La brigada política se reunió el 16 de abril de 2016 con un confidente venezolano, redactó un informe y el 5 de mayo Okdiario publicó la información con la cuenta falsa en un banco de Granadinas, a menos de dos meses de las elecciones generales en las que Rajoy se jugaba su continuidad en La Moncloa.
La noche del 20 de diciembre de 2015 un terremoto afectó a la placa más visible de la política española y provocó una fuerte sacudida en las profundidades del sistema. En esas elecciones generales, por primera vez en democracia, una fuerza a la izquierda del PSOE obtenía 69 escaños y amenazaba con formar parte del próximo Gobierno de España. La fundación del partido, dos años antes, ya había atraído la atención de unos funcionarios policiales, extremistas ubicados en el corazón de la seguridad del Estado, a los que el Gobierno del PP había encumbrado y autorizado a combatir al independentismo catalán por vías inconfesables.
Esa noche de diciembre de 2015, las alarmas se encendieron definitivamente con Podemos. La victoria del PP no le bastaba para revalidar el Gobierno si PSOE, Ciudadanos y la formación de Pablo Iglesias alcanzaban un acuerdo. Las negociaciones terminaron fracasando y España se vería abocada a unas nuevas elecciones seis meses después. Fue durante ese medio año cuando el grupo de mandos policiales que anidaban en el Ministerio del Interior del PP desató con mayor intensidad la caza de Podemos. Para desprestigiar al partido de la izquierda se crearon informaciones falsas que varios medios de la derecha se encargaron de publicar.
Nueve años después, la investigación de aquella guerra sucia avanza con dificultades en un juzgado de la Audiencia Nacional. Esta semana, el juez Santiago Pedraz ha obtenido un documento que acredita cómo la denominada brigada política urdió uno de los bulos más significativos de esos seis meses de furia contra la formación política: el cobro de más de 272.000 dólares por Pablo Iglesias en una cuenta bancaria de un paraíso fiscal del Caribe. Esta es la cronología de cómo, en menos de tres semanas, se obtuvo, filtró y publicó uno de los ataques más representativos de la guerra sucia contra Podemos con información falsa.
18 de abril de 2016, lunes. Quedan 2 meses y 10 días para las elecciones destinadas a deshacer el nudo de los pactos imposibles. En un lugar que se desconoce, muy probablemente en territorio español, dos inspectores jefe –la categoría por debajo de comisario– se reúnen “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad”. Son los policías 16.768 y 18.693. Bonifacio Díez Sevillano y Jesús Vicente Galán.
Los dos mandos están destinados en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, la sala de mando del Cuerpo. Trabajan a las órdenes directas del comisario Eugenio Pino, el número dos de la Policía, hoy imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos con fondos reservados.
El pasado reciente de Boni y Galán, como se les conoce en el Cuerpo, contribuye a dibujar su perfil. Díez Sevillano ha sido el enlace policial en Andorra, una plaza clave en las maniobras contra el independentismo catalán. Jesús Vicente Galán procede de Asuntos Internos, la unidad que Pino desvió de sus funciones, aprovechando la opacidad de la que goza para indagar en posibles irregularidades dentro de la policía, para hacerle encargos políticos que debía efectuar en la sombra, tal y como desveló elDiario.es en noviembre de 2014. Tras su paso por la DAO, y antes de jubilarse, Boni y Galán fueron premiados con medallas pensionadas y destinos dorados como personal de seguridad en embajadas a más de 10.000 euros brutos al mes.
Los policías tenían una pequeña dependencia habilitada a escasos metros de la DAO, pero no en el mismo edificio, lo que les confería mayor privacidad. A la vuelta de la calle está la comisaría del distrito de Chamberí y allí, según se accede a la derecha, hay una puerta que da acceso a lo que un comisario purgado por enfrentarse a José Manuel Villarejo denominó “oficina siniestra”.
Boni y Galán regresan a ese despacho con material de primera, o eso creen ellos. La fuente les ha proporcionado documentos que probarían la financiación de Podemos por parte del régimen de Hugo Chávez: una bomba perfecta para detonar a dos meses de las elecciones generales en las que la derecha se jugaba el poder por segundo año consecutivo. Además, el confidente había estado horas dándoles explicaciones sobre esos papeles. A cambio, quiere residir legalmente en España.
20 de abril de 2016, miércoles. El director operativo de la Policía tiene encima de su mesa una de tantas “notas informativas” que ha leído desde que el PP le eligió para el cargo y se puso a combatir a independentistas y comunistas. Pero esta es especial. Solo hay que leer el primer párrafo: “El pasado lunes, día 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta ‘offshore’ a nombre de Pablo Iglesias Turrión”.
La nota lleva adjuntos cuatro documentos que probarían que Podemos es fruto de la financiación del régimen bolivariano y que en ese proceso de adulteración de la política española por el chavismo se ha implicado personalmente su secretario general, Pablo Iglesias. Boni y Galán firman con sus números de carnet profesional la nota informativa, que luce un sello que sirve de registro de entrada.
