Decenas de activistas, convocados por la plataformaMacrogranjas No del País Valenciano, se concentraron en octubre en Valencia y La Vall d’Uixó contra la implantación de una macrogranja para el engorde de pollos broiler en este municipio castellonense, de 31.600 habitantes. El proyecto, que detalla una capacidad para el alojamiento de 150.000 pollos en cuatro naves, se hallaba en junio en el trámite de la Autorización Ambiental Integrada en la Conselleria de Agricultura.
L’Arquet-Ecologistes en Acció ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra este macropoyecto, en la que denuncia los impactos; entre otros, la proximidad con el paraje de la Llacuna del Fondo; “la contaminación se elevaría a 10 toneladas anuales de amoniaco, y su estercolero exterior puede dar lugar a filtraciones en el subsuelo”; la “cría de las aves en un entorno carente de luz natural y donde prevalece el hacinamiento”; “la modificación genética de los pollos, que le impide un buen desarrollo” o el abuso de antibióticos.
La Campaña Macrogranjas No está integrada por Ecologistes en Acció del País Valencià, Fridays for Future en València, Vinaròs y Castelló; la Plataforma Les Useres, Valencia Animal Save y Valencia Climate Save. Con carteles y consignas como “la ganadería industrial es un centro de hacinamiento de animales” o “las macrogranjas son núcleos de contaminación intensiva”, cerca de 30 activistas se movilizaron en el centro de Valencia el 26 de julio de 2019: fue la primera acción de la Campaña.
Un año antes se desplegó una importante lucha popular contra el proyecto de gran explotación porcina -28.800 cerdos- en los términos municipales de Ayora (Valencia) y Alpera (Albacete). En 2016 se constituyó la Plataforma Les Useres, que continúa denunciando la ampliación o construcción de granjas a gran escala en este municipio de 960 habitantes (por ejemplo el proyecto para la cría intensiva de 84.000 pollos en dos macrogranjas).
La página Web de Macrogranjas No incluye un listado con explotaciones de ganadería intensiva que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable –en algunos casos con condicionantes- de la Conselleria de Agricultura. Entre otras, la ampliación de unas instalaciones en Utiel (Valencia) para alcanzar una capacidad de 13.520 gorrinos; o una explotación destinada al engorde de porcino -2.500 cerdos- “mediante un sistema intensivo de producción ‘todo dentro todo fuera’” en Tírig (Castellón).
En Rosell (Castellón), el proyecto de una granja porcina de cebo (2.496 gorrinos) apunta un consumo de 6.990 metros cúbicos anuales de agua; y “como resultado de la actividad, además de los purines se generarán gases nocivos como dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, amoniaco y metano, que se eliminan por ventilación”, según la DIA; “parte de la parcela (de la explotación) está considerada como terreno forestal estratégico” y limita con un Lugar de Interés Comunitario (LIC) por su valor ambiental y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), reconoce la declaración de impacto. Por otra parte, el listado de Macrogranjas No destaca cinco proyectos para engorde de pollos en municipios de Castellón: Rosell (80.000 aves), dentro de un Paisaje de Relevancia Regional; Catí (80.000); Torre d’en Domènec (75.000); Vall d’Alba (163.000) y L’Alcora, dedicada a gallinas ponedoras para la obtención de pollos de engorde (29.017).
Publicado en marzo de 2018, el informe de Greenpeace La insostenible huella de la carne en España resume los impactos negativos de la ganadería industrial. Siguiendo el modelo de cálculo de la FAO, al sector se asocian emisiones de 86,4 millones de toneladas de CO2 equivalente (unidad de medida de la huella de carbono) durante 2015 en el estado español; la producción de forrajes y granos para la alimentación animal está en el origen del 56% de estas emisiones. Por tipología de ganado, la mayor parte de las emisiones corresponden al porcino, principalmente por su alimentación y los purines (excrementos de los animales, aguas y residuos).
