Superada la sorpresa para la ciudadanía y para los propios partidos políticos (menos para Rajoy y Rubalcaba que ya lo sabían) de la abdicación del rey y contemplando con estupor las exageradas «bondades» de su reinado, quiero hacer algunas puntualizaciones. Se debe recordar que Juan Carlos I fue nombrado sucesor, a título de rey, por […]
Superada la sorpresa para la ciudadanía y para los propios partidos políticos (menos para Rajoy y Rubalcaba que ya lo sabían) de la abdicación del rey y contemplando con estupor las exageradas «bondades» de su reinado, quiero hacer algunas puntualizaciones.
Se debe recordar que Juan Carlos I fue nombrado sucesor, a título de rey, por un dictador (1969), que se comprometió con los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (ideario franquista), que no juró la Constitución del 78 (ya era rey), que, como se ha recogido y publicado, tuvo un papel destacado en la involución del 23 F, que su enriquecimiento personal sigue sin aclararse, que ha tenido unos comportamientos poco ejemplarizantes (cacerías, amistades con jefes de gobiernos dictatoriales) y que escandalizan sus múltiples escarceos públicos amorosos. Tampoco se puede olvidar que no fuera capaz cortar de raíz la corrupción en su propio entorno familiar y que durante muchos años ha hecho dejación de sus funciones y responsabilidades, siendo insensible al sufrimiento de millones de familias sin ejercer su influencia y mediación para mejorar la situación catastrófica de los últimos años. Todo ello, ha llevado a la monarquía a una desafectación social que la ha desacreditado hasta el punto de lograr un rechazo mayoritario de la ciudadanía. Era evidente que había que tomar medidas para salvar el futuro de una institución monárquica obsoleta que tanto ha beneficiado a los poderes financieros, políticos, religiosos y mediáticos. De aquí, que grandes empresarios, obispos, políticos (populares y socialistas) y medios de comunicación se hayan lanzado a un panegírico desaforado y vergonzoso de las «cualidades y merecimientos» de este reinado, salpicado de oscurantismo y corrupción.
Los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE), como hicieron en agosto de 2011 al cambiar el artículo 135 de la Constitución para introducir el compromiso de estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta del objetivo de déficit, han forzado la decisión de abdicar. Los dos partidos, desoyendo las voces de algunos partidos políticos y de una parte de la sociedad que reclama el derecho a elegir el tipo de sistema político que prefieren, han cerrado filas y han impuesto sus mayorías. Resulta sorprendente que un país «democrático» cambie de Jefe de Estado en dos semanas sin que se plantee seriamente que para un acontecimiento vital para la ciudadanía no se acuda a la Constitución que recoge: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo a todos los ciudadanos» (Art. 92-apart 1), pero si lo hacen para acelerar el nombramiento del nuevo rey. Durante estos últimos días, los medios de comunicación oficialistas nos han vendido, a través de periodistas y tertulianos, siervos manipuladores del poder, la imagen de un Felipe VI ajeno a los chanchullos familiares e ignorante de las tropelías que se cocían en su entorno. Lo han envuelto tan bien como ese vendedor de enciclopedias que, sabiendo que no sirven para nada, te intenta seducir con sus pastas, su colorido y sus anecdotarios. La abdicación nos la quieren hacer tragar como el «relevo generacional» de un joven que por «ser hijo de…» tiene asegurado su futuro. En España hay un 57 % de jóvenes que la única herencia que tienen es el paro, el exilio o la precariedad laboral.
Aunque se ha aireado que la decisión ya estaba tomada en Enero, es indudable que una serie de relevantes hechos sociales han empujado la precipitación. Veamos:
– El rechazo cada vez mayor hacia el carácter anacrónico de una monarquía hereditaria que con sus graves errores ha defraudado las expectativas de una gran mayoría de los ciudadanos.
