Mientras Europa y España dan pasos decisivos para responder a la situación en la que se encuentran las personas afectadas por la guerra en Ucrania, activistas y colectivos celebran que se proteja a refugiadas y migrantes de este país, mientras reivindican el mismo trato para todas las personas en estas circunstancias independientemente de su origen.
Poder acudir a la justicia, acceder sin cortapisas a la sanidad pública, abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato de alquiler. En poco tiempo, más de 10.000 personas ucranianas (la Fundación Por Causa, apunta que entre 11.501 y 12.087 se encontraban en situación administrativa irregular a finales de 2020) podrían acceder a todos estos derechos gracias a la “regularización exprés” que el Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes 8 de marzo, cuando se acordó ampliar la posibilidad de regularizarse a todas las personas ucranianas que estuviesen en el país antes de la invasión rusa, sobre la base de que no pueden retornar a su país. Con esta decisión el gobierno ampliaba la aplicación de la directiva de protección temporal, una herramienta de la Unión Europea activada el 27 de febrero, por primera vez para responder a la crisis de los refugiados ucranianos, para posibilitar al regularización de las personas de esta nacionalidad que ya se encuentran en el país.
“Lo aplaudimos. Somos un mundo con movilidad humana permanente. Y la verdad es que se trata de eso, de facilitar la vida a las personas que migran, que se mueven, que necesitan asilo”. Ximena Zambrana es portavoz de Esenciales, la plataforma que desde enero de 2022 promueve una ILP para la regularización extraordinaria de personas migrantes, una iniciativa que persigue lograr 500.000 firmas para que esta demanda se debata en el Congreso. Horas antes de conversar con el Salto, en la mañana del martes 15 de marzo, se ha subido a un atril recreando el estrado del Congreso para presentar la ILP, un documento que apunta a extender los derechos derivados de la regularización al medio millón de personas, (entre 475.000 y 514.000 apunta Zambrana), que residían en territorio español en situación administrativa irregular, a finales del pasado 2020. Entre estas personas, seis de cada diez serían mujeres, y una de cada tres, niñas y niños.
Muchos de los datos que Zambrana desgrana proceden del informe Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles, en el que, con datos estadísticos y entrevistas a personas que se encuentran en situación administrativa irregular se presenta un mapa de la situación en el Estado, y se desgranan los argumentos por los que una regularización extraordinaria sería impostergable.
Respecto a las iniciativas para facilitar la situación de las personas ucranianas, la portavoz de Esenciales —plataforma que aglutina ya a 600 organizaciones en el estado— considera que lo que está haciendo España es respetar lo que dice el Pacto Mundial sobre Migraciones, “que hay que facilitar y proteger a las personas que se mueven de un sitio a otro”. “Nos da sorpresa ver que el actuar y el proceder no es el mismo para otros colectivos que también viven procesos similares en muchos casos, pero creemos que lo que nos da a entender, es que sólo se necesita voluntad política”, valora en conversación con El Salto.
Una voluntad política que se activó en primer lugar en el seno de la Unión Europea, al poner en marcha la mencionada “Directiva 2001/55/CE en la UE mediante la Decisión de ejecución del Consejo UE 2022/382 por la que se constata la existencia de afluencia masiva de las personas desplazadas de Ucrania”, explican desde la Red Acoge. Se trata de una directiva que “indica expresamente quiénes se encuentran en el ámbito de la protección, pero habilita a los Estados Miembros a que bajo su normativa interna puedan ampliar la protección”, esto es lo que ha hecho el gobierno español con su decisión del 8 de marzo.
Este cauce de regularización auspiciado por el gobierno se inserta en un contexto de crisis de personas refugiadas ucranianas, que ha movilizado la solidaridad y la apertura a la acogida en los países europeos, incluida España y que ha generado un consenso sin precedentes sobre la necesidad de responder a las necesidades de quienes huyen de esta guerra o no pueden volver al país por la situación de conflicto. Sin embargo las regularizaciones no son algo nuevo, “es algo normal y se está haciendo desde 1996 se han llevado a cabo en Europa 43 regularizaciones en 17 países, solo en España se han realizado nueve, cinco son del Partido Popular y cuatro del PSOE”, apuntaba Lamine Sarr, también portavoz de Esenciales, durante la presentación del martes.