Otro punto significativo son las emisiones de amoniaco a la atmósfera; de las 54.493 toneladas emitidas durante 2016 en el estado español, el 94 % estaban generadas por la ganadería industrial (el 73% corresponde al sector porcino y el 21 a las aves de corral). Asimismo, las necesidades de la ganadería se elevan a 48.000 millones de metros cúbicos anuales de agua, lo que equivale al consumo de todos los hogares españoles durante 21 años (un 2% del consumo se da en las explotaciones y el resto para la producción de piensos), apunta el documento de Greenpeace. A ello se añade la contaminación de los acuíferos y aguas superficiales a causa de los nitratos contenidos en los purines.
Surgida en noviembre de 2017, València Animal Save denuncia la explotación de los cerdos, pollos, vacas y otros seres vivos que la ganadería industrial considera de granja. La ONG también promueve el veganismo. Entre sus acciones destacan las vigilias, que consisten en trasladarse a los mataderos para documentar la llegada de los camiones con los animales y ser testigos del sufrimiento. El 16 de octubre convocaron una vigilia –la número 44- en el matadero de Torrent.
En julio, los activistas de València Animal Save rescataron una decena de pollos –de una edad de 40 días- de las puertas de un matadero valenciano, que fueron trasladados al refugio para aves supervivientes Pollets de la terreta, en Castellón. Además de performances, como la organizada el 10 de diciembre –Día Internacional de los Derechos Animales- en Valencia, editan pasquines ilustrados de contenido animalista y antiespecista. “Cada segundo son sacrificados tres animales para consumo humano en el País Valenciano”, alertan.
Otro frente es el legislativo. Una veintena de colectivos ecologistas, ciudadanos y sociales del País Valenciano se posicionaron en diciembre contra la reducción de los condicionantes ambientales a las explotaciones de cría intensiva; en un comunicado señalaron la responsabilidad del Gobierno Valenciano (PSPV-PSOE, Compromís y Unides-Podem) y del PP, que pretendía llegar más lejos en los cambios. Así, la ley de acompañamiento presupuestario de la Generalitat modifica la Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades (2014), de manera que la licencia ambiental será exigible a las instalaciones de entre 800 y 2.000 plazas para cerdos de cría de más de 30 kilogramos (el mínimo se situaba anteriormente en 200 plazas); los requisitos también se rebajan para las instalaciones que alberguen vacuno de engorde y de leche; ovino, caprino, equino o conejos.
El informe La urgencia de frenar la expansión de la ganadería industrial en Europa (Food & Water Action Europe y Amigos de la Tierra, 2020) destaca que la industria española sacrificó cerca de 53 millones de cerdos en 2019 y produjo 4,6 millones de toneladas de carne de porcino, con el estímulo de las exportaciones crecientes principalmente al mercado chino. La cría de cerdos en el estado español (30,8 millones) es la más elevada de la UE. Asimismo, el informe constata la tendencia a la desaparición de las explotaciones de porcino durante los últimos años, a la concentración productiva y los bajos costes.
En este contexto la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, integrada por decenas de movimientos vecinales rurales y organizaciones ecologistas, pidió en diciembre al Gobierno español una moratoria a la instalación y ampliación de explotaciones ganaderas intensivas “ante su proliferación desmesurada y descontrolada”. Existen precedentes. En julio de 2019, la Generalitat de Cataluña aprobó una moratoria de dos años para la apertura de nuevas granjas y las ampliaciones de ganado en 66 municipios afectados por el exceso de purines.
Pero con independencia de las respuestas oficiales, continúan las denuncias de los activistas. El fotoperiodista Aitor Garmendia ha impulsado el proyecto Tras los muros, en el que documenta con reportajes y fotografías la violencia estructural contra los animales; un ejemplo es su último trabajo, Factoría. La explotación industrial de cerdos, en el que ha accedido con otros investigadores –en 2019 y 2020- a 32 explotaciones de cerdos en Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha.