Los incentivos para posponer la edad de jubilación y las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas afectarán a los trabajadores no sólo en términos económicos, sino también en términos de salud.
El Congreso de los Diputados ratificó el pasado 19 de noviembre el nuevo informe del Pacto de Toledo, el cual plantea, entre otras medidas, la introducción de incentivos para retrasar la edad de jubilación y la consolidación de penalizaciones a las jubilaciones anticipadas. Al coincidir muy oportunamente su publicación con la de los Presupuestos Generales del Estado, el debate público en torno a estas propuestas se ha visto diluido, y la mayoría de personas han aceptado la cara amable con que este acuerdo se ha retratado en la mayoría de medios. Sin embargo, algunos representantes del movimiento de pensionistas, como COESPE, han mostrado abiertamente su rechazo al acuerdo, denunciando la apuesta encubierta del informe por las pensiones privadas y la letra pequeña de la revalorización anual de las pensiones en base al IPC.
Más allá de estas cuestiones, entre las propuestas del informe se esconden medidas que perjudicarán la salud de los trabajadores, especialmente de aquellos con menores ingresos y empleos de peor calidad. Estos efectos incluyen una mayor probabilidad de llegar a la edad de jubilación con problemas graves de salud, una salud más deteriorada a causa de una disminución de los recursos económicos y una prolongación de la vida laboral a costa de la salud física y mental.
Los determinantes sociales y la salud
El nivel de salud de una persona no depende solo de su genética o estilo de vida: depende también de los contextos económicos y sociales en que se desarrolle ésta. Estas variables sociales, conocidas como determinantes sociales de la salud, incluyen la vivienda, el sueldo, los años de educación reglada, el tipo de trabajo ejercido, su calidad, el barrio en que se reside, el género y la clase social de los padres, entre otros. Ello implica que una persona con estudios primarios, que cobre el sueldo mínimo y viva de alquiler tendrá, de media, menor esperanza de vida y mayor probabilidad de sufrir problemas de salud que alguien con estudios secundarios y que sea propietario de su casa; y que una persona con estudios superiores, un sueldo generoso y un empleo de calidad tendrá, de promedio, una esperanza mayor que los dos anteriores. Esto no significa que una persona con pocos recursos no pueda llegar a los 100 años, ni que una persona adinerada no pueda sufrir problemas de salud siendo joven: ambas situaciones son posibles, pero la tendencia es la opuesta. La importancia de estos determinantes sociales es mayor de lo que se podría sospechar en una época en que se tienden a individualizar los problemas de salud y a culpar a la víctima: de hecho, la OMS considera que estos determinantes explican la mayor parte de las desigualdades en salud. No es sorprendente descubrir, pues, que la esperanza de vida en una ciudad como Barcelona varía hasta 6.6 años dependiendo del distrito en que se viva, o que los barrios más pobres de las ciudades han sido desproporcionalmente afectados por la pandemia del covid-19. Esta realidad, combinada con las medidas propuestas en el informe del Pacto de Toledo, tendrá repercusiones nefastas para los trabajadores, especialmente para aquellos con menores sueldos y empleos de peor calidad, es decir, aquellos más vulnerables a desarrollar problemas de salud. Por lo tanto, es necesario analizar las medidas propuestas en el informe desde una óptica informada por estos determinantes sociales.
El retraso (¿voluntario?) de la edad de jubilación
El nuevo acuerdo consolida el aplazamiento de la edad ordinaria de jubilación que se implementó en 2011, el cual implica un incremento paulatino hasta llegar a los 67 años en 2027. Este hecho en sí mismo plantea ya un problema para la mayoría de trabajadores, ya que la esperanza de vida con buena salud de una persona está estrechamente ligada a su nivel socioeconómico. En los niveles más bajos apenas alcanza los 54 años, mientras que para aquellas personas más favorecidas puede llegar a los 70. Más de la mitad de la población tiene una esperanza de vida con salud inferior a los 65 años; este porcentaje aumenta hasta alcanzar el 75% al considerar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. La consolidación de este cambio implica, pues, agravar desigualdades en salud que ya existían, y aceptar que la mayoría de la población, especialmente aquellas personas con menor nivel de ingresos o estudios, alcanzará su edad de jubilación acarreando algún problema serio de salud.
El nuevo informe también destaca como necesaria la prolongación voluntaria de la vida laboral, dedicando a ello mayores incentivos económicos y facilitando el compatibilizar la pensión con un salario laboral. El concepto de voluntariedad es uno que se tambalea, en este contexto: si las personas que prolongan su vida laboral no lo hicieran si tuvieran acceso a una pensión digna a su edad de jubilación ordinaria, esta decisión se asemejaría más a un chantaje que a una libre elección. De todos modos, incluso aceptando la supuesta autonomía de estas decisiones, los efectos en la salud de trabajar más allá de la edad de jubilación ordinaria dependen una vez más de ciertos determinantes sociales, especialmente del tipo y la calidad del trabajo ejercido.
