Surge la duda cuando uno habla con Fernando Martínez (Vélez-Blanco, 1949), secretario de Estado de Memoria Democrática desde el pasado enero, de si estamos ante un historiador o ante un político. A lo largo de esta entrevista, realizada en su despacho del complejo de la Moncloa el miércoles 4 de noviembre, se van alternando sus dos caras. La del militante de izquierdas, afiliado al Partido Socialista Obrero Español desde los ochenta (antes fue candidato al Senado por el Movimiento Comunista de Andalucía), bajo cuyas siglas ha sido alcalde de Almería, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, senador y director general de Memoria Histórica. O la del historiador, el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería, especializado en Memoria Histórica. En ese campo, ha sido el coordinador del Mapa de Fosas de Andalucía, así como de varios proyectos en torno a los Tribunales de Responsabilidades Políticas de Andalucía, la represión franquista de la masonería andaluza y el exilio republicano andaluz de 1939. De lo que no cabe ninguna duda es que estamos ante una persona comprometida con la Memoria Democrática y con las víctimas de la represión franquista.
En el primer semestre del año que viene se aprobará la Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre. Una ley que le mantiene en su despacho de nueve a nueve y con la que se pretende acometer la mayor exhumación de fosas del franquismo, con una partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 11,3 millones de euros, de los que seis se destinarán a exhumaciones. Cuenta para ello con un equipo formado por algunos de los grandes especialistas en este terreno. Cuenta también con la furia y el enojo de una ultraderecha cada vez más desatada en el enfrentamiento contra la Verdad, la Justicia y la Reparación.
¿Qué sintió cuando vio a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid retirando a martillazos una placa en homenaje al presidente Francisco Largo Caballero?
La verdad es que la imagen me sobrecogió de tal manera que inmediatamente se me fue la retina a las fotos de los años cuarenta, de la represión. No lo podía entender. No podía entender de ninguna manera que una sociedad democrática, que un ayuntamiento democrático rompiera a martillazos la referencia de un demócrata, de un presidente de Gobierno que había luchado fundamentalmente por la mejora de las clases trabajadoras a lo largo de toda su vida, que había estado en los campos nazis y que muere en el exilio. Recordaba la imagen de la acogida, en los primeros momentos de la democracia, cuando llega el cadáver de Largo Caballero, ese entierro masivo que se le dio en Madrid. Y ahora, por las presiones de la extrema derecha y los planteamientos del neofascismo, ocurre esto. Lo que no podré entender nunca es que partidos como Ciudadanos o el Partido Popular se dejen llevar por estos planteamientos anclados fundamentalmente en los años de la posguerra.
Hay ayuntamientos, como el de Madrid, que han utilizado, mejor dicho, retorcido, la Ley de Memoria Histórica de 2007 para quitar nombres de calles, placas. O han tomado decisiones arbitrarias como destrozar el memorial del Cementerio de la Almudena. Estamos hablando de actos que emanan de la Administración Pública. ¿Podrá la futura ley establecer mecanismos para que esto no ocurra?
Se ha utilizado de una manera muy torticera la Ley de Memoria Histórica de 2007. También hay mucha ignorancia. Sin lugar a dudas, lo que pretendemos con la Ley de Memoria Democrática es reparar lo que ha sido una persecución de los Derechos Humanos a lo largo de la guerra civil y la dictadura, hasta el año 78, que es el de entrada en vigor de la Constitución. Si preservamos la democracia, si tratamos de dar conocimiento de la democracia y de sus valores, de sus libertades, de sus principios, de sus derechos, de la conquista de todo ese entramado de los valores democráticos y los principios constitucionales, evidentemente, la ley va a poner el acento en que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.
No puede haber una interpretación torticera, porque las sociedades democráticas tienen que garantizar la sostenibilidad de herramientas que hagan posible algo tan importante como convertir el pasado en un planteamiento de pedagogía democrática que fortalezca el futuro y que haga un futuro más justo, más libre y contribuya a una sociedad mucho más abierta, más pluralista, donde no quepan de ninguna de las maneras los planteamientos negacionistas y del neofascismo. La Memoria Democrática tiene que reforzar la democracia y marginar los planteamientos totalitarios y neofascistas.
