El asunto viene de lejos. En 2012, Médicos Sin Fronteras informaba en su memoria anual que cerca de la mitad de las personas heridas (al intentar saltar la valla de Melilla) y tratadas por los voluntarios, fueron objeto de la violencia ejercida por la policía marroquí y española. La situación ha cambiado poco, a la […]
El asunto viene de lejos. En 2012, Médicos Sin Fronteras informaba en su memoria anual que cerca de la mitad de las personas heridas (al intentar saltar la valla de Melilla) y tratadas por los voluntarios, fueron objeto de la violencia ejercida por la policía marroquí y española. La situación ha cambiado poco, a la luz del informe «Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur-Melilla», presentado el 25 de julio en Barcelona por la Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH) después de una estancia en Melilla durante la primera semana de julio, con el fin de evaluar las vulneraciones de los derechos humanos denunciadas por las organizaciones locales durante el último año.
La CODH está integrada por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, el Grupo de Acción Comunitaria (Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos); y el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. El informe elaborado por la Comisión se elevará al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y al Subcomité para la Prevención de la Tortura.
En los últimos meses se ha producido un aumento de la violación de los derechos humanos (malos tratos y tortura) en la frontera melillense, según detalla el informe. Testimonios recabados por la CODH explican que la policía marroquí accede en numerosas ocasiones a los campamentos del Monte Gurugú y emplea la fuerza contra las personas que allí se encuentran. Se citan intervenciones con desalojo de campamentos, en las que se golpea a las personas, se destrozan los espacios donde duermen, las estructuras de las acampadas e incluso llegan a incendiarse las instalaciones.
Se han dado casos de muertes como consecuencia de redadas de la policía. El periódico de Ceuta y Melilla El Faro Digital informaba el 21 de julio de este año que un joven de 20 años natural de Mali falleció a causa de un traumatismo, al caerse por un barranco mientras huía de los agentes de la policía de Marruecos. El informe de 2013 de Médicos Sin Fronteras alertaba de la impunidad en la que se suceden palizas, abusos y agresiones, dado que la gran mayoría de las víctimas migrantes no presentan denuncias ni buscan ayuda médica por temor a arrestos o represalias.
Organizaciones locales a las que la CODH ha entrevistado confirman cómo se recrudecen en los últimos meses los malos tratos y las torturas a cargo de las fuerzas de seguridad del reino de Marruecos. Así, el pasado 18 de junio las fuerzas auxiliares de este país emplearon la tortura y los malos tratos para evitar el salto de la valla tanto en el territorio de Marruecos como en el español. «Las situaciones de malos tratos se producen ante la mirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, quienes amparan y toleran la situación», subraya el informe de la Comisión. Algeciras Acoge y PRODEIN han interpuesto una querella ante estos hechos, recogidos por los periodistas gráficos y publicados por la organización PRODEIN.
En los hechos señalados y en otras ocasiones, abunda el informe presentado en el Colegio de Abogados de Barcelona, «los malos tratos o la tortura se han producido después de que las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas devuelvan de manera ilegal a personas que se encontraban en territorio español a las fuerzas de seguridad de Marruecos, pese a tener constancia de que serán sometidas a situaciones de malos tratos o tortura. De forma sumaria (sin expediente alguno) y sin conocer el caso específico en el que se encuentra la persona (por ejemplo, si es un potencial solicitante de asilo)». Estas devoluciones se producen a pesar de lo establecido en el Derecho Internacional y, en concreto, el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra.
El informe destaca asimismo las «dificultades» con que la Comisión y las organizaciones, tanto locales como internacionales, trabajan en la zona para documentar y denunciar la violación de los derechos humanos en la zona marroquí cercana a Melilla. Las actuaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes se producen «debido a los acuerdos en materia de cooperación en control migratorio suscritos entre la Unión Europea, España y Marruecos», se afirma en el trabajo presentado por la CODH.
A la responsabilidad de la policía española se le dedica otro apartado. A partir de entrevistas con ONG locales, el informe concluye la existencia de malos tratos sobre todo en el acceso «irregular» de migrantes al perímetro fronterizo. El 24 de abril una actuación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) se saldó con al menos 50 personas heridas. Además, según ha denunciado PRODEIN, a una de las personas se le inyectó una sustancia sedante antes de su devolución ilegal a Marruecos. En el intento de salto del 1 de mayo resultaron lesionadas cerca de 30 personas. Fue una operación en la que las unidades antidisturbios lanzaron, según el informe, «gases directamente a la cara de varias personas que se hallaban en la valla a más de cinco metros de altura, lo que puso claramente en riesgo su integridad física».
