«Por la tierra» es una serie documental que recorre cuatro casos testigos del impacto del modelo transgénico en Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil; y la organización social para enfrentarlo. El material audiovisual surge a partir de la investigación y demanda presentada contra Bayer por parte de las organizaciones regionales CELS, Terra de Direitos, BASE-IS y Fundación TIERRA, y las alemanas ECCHR y Misereor.
La serie documental Por la tierra. Agronegocios y derechos humanos en América del Sur muestra, en cuatro episodios, cómo el avance de los monocultivos y el uso de agrotóxicos afecta el derecho a la salud, al acceso a la tierra y a un ambiente sano de distintas comunidades de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Dirigidos por la realizadora Irene Kuten, los capítulos están basados en una investigación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina), Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), Misereor y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (Alemania), que denunciaron a Bayer-Monsanto ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en abril pasado, sin que aún se hayan recibido respuestas al respecto.
El documental tiene como objetivo visibilizar la contaminación, la deforestación y los desalojos que sufren las comunidades campesinas e indígenas de la región. También señala la complicidad de los Estados y su connivencia con el agronegocio en sus distintos niveles. La serie no se queda en la denuncia del modelo sino que también muestra los procesos de organización y resistencia de las comunidades campesinas e indígenas. “La agroecología es una disputa permanente con el agronegocio. Una disputa que precisa de reforma agraria, de políticas públicas y de que las personas cambien su comportamiento en sentido cultural”, afirma en el documental Darci Frigo, integrante de Terra de Direitos.
La denuncia llevada adelante por las organizaciones fue presentada en Alemania, donde Bayer-Monsanto tiene radicada su casa matriz, encargada de generar las políticas y prácticas de protección de los derechos humanos y el ambiente en relación a sus productos. En ese país, la Ley de Suministros obliga a las empresas a identificar los riesgos de abusos de los derechos humanos y en el ambiente en la actividad de sus proveedores. «Tenemos que enfrentarnos a un discurso fuerte, con el objetivo de dar con los responsables de toda la cadena productiva. Que la empresa se haga responsable del control de toda esa cadena productiva», advierte Frigo.
Argentina, la salud y el caso de Pergamino
El eje del episodio sobre Argentina es la afectación a la salud humana. Uno de los testimonios es el de Sabrina Ortíz, quien impulsó una serie de denuncias que devinieron en un fallo histórico para alejar los agrotóxicos de la zona urbana de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires.
Ella y su familia vivían en el barrio Villa Alicia, lindante con campos de soja. En 2011 empezaron a tener alergias y problemas respiratorios, cada vez que fumigaban en los campos cercanos. Los análisis revelaron que tanto ella como sus hijos tenían altos porcentajes de glifosato y ampa (que es el metabolito del glifosato) en orina. En ese año, perdió su embarazo de cinco meses de gestación. Los médicos le dijeron que se había intoxicado, pero nadie se animó a darle formalmente un diagnóstico.
“Me enteré de una nena de 11 años que murió de cáncer por el agua contaminada. Después empezaron a aparecer más casos y después me tocó a mí”, cuenta otra vecina de Pergamino, Gisell, en la serie. Vómitos, diarrea, fiebre, manchas en la piel son algunas de las afectaciones que sufren quienes habitan esa ciudad, en la zona núcleo del agronegocio. En Pergamino, se encontraron entre 18 y 20 sustancias tóxicas en los pozos de agua de red. También detectaron 53 casos de cáncer en un perímetro de ocho manzanas.
Ortiz decidió denunciar. Como resultado de esa causa judicial, se llegó a un falló histórico por el que se establecieron zonas de resguardo,de 1.095 metros para las fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas. A pesar de la magnitud de lo denunciado, el director de litigio y defensa legal del CELS, Diego Morales, marca que en los casos de contaminación ambiental por agrotóxicos «la carga de probar la afectación de la salud recae en las personas».
Paraguay, el despojo de la tierra y el caso de la Colonia Yvype
En la Colonia Yvype, a 250 kilómetros de Asunción, ya no hay escuelas. El Estado decidió cerrarlas “por falta de estudiantes”. “Se cerró la escuela cuando los habitantes vendieron la mayoría de sus terrenos y quedaron sin habitantes, porque se estuvieron cultivando muchos sojales. Por esa razón tuvimos que llevar a nuestros hijos (a la escuela) a seis kilómetros, a otro a cuatro kilómetros, a otro a dos kilómetros de nuestra casa, lo que tiene un costo elevado para nosotros porque dependemos de lo que producimos”, relata la productora Dolly Grissel Ortíz.
En 2001 se aprobó la primera semilla transgénica de soja en Paraguay. Desde entonces, el avance del monocultivo fue desplazando a los pobladores de la región y quienes decidieron quedarse a pelear por sus tierras fueron criminalizados. En la actualidad, 26 familias campesinas en Colonia Yvyepe están en una disputa por la tierra.
