El último barómetro del CIS de junio nos proporciona una ilustrativa radiografía de la percepción de la sociedad sobre los principales problemas que existen en España y cuáles les afectan más personalmente.
El estudio 3.463, cuyos resultados se publicaron el 20 de junio, está basado en cuatro mil entrevistas realizadas a primeros de junio, antes de las elecciones europeas del 9J. Aparte de ciertos sesgos respecto de la estimación de voto, se trata de la investigación demoscópica más amplia y detallada de la opinión de la población sobre los problemas socioeconómicos, políticos y culturales.
En la entrevista aparecen hasta más de 56 problemas, unos 40 con un porcentaje menor del 1%, o sea, existen muchas preocupaciones y muy diversificadas. Así, selecciono los quince primeros con un porcentaje superior y algunos significativos, agrupo el total de las respuestas que eligen el primer problema, el segundo y el tercero, y expongo su porcentaje global en tanto por ciento, como referencia más comprensiva. Además, comparo los dos tipos de respuestas: problemas en España y problemas que afectan personalmente. Sumando temáticas similares, salen dos grandes bloques diferenciados, los socioeconómicos y los políticos.
En primer lugar, según la percepción del 42,3% de la población los más importantes en España son los socioeconómicos; aunque ante la pregunta de cuáles les afectan más directamente responden un poco menos, el 36,3%.
La distribución de los elegidos en primer lugar, segundo y tercero es la siguiente: vivienda, 7,1%; paro, 6,5%; crisis económica (incluida la capacidad adquisitiva), 5,9%; desigualdades (incluida la de género), 5,9%; sanidad, 5,2%; calidad del empleo, 4,7%; inmigración, 3,7%; de índole social, 3,4%; educación, 3,1%. La vivienda -que pasa a primer plano- y el paro/precariedad -tradicional desde hace varias décadas- aparecen como las grandes preocupaciones sociales en el país, junto con las desigualdades y la sanidad.
Merece la pena contrastar esas cifras con la distribución de cómo les afecta personalmente, cuya primacía es: crisis económica, 8,7%; sanidad, 7,7%; vivienda 5,7; calidad del empleo, 5,5%; paro, 3,4%; educación, 2,9%; desigualdades, 2,9; de índole social, 2,8%. En este segundo caso, adquieren más relevancia la crisis económica y la sanidad, y algo menos la vivienda, las desigualdades y la inmigración.
En segundo lugar, solo el 16,9% de las personas consideran más importantes los problemas políticos, rebajando bastante, hasta el 4,9%, los que dicen que les afectan personalmente. En este bloque he incorporado los problemas políticos en general (7,7%), que aparece como la principal problemática, junto con el mal comportamiento de los políticos (4,7%) o la crítica al Gobierno y los partidos políticos (2,9%).
Añado varios problemas considerados menores por la sociedad pero de fuerte impacto mediático y político (entre paréntesis cómo le afecta personalmente, que es muy similar): la amnistía, 0,1% (0,1%); la violencia de género, 0,3% (0,3%); las guerras, 0,2% (0,2%); los nacionalismos y la independencia de Cataluña, 0,7% (03%), o la crisis medioambiental, 0,8% (0,9%). Y otro, también minoritario pero de cierto calado cultural, la crisis de valores, 3,6% (1,6%). Todo ello es compatible con el malestar existente respecto de esos aspectos en segmentos importantes y expresado en distintas coyunturas, y teniendo en cuenta que la pregunta es selectiva respecto solo de los tres primeros problemas.
En otro reciente estudio del CIS (3466, del 25 de junio) sobre las desigualdades y tendencias sociales nos encontramos con otros datos complementarios. Para el 86,4% de la población la preocupación por la desigualdad social es ‘mucha o bastante’, y el 50,6% considera que hoy hay ‘más’ desigualad que hace diez años y el 31,6% que ‘menos’.
Es ilustrativa la opinión de la sociedad sobre la polarización sociopolítica. Considerando las opiniones mayoritarias, las respuestas sobre la existencia de un conflicto social ‘fuerte y muy fuerte’ es la siguiente entre: directivos y empresarios/trabajadores, 66,9%; inmigrantes/nacionales, 66,2%; pobres/ricos, 59,5%; agricultores/ciudad, 56,4%; hombres/mujeres, 52,2%.
