La PAH declara una «cuenta atrás para tumbar la ley hipotecaria» y pide a los jueces que declaren nulos los procedimientos
Una «cuenta atrás para tumbar la ley hipotecaria». Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, que hace 13 meses denunciaron ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de la Ley 1/2013, relanzaban el 23 de septiembre, una vez más, la guerra abierta contra la legislación hipotecaria española, que ha sido declarada por segunda vez ilegal por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En esta ocasión, la PAH responde a la última modificación legislativa realizada por el Gobierno español para, en teoría, dar cumplimiento a la última sentencia del TJUE, que en julio dejaba claro que la legislación española sigue dejando al afectado en una situación de indefensión y viola los derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa.
La «solución» del Gobierno ante esta situación de ilegalidad declarada: incluir en las disposiciones finales de un real decreto-ley de medidas urgentes en materia concursal, publicado el sábado 6 de septiembre, unas modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Civil que se concretan en un plazo de 30 días, hasta el 8 de octubre, para que los afectados que no hayan visto reconocido anteriormente su derecho a recurrir cláusulas abusivas puedan hacerlo. Aquellos que ya perdieron su vivienda quedan excluidos. «Es una barrabasada y pensamos que invita a prevaricar a los jueces; el Gobierno está incumpliendo la legalidad para proteger a sus amigos», dice el abogado de la PAH Rafael Mayoral, quien también denuncia que «no se puede poner el plazo de un mes para subsanar una violación de derecho fundamental realizada por un Estado contra sus ciudadanos, y además esto debería notificártelo tu juez en el procedimiento judicial, no una publicación en el BOE». Por ello, las PAH no sólo han puesto a disposición de los afectados un «kit de emergencia» para que, si se encuentran incluidos en los supuestos, puedan recurrir. También están presentando ante los juzgados documentos en los que facilitan a los jueces un listado de las últimas sentencias europeas y los instan a «anular los procedimientos de ejecución hipotecaria» que se han hecho al amparo de la Ley 1/2013 por su vulneración constante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Sentencias europeas
En los últimos tiempos, la lucha en la calle de las personas afectadas por la hipoteca se ha visto reconocida en varias ocasiones por los tribunales, tanto estatales como europeos. «Lo más importante es reconocer que sin la movilización social no estaríamos ante pronunciamientos tan claros desde Europa», dice José Luis Noriega, asesor legal de PAH Vallekas. La primera sentencia, enmarcada en el caso de Mohamed Aziz contra La Caixa, llegaba desde Europa en marzo de 2013 y declaraba ilegal la legislación hipotecaria que durante 20 años había estado vigente en España. El Gobierno, sin embargo, se negó a admitir las reclamaciones planteadas por la PAH en su Iniciativa Legislativa Popular (dación en pago retroactiva, alquiler social y paralización de los desahucios) y aprobaba en solitario la Ley 1/2013, ahora denunciada por el TJUE dentro del caso Sánchez Morcillo contra el BBVA.
A todo esto se sumaba, el 10 de septiembre, otra sentencia, en este caso referida al caso de la eslovaca Monika Kusionava contra Smart Capital S.A., en la que se establecía «la importancia de que el juez nacional competente disponga de medidas cautelares que pueda suspender o contrarrestar un procedimiento ilícito de ejecución hipotecaria».
La legislación europea es de obligado cumplimiento por los Estados y los jueces, y además, en relación a la Ley 1/2013, «hay otras 16 cuestiones prejudiciales [planteadas por jueces españoles] pendientes de resolver por parte del TJUE, así es que es muy posible que haya otros 16 varapalos pendientes», según Mayoral.
Además del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, España también ha recibido diversos varapalos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), radicado en Estrasburgo. El primero se producía en diciembre de 2012, cuando este tribunal establecía la suspensión, como medida cautelar, de la expulsión de una mujer y sus dos hijos menores de la casa del Instituto de Vivienda de Madrid que ocupaban, después de comprobar que las autoridades no habían puesto a su disposición una alternativa habitacional. Una vez que el caso ha sido inadmitido por el Tribunal Constitucional, ha vuelto a ser presentado ante el TEDH por César Pinto, abogado de la familia que logró la primera paralización. La joven y sus dos hijos siguen residiendo en la vivienda dos años después.
El caso defendido por Pinto no sólo permitió que una familia permaneciera en su vivienda, sino que, al ser pionero, abrió la puerta a varios recursos más que llevaron al TEDH a paralizar el derribo de una vivienda en el poblado de la Cañada Real (Madrid), y posteriormente los desalojos del Bloc Salt (Girona) y de la Corrala Utopía (Sevilla) mientras las administraciones no garantizaran el derecho efectivo a una vivienda para sus ocupantes, en base al cumplimiento de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que hacen referencia a la prohibición de tratos inhumanos y degradantes y a la protección de la familia. Todas estas decisiones reconocen, según Mercè Pidemont, abogada del Observatori DESC, «el derecho a la vivienda y que no puede haber un desalojo sin un realojo, que es algo que el derecho internacional tiene muy claro, pero el Estado español, que está obligado a cumplirlo, ha llevado a cabo miles de ejecuciones sin garantizar ningún realojo».
Según Pidemont, es un paso importante «que haya tribunales internacionales que estén reconociendo lo que dice la sociedad civil, y también es de ayuda si tenemos unos jueces que empiezan a ser valientes y a cuestionar la jurisprudencia imperante».
Resoluciones de juzgados españoles
También al calor de las movilizaciones, los tribunales españoles han dictado autos y sentencias que apoyan en diversos casos la lucha por la vivienda. «Hace cinco años era impensable que se planteara la posibilidad de reclamar una cláusula como la suelo», dice José Luis Noriega de PAH Vallekas. En los últimos años, además, se han producido al menos 14 resoluciones de juzgados de distintas ciudades que reconocen la dación en pago de la vivienda, según recoge el Observatori DESC. Y, el 5 de mayo de 2014, un juzgado de Barcelona obligaba a Bankia a devolver la vivienda a una familia que ya había sido desahuciada.
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Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/24039-derecho-la-vivienda-lucha-tambien-tribunales.html