En el caso de la vandalización de monumentos, como las pintadas en las estatuas de Largo Caballero o Indalecio Prieto, ya no estamos hablando de actos amparados en decisiones de una administración pública, sino de vandalismo reivindicado de manera chulesca y desafiante por un partido de extrema derecha, Vox, con representación parlamentaria y que recibe fondos del Estado. Según el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, cabría no solo una penalización, sino la retirada de subvenciones o incluso la ilegalización. Con la futura Ley de Memoria Democrática, ¿se podría llegar a sancionar o incluso ilegalizar a partidos de la extrema derecha por conductas como estas?
Diferenciemos dos cosas. La ley del año 2007 no tenía ningún planteamiento sancionador. Se dejaba a la buena voluntad de la ciudadanía en su conjunto; este anteproyecto que ha aprobado el Gobierno tiene un régimen sancionador que establece sanciones muy graves, graves y leves. Una sanción muy grave sería romper una fosa común o deteriorar un lugar de memoria o romper placas. Hay multas de hasta 150.000 euros. Se plantea la retirada de subvenciones a las asociaciones con actividades en relación con la memoria que cometan una infracción, por ejemplo, ponerse a exhumar por su cuenta. En el caso de infracciones mucho más graves, estamos en un marco de subvenciones mucho más generalizado a todos los niveles.
Por otro lado, se plantea la extinción de subvenciones a fundaciones; planteamos, a lo largo del próximo año, la posibilidad de la ilegalización de las asociaciones que hagan apología o que inciten directa o indirectamente al odio contra las víctimas, familiares, etc. Una fundación que lleva determinado nombre es para hacer apología de ese señor; la apología del franquismo no está entre los intereses generales y por lo tanto da opción a que se inicie todo un proceso que se pone en manos de un juez, para que se pueda producir la extinción.
En cuanto a señalar o ilegalizar partidos, a mí me preocupa muchísimo que estamos asistiendo a la emergencia de movimientos neofascistas, no solo en España. La Ley de Memoria Democrática tiene como finalidad preservar y difundir la memoria democrática, reparar lo que no ha sido reparado y condenar el franquismo. El funcionamiento de los partidos políticos está en otro marco legislativo y en otro marco constitucional. Difícilmente, puede encajar que nosotros entremos en esa cuestión, porque tenemos los objetivos delimitados. Pero sí en el marco de lo que puede ser atentar contra lugares de memoria, romper placas de memoria, ensuciar placas de lugares de memoria. Y en ese caso se sancionará a quien sea el autor.
Uno de los grandes escollos para esta futura Ley de Memoria Democrática y para todo lo que tiene que ver con que la reparación y recuperación de nuestra memoria fluya es la Ley de Amnistía del 77, para muchos, la gran herramienta para la impunidad de los crímenes del franquismo. La vicepresidenta Carmen Calvo ya ha adelantado que no se tocará, pero también ha dicho que la nueva ley de memoria garantizará que se puedan investigar o perseguir las violaciones de Derechos Humanos reconocidos en el Derecho Internacional. ¿Cómo se puede llevar a cabo una investigación sobre los crímenes del franquismo teniendo enfrente la pared que se llama Ley de Amnistía de 1977?
Voy a comentar lo que leí en un artículo que me llamó mucho la atención, escrito por un gran jurista internacional español que fue asesor de Allende, Joan Garcés. El Título era La ley de amnistía, más citada que leída. Lo que viene a decir es que la Ley de Amnistía lo que condena son los delitos políticos, no amnistía las torturas y otros tipos de violaciones. Otra cosa es que pueda haber otra interpretación en otro sentido. Pero unos meses antes de la Ley de Amnistía, el Gobierno español ratificó nada menos que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde se plantea claramente que este tipo de cuestiones no son objeto de amnistía. También, en 1987, está la ratificación de la Convención contra la Tortura. Hay un conjunto de tratados internacionales relacionados con los Derechos Humanos que han sido ratificados por España.
En la ley lo decimos de una manera muy clara, y además, lo decimos en los principios. En primer lugar, esta ley se rige por el principio internacional de la Justicia Transicional de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición. También dice que esta ley se interpretará de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución, en función de los tratados de Derechos Humanos ratificados por España. Con lo cual, la ley se va a interpretar en función de los tratados internacionales de Derechos Humanos. Es importante recordar esto para reorientar el debate.