Entre los documentos que aporta Carlos Alberto Arias a los policías está una “orden de pago” procedente del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública de Venezuela para que se abone a Pablo Iglesias Turrión 272.325,00 dólares en la entidad Euro Pacific Bank. Consta como concepto “Pago Convenio por concepto de Asesorías para el Desarrollo Social en el país”. Lleva fecha de 11 de abril de 2014. Podemos tenía por entonces dos meses de vida.
Según destacan los policías en su nota informativa, el documento presenta “cuatro sellos oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: del director de Administración, del Ordenador del Pago, de la Contraloría General y de la Oficina Nacional del Tesoro, con sus respectivas firmas”.
Más adelante, los policías incluyen algunas aclaraciones procedentes de la fuente informante, como que “lo más significativo es que se omite por qué asesoría en concreto se realiza el pago, empleando un concepto genérico”. Hay otras más técnicas, que recogen otras supuestas revelaciones de Arias, quien habría explicado a esos policías que las cuentas del Euro Pacific Bank “tienen once dígitos y pueden ser numéricas o alfanuméricas”.
Bonifacio Díez Sevillano, hoy jubilado, se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen, donde se indaga sobre la eliminación de pruebas de la corrupción del PP por parte de esa misma brigada policial. En la causa por las maniobras contra Podemos declaró como testigo el pasado 19 de diciembre. La nota informativa publicada por este medio el pasado viernes desvela que mintió ante el juez Pedraz. En un momento del interrogatorio, el letrado de Podemos le pregunta por la cuenta de Granadinas y él asegura que solo conoce el asunto por lo que ha leído “en la prensa” [ver vídeo].
6 de mayo de 2016, viernes. El periódico digital OKdiario, que fundó y dirige Eduardo Inda, publica la siguiente información exclusiva: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. La información es amplificada por otros medios de comunicación. Pablo Iglesias sale de inmediato a desmentirlo.
“No es cierto. Toda esa información está en manos de nuestros abogados, que van a emprender acciones legales. Es todo falso desde el principio hasta el final. Solo tengo dinero en un banco: ING Direct. Está publicado en la página web de Podemos. Muchos están preocupados ante la posibilidad de que podamos ganar las elecciones”, asegura en declaraciones a La Sexta.
Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que la entidad “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. Sirvió de poco. La noticia se puede seguir consultando a día de hoy en Okdiario.
Los abogados de Iglesias recurrieron a la vía civil y presentaron una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, pero un juzgado de primera instancia y posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid avalaron la publicación. En resumen, los fallos judiciales resuelven que los periodistas habían recurrido a una fuente, que era la Policía, y que por tanto su publicación estaba justificada, más aún cuando era de interés público. Otros tres fallos judiciales, estos por la vía penal, descartaron a su vez que Iglesias tuviera cuenta alguna en Euro Pacific Bank.
13 de mayo de 2016, viernes. Con la demanda de Iglesias en ciernes, el ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias acude a un notario de Madrid y declara que los documentos que publicó OkDiario proceden del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario.
Documentos incorporados a la causa sugieren que aquel encuentro del 18 de abril de 2016 entre Boni y Galán, de una parte, y Carlos Alberto Arias de otra no era el primero que se producía entre policías y confidente. El 11 de abril, el comisario general de Extranjería y Documentación de la Policía, Emilio Baos, había firmado un escrito en el que proponía la residencia extraordinaria a Arias por su “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”.
No se trataba de un permiso cualquiera. Antes de que acabara el día, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del Ministerio, estampaba su firma en la “autorización de residencia por circunstancias excepcionales, apreciando razones de colaboración con las autoridades policiales de Carlos Alberto Arias”. El juez Pedraz citó como testigo a Arias el pasado 18 de diciembre, pero este no se presentó. En la dirección que consta de cuando se le otorgó la residencia no saben nada de él.
26 de junio de 2016, domingo. Las segundas elecciones generales en seis meses no despejan el camino de la gobernabilidad. Podemos obtiene los mismos escaños pero se deja un millón de votos respecto de los anteriores comicios a pesar de ir en coalición con Izquierda Unida. El esperado ‘sorpasso’ al PSOE no se produce. Pedro Sánchez acaba dimitiendo de la secretaría general de los socialistas tras negarse a facilitar un gobierno del Partido Popular, que finalmente terminará formándose gracias a los votos de varios diputados socialistas.
El ‘informe Granadinas’ no ha sido el único movimiento de la brigada política contra Podemos. En enero de 2016, cuando arrancaban las negociaciones con el PSOE tras los comicios de diciembre, Okdiario y El Confidencial publicaron el contenido del dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela.
Todavía hoy se siguen produciendo revelaciones de la intensa actividad de la cloaca policial al servicio del Gobierno del PP en aquellos días. Recientemente, elDiario.es reveló que los mandos de la Policía habían recurrido a un estafador habitual, el abogado José Aliste, para la elaboración de siete dosieres y la aportación de nueva documentación manipulada contra Podemos, y que en la actualidad los escritos del colaborador siguen alojados en las bases de datos de inteligencia policial.