Con el fin de mostrar compromiso con el cambio climático y la sustentabilidad, los gigantes de la alimentación y la agroindustria se han unido en torno al término “agricultura regenerativa”. Este término está ganando terreno en los círculos políticos, las conferencias de inversionistas y las estanterías de los supermercados, y es promovido de manera destacada en la COP28 de este año. Pero esto no es más que uno de los repetidos intentos por parte de estas corporaciones para debilitar el apoyo a la agroecología y consolidar aún más sus ganancias; todo esto en medio de múltiples crisis causadas por el modelo de agricultura industrial del cual éstas dependen.
La corporación anglo-holandesa Unilever es una de las empresas de alimentos más antigua y grande del mundo. Su extenso imperio se construyó sobre la base de fincas y plantaciones industriales productoras de aceite de palma, soja y té, entre otros cultivos destinados a abastecer sus fábricas. Pero últimamente Unilever ha puesto en duda la sustentabilidad de sus fundamentos agrícolas.
“Debido a los resultados de prácticas agrícolas convencionales y dañinas, combinadas con una dependencia excesiva de muy pocos tipos de cultivos, nuestro sistema alimentario no es resiliente al cambio climático ni al impacto de las crisis”, dice su directora global de Sustentabilidad, Dorothy Shaver. “Por eso Unilever se compromete a invertir en la transición hacia la agricultura regenerativa”.
Los tomates, uno de los “cultivos demasiado poco diversos” de los que Unilever es uno de sus principales compradores, serían un buen punto para comenzar esta transición. Los tomates se cultivan en todo el mundo, pero su producción para empresas como Unilever está intensamente industrializada y concentrada en unos cuantos países; de hecho, en unas pocas regiones seleccionadas donde el acceso a mano de obra, tierra y agua es barato. Desde estos lugares los tomates y sus derivados inundan los mercados globales perjudicando a la pequeña agricultura, a la producción en pequeña escala de alimentos. La provincia china de Xinjiang, criticada por el trabajo forzado de la población uyghur en sus fincas, es una de las principales productoras para empresas extranjeras alimentarias.
Otra gran productora de alimentos es la región española de Extremadura, y su producción está dominada por una sola empresa: el Grupo Conesa. Esta empresa familiar, conocida por su historial de hacer uso de su poder monopólico para pagar precios “ruinosos” y por embolsarse ilegalmente subvenciones agrícolas de la UE, asegura que casi las tres cuartas partes de su enorme plantación de 2 mil 250 hectáreas de tomates en Badajoz son destinadas a abastecer a Unilever.
Centrándose en el agua, ahora estos terrenos de Badajoz son la vitrina de la estrategia de agricultura regenerativa de Unilever. Utilizando estas técnicas, Unilever afirma que ha podido reducir en un 35% el uso del agua a la vez que aumentó el rendimiento de sus cultivos en 30%, sobre todo instalando riego por goteo y un sistema de monitoreo satelital. Si bien estas cifras pueden parecer impresionantes, en un contexto como el de Extremadura, éstas se encuentran lejos de ser lo que podría considerarse verdaderamente “regenerativo”.
Extremadura atraviesa la peor crisis hídrica de la historia. Si bien en parte esto es por la sequía, que ahora parece ser un fenómeno permanente debido al cambio climático, la razón principal es la expansión descontrolada de la agricultura de riego para cultivos de exportación. La masiva expansión del riego durante los últimos años ha convertido a la región de Extremadura en uno de los principales productores del mundo de cultivos de riego intensivo, como los tomates, pero a un enorme costo para quienes consumen agua y para el medioambiente. Desde 2015, tanto el área dedicada al riego como el agua utilizada para éste han aumentado significativamente, pese a que muchas fincas se han pasado al riego por goteo, que ahora representa 60% del riego en la región.
Eugenio Romero, investigador agrícola de Extremadura, afirma: “Necesitamos pensar seriamente en reducir la superficie de riego y optar por cultivos con menores necesidades hídricas”. Romero sostiene que la región ya no puede permitirse exportar agua a través de cultivos como el tomate. “Las cuentas no cuadran”, dice. “No hay suficiente agua para todos. El mapa de cultivos de Extremadura ya no es sustentable”.
El problema, entonces, no es el modo en que las fincas como las de Badajoz u otras similares producen sus tomates: el problema es que producen tomates, y punto. Cambiar el mapa de cultivos de Extremadura para que éste realmente regenere el agua implicaría cambiar la producción a un conjunto diverso de cultivos alimentarios para abastecer mercados locales, lo que a su vez requeriría pequeñas fincas y comunidades rurales dinámicas y no megafincas y transnacionales de alimentos. En el caso de Extremadura, que tiene una de las situaciones de tenencia de tierra más desiguales y concentradas de Europa, significaría también cambiar su mapa territorial.
Tales transformaciones están muy lejos del alcance del proyecto de agricultura regenerativa de Unilever y Conesa. Por el contrario, lo que estas corporaciones proponen es un método para evitar estos cambios y así mantener abierto, por un tiempo más, los grifos de esta industria moribunda. Mientras tanto, ambas empresas están protegiendo sus inversiones y ampliando su producción en Xinjiang, donde la situación del agua aún no es tan crítica.
