Giza Eskubideen Behatokia insta al Estado español a que adopte medidas ejecutivas y legislativas para terminar con la impunidad de la que goza la práctica de la tortura, tal y como le pide el Comité de Derechos Humanos de la ONU. «No puede seguir aplicando la política del avestruz», asegura.
Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia ha urgido este jueves al Estado español a que adopte las medidas necesarias, ya sean ejecutivas o legislativas, para cumplir, por fin, con sus obligaciones internacionales para terminar con la impunidad de la tortura. Sus representantes han incidido en que tiene una primera oportunidad en el caso de Raúl Fuentes, ya que el 31 de julio finaliza el plazo dado por el Comité contra la Tortura de la ONU.
En una comparecencia en Bilbo, la abogada Iratxe Urizar y Agus Hernan, coordinador de GEBehatokia, han valorado el informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que insta al Estado español a investigar las denuncias de torturas. La letrada ha destacado su contundencia y concreción, recogiendo en sus observaciones finales los asuntos que planteó en el 144 periodo de sesiones desarrollado a principios de julio en Ginebra.
Urizar ha expuesto que en el informe se «insiste, una vez más y como ya hiciera anteriormente el Comité Contra la Tortura en su último examen en 2023, en pedir explicaciones sobre por qué el Gobierno español, siendo principal actor en una cuestión como es la tortura a ciudadanos y ciudadanas vascas, no ha iniciado ninguna investigación».
«No ha realizado ninguna declaración ni mostrado ninguna iniciativa ante el informe que recoge los testimonios de cerca de 6.000 personas», ha incidido, recordando que el Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a que el Gobierno español realice los cambios legislativos necesarios «para asegurar la imprescriptibilidad de la tortura y otros delitos de lesa humanidad».
La abogada ha subrayado que en el caso de Iratxe Sorzabal, aunque la Audiencia Nacional ha reconocido esta práctica, «su denuncia de torturas no prosperaría hoy bajo el argumento de que esta ha prescrito». Algo, ha añadido, que se repite en la del bilbaino Raúl Fuentes.
Urizar ha explicado cómo en el examen que tuvo lugar en Ginebra desde el Comité preguntaron una y otra vez sobre la entidad imperativa de las decisiones adoptadas por los mecanismos internacionales, para saber si estas recomendaciones, decisiones y comunicaciones se ejecutan a nivel interno, algo que sus integrantes saben que no es así.
No es «anecdótica»
Ante una llamada de atención que remarcan no es «anecdótica», GEBehatokia ha emplazado al Ejecutivo español a adoptar «acciones ante las violaciones ocurridas en el contexto del conflicto vasco».
«La gran preocupación de las instancias internacionales viene repitiéndose cada vez con mayor contundencia: reconocer a las víctimas de tortura, apoyarlas en su reparación y en su búsqueda de la verdad, investigar los delitos de tortura levantando los límites de prescripción, anular la Ley de Amnistía de 1977 que perpetúa la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos por parte del Estado, etc.», ha manifestado la integrante del Observatorio.
Su coordinador ha dicho que el Gobierno español se enfrenta a una gran responsabilidad, «no puede seguir aplicando la política del avestruz, como si estos diferentes varapalos no fuesen con él».
Agus Hernan ha hecho mención a que la «absoluta impunidad» de la que han gozado las graves vulneraciones de derechos humanos en Euskal Herria en el contexto de la estrategia «antiterrorista» ya no es tal. «Son varias las sentencias e informes que indican que ese muro de impunidad se está resquebrajando. Incluso en la Audiencia Nacional empiezan a aparecer grietas», ha destacado.
«Hemos venido diciendo que existe un búnker negacionista que, hasta ahora, había impuesto su ley y que ve cómo, poco a poco, ese falso relato se va cayendo. Ha costado décadas superar el negacionismo y construir el consenso que hoy asume la verdad de las denuncias de torturas», ha señalado.
Por ello, ha renovado el compromiso de GEBehatokia por el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.