La explotación laboral en el campo andaluz aumenta mientras miles de trabajadores migrantes viven en los más de cien asentamientos chabolistas sin electricidad ni agua que se encuentran en ambas provincias andaluzas.
Imagínate que migras de tu país de origen con la promesa de un trabajo y un techo que te dé estabilidad económica y solvente algunos de tus problemas. Al llegar, lo primero que te encuentras es que de alternativa habitacional, nada, vas a tener que buscarte las papas y construir con plásticos un lugar sobre la tierra en el que resguardarte. Además, el trabajo es en unas condiciones muchos peores de las que te prometieron. Esta es la realidad de miles de temporeros migrantes que año tras año sostienen las producciones agrícolas en las provincias de Huelva y Almería a costa de explotación laboral y vulneración de los derechos humanos.
Por si esto no fuera bastante, algunas empresas dejan de pagarte. Según denuncian desde Jornaleras de Huelva en Lucha, la empresa fresera onubense Producciones Agrícolas Fresbejarano, de la localidad de Almonte, lleva desde octubre sin pagar a sus trabajadores. Según expone la denuncia impuesta en Inspección de Trabajo por parte del sindicato agrícola a la que ha tenido acceso El Salto: “La empresa debe 2 meses de salarios, las nóminas de octubre y noviembre de 2024, a sus trabajadores, esta decisión se ha tomado de manera unilateral, engañando desde principios de noviembre a los mismos, asegurando sus responsables que les ingresarían el dinero en unos días”. Un impago que supone una falta grave según expone el art. 8.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
“No es la primera vez que pasa algo así”, expone Ana Pinto desde Jornaleras de Huelva en Lucha, “llevamos dos años denunciando a la empresa por incumplimientos del convenio y del SMI”. Son 11 los trabajadores y trabajadoras afectados, la mayoría personas migrantes que llevan años en las localidades onubenses. “Hay gente que no tiene nada, se están ayudando entre los mismos compañeros a llenarse las neveras”, explica Pinto. La líder sindical además explica que la compañía “les están dando largas para darle los documentos de empleo” y además añade que “la gente está muy mal, los jornaleros somos gente que vivimos al día, día que trabajas día que cobras”.
Despidos y agresiones a los trabajadores
En la provincia de Almería 12 temporeros agrícolas han sido despedidos por parte de la empresa sin justificación “tras sacar el trabajo duro” y soportando “más de 60 horas semanales, con salarios muy por debajo del SMI, sin contrato, ni alta en seguridad social, incluidos los meses de verano con altas temperaturas debajo del plástico en los campos de Almería” según exponen desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Los trabajadores al pedir explicaciones, según expone el sindicato, y en presencia de la Guardia Civil fueron embestidos por uno de los empresarios agrícolas con su coche “para escapar” causando lesiones a los temporeros. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 14 de diciembre en el Campo de Níjar. Según el SAT, “Los hechos acontecidos pueden ser un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras” y reitera que se tratan de “12 trabajadores, sin contrato, ni alta, con condiciones laborales de explotación y cuando reclaman son agredidos”.
La agrupación que salvaguarda los derechos de los trabajadores además hace hincapié en el hecho de que estas empresas “inunda los mercados Europeos de hortalizas con sus certificados Global Gap, mucho Greenwashing y con auténtica desvergüenza”.
En el mar de plástico almeriense continuamente suceden episodios de violencia hacia los trabajadores del campo. El pasado 10 de septiembre, según expone un vecino de la zona que quiere preservar su anonimato, en la localidad de Roquetas de Mar un temporero de origen marroquí de 17 años tuvo un accidente laboral mientras trabajaba, se cayó del techo de un invernadero: Este chico no estaba dado de alta, es menor de edad y marroquí, su jefe lo dejó a las puertas de un ambulatorio ensangrentado y con la cara destrozada y se marchó, dejando que entrará por su propio pie”.
Miles de personas siguen viviendo en asentamientos
A las condiciones laborales se añade que desde hace varias décadas en ambas provincias los miles de personas que llegan todos los años a trabajar en las temporadas agrícolas siguen viviendo en asentamientos chabolistas. Algunos de sus habitantes pasan años viviendo sin agua, sin electricidad y en infraviviendas construidas a partir de palets y plásticos.
Desde la Plataforma Derecho a Techo en Almería llevan años alertando de la extrema situación que atraviesan los más de setenta asentamientos del municipio de Níjar. En noviembre además, el Ayuntamiento de la localidad cortó el suministro de agua que abastecía la zona de Atochares afectando a más de 500 personas, “La privación de agua supone un riesgo sanitario grave para este colectivo y para los trabajadores expuestos diariamente a químicos fitosanitarios y a condiciones de trabajo insalubres”, sostienen desde la plataforma.
La plataforma exige soluciones habitacionales dignas para los trabajadores del campo y un plan integral de intervención que garantice el acceso a recursos básicos de estos miles de personas.
En los asentamientos de la provincia onubense según expone el informe Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía de Andalucía Acoge desde 2020 se han producido 22 incendios en los que han fallecido tres personas. En estos emplazamientos los miles de personas que viven allí tienen que soportar el día a día sin agua y electricidad.
Por su parte desde los municipios donde se encuentran estos espacios habitacionales y la Junta de Andalucía llevan desde hace unos meses implementando un Plan para erradicar los asentamientos, el Plan EASEN. Desde el Gobierno andaluz exponen que se trata de un plan pionero e innovador mientras desde los colectivos de derechos humanos denuncian que se trata de un proyecto que busca trasladar e invisibilizar estas realidades “El Plan para la Erradicación del Chabolismo solo pretende acabar con la visibilidad de los asentamientos”, sostienen desde APDHA.
La situación en los campos onubenses y almerienses parece que lejos de solucionarse se arraiga cada vez más, a las puertas de un 2025 en el que no se proyectan soluciones para estas vulneraciones de derechos humanos continuadas.