Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022 hasta junio de 2025, España ha concedido protección temporal y ha acogido a un total de 240.000 personas ucranianas afectadas por el conflicto, distribuidas por las diferentes comunidades autonómicas, según sus opciones personales.
Se les brinda una amplia gama de servicios públicos a través del sistema de protección temporal, que resumo:
-documentación y residencia legal inmediata (24-48 horas)
-vivienda temporal, comida, ropa y productos de higiene
-sanidad pública gratuita
-educación y refuerzo lingüístico
-apoyo psicológico y social (intérpretes ucranianos/rusos en servicios básicos)
-cursos de inserción laboral
-asesoramiento jurídico y trámites
-protección infantil y servicios específicos para mujeres
Nos los cruzamos por la calle, compartimos autobuses urbanos y servicios, pero no hay controversia política al respecto y los medios de comunicación no los citan. Se difuminan entre los españoles.
La otra cara de la moneda. Según los datos del Ministerio del Interior, en marzo de 2025, en los centros de acogida de las islas Canarias, había aproximadamente 5.566 menores no acompañados, procedentes de África, principalmente de países como Senegal, Malí, Gambia y Marruecos. Sus condiciones de vida y el acceso a los servicios públicos dista mucho de los deseados.
En el caso de la ciudad africana de Ceuta (83 512 residentes), hoy día hay entre 405 y 508 menores no acompañados, algunos refugiados y ocultos en casas del barrio musulmán de la ciudad.
En Melilla, la cifra es significativamente inferior, son 276 menores en relación con sus 85 985 residentes pero, al igual que en Ceuta, la capacidad de acogida supera también las posibilidades territoriales y económicas de la ciudad.
El gobierno español intenta distribuir a estos niños y adolescentes, en coordinación con organismos internacionales como UNICEF o ACNUR, utilizando varios criterios técnicos y sociales, entre las diferentes comunidades autónomas del país, para aliviar la presión en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla.
Criterios principales para el reparto.
-Población de cada comunidad autónoma: cuanto mayor es, se considera que más menores puede acoger.
-Capacidad del sistema de protección: se evalúa cuántos centros de acogida, profesionales y recursos sociales tiene cada comunidad para tutelar y atender a dichos menores, teniendo en cuanta la infraestructura educativa, sanitaria y de integración social.
-Situación económica: se tienen en cuenta los recursos presupuestarios disponibles y la financiación del sistema de protección de menores en cada región, y el gobierno ofrece fondos extraordinarios a las comunidades que acojan más menores.
-Las comunidades que ya han recibido un número elevado de menores, pueden tener una exención parcial o total de los mismos en el nuevo reparto. El objetivo es evitar sobrecargar regiones que ya están tensionadas.
Se da la paradoja de que aunque Ceuta y Melilla están gobernadas por el Partido Popular, que comparte gobierno con Coalición Canaria en las islas, las 10 de entre 17 comunidades restantes regidas por el PP, rechazan acoger a estos niños y jóvenes que proceden de África. Por todo ello, el gobierno español intenta fórmulas legales de reparto obligatorio, amparadas en el interés superior del menor, y ha propuesto una reforma de la Ley de Extranjería para hacer que el reparto sea obligatorio cuando una comunidad supere su capacidad de acogida.
En España está extendido el tópico y, de momento puede que sea relativamente cierto, de que no somos racistas, pero los último sondeos dan un 26’5% de votos al PP y un 18’9 a VOX. La derecha y ultraderecha suman el 45’4 de votos y avanza un partido claramente xenófobo en Cataluña. Los dirigente de estas formaciones dan a los niños, niñas o adolescentes menores de 18 años que llegan solos al país, sin ningún adulto que legalmente sea responsable de ellos, el apelativo de MEnores No Acompañados, MENAs, tratando de deshumanizarlos, cosificarlos.
Este es el panorama. Juzguen ustedes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.