Mi historia no es una excepción ni un golpe de mala suerte; es el resultado del racismo institucional y del abandono de España. Es la historia de cualquier saharaui. Hoy el Congreso de los Diputados tiene la oportunidad de hacer justicia, de reconocer una deuda histórica y de apostar por una memoria democrática y restaurativa
Cuando vi La Terminal (2004), protagonizada por Tom Hanks, sentí que esa historia tenía mucho de la mía. En la película, Hanks interpreta a Viktor Navorski, un hombre atrapado en un aeropuerto sin poder entrar ni salir porque su país deja de existir debido a un conflicto político. Atrapado en un limbo legal, Navorski sobrevive en la terminal, esperando que la burocracia le devuelva su derecho a existir en algún lugar.
Yo no viví en un aeropuerto, pero sí pasé años sintiéndome igual que el personaje de Hanks: un ser humano al que la administración se negaba a reconocer. Cuando salió La Terminal, yo apenas tenía 10 años y aún no entendía bien el español, pero la angustia de Tom Hanks la sentía mía. A Tom y a mí nos quitaban el sueño las mismas cosas.
Llegué a España con apenas siete años, en 2002, gracias al programa Vacaciones en Paz. Viajé con mi hermano mellizo y nuestra única preocupación era pasar dos meses de verano con nuestra familia de acogida y llevarnos muchos juguetes para nuestros hermanos. Sabíamos que nuestra casa no era ese campo de refugiados; era un lugar que nuestros padres llamaban el ‘Mantaga’ o ‘territorios ocupados’.
Nuestro padre, una figura ausente, pasaba largos períodos en el ejército y nos recompensaba nuestras buenas notas con caramelos de nata, probablemente lo único que podía ofrecernos entonces. Nuestra madre, despojada de todo por la guerra, nos crio sola, recordándonos siempre el Mantaga, un lugar con vistas al mar, donde había mucho pescado y donde solía comer carne a diario. Pero cuando terminaba la frase, sonreía mirando el plato que nos servía: casi siempre lentejas durante el día y arroz con leche por la noche.
A los 12 años me quedé a vivir con mi familia de acogida en el pueblo alicantino de Banyeres de Mariola. Y ahí empezó mi propia Terminal. La terminal de una niña saharaui que hoy ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.
Mi padre nació en 1952, bajo la ocupación española del Sáhara Occidental. Trabajó en la mina de fosfatos en el Sáhara cuando era territorio español. Su vida laboral está registrada en el Ministerio de Hacienda. En 2007, recuperó su nacionalidad española porque fue de los pocos que llevaba el DNI durante la Marcha Verde, algo que no hizo mi madre ante la ocupación marroquí del Sáhara con el consentimiento de España.
Sus hijos, en cambio, sufrimos una cancelación administrativa que, en mi caso, se prolongó más de 20 años. Durante tres años fui una menor “MENA, ilegal”, sin papeles, sin derechos. Mi familia de acogida vivía con el miedo de que me enfermara o sufriera un accidente. Me admitieron en el colegio del pueblo después de muchas peleas, pero la burocracia seguía repitiendo la misma frase: “No existes.”
Mi hermano mellizo, mi padre y yo sabemos lo crueles que fueron aquellos años de colas en Extranjería, peleando por ser reconocidos como hijos de españoles, como personas con derecho a una existencia oficial. “Vuestro país no existe, vosotros no existís.” Era la frase que nos repetían los funcionarios. Por entonces, habíamos conseguido un sucedáneo de papeles: el título de viaje argelino de carácter humanitario, el NIE para estudiar y las partidas de nacimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), documentos que España no reconocía, ya que tampoco reconoce la RASD.
En 2014, gracias a la lucha de la Abogacía Saharaui en los tribunales españoles, el Estado comenzó a reconocer las partidas de nacimiento de los saharauis, y por fin pude iniciar los trámites de nacionalidad mientras estudiaba en la universidad. Sin embargo, solo me la otorgarían si se resolvía antes de mis 21 años. ¿Cómo de aleatorio es imaginar que un derecho viene delimitado por un número? A los 21 sí, a los 22 no.
Como muchos saharauis, mi expediente se “perdió” en algún registro y jamás recibí respuesta. A los 22 años, tuve que empezar de nuevo. Ahora debía acreditar 10 años de residencia legal y continuada.
El documento más preciado en mi piso de estudiantes era mi NIE. Un día, me robaron la cartera y casi me da algo. Un amigo de la universidad bromeaba con pedirme matrimonio para arreglarlo, pero a mí siempre me ha gustado plantarle cara al sistema. Esto me lo ofrecía un amigo, pero no quiero imaginar las miles de mujeres que terminan siendo chantajeadas por esta concesión.
Tras años de batalla, en septiembre de 2021 recibí la resolución de concesión de nacionalidad española por parte del Ministerio de Justicia, aunque no fue hasta 2022 cuando se materializó realmente, ya que el Registro Civil no quiso inscribirme como saharaui y me reclamaba una prueba forense para determinar mi edad y sexo. Algo que me parecía inaceptable, considerando toda la cancelación que había sufrido.
Mi caso y el de mi hermano lo elevamos al Defensor del Pueblo y a la vía judicial. Seis meses después conseguimos nuestro DNI español, y no se me olvidará la cara de emoción de mi madre de acogida, esperándonos fuera del registro para hacernos una foto, como si se tratara del día de nuestra graduación.
Mi historia no es una excepción ni un golpe de mala suerte; es el resultado del racismo institucional y del abandono de España. Es la historia de cualquier saharaui. Hoy, el Congreso de los Diputados tiene la oportunidad de hacer justicia, de reconocer una deuda histórica y de apostar por una memoria democrática y restaurativa.
La ley de nacionalidad para saharauis nacidos antes de 1976, una ley de memoria restaurativa que devolverá a la generación de mi padre y mi madre su DNI español y equiparará los derechos de los inmigrantes saharauis con permiso de residencia, permitiéndoles solicitar la nacionalidad tras dos años, como ya ocurre con los ciudadanos de América Latina o los sefardíes, ley aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy. Esta ley no es un regalo ni una concesión. No exime la responsabilidad jurídica del Estado español con el Sáhara Occidental ni su obligación en el proceso de descolonización. Es, simplemente, un acto de memoria con el pueblo saharaui.
Tom Hanks volvió a casa, pero yo he hecho de este país el mío, porque mis identidades no compiten. Voten que sí, señores y señoras del PSOE, para que esa sensación de seguridad y pertenencia sea una realidad para quienes aún viven en el limbo. Voten que sí por mi padre, por mi madre, por todas las familias de acogida. Voten que sí por mí y por todas las niñas que, como yo, agarraron una mochila y decidieron cambiar el mundo.
Tesh Sidi. Diputada de Sumar. Ingeniera informática. Vicepresidenta segunda de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. @teshsidi