Finalmente se aprobó la propuesta del estado boliviano. Pero el objetivo es que este reconocimiento no quede reducido a un mero formalismo.
Porque, según el profesor Pedro Arrojo, «el agua no es un bien natural renovable como cualquier otro; sobre el uso del agua y sus funciones cabe una reflexión ética». Afirma Arrojo que hay un nexo entre el agua potable y la vida. Según la ONU, la cuota básica de agua potable rondaría entre los 30 y 40 litros por persona y día (la mayor parte de los recursos que se extraen de ríos y acuíferos se destinan a usos diferentes del consumo humano). Por eso, «el agua no ha de ser un privilegio para ricos, sino un derecho humano efectivo; hay que garantizar el acceso a cuotas básicas», concluye Arrojo.
Más que de escasez, el problema del agua en el siglo XXI es de calidad. Es decir, la degradación de los recursos hídricos. Y en este punto convergen dos crisis, según Pedro Arrojo: la inequidad y la pobreza, por una parte, y la insostenibilidad de los sistemas acuáticos por su progresivo deterioro, por otra. ¿Cómo afrontar estos retos y garantizar cuotas básicas de agua potable? «Es cuestión de prioridades políticas; anteponer estos objetivos, por ejemplo, a los presupuestos militares; se trata de superar la oposición de las castas políticas y económicas», explica el profesor.
El embajador en España de la iniciativa ciudadana europea matiza que el derecho al agua hay que considerarlo en sentido amplio. «Supone garantizar la soberanía alimentaria de las comunidades más vulnerables, la pesca y los riegos humanos básicos», subraya. Mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. Además, el 98% de los conflictos por la supervivencia de ríos, por la pesca, así como sus derivadas ambientales y sociales, se localizan en países pobres.
En la Unión Europea, la Directiva Marco de Agua establece la obligación de respetar los caudales ecológicos de los ecosistemas hídricos. Es más, los apunta como límite a los usos productivos. Porque, de hecho, explica Pedro Arrojo, «la sobreexplotación de ríos y acuíferos puede llevar al lucro de algunos a corto plazo, pero a largo término supone una ruina económica; es algo que incluso ha entendido el pragmatismo anglosajón».
Existe otra vinculación significativa: entre agua y ciudadanía. Por eso, «los servicios domiciliarios de agua y saneamiento han de ser, en tanto derechos ciudadanos, de acceso universal; en consecuencia, no tendrían que regirse por la lógica del mercado», subraya el especialista en materia hídrica. Pero eso no implica barra libre para el consumo de agua. En ese sentido, Pedro Arrojo defiende una facturación por tarifas crecientes, en el que exista un primer tramo de consumo gratuito (entre 30 y 40 litros diarios), que equivale a la cuota básica; otros tramos intermedios y el máximo (por ejemplo, cinco veces mayor), que gravaría usos no esenciales, como el de las piscinas. «Esto no lo sabe hacer el mercado, aunque también implique hablar de economía, de economía pública».
El tercer nexo resaltado por Arrojo es el que conecta el agua con la economía (el 80% del agua que se detraen de los ecosistemas se destina a usos económicos). Sin embargo, «¿Podemos pedir agua pública para un regadío de 100 hectáreas en los Monegros? ¿Por qué hemos de subvencionar el agua para usos económicos? El ánimo de lucro no pertenece al ámbito de los derechos humanos ni ciudadanos». Por tanto, señala Arrojo, «no han de subvencionarse estos usos». Otra cosa, matiza, «es que esto se haga de manera gradual, con el fin de evitar destrozos económicos».
Como en la sanidad, la educación y el conjunto de servicios sociales, el agua también se ve sujeta a procesos de privatización. Fundamentalmente, a partir de tres modelos. El primero, inspirado por los Chicago Boys durante la dictadura de Pinochet, se mantiene en vigor hoy en Chile, aunque no se ha extendido a otros países. La Ley de Aguas privatiza los ríos (Endesa es actualmente uno de las estandartes del modelo). El segundo paradigma es el de Thatcher, que tampoco se ha extendido a otros países. Considera el agua como un bien público. Sin embargo, se privatiza la gestión del agua y del saneamiento, así como las infraestructuras.