Demuestra la amplia conciencia social de las graves brechas sociales, relativamente bloqueadas y, por tanto, la persistencia de fondo del conflicto social entre las personas de arriba (o poderosas) y las de abajo (trabajadoras y vulnerables, pero también entre la ruralidad y las grandes urbes, o las tensiones por la situación de la desigualdad de género y los avances feministas. Aparte se encuentra el tema delicado del conflicto entre inmigración y población nacional que puede adquirir graves consecuencias, como en otros países europeos, de discriminación, xenofobia y racismo, con la apuesta manipuladora de las derechas extremas, y en ausencia de políticas decididas de integración social y convivencia intercultural.
La ambivalencia de la gestión política
Valga esta sucinta radiografía para explicar la foto fija de la opinión de la sociedad sobre los dos enfoques de la percepción de la gravedad de la problemática social y política, según se referencia a la experiencia directa de la gente y a la visión sobre la dinámica del país. Pues bien, para completar el diagnóstico deberíamos considerar las tendencias sobre esta problemática y la valoración de la gestión institucional (particularmente Gobierno, Comunidades autónomas y partidos políticos), sobre la que está implícita cierta desconfianza popular.
Desde hace cinco años, particularmente, desde el primer gobierno progresista de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos (y sus convergencias y aliados), en 2020, estamos ante un gran proceso de cuestionamiento y deslegitimación por las derechas de las reformas sociales y democráticas implementadas por el bloque progresista, democrático y plurinacional. No hay tregua en esa polarización entre derribar el Gobierno o justificar su gestión ante la población. Pero, lejos de la visión catastrofista de las derechas, en las elecciones generales del 23J se revalidó el segundo Gobierno de coalición progresista, esta vez con Sumar, aunque con menores apoyos parlamentarios y, específicamente, dependientes de Junts y la resolución del conflicto catalán.
Aquí, conviene hacer un inciso sobre los claroscuros de la dinámica socioeconómica y laboral y hacer frente con realismo a esa problemática y, específicamente, a la percepción de la sociedad. Así, por mucho que sea constante la manipulación de los datos y la visión tergiversada de los principales medios, la percepción social se aproxima a la realidad vivida y experimentada mucho más que esas interpretaciones mediáticas interesadas, afectadas de descrédito continuo. La percepción de la realidad social y la gestión institucional es más ambivalente. Dicho de otra forma, la gente ve la botella medio vacía y medio llena respecto de la acción gubernamental, aunque haya segmentos populares que se inclinan por lo primero y otros por lo segundo.
Pongo varios ejemplos del balance del primer Gobierno de coalición progresista, entre Partido Socialista y Unidas Podemos, lejos del catastrofismo de las derechas, sobre los límites de algunas reformas positivas, inscritas ya en su acuerdo gubernamental. Entre sus grandes avances sociales se suele citar la reforma laboral, con la disminución de la temporalidad, el incremento del SMI y sus efectos positivos frente a la pobreza de las capas más vulnerables, o el crecimiento económico y del empleo. Aparte están los ERTES, como freno al desempleo masivo ante la crisis de la pandemia y luego la energética derivada de la guerra en Ucrania, que constituyó una garantía para personas trabajadoras y empresas, con un alto nivel de gasto público, común en Europa.
Así, se ha reducido la temporalidad y se ha incrementado el nuevo empleo indefinido, pero éste, lejos de un empleo estable a largo plazo, se mantiene con una alta rotación y una aproximada duración determinada de un año. Es verdad el incremento ‘nominal’ de más del 50% del SMI, pero si descontamos la inflación apenas supone una mejora del 5% de poder adquisitivo de esas capas asalariadas más bajas, e incluso si consideramos que el IPC de la cesta de la compra, de mayor impacto para ellas, ha sido superior y, especialmente, el precio de los alquileres que les afecta más y muy especialmente a la gente joven, ha subido espectacularmente, tenemos que esos sectores más precarios no han mejorado su capacidad de consumo y su calidad de vida.