En un estudio de la universidad de Manchester se investigaron las experiencias de personas que habían seguido trabajando pasada su edad de jubilación, clasificándolas según la calidad de su empleo. Se consideró como empleo de mala calidad aquel en que el trabajador manifestaba sentirse mal correspondido en términos de salario, seguridad, apoyo y perspectivas, y empleo de buena calidad aquel en que los trabajadores sí se consideraban correspondidos. Se llegó a la conclusión de que aquellas personas que permanecían en un trabajo de mala calidad pasada la edad de jubilación veían empeorar su salud y sufrían índices más altos de depresión, mientras que aquellos que lo hacían en un empleo de buena calidad se veían beneficiados en términos de salud física y mental. No parece imprudente imaginar que, en el contexto que plantea el informe, muchas de las personas que decidirán prolongar su vida laboral serán aquellas con empleos de peor calidad, que verán en estos incentivos económicos una manera de aumentar una pensión mínima que a día de hoy se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Por lo tanto, estas políticas servirán una vez más para reforzar y agravar desigualdades ya existentes en salud, aumentando todavía más la brecha existente entre las personas más vulnerables y las más privilegiadas.
Las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas
Con el mismo objetivo de prolongar la vida laboral de los trabajadores, el nuevo informe recoge también recomendaciones en cuanto a las jubilaciones anticipadas: se consolidan las restricciones a las mismas que se introdujeron en la reforma del 2011, con penalizaciones que pueden llegar a reducir hasta un 30% de la pensión percibida. Como ya se ha dicho, la esperanza de vida con salud de las personas con bajo nivel socioeconómico es hasta 15 años más baja que la de aquellos con nivel alto. Ello significa que un trabajador con un menor nivel de riqueza o de estudios tiene muchas más probabilidades de desarrollar un problema de salud antes de los 65 años (unas probabilidades que se multiplicarán al retrasar la edad de jubilación a los 67 años en 2027). Aunque la normativa actual contempla la jubilación anticipada sin penalizaciones en caso de discapacidad, de momento sólo pueden acogerse a ella los trabajadores que cumplan con el período mínimo de cotización y que hayan tenido reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 45% durante todo este tiempo. Estos requisitos implican la exclusión de aquellas personas que hayan desarrollado problemas graves de salud durante los últimos años, o que tengan un grado de discapacidad inferior al 45%. Ante esta situación, un trabajador con problemas de salud que no pueda acogerse a esta normativa tendrá dos opciones: por una parte, podría jubilarse antes de la edad ordinaria, siendo penalizado por ello al recibir una pensión incluso menor a la que le correspondería. Esto mermaría su nivel de ingresos y podría llevar a un deterioro incluso mayor de su salud. Por otra parte, si no pudiera permitirse tal recorte se vería forzado a seguir trabajando, enfrentándose una vez más a un desgaste gradual. Las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas parecen ser, pues, instrumentos perfectos de precarización económica y deterioro de la salud.
Es cierto que el informe destaca la posibilidad existente “de adelantar la edad de jubilación a algunos colectivos de trabajadores y trabajadoras que realizan actividades caracterizadas por especial peligrosidad o insalubridad”, aunque “con la contrapartida de asumir una cotización adicional a lo largo de su carrera profesional”. Esta medida, aunque bien encaminada, puede criticarse una vez más desde dos ángulos: por una parte, al requerir del aumento de las cotizaciones parece infringir un castigo económico más que ofrecer una solución. Por otra parte, y en línea con lo expuesto anteriormente, la vulnerabilidad a problemas de salud no se da solo por desempeñar actividades peligrosas, sino también por el nivel de pobreza de una persona, por la calidad de su empleo, por su nivel de educación y tantos otros determinantes sociales expuestos anteriormente. Una regulación como esta requeriría incluir todos los factores mencionados si su objetivo fuera abordar las desigualdades en salud existentes.
Es importante no promover un discurso capacitista al tratar cuestiones de salud, y los argumentos presentados en este artículo no pretenden insinuar que una vida con problemas de salud sea menos valiosa que una sin ellos. Sin embargo, es preciso plantar cara a políticas que perjudican desproporcionalmente a las personas más vulnerables y que agravan unas desigualdades en salud que no deberían ser toleradas. El Pacto de Toledo se ha utilizado desde su creación para promover políticas neoliberales, escudándose en argumentos supuestamente imparciales para promover la precarización y privatización de las pensiones públicas. Ha llegado el momento de exigir a los gobiernos que no utilicen justificaciones técnicas para evadir su responsabilidad política: y es que la salud, desde luego, sigue siendo una cuestión política.