Durante la semana en la que los activistas de la CODH permanecieron en Melilla, se produjo un intento de salto cerca del Barrio Chino. El informe «Vulneraciones de los Derechos Humanos en la Frontera Sur» menciona las palabras de tinte xenófobo de un agente de la guardia civil a una de las observadoras: «tengan cuidado, que estos cuando saltan os pueden pisar, pegar o morder. Váyanse por su propia seguridad».
Otro motivo de preocupación viene dado por la valla de tres metros de altura que está construyendo el gobierno de Marruecos, a la que se agregan tres filas de concertinas (un tipo de cuchilla que se utiliza asimismo en la valla española). Según informó en su día El País, la valla rodeará el perímetro de 9 kilómetros que rodea Melilla y permanecerá a escasos 50 metros de la valla española. Las heridas que producen las concertinas «son de carácter profundo y en los últimos meses han provocado numerosos heridos, muchos de los cuales no han sido atendidos debidamente», según fuentes a las que ha accedido la CODH. En muchas ocasiones, abunda el informe, «las personas que son devueltas de manera ilegal o que no logran saltar la valla, quedan heridos, a veces gravemente, y no son conducidas a ningún hospital, ni en Marruecos ni en territorio español».
Por otro lado, 16 catedráticos y profesores de Derecho y Ética han denunciado las «devoluciones en caliente» en el documento «Expulsiones en caliente: cuando el estado actúa al margen de la ley», impulsado por el Proyecto I+D+i Iusmigrante. Estas devoluciones (denunciadas en Ceuta, Melilla y los islotes en los que mantiene la soberanía el estado español) consisten en la entrega de ciudadanos extranjeros a las autoridades de Marruecos «por vía de hecho», sin que se siga el procedimiento establecido legalmente y sin cumplir las garantías reconocidas internacionalmente.
Las ONG melillenses han documentado estas prácticas «ilegales», que en algunos casos se recogen en el texto presentado por la Comisión. Así, el 31 de marzo de 2014 unas 50 personas fueron entregadas a la policía de Marruecos, de manera «sumaria» y contra lo establecido en la legislación, después de acceder por la valla al territorio español. Hubo asimismo «devoluciones en caliente» el 24 de abril (40 personas) y el 1 de mayo (150).
El capítulo cinco del documento («violencias institucionales e ilegalidades en la valla de Melilla») concluye con un apartado dedicado a las «violencias contra las porteadoras». Son mujeres marroquíes, «en su mayoría mayores, excluidas por ser viudas, discapacitadas o enfermas, que en situación de explotación laboral transportan mercancías desde España a Marruecos»: las porteadoras. Atraviesan la frontera en una jornada agotadora que comienza a las 6,30 de la mañana con fardos que pesan entre 30 y 100 kilogramos, y por los que cobran entre tres y cinco euros la unidad. Según las ONG locales, «es frecuente la violencia policial, los acosos sexuales y el requisamiento de la mercancía cargada de forma arbitraria».
Miembros de la CODH confirman estos hechos, ya que observaron cómo «agentes de la Policía Nacional empleaban la fuerza contra un grupo de porteadoras para gestionar el paso de la frontera». Así, «La Comisión fue testigo de la actitud agresiva de los agentes de la UPI, que blandían sus defensas entre gritos y amenazas, profiriendo un trato denigrante ante las porteadoras». Y cómo «para tratar de disolver una acumulación de personas, los agentes golpearon con sus porras de manera absolutamente innecesaria a algunas de estas personas». Las ONG locales han confirmado que no se trata de hechos aislados.
El trabajo de los miembros de la CODH se realizó en la zona fronteriza con Melilla y en la observación sobre el terreno de los puestos de Beni Anzar, el Barrio Chino, Farhana y Marihuari, con el acompañamiento de expertos locales. En el estudio se indagó en las consecuencias de las tecnologías aplicadas al vallado y sus repercusiones. Por otro lado, además de las organizaciones citadas, componen la CODH educadores sociales, profesores, médicos, sociólogos, politólogos, filósofos, juristas, abogados especializados en Derechos Humanos, reporteros, fotoperiodistas y videoperiodistas.
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