Igualmente, es evidente el crecimiento de la economía y del empleo, pero con la lógica de claroscuros que estamos utilizando para enlazar con la percepción crítica de las mayorías sociales podemos aportar otro dato, el de PIB per cápita, indicador más adecuado para medir la capacidad económica de la población, que en España ha crecido más que en otros países. Así, tenemos que en la Unión Europea, desde comienzos de la crisis en 2007 hasta 2023 ha aumentado el 13,4% y en España solo el 3,4%, es decir, diez puntos menos. Ello, junto con los bajos salarios medios y con su pérdida de poder adquisitivo, también se refleja en la menor capacidad media de consumo -más de diez puntos porcentuales menos respecto de la UE-. Y aunque disminuye el paro, todavía tenemos una de las tasas de desempleo mayor, especialmente el juvenil.
Sin pretender un balance exhaustivo de la pasada legislatura, y dejando aparte los avances feministas, podemos ampliar esta ilustración con dos importantes reformas legislativas, precisamente, de la mano de Unidas Podemos. Me refiero a la ley del Ingreso Mínimo Vital y a la de Vivienda, con la regulación de los alquileres. Ambas, con muchos forcejeos en el ámbito gubernamental, son muy positivas y afectan a dos campos cruciales del escudo social y la calidad de vida de las capas vulnerables. No obstante, su implementación por las Comunidades Autónomas, competentes en muchos de sus aspectos y la mayoría gobernada por las derechas, deja mucho que desear y se acercan a un auténtico bloqueo operativo.
Una agenda social ambiciosa
Junto con estos avances limitados y costosos, la cuestión fundamental es que la reforma social de progreso aparece relativamente estancada en esta segunda legislatura del Gobierno de coalición progresista, ahora con Sumar, sin capacidad para sacar los prepuestos generales. La prioridad ha sido, primero la amnistía y, después, la llamada regeneración democrática que, a la vista del pacto PSOE/PP para la renovación del Consejo General del poder judicial, parece limitada y encaminada a la estabilización del bipartidismo.
Pero este bloqueo actual de la agenda social, con solo cambios menores, contrasta con la situación y la percepción mayoritaria de la sociedad que reclama solución a los graves y variados problemas socioeconómicos, laborales y de empleo, con síntomas de frustración.
Se ha propuesto una gran reforma, la reducción del tiempo de trabajo, pendiente de las dificultades para el diálogo social tripartito y su concreción. La segunda reforma es la financiación autonómica, contando con la singularidad de Cataluña; debería ser clave para ampliar la garantía de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales) que es el mayor gasto de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, ya aparece una gran dificultad: la ausencia de una profunda reforma fiscal progresiva -con nubarrones de austeridad desde la UE- que garantice el incremento sustantivo de la inversión social, es decir, de la tarta global a repartir, y evitar el forcejeo interterritorial de suma cero y agravios comparativos. Y otro problema, no inferior a la infrafinanciación del Estado de bienestar, es la de la privatización, segmentación y segregación de esos servicios públicos, particularmente, por las políticas de las derechas. Constituyen desafíos para las fuerzas progresistas y, especialmente, para el impulso reformador y la credibilidad transformadora de las izquierdas.
Por tanto, si miramos la percepción de la sociedad vemos que algo no cuadra respecto de un relato embellecido y justificativo de la acción gubernamental, aunque deje en entredicho la versión negativa de las derechas extremas, cuya machacona visión catastrofista no ha podido impregnar la opinión mayoritaria de la población. En consecuencia, para conectar la acción institucional con las preocupaciones y demandas populares y legitimar su acción pública, hay que partir de los claroscuros de esa realidad vivida y percibida que revive las dos grandes apuestas del movimiento cívico y las aspiraciones de cambio de progreso de los últimos quince años y que siguen pendientes: justicia social y democratización. Lejos de infravalorarla, la reforma social progresista sigue pendiente y para las izquierdas sociales y políticas debe constituir una prioridad frente a la amenaza de involución social y democrática de las derechas.
Antonio Antón. Sociólogo y politólogo.
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