La ejemplar oposición del movimiento popular de Baztan [Navarra] al proyecto Aroztegia en Lekaroz, más allá de las peculiaridades del caso −228 chalés, un hotel y campo de golf en un pueblo de 341 habitantes−, es un ejemplo revelador para visualizar los mecanismos de poder y sus secuelas de represión, a las que se enfrenta el movimiento en defensa de la tierra.
Que como resultado de una acampada, siete personas se tengan que enfrentar a una petición de 20 años de cárcel y 56.000 euros de multa, por una imputación de organización criminal, coacciones y amenazas, además de un despropósito, es un síntoma de cómo se articulan las estrategias de dominación por tierra, mar y aire, que naturalizan relaciones de violencia estructural.
Por tierra, la violencia inmediata, la de los rojos forales y la de los verdes civiles −tremenda contradicción cromática−, la que abole la palabra mediante la porra, la multa o la persecución inmisericorde de cualquier disidencia que se enfrenta a cara descubierta y sin más parapeto que sus cuerpos. La que instruye los atestados para abrir la puerta a la segunda violencia por mar, la «legal», la galerna judicial, una legalidad que impide la defensa de los bienes colectivos como la tierra y empodera los procesos especulativos disfrazados de una ilusoria libertad individual, confiscatoria del bien común –comunal−.
Las fuerzas terrestres y marítimas no podrían desplegar todo su arsenal, sin la ayuda de la fuerza aérea, la institucional. Más allá de la violencia mediata e inmediata, menos evidente pero más letal, está la violencia simbólica. Siguiendo la definición de Bourdieu, esta tipología de violencia supone la aceptación, la internalización por parte del dominado, de los esquemas de pensamiento y valoración del dominante, haciendo precisamente invisible la relación de dominación.
Ahí es donde adquiere mayor relevancia si cabe, para el movimiento en defensa de la tierra, la manifestación del sábado pasado en Iruña. La cuestión va más allá de expresar nuestra solidaridad con las personas encausadas. No solo es hacer visualizar los mecanismos de poder y las estrategias de dominación, por tierra mar y aire −represiva, legal e institucional−, sino poner sobre la mesa en qué condiciones y con qué herramientas cuenta el movimiento popular para enfrentarse a proyectos que cuentan con la oposición mayoritaria del pueblo.
Desde el metálico corte de los cables en Itoiz, hasta las dulces tartas a Barcina, pasando por los apagones y las consultas populares frente a las líneas de alta tensión en Nafarroa, podríamos caer en la tentación de pensar que las falaces declaraciones en sede política en defensa de la naturaleza, el patrimonio cultural o la identidad colectiva, suponían un avance. Pues nada más alejado de la realidad.
Frente a las consultas populares, por supuesto, no vinculantes y perseguidas legalmente, o incluso a los acuerdos de los propios ayuntamientos en nombre de un bastardo «interés general», se legislan los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (PSIS) en Nafarroa o la Ley Tapia en el tercio autonómico, que anulan la autonomía municipal y convierten la institución más cercana, y, por tanto, más fiscalizable, en una mera comparsa. De esto saben mucho la alcaldesa y el alcalde del valle del Baztan por oponerse al proyecto de Aroztegia, denunciados por prevaricación, entre otras cosas, por llamar «pelotazo urbanístico» a un incremento del valor del terreno de 330.000 euros a 9 millones, UPN y Geroa Bai de por medio. Llamar a las cosas por su nombre también se ha convertido en un acto de rebelión oponible ante los tribunales.
Para paliar la obscenidad de la imposición, se publicitan mecanismos como los autodenominados «procesos participativos», eufemismo que esconde un intento de legitimación de una legalidad que persigue la justificación de la indefensión, similar al período de información pública y sus consiguientes alegaciones, donde habitualmente la administración «pública» se convierte en juez y parte. Afirmación nada gratuita, corroborada por el infame mecanismo de las puertas giratorias.
Cualquier excusa es buena para desactivar y rebajar hasta convertir en inútiles los melifluos mecanismos de control de que disponíamos hasta ahora, nunca regalados, sino fruto de la lucha de muchos años. Como ejemplo paradigmático, el conflicto armado en Ucrania ha sido la última excusa del Gobierno del Reino de España para eliminar buena parte de las posibilidades de actuación vía evaluaciones de impacto ambiental en el campo energético, y ya se vislumbra algo similar en la liberación de suelo para orgía de especuladores, fondos buitre y cuenta de resultados de BlackRock.
Un análisis estructural y nada apasionado de los mecanismos legales de que disponemos para luchar en defensa de la tierra, lo colectivo, lo identitario, que queda patente en el caso de Aroztegia, nos dibuja un escenario de pérdida de capacidad de actuación, que requiere ponernos a pensar en círculo −Oteiza−, activar la lucha ideológica sin complejos y sin mirar a los lados, para empujar esa ola de movilización que ya se está activando en los valles de Euskal Herria, con epicentro en Baztan.
Alberto Frías es miembro de Lurra.
Fuente: https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/aroztegia-por-tierra-mar-y-aire