– La manifestación en Madrid del 22 M supuso un hecho fundamental de toma de conciencia de una parte importante de nuestra sociedad que entendió que era posible el cambio real, la sustitución de esta falsa y debilitada democracia al servicio de los poderes económicos por otra que defienda los derechos y libertades de los ciudadanos.
– El auge de los movimientos republicanos que se han consolidado en nuestro país como una alternativa creíble, que reivindican una sociedad más justa, libre y democrática, en la que los ciudadanos sean los protagonistas de su propia historia, de su destino. – La lucha de muchos colectivos, asociaciones y grupos sociales organizados que reivindican el cumplimiento de la Constitución (derecho al trabajo, a la vivienda, a la sanidad y educación públicas, a la huelga, a la manifestación, a un sistema tributario justo y progresivo, protección a la familia, planificación de la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas…) y acatar lo que recoge la Declaración Universal de los DDHH.
– Pero sobre todo, los resultados de las elecciones europeas que han supuesto un fuerte varapalo para el bipartidismo (no han llegado al 50 %) que, con la irrupción con fuerza de la izquierda (IU, Podemos, Equo, Compromis…), amenaza por primera vez su hegemonía. Esto no había ocurrido desde el comienzo de esta adulterada Transición, que sirvió para implantar una democracia controlada por las élites económicas, políticas y judiciales del franquismo.
Ante estos cambios y movimientos sociales, los dos partidos juancarlistas (PP y PSOE) han decidido dar el recambio monárquico, sabedores que cuentan con una abrumadora mayoría en las dos cámaras (Congreso y Senado) y que las previsiones no son tan favorables para las próximas elecciones. Posiblemente esta imposición de la cúspide socialista, con la que algunos diputados y muchos afiliados de base y simpatizantes no están de acuerdo, le cueste caro al PSOE en su propia organización y en las próximas elecciones. La postura contradictoria «republicanos y monárquicos» al mismo tiempo no la tuvo en 1978 el portavoz parlamentario socialista Luis Gómez Llorente que cuando había que aceptar la monarquía «explicó con todo detalle en el Congreso las raíces y convicciones republicanas y las razones por las que el Grupo Socialista se abstendría en la votación de ese artículo de la Constitución» («Las cosas de palacio», L García Montero, Infolibre, 7-6-14).
La abdicación para el PP significaba mucho más, no sólo que encajaba con sus profundas raíces monárquico-franquistas, sino porque sabía que durante un tiempo, más o menos largo, no tendría que mentir afirmando que «estamos saliendo de la crisis» y quedaría en segundo plano la dura situación que están padeciendo la inmensa mayoría de la población. Los medios de comunicación estarán entretenidos con el padre abdicado y el hijo rey. No se hablaría de: los seis millones de españoles en paro, de los 700.000 jóvenes bastante preparados que han tenido de emigrar porque su país le niega el futuro, de los desahucios que se siguen produciendo, de la pérdida de derechos laborales, de los dos millones de familias sin ingresos, de la pérdida de poder adquisitivo, de los 2.800.000 niños en riesgo de exclusión social o de los 983.000 menores de 25 años en paro.
Pero la efervescencia social continúa. Las asociaciones, colectivos, partidos de izquierdas, algunos sindicatos y muchas personas saben que es el momento de cambiar el sistema y las condiciones políticas y sociales para crear un «poder ciudadano» capaz de derribar esta falsa democracia, controlada por los poderes económicos (Troyka, banca, grandes empresas). Es el momento de luchar, de apartar las diferencias y, con un programa común, recoger las reivindicaciones y necesidades más importantes de la inmensa mayoría de la población. Se trataría de conseguir un apoyo social mayoritario para que, mediante un proceso constituyente, llevar a nuestro país a una transformación real, a una implicación ciudadana en la toma de decisiones, que conduzca a una autonomía económica, política y social, cuyo objetivo fundamental sea mantener y mejorar el estado de bienestar, los servicios públicos, las viviendas, los derechos laborales, las pensiones y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la población.
Juan García Ballesteros. Presidente del Colectivo Prometeo y miembro del FCSM
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