En Europa algunos de estos procesos de regularización son recientes, y corresponden a otro momento excepcional que posicionó a gobiernos europeos ante la urgencia de dar la protección que implica la regularización administrativa, a quienes quedaban particularmente vulnerabilizados en una emergencia histórica. Países como Italia —que inició un proceso de regularización controvertido en el que priorizó a trabajadores del campo y del sector cuidados— optaron por esta vía, recuerdan desde Esenciales. Es en aquella época cuando el movimiento RegularizaciónYa, comenzó a empujar la demanda de una regularización extraordinaria, algo que poco después, en cooperación con la coordinadora Obrim Fronteras y con el apoyo de varios partidos políticos, se convirtió en una PNL que llegó a ser debatida (y descartada) en el Congreso en septiembre de 2020.
Ante aquella situación de emergencia histórica, en la que las personas en situación administrativa irregular se vieron expuestas a una gran vulnerabilidad, en mayo de 2020 el propio ministro de Migraciones, Jose Luis Escrivá, afirmaba, requerido por ERC, que el marco europeo no permitía una regularización extraordiaria llevada adelante por parte de los estados miembros. Algo que menos de un año después la propia Comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson contradecía en su respuesta ante una pregunta de RegularizaciónYa que la eurodiputada Sira Rego trasladó a Bruselas. “La regularización de los migrantes irregulares es una cuestión cubierta por la legislación nacional”, afirmaba. Esta vez el gobierno sí ha decidido usar esta prerrogativa.
Comparaciones odiosas
Desde que en 2001 se formulase la directiva de protección temporal ha habido muchas guerras, cada una con su correspondiente crisis de refugiados. Iraquíes, sirios, afganos, sudaneses, etíopes, han visto sus vidas en peligro y han tenido que dejar atrás sus casas ante la crudeza de los conflictos. Para ellos, sin embargo, las autoridades europeas y españolas no han actuado con tanta celeridad. El contraste entre el trato dado a las personas ucranianas, y las personas de otros países ha activado una ola de cuestionamiento en la opinión pública global, manifestada con contundencia en las redes. En este agravio comparativo hay consenso en señalar que lo que subyace a este trato diferencial es el racismo. Racismo para salir de Ucrania, racismo para entrar en otros países europeos, y racismo a la hora de decidir quién es digno de acceder a derechos.
“El racismo nos ha deshumanizado durante siglos y ahora solo se recogen los frutos de lo que se ha establecido como el sentido común: ‘ayudar a los que son como nosotros’”, explica el periodista Youssef Ouled. Muy activo en las redes sociales, la de Ouled es una de las voces que viene señalando cómo esta mirada racista está atravesando la respuesta ante la emergencia ucraniana. “Lo que desde el antirracismo se ha venido denunciando en los últimos años ha quedado al escrutinio de todo el mundo. Mientras se abrían las fronteras a quienes huyen de Ucrania, Marlaska estaba justificando una actuación policial en la frontera sur que ha consistido en el uso de todo tipo de brutalidad y la violencia contra la población que huye de las guerras de África”, recuerda. Mientras Europa, y España, hacen un despliegue de solidaridad para acoger a las personas que huyen de Ucrania, “no tienen ningún problema en reforzar su control fronterizo, hacerlo más inescrutable, más mortal, construir más vallas, más CIES”, concluye el activista.
Las estadísticas del Ministerio de Exterior indican que las solicitudes presentadas por quienes huyen de guerras fueron masivamente admitidas en el último año. En 2021 el 100% de los ciudadanos procedentes de Libia, casi la misma proporción entre las personas Afganistán o más de 9 de cada 10 solicitantes de asilo de República Centro Africana, Sudán o Eritrea recibieron protección internacional. En los primeros meses del 2022 Siria irrumpía en el principio del ranking. Sin embargo, las resoluciones positivas son poco más de una de cada diez del total.
Dado que las solicitudes de asilo se presentan mayoritariamente en suelo español, al que no se permite acceder a los potenciales solicitantes de asilo, la protección de estas personas acaba siendo residual y depende de que consigan atravesar fronteras cada vez más impermeables como las polacas, las que rodean Ceuta y Melilla, o la que marca el océano Atlántico que separa el continente africano de las Islas Canarias. Quienes inician el proceso pueden llegar a esperar años hasta que se resuelva su solicitud, si bien, los procesos se han acortado considerablemente desde el año pasado, esto ha provocado alarma ante la posibilidad de que la agilización de los trámites implique aún menos garantías.