El tercer modelo, el francés, basado en el partenariado público-privado, es el que ha hecho fortuna, gracias al apoyo de instituciones internacionales como el Banco Mundial y los diferentes gobiernos. Se trata de empresas mixtas con capital público y privado, pero en las que no es relevante cómo se reparte el accionariado. Puede que la mayoría accionarial corresponda al sector público. Pero es lo de menos. La gestión de la empresa (y también el control de la información) son, de hecho, privados, por lo que es la parte privada la que dispone del poder real y los beneficios de la empresa mixta.
Para justificar este desequilibrio, se utilizan argumentos que resultan muy familiares, pues se utilizan asimismo en los procesos privatizadores de la educación o la sanidad: la gran complejidad de la gestión del agua (incluido el uso de sofisticadas tecnologías) escapa a la comprensión de la iniciativa pública; el sector privado, además de introducir criterios de transparencia, aporta la inversión necesaria, de la que carece la Administración. Estas ideas se completan con los valores tópicamente asociados a la gestión privada: competitividad, dinamismo y eficiencia. «Son argumentos esencialmente falaces», replica Pedro Arrojo.
Pero la pregunta clave es: ¿Dónde se localiza el botín? Fundamentalmente escondido en el capítulo de costes, un apartado en el que mandan los gestores privados. Deciden, por ejemplo, sobre compras, contrataciones y subcontrataciones («Ésta es la parte del negocio con mayor valor añadido», apunta el economista). Y sin necesidad de recurrir al concurso público, que resultaría mucho más económico y es el procedimiento al que naturalmente ha de acogerse la Administración. Sin embargo, los gestores privados tienen la posibilidad de acudir a la adjudicación directa, lo que encarece infraestructuras y tecnologías. Es este, por lo demás, el modelo que se aplica en numerosas ciudades españolas. Muchas de ellas se han basado, incluso, en un mismo documento para asumir el modelo francés.
Es el de la gestión del agua, siguiendo el modelo mixto, «un gran negocio para el sector privado», apunta Pedro Arrojo. Muchas veces, añade, la inversión pública es superior al 90% pero el lucro es privado. «Se ofrecen como buenos gestores privados pero sin poner dinero; se trata de procesos de privatización, en los que se pone sobre la mesa casi exclusivamente dinero público; es como si alquilo mi primera vivienda para que, a su vez, el arrendatario me la alquile por unos años a un precio muy superior; es lo que ocurre con el servicio de aguas. Y a esto se le llama sabotaje social«.
El economista desmonta, además, muchos de los tópicos al uso: «Puede que la gestión pública no sea transparente, pero tenemos derecho a que lo sea; en cambio, las empresas privadas están constitucionalmente blindadas a la transparencia informativa; además, las tecnologías más sofisticadas se hallan en el mercado y resultarían accesibles para cualquier empresa pública». Se trata, en definitiva, de que el derecho al agua no sea mercantilizable, que salga de las lógicas del mercado, que no se convierta en un bien privatizado. Y, también, de lograr una gestión pública transparente y participativa bajo control social.
Aunque, matiza Pedro Arrojo, no sólo la gestión de los recursos hídricos («Agua y energía no son mercadería», dice el movimiento social brasileño). Lo importante es que la iniciativa ciudadana europea se convierta «en una herramienta de debate para que empiece a forjarse una marea azul, como ocurre en Italia, donde ha cobrado mucha fuerza el movimiento social en torno al agua». «En el estado español estamos aprendiendo a hacerlo, a partir de movimientos de base como el 15-M o DRY; la lucha por el derecho al agua es, sin duda, una buena plataforma de pedagogía». «Necesitamos mensajes claros y contundentes, pero también argumentar». «Porque si no nos convertimos en mayoría, no hacemos nada», concluye Pedro Arrojo.
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