Segunda cuestión: se plantea y se establece el derecho a la investigación de las violaciones de Derechos Humanos que se producen en España durante la guerra civil y la dictadura franquista; garantizamos el derecho a la investigación, cosa que no se había hecho hasta ahora.
Tercero: se establece una fiscalía de sala para que se canalicen todas las cuestiones de violación de Derechos Humanos, para que se puedan poner todo tipo de denuncias. Por ejemplo, hasta ahora se ha acudido a la Justicia Universal de la Querella Argentina; ahora van a tener una fiscalía que va a canalizar las denuncias que se planteen.
¿Quiere decir que lo que se conoce como Querella Argentina podría ser juzgada en España?
La Justicia Universal va a existir siempre. Se puede optar por la vía de, ante la violación de los derechos humanos de mi familia, voy a hacer la denuncia ante el fiscal de sala, que, vuelvo a reiterar, es un fiscal muy proactivo en Derechos Humanos. Y si considera que hay delito, evidentemente, lo traslada a la Justicia. Va a coordinar todo el planteamiento de Derechos Humanos, tanto a escala nacional, como a escala internacional. Esto es fundamental a la hora de hacer una interpretación diferente a la que alguien ha podido estar haciendo en relación con la amnistía. Vuelvo a reiterar, lo que se amnistía son delitos políticos.
El anteproyecto de ley habla solo de investigar crímenes del franquismo. ¿Está diciendo que cabe también el enjuiciamiento?
Sí. La fiscalía es una fiscalía muy proactiva en defensa de los Derechos Humanos. Y, evidentemente, cuando el fiscal vea que hay delito, lo elevará a la Justicia. Lo que estamos planteando es otra interpretación en relación con el tema de la Justicia que, fundamentalmente, se ancle en los Derechos Humanos, que es lo que está planteando a escala internacional en estos momentos Naciones Unidas. Los tratados internacionales ratificados por España dejan claro cuál es la situación. Por tanto, es una interpretación diferente a la que se ha podido utilizar en este momento. Y nosotros partimos de un hecho, que es que la Ley de Amnistía no amnistía tortura, no lo dice en ningún sitio.
Repasemos algunos de los puntos importantes de la futura Ley de Memoria Democrática. Empecemos por la resignificación de espacios, como el Valle de los Caídos. ¿Qué se piensa hacer con esa cruz, que para tantos y tantos representa la crueldad del franquismo?
Fundamentalmente, aquello se va a convertir en un cementerio civil, lo dice la ley, en la que va a haber un tratamiento de mucho respeto y mucha dignificación de todas las víctimas que hay allí. Resignificación significa explicar. Y eso es dar a conocer quién lo construye y cómo se construye; y ahí había fuerza de trabajo republicana; gente que estaba en las cárceles y estaba en la redención de penas. Hay que explicar el tiempo histórico en el que se inserta y el significado de ese monumento, que, fundamentalmente, es una de las grandes expresiones del nacional catolicismo. Es prioritario entrelazar las políticas de memoria en España con las políticas de memoria que se están haciendo en Europa. Y mantener los criterios de su explicación. Un monumento del nacional catolicismo supone una simbiosis entre política y religión, que es lo que supuso la dictadura, y que lo representa esa cruz. No es una cuestión de si te gusta más o menos; hay que explicar a las generaciones futuras lo que pasó y la cruz de Cuelgamuros forma parte de lo que fue el nacional catolicismo en España.
¿Se igualará a todas las víctimas que están en el Valle de los Caídos?
Allí hay víctimas vinculadas con lo que se llamó el bando nacional, que están sepultadas con nombres y apellidos y que llegaron allí con consentimiento de sus familiares. Pero hay más de 12.000 víctimas que llegan allí sin la autorización ni el consentimiento de sus familiares y además con la ignorancia de sus familiares de ese traslado. El planteamiento es este: a todos aquellos familiares que demanden la exhumación de sus seres queridos, y si técnicamente es posible, se les entregarán para que tengan una digna sepultura. Sean de los que lucharon por la República o los del llamado bando nacional.
Sobre el acceso a los archivos, algo que usted, como investigador, habrá sufrido también, ¿de verdad que podrán estar más tranquilos los investigadores cuando se apruebe la Ley de Memoria Democrática?
