El precio medio por una habitación de alquiler es de 623 euros en Barcelona; pero asimismo en dos municipios de la provincia de Madrid -Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón- se sitúan en 646 y 625 euros, respectivamente; y en el municipio de Bètera (27.600 habitantes, Valencia) el arrendamiento se cifra en 620 euros, informó Pisos.com el pasado 30 de junio.
El portal inmobiliario recuerda una variable de interés para evaluar el esfuerzo de compartir una vivienda: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024 se fijó en 1.134 euros mensuales.
O salimos o se nos comen! Fue la consigna difundida, el 29 de junio, en las redes sociales, por el colectivo Juntes per L’Habitatge, con motivo de la octava manifestación que reivindicaba en Valencia la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP; el motivo, su negligencia en la gestión de la DANA, sucedida en octubre de 2024, con un balance de 228 muertes en el País Valenciano.
La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH)-Valencia anunció ese día la constitución de un espacio nuevo -Juntes per L’Habitge-, en el que confluían (en la lucha) varias asociaciones; el origen del colectivo se sitúa en el desahucio de tres ciudadanas -Trini, Isabel y Carmela-, y la función desempañada por fondos buitre como Promonotoria Coliseum Real State.
Otro antecedente importante podría localizarse en una fecha concreta, el 6 de mayo: PAH-València y más de una veintena de organizaciones se movilizaron para que un edificio de 134 viviendas, en la pedanía de La Torre (Valencia), se integrara en el parque público valenciano de viviendas.
Entre las convocatorias destacadas, figura además el cartel que en la red X instaba a la paralización del desahucio de Sandra y de Izán (#Sandra e IzánSequedan), el pasado 3 de junio, en la avenida Miguel Hernández número 4 del municipio de Aldaia (34.000 habitantes, Valencia).
El 8 de Julio, Juntes per L’Habitatge convocó una rueda de prensa ante el Palau de la Generalitat (sede del Gobierno Valenciano); uno de los portavoces de Juntes, José Luis González, recordó que se produjeron 794 desahucios en el País Valenciano durante el primer trimestre de 2025 (el tercer territorio en lanzamientos del estado español, tras Cataluña y Andalucía); el 74% de los desalojos hacen referencia al alquiler (Datos del Consejo General del Poder Judicial -CGPJ-).
“La Generalitat Valenciana (gobernada por el PP) se está inhibiendo ante los desahucios, no los impide ni interviene”, valoró José Luis González; entre otras opciones, el ejecutivo podría aplicar el Decreto Ley del 17 de febrero de 2023 sobre medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunidad Valenciana.
En concreto, en el Título IV (medidas de intervención de la Generalitat en materia de vivienda) se establece la “cesión temporal obligatoria del usufructo de las viviendas declaradas deshabitadas propiedad de grandes tenedores de viviendas de la Comunidad Valenciana”, ante situaciones de vulnerabilidad (Artículo 13).
Los colectivos antidesahucios critican, asimismo, que la Generalitat presidida por Carlos Mazón (PP) renuncie a la aplicación del programa LlogAD; esta iniciativa de la PAH consiste en que la Generalitat “suscriba como titular contratos de alquiler con la banca, fondos buitre o grandes inmobiliarias”; y que ciudadanos y familias “se puedan subrogar al mismo”.
Tampoco la Administración autonómica está ejerciendo, denuncian los colectivos, el derecho de tanteo y retracto (derecho de compra preferente) sobre las viviendas de protección oficial o que hayan recibido ayudas públicas.
El pasado 6 de mayo, las organizaciones remitieron un escrito a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia para que se ejercitara el citado derecho, en un edificio de la pedanía de La Torre; la compra oficial implicaría que las 134 casas del bloque formaran parte del parque público de viviendas.
Además, “la Generalitat no está ejerciendo la mediación en los casos de desahucio, ni controlando (o haciendo posible la reducción) del precio de los alquileres”, denuncia el portavoz de Juntes per L’Habitatge.
El informe de la Cátedra Observatorio Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) sitúa en 1.633 euros el precio medio del alquiler residencial en Valencia (segundo trimestre de 2025); la tendencia al alza se constata en la comparación con periodos anteriores: 1.531 euros en el cuarto trimestre de 2023 y 875 euros en el cuarto trimestre de 2020.
El precio de la vivienda de alquiler en Valencia presenta oscilaciones: 2.023 euros mensuales en los pisos de cuatro o más habitaciones, frente a los 1.325 euros de las casas con una habitación (datos segundo trimestre de 2025).
La conferencia de prensa de Juntes per L’Habitatge (que agrupa a una treintena de organizaciones) fue retransmitida en directo por Radio Klara, emisora libertaria de Valencia; en el acto compartió su experiencia una mujer viuda, Carmen, que reside en una vivienda de protección oficial con un hijo de 10 años, afectado por una discapacidad; “el piso fue vendido a un fondo buitre, que ahora me quiere expulsar”, afirma Carmen.
Intervino además otra vecina, Jessica, quien vive de alquiler con sus dos hijos menores en el distrito de Algirós (Valencia); el particular alquilador del piso no quiere renovarle el contrato; “cuando pregunto en la Administración por una vivienda social, responden con referencias a la lista de espera”, expone Jessica.
A principios de julio, las organizaciones por el derecho a la vivienda presentaron -en el Registro de Entrada de la Generalitat- un escrito en que denunciaban la política de vivienda del Consell y su inacción ante los desahucios; pocas fechas antes trasladaron un primer escrito, que no tuvo respuesta.
Uno de las iniciativas planteadas por los colectivos es impulsar un programa de alquiler solidario entre particulares; de este modo se trata de superar la “lucha” que se está dando entre vecinos que pretenden alquilar y pequeños propietarios, favorecida por el “falso discurso de la ocupación” de viviendas.
Otro problema -añadido- es el de la turistificación; por ejemplo, el 17 de julio, la comunidad de propietarios de un complejo (Residencial Nicet) ubicado en el barrio de Patraix (Valencia) denunció “la continuidad de irregularidades” en el uso turístico de 24 apartamentos que se hallan en la parte baja del inmueble.
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