Lo que ayer era “degenerativo” hoy es “regenerativo”
Pero Unilever no se encuentra sola en su promoción de la “agricultura regenerativa”, ya que esta palabra se ha puesto de moda entre casi todas las empresas alimentarias y agroindustriales más grandes del mundo (e incluso entre los fabricantes de ropa), la mayoría de las cuales ha asumido algún tipo de compromiso durante los últimos años. A pesar de esto, lo que estas corporaciones entienden por “agricultura regenerativa” está muy lejos de la idea pensada por los pioneros del concepto. Este término fue acuñado en la década de 1980 por agricultores consternados por el sistema alimentario industrial en Estados Unidos, gente que comenzó a articular una perspectiva agrícola dirigida a “recuperar el contacto entre agricultores y consumidores, la salud mental de los agricultores, la resiliencia de las economías rurales, el papel jugado por los productores, procesadores y distribuidores a pequeña escala y lograr una redistribución del poder en el sistema alimentario”. .
Estos objetivos sociales y políticos iniciales están completamente ausentes en los proyectos corporativos actuales de “agricultura regenerativa”. En cambio, éstos buscan manipular las prácticas de quienes que les abastecen, con el fin de realizar algunas mejoras en lo que respecta a la salud del suelo, el uso del agua, las emisiones de gases con efecto de invernadero y la protección de la biodiversidad. Y todas estas “mejoras” tienen que poder ser cuantificables para que puedan vender su productos como “regenerativos”.
En 2023, la plataforma Iniciativa por una Agricultura Sostenible (SAI por sus siglas en inglés), que reúne a la mayoría de las corporaciones de alimentos y agronegocios más grandes del mundo, publicó su marco de acción global para la agricultura regenerativa. Éste enumera nueve “indicadores” para determinar si una finca es o no regenerativa. todos ellos centrados en aumentar el carbono en los suelos, mejorar el manejo del agua, disminuir las emisiones y proteger la biodiversidad. La SAI decidió no incluir “elementos sociales y de subsistencia” ya que medirlos es demasiado “complejo y difícil”.
“El principio básico es hacer más con menos, es decir, mayor productividad con menos uso de insumos, menos uso de agua, menos emisiones de gases con efecto de invernadero, menos riesgo de degradación del suelo y menos uso de combustibles y energía”, dice Luciano Souza, director de Archer Daniels Midland (ADM), un gigante del comercio de cereales a nivel mundial y una de las corporaciones miembro de SAI. En Brasil, ADM lleva a cabo un proyecto de agricultura regenerativa en la región de alta biodiversidad del Cerrado (área devastada por dos décadas de expansión de la agricultura industrial), en conjunto con la multinacional de pesticidas y semillas Bayer y con agricultores sojeros a gran escala. También lo hace Bunge, el comerciante de cereales con sede en Estados Unidos, pero en alianza con UPL (anteriormente United Phosphorus Limited), la principal empresa de semillas, fertilizantes y pesticidas de la India.
Parecería contradictorio que empresas de agroquímicos como Bayer y UPL participen en proyectos que buscan utilizar menos insumos, como la agricultura regenerativa. Pero la agricultura regenerativa empresarial esta relacionada con la eficiencia, por lo ésta puede traducirse en mayores ventas. La mayoría de los proyectos corporativos de agricultura regenerativa, por ejemplo, promueven el uso de herbicidas para el control de malezas, y así evitar la “aradura”, como una manera de aumentar el carbono en los suelos, o recomiendan la siembra directa del arroz como una forma de reducir las emisiones de metano. También animan a agriculturas y agricultores a comprar fertilizantes más precisos y más caros, o nuevas versiones biológicas de los pesticidas. Y quizás lo más importante, pueden engancharles a sus plataformas digitales, con las que pueden influir en sus decisiones.
Para participar en el programa de agricultura regenerativa de Bunge y UPL las agricultoras y agricultores de Brasil deben registrarse en Origeo, la plataforma digital de esta empresa. La plataforma no sólo rastrea y mide sus “resultados regenerativos”; también les asesora sobre qué prácticas adoptar y qué semillas e insumos químicos utilizar. Finalmente Bunge, a través de Origeo, canaliza la venta de su producción a las empresas de alimentos que quieran comercializar los productos con la etiqueta de regenerativos.