En primer lugar, garantizaremos el acceso a todos los archivos de la Administración del Estado. Y también a aquellos privados que tengan fondos públicos. Pero en relación con los archivos, planteamos también, en primer lugar, la conservación del documento. Esto es clave. En segundo lugar, el acceso; y por último, si hay algún obstáculo, eliminar ese obstáculo para que pueda haber un libre acceso a los archivos. En este sentido podría ser la ley de secretos del Estado. Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se están dando pasos con los distintos ministerios que tienen archivos para dar un salto importante en el acceso a los archivos.
La cuestión de la reparación económica. Algo muy complicado por los inventarios de bienes expoliados durante la guerra y la dictadura, las incautaciones y también las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo oculto bajo el epígrafe de redención de penas. ¿Cómo se va a llevar a cabo en la práctica? ¿Habrá compensaciones económicas?
Lo que se plantea en primer lugar es hacer una auditoría y un inventario de los bienes expoliados, de las incautaciones, del papel moneda, de las obras de arte y de las sanciones económicas como consecuencia de la Ley de Responsabilidades Políticas. ¿Por qué planteamos un inventario y una auditoría? Porque primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Yo he estado siete años con un equipo de 42 investigadores estudiando el impacto de las responsabilidades políticas en Andalucía, publicado en un libro que se llama El botín de guerra de Andalucía. Al final del libro, damos casi 60.000 nombres que pasaron por las comisiones provinciales de incautación de bienes durante la guerra y por los Tribunales de Responsabilidades Políticas después de la guerra. De esos casi 60.000 andaluces, puedo adelantar que casi el 70 por ciento de esos expedientes fueron sobreseídos. Las multas que se ponen, casi el 90 por ciento son entre 50 y 300 pesetas; las grandes multas no se pagaron. Azaña: cien millones de pesetas. Azaña no pagó cien millones de pesetas; es cierto que le incautaron sus bienes; pero luego su familia, en el año sesenta, consiguió que se le devolviera. Tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. De ahí la importancia de la auditoría y el inventario para poder implementar políticas de reconocimiento.
Se prevé una mención especial a las mujeres como protagonistas de la lucha por la democracia. Explíquenos en qué consiste.
Esta ley sitúa a las mujeres en varias perspectivas; en primer lugar, están en forma transversal a lo largo de toda la ley, cosa que no había ocurrido antes. Se hace un reconocimiento al papel de agencia de las mujeres, es decir, al papel intelectual, político, de la mujer. Y además se hace un reconocimiento de reparación, porque las mujeres sufren una doble represión; represión por ser milicianas, políticas; represión por ser hijas, esposas o madres de represaliados; y después una represión de género, por ser mujeres. El hecho de que te den aceite de ricino, de que te corten el pelo atenta directamente contra tu situación como mujer. Todo eso va a estar en investigaciones, en reparaciones de una manera permanente.
Uno de los puntos más importantes de la futura ley es la incorporación de la Memoria Democrática en los currículos de los estudiantes. ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Se incorporará en los currículos de la ESO y de Bachillerato; también en la formación inicial y continua del profesorado y también en los procesos selectivos, que es algo muy importante. En las oposiciones de funcionarios van a estar los temas de memoria, algo de lo que se habla poco. Estamos contactando con muchísimos profesores para hacer el primer planteamiento, y después nos sentaremos con Educación para ver cómo se integra en los currículos la Memoria Democrática.
Por último, las exhumaciones, a las que se dedica más de la mitad del presupuesto destinado a Memoria Democrática.
Estamos elaborando el plan cuatrienal [el Gobierno se ha propuesto recuperar, al menos, 20.000 de los casi 115.000 desaparecidos del franquismo]. En estos momentos estamos en un plan de choque en el que ya se han puesto en marcha las subvenciones para exhumaciones, con asociaciones sin ánimo de lucro, universidades. También hemos llegado a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para exhumaciones que procedan de ayuntamientos y estamos en contacto con todas las comunidades autónomas para continuar este proceso y trabajar conjuntamente.
¿Se va a trabajar con las asociaciones de memoria?
Se va a trabajar directamente con ellas, pero el planteamiento que tenemos, una vez que se apruebe la ley, es que quien lidera estrictamente el proceso de exhumaciones es el Estado. No son ya los familiares o quien sea. Se canalizará todos esos procesos a través del Estado. Y cuando se habla de Estado se habla de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o Gobierno central.