El gobierno, que ya demostró que se podían acelerar esos procesos, con la población evacuada de Afganistán tras la toma del gobierno por parte de los talibanes, el pasado verano, ha reducido al máximo los tiempos en esta crisis: tras la solicitud, “en el plazo de 24 horas la Oficina de Asilo y Refugio (OAR ) deberá emitir resolución otorgando la protección temporal, que será notificada a la persona solicitante. Dicha autorización tendrá una vigencia de un año y otorgará el derecho a residencia y trabajo en territorio español, así como el ingreso al sistema de acogida a las personas que lo soliciten y cumplan con los requisitos de acceso”, explican desde Red Acoge. Además, se ha anunciado que las personas de origen ucraniano serán alojadas independientemente de si solicitan protección, cuando carezcan de recursos.
Para Ouled, esta respuesta abierta, respaldada por la población, también tiene que ver con cómo los medios han tratado este fenómeno, en este sentido, señala la calidad humana que está impregnando el tratamiento mediático. “No se trata de cifras y datos despersonalizados, tras cada crónica, cada información, hay una historia humana, resulta que se podía hacer otro periodismo diferente de aquel al que estamos acostumbrados las personas racializadas”, el hecho de dar voz a las propias personas ucranianas y permitir que sean ellas quienes expongan su situación y expliquen las razones, supone un relato que, considera, es difícil de ver cuando los sujetos no son blancos.
¿Una oportunidad?
Por esta interpelación a la sociedad a través de la voz de las propias personas migrantes, apuestan en Esenciales, donde recalcan que los derechos de las personas migrantes son derechos humanos cuya defensa atañe a toda la población. “Somos tus vecinos, tus amigas, tus amigos, los niños que van al cole con tus hijos. Somos las personas que cuidamos a tus hijos, que cuidamos a tu madre, que cuidamos a tus abuelos, pero que también aportamos al desarrollo de las empresas con nuestros talentos, nuestro trabajo”, apuntaba Zambrana la mañana del martes.
Desde Esenciales defienden que la misma solidaridad que se ha activado hacia las personas ucranianas, atraviesa ya a la sociedad civil: “Tenemos una plataforma que tiene un gran respaldo, cada vez se van sumando más organizaciones. Creemos que puede hacer una diferencia porque es una gama de organizaciones muy amplia que va desde la asociación de vecinos más pequeñita a ONG muy grandes u organizaciones de derechos humanos estatales”, explica Zambrana respecto a la iniciativa compuesta por RegularizaciónYa, Fundación por la Ciudadanía, Fundación Por Causa, REDES, Alianza para la Solidaridad o el Partido por un Mundo Más Justo que articulan una promotora, que, en palabras de Zambrana: “te muestra la diversidad de personas y alianzas que estamos”. La portavoz se alegra ante lo que considera una gran acogida de la propuesta que en pocas semanas ya cuenta con 72.000 firmas y que se puede rubricar en los puestos indicados en la página, en la que también se pueden solicitar pliegos para recopilar firmas.
Si la propuesta alcanza las 500.000 rúbricas será debatida en el Congreso el próximo septiembre, habrá que ver si hay voluntad política para sacar adelante esta demanda por la que los colectivos migrantes y sus aliadas llevan luchando casi dos años. Mientras tanto, muchos señalan, es un momento oportuno para repensar unas políticas de asilo y refugio que no alcanzan a responder la necesidad de protección de tantas personas que se topan con una Europa fortaleza que solo intenta repelerles.
“Tenemos que aprovechar esta ola de solidaridad para señalar más fuerte que nunca, que había otra forma de gestionar una crisis humanitaria, que hay otra forma de tratar mediáticamente a sus víctimas y que la solidaridad no se puede limitar a aquellos que tienen nuestro mismo color de piel”, resume Ouled gran parte de las críticas que se han podido leer estas semanas sobre el racismo que está atravesando la necesaria protección de la población ucraniana.
“No queremos más que los demás, solo queremos una vida digna, un futuro digno. Y queremos también caminar con total seguridad, sin miedo, en estas calles, en esta sociedad donde vivimos”, apuntaba Sarr el martes por la mañana. “Se trata de un proceso de solidaridad y amor a la humanidad”, concluía Zambrana.