La agricultura regenerativa también le permite a la agroindustria acceder al mundo en rápido crecimiento de las “finanzas verdes”. Por ejemplo Amaggi, el gigante brasileño de la agroindustria. Con el fin de financiar la transición hacia la agricultura regenerativa en sus gigantescas fincas, emitió el año 2021 un bono verde de 750 millones de dólares en los mercados internacionales. Por su parte, Unilever creó su propio fondo privado de capitalización destinado a la agricultura regenerativa, uno de los muchos fondos de inversión con esta finalidad creados recientemente, mientras que Nestlé prueba nuevos modelos de negocio para fondos públicos y privados, en un proyecto de agricultura regenerativa financiado por el gobierno alemán que se extiende a lo largo de 3 millones de hectáreas en Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú,
Quienes se dedican a la agricultura, por su parte, no deben esperar que las corporaciones cubran los posibles costos adicionales de implementar programas corporativos de agricultura regenerativa. Se ha hablado mucho sobre este financiamiento, pero la verdad es que, cuando se trata de compensar al campesinado por la implementación de prácticas regenerativas, ya sea a través de pagos directos o sobreprecios por sus cultivos, ninguna de estas grandes empresas ha puesto mucho dinero propio sobre la mesa. Si estos tipos de proyectos logran avanzar de manera significativa, los costos correrán por cuenta de agricultoras, agricultores y público en general.
“En este momento, los riesgos de la transición recaen demasiado sobre los hombros de quienes cultivan”, admite Stefania Avanzini, directora de la coalición empresarial One Planet Business for Biodiversity, la principal promotora de la agricultura regenerativa al interior del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD por sus siglas en inglés), un importante grupo de presión empresarial a nivel global. “Para reducir los riesgos de la transición agrícola necesitamos que el sector financiero dé un paso al frente, y seamos honestos, también reducir el costo que implica recurrir al sector público para financiarla”.
¿Y por qué no la agroecología?
Es entendible que los pioneros de la agricultura regenerativa estén furiosos por esta cooptación corporativa del término. En España e r, grupos que practican una verdadera agricultura regenerativa han lanzado campañas denunciando a Bayer por utilizar este término para promocionar su herbicida Roundup. Grupos españoles incluso han registrado la marca “agricultura regenerativa” para intentar protegerla de este lavado de imagen.
Pero estos grupos se encuentran librando una batalla cada muy cuesta arriba. Existe un enorme y bien financiado lobby que trabaja para alinear a los gobiernos y a otros actores detrás de la agenda corporativa de la agricultura regenerativa. En la COP28 de este año en Dubai, a través de una iniciativa llamada Regen10, están lanzando un plan centrado en paisajes regenerativos, que lidera WBCSD con la ayuda de empresas de consultoría de alto perfil. Según la declaración oficial del Regen10, su interés central está puesto en la “agricultura convencional” y en las cadenas de suministro corporativas, para lo cual pretende “ofrecer un marco universal de medición”. Para vender esta iniciativa, argumentan que las soluciones a la angustiosa crisis actual pueden encontrarse al interior del sistema alimentario industrial dominante y, en particular, a nivel de las fincas. Parecen no sentir la necesidad de considerar asuntos más amplios, como qué alimentos deben producirse, cómo deben distribuirse, o cómo deben compartirse y gestionarse nuestros preciosos recursos como la tierra, el agua y las semillas en el contexto de un planeta que hierve.
¿En que acciones concretas se ha traducido toda esta parafernalia de las altas esferas corporativas? Un estudio de 2023 de la Iniciativa FAIRR sobre los compromisos corporativos con la agricultura regenerativa, encontró que muy pocos de estos se tradujeron en acciones reales. Ni siquiera se abordaron las cosas más básicas como establecer objetivos cuantificables, probar programas piloto o implementar sistemas de certificación.
Es importante recordar que hace una década, en las conferencias de las Naciones Unidas, estas mismas empresas reclamaban una “agricultura climáticamente inteligente”. Cuando este concepto, bastante carente de significado, cayó en desgracia y sus promesas se evaporaron, recurrieron a las “soluciones basadas en la naturaleza”, un término igualmente ambiguo y que también, por un corto período de tiempo, fue impulsado con fuerza en la ONU. Ambos conceptos fueron aprovechados por las corporaciones de alimentos y agronegocios como una manera de evitar que pensáramos en las soluciones reales, en particular en la agroecología. Así, una vez que su lavado de imagen vaya perdiendo las connotaciones positivas que debe a las iniciativas lideradas por los agricultores, es bastante probable que estas empresas pronto se alejen de la “agricultura regenerativa”, para luego volver a encontrar una nueva palabra de moda.
Probablemente no sea una coincidencia que las corporaciones decidieran adoptar la agricultura regenerativa en el 2019, año en que los 197 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) apoyaron un documento con los “diez elementos de la agroecología”. La “agroecología” es un concepto muy bien definido, arraigado en los movimientos campesinos e indígenas y respaldado por un enorme acervo de literatura científica. Este concepto no puede aislarse tan fácilmente de sus dimensiones políticas y sociales, ni remodelarse para encajar en las cadenas de abastecimiento dominadas por las corporaciones de alimentos, especialmente porque se sabe que la agroecología está enmarcada al interior de otro concepto igual de importante: el de “soberanía alimentaria”. Estos dos conceptos aterrorizan a las corporaciones, ya que ofrecen soluciones reales, las cuales desafían al poder de las corporaciones y exigen sistemas alimentarios organizados de acuerdo con las necesidades de los productores y los consumidores de alimentos, no en torno a las ganancias corporativas.