Esa colonia agrícola abarca una superficie total de 3.889 hectáreas. Son 190 lotes de 20 hectáreas que originalmente habían sido asignados a agricultores campesinos como parte de una reforma agraria, destinados a desarrollar la agricultura familiar campesina. Pero el agronegocio avanzó con distintas modalidades de desalojo que sufrieron las familias.
Marielle Palau, de Bases IS, explica: “Se les expulsó inicialmente ofreciéndoles una plata que nunca hubieran podido ganar por sus tierras. Se les continúo expulsando con la eliminación de las condiciones de vida a partir de la contaminación de los cursos de agua, de los venenos que llegan a sus cultivos de autoconsumo. Y finalmente, a través de la criminalización”.
En la zona sojera de Paraguay, la superficie ocupada por bosques se redujo más del 65 por ciento entre 1973 y 2000. Durante 2019, 75.000 hectáreas fueron taladas en la Mata Atlántica. En ese año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU sancionó al Estado paraguayo por no tomar medidas en relación al uso de pesticidas.
El caso se conoció como Portillo Cáceres contra Paraguay, por Rubén Portillo Cáceres quien murió envenado por agrotóxicos, además de probarse la intoxicación de otras 22 personas, entre ellos varios niños y niñas. El pronunciamiento contra el Estado paraguayo fue el primer caso a nivel de mundial por contaminación con agrotóxicos en el que intercedió el organismo internacional para exigir “adoptar medidas positivas para proteger a las personas».
Bolivia, la deforestación y el caso de Santa Cruz
En Bolivia, el cultivo de la soja genéticamente modificada ocupa el 50 por ciento de las tierras cultivadas del departamento de Santa Cruz, donde se concentran el 70 por ciento de las hectáreas agrícolas del país. Allí viven más de 250 comunidades de familias campesinas e indígenas.
Entre 2011 y 2022, se deforestaron cerca de 436 mil hectáreas de bosque directamente para cultivos de soja, lo que evidencia que el modelo se sostiene gracias a la incorporación permanente de nuevas de tierras a costa de los bosques tropicales y primarios.
“Ellos vienen a explotar, nosotros cuidamos nuestras tierras porque las necesitamos”, dice Zulma Taborga, campesina chiquitana. Bolivia deforesta por día 800 hectáreas. La contaminación por agrotóxicos afecta a las personas y también a la vegetación nativa.
“Hoy hay más deforestación y sequía que cuando comenzó el agronegocio. Es importante que se puedan incorporar otras variables climáticas y ambientales, pero también de derechos humanos”, aporta Irene Mamani de la Fundación Tierra.
Brasil, la contaminación y el caso del Pueblo Avá-Guaraní
Paraná es el segundo estado productor de soja de Brasil. En los municipios de Guaíra y Terra Roxa, predomina el uso de agrotóxicos. En estos dos municipios, donde se siembra predominantemente soja y maíz, hay tres aldeas avá-guaraníes. Gilberto vive en la aldea Poha Renda, del Pueblo Avá-Guaraní. Allí beber agua puede significar tener dolor de cabeza, vómitos, dolor de panza y erupciones en la piel. El avance del agronegocio sobre sus tierras cambió sus formas ancestrales de producir y perjudicó el uso de plantas por parte de la comunidad para ejercer su medicina tradicional. “Es porque la tierra está enferma“, aseguran.
“Cuando fumigan, las madres tenemos que correr para meter a los niños en las casas”, cuentan en el documental las mujeres de la aldea, que a su vez marcan el impacto de los pesticidas en la salud mental de los jóvenes. Brasil es el país que más agrotóxicos usa desde 2011. Allí, el 97 por ciento del desmonte se explica por el avance de la actividad agropecuaria, por lo que 8 millones de hectáreas de vegetación nativa se perdieron en Brasil entre 2019 y 2024.
Sin embargo, en medio del despojo brota la esperanza. Gabriel, de la aldea Y’Hovy, asegura: ”Nuestra vida no depende del dinero. No depende de lo que ganemos. Nosotros solo queremos vivir. Nuestra lucha no va a parar aquí. Siempre va a continuar y no vamos a desistir”.
También mirando hacia el futuro, Jakeline Pivato, de la Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e Pela Vida, asegura: ”Existe una conciencia cada vez mayor sobre la presencia de los agrotóxicos, y que no es un problema solo campesino. Es parte de nuestra vida, está en nuestra agua, en nuestro aire y tenemos que generar el deseo de encontrar una salida. Para nosotros, esa salida es la agroecología”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/del-modelo-de-bayer-monsanto-a-la-agroecologia-en-cuatro-capitulos/