El nuevo administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Lee Zeldin, anunció el 29 de julio de 2025 su determinación de derogar las principales regulaciones climáticas de ese país, especialmente las medidas para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El anuncio lo realizó en compañía del Secretario de Energía, Chris Wright, uno de los principales ejecutivos de la producción de petróleo y gas por medio del fracking, así como por legisladores republicanos y representantes del sector automotriz.
La EPA reconoció hace 16 años al dióxido de carbono (CO2) y otros cinco gases de efecto invernadero como «contaminantes dañinos» por lo que debían ser regulados en las centrales eléctricas, en las industrias de petróleo y gas y en las emisiones de automóviles y camiones.
El desmantelamiento de estas medidas ha sido una aspiración de las principales empresas de combustibles fósiles y de la industria de automóviles desde entonces. Por este objetivo han financiado a miembros del Congreso, organizaciones civiles y negacionistas del clima para demoler los cimientos de políticas climáticas, tanto nacionales como internacionales.
Su poderosa influencia en la política norteamericana, en particular en el Partido Republicano, condujo al retiro de ese país del Protocolo de Kioto en el 2001, con la llegada de George Bush a la presidencia.
La incorporación de Estados Unidos al Acuerdo de Paris en el 2015, bajo la administración de Barack Obama, quedó sin efecto con la llegada de Donald Trump a la presidencia a inicios del 2017.
La reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de Paris en el 2021, en el inicio de la administración de Joe Biden, fue cancelada nuevamente por Donald Trump tras su regreso a la presidencia a inicios del 2025.
Estados Unidos ha demostrado reiteradamente ser un país poco confiable en negociaciones internacionales. Sus posiciones varían de acuerdo con los caprichos del presidente de turno y sus promesas carecen de credibilidad alguna.
Entre las principales instituciones financiadas por la industria de los hidrocarburos y las empresas de automóviles para socavar los avances, tanto nacionales como internacionales, para afrontar la emergencia climática, se encuentra el Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute, API). Cuando la EPA se pronunció por primera sobre las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero como “contaminantes dañinos” en 2009, el Instituto Americano del Petróleo se opuso de inmediato, argumentando que tales medidas representaban “un peligro para la economía estadounidense y para todas las familias estadounidenses«, tal y como lo declaró entonces su presidente, Jack Gerard.
API se confabuló con otras organizaciones de cabildeo industrial, como la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, para desafiar en tribunales las medidas de la EPA sobre las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Ambas asociaciones se pronuncian ahora en apoyo a las medidas anunciadas por el nuevo administrador de la EPA, Lee Zeldin, señalando que «protegen la libertad de todos los estadounidenses para decidir sobre el automóvil que conducen«.
Entre los más prominentes opositores a las medidas de la EPA para regular las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero se encuentra la Cámara de Comercio de EUA, un grupo de presión que representa a miles de empresas, incluyendo a las de petróleo y gas, servicios públicos de combustibles fósiles y compañías de carbón. Al igual que API, ha apoyado las medidas infructuosas en tribunales contra las resoluciones de la EPA sobre las emisiones de gases contaminantes.
La Cámara de Comercio tiene un largo historial de obstrucción y negacionismo climático, particularmente a través de la Coalición Climática Global (Global Climate Coalition).
La Fundación Heritage fue establecida por las empresas de petróleo, gas y carbón, con el apoyo de las empresas automotrices y de la Cámara de Comercio para generar apoyo científico y académico a sus posturas y políticas. Financia investigaciones de reconocidos negacionistas climáticos para desmentir el calentamiento global, su carácter antropogénico, las conclusiones del Panel Inter-gubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU (IPCC), o para resaltar los presuntos beneficios de una mayor concentración de CO2 en la atmósfera (1). Durante su campaña de apoyo a la re-elección de Donald Trump, la Fundación Heritage preparó un documento de política pública conocido como “Proyecto 2025” que regiría la presidencia del candidato Trump de entonces.
Entre los más prominentes contribuyentes al capítulo sobre la EPA del Proyecto 2025 se encuentra Aaron Szabo, ahora administrador asistente de la agencia. Szabo fue asesor de un grupo de expertos pro-Trump conocido como America First Policy Institute. También fue un ex cabildero para el Instituto Americano del Petróleo, tal y como lo señalara el senador demócrata Sheldon Whitehouse durante la audiencia de confirmación de Szabo como alto funcionario de la EPA.
Otro de los principales ideólogos del Proyecto 2025, Russ Vought, dirige ahora la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca.
Los nuevos administradores de la EPA justifican sus medidas partiendo de un informe del Departamento de Energía, escrito por cinco de los principales negacionistas de la crisis climática, financiados por Heritage Foundation: Steve Koonin, John Christy, Ross McKitrick, Judith Curry y Roy Spencer.
La abrumadora y creciente evidencia científica sobre las causas del calentamiento global, su origen antropogénico y su dependencia del consumo de combustibles fósiles había mantenido a estos negacionistas al margen de la discusión científica y de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático y sus consecuencias para la seguridad de la humanidad. Sus principales argumentos han sido reiteradamente desmentidos y ridiculizados, como que el dióxido de carbono es bueno para la humanidad porque “le encanta a las plantas” y aumenta la «productividad agrícola«, una argumentación detalladamente desmentida en los informes del IPCC, en los que se advierte sobre las graves amenazas al suministro mundial de alimentos por el aumento en la temperatura promedio global.
Otro de los grupos de negación climática más antiguos de Estados Unidos, el Instituto Heartland, participó en la elaboración del plan maestro Proyecto 2025. Tras elanuncio de Zeldin emitió un comunicado en el que señala que «el presidente Trump está haciendo lo correcto para la economía, el medio ambiente y el pueblo estadounidense«.
El Instituto Heartland cuenta con un importante aliado en el Reino Unido, Nigel Farage, jefe del partido político de derecha Reform UK. En su conferencia ante la Alianza para una Ciudadanía Responsable (Alliance for Responsible Citizenship, ARC) a inicios del 2025, Farage afirmó que es «absolutamente loco» que el dióxido de carbono se considere un contaminante.
Entre los principales financistas del negacionismo climático, de la Fundación Heritage y del Instituto Heartland se encuentran los magnates petroleros Charles y David Koch. Su influencia se extiende a otras organizaciones negacionistas, como la Coalición CO2, cuyo cofundador William Happer estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional en la primera administración de Trump, la Alianza Energética Estadounidense y el Instituto de Empresas Competitivas. Estas organizaciones lograron una victoria clave en el caso de West Virginia vs EPA ante la Corte Suprema de Estados Unidos, debilitando la autoridad de la EPA para regular las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes.
En fallo del 30 06 2022, la Corte Suprema determinó que la EPA estaba autorizada para promover la reducción de las emisiones de plantas termoeléctricas a través de la incorporación de tecnologías apropiadas para ese fin, como la incorporación de filtros o mejoras en eficiencia, pero carecía de autorización por parte de Congreso para exigir cambios tecnológicos, como la sustitución del carbón por energías renovables.
El senador Whitehouse señaló en un comunicado que «la derogación de la Administración Trump [sobre las emisiones de gases de efecto invernadero] tiene las huellas dactilares aceitosas de la industria de los combustibles fósiles por todas partes. Trump prefirió defender los intereses de sus mega-donantes del sector de los combustibles fósiles sobre los intereses del pueblo estadounidense«.
Las políticas anunciadas por la nueva administración de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aparentan fundamentarse en un informe del Departamento de Energía plagado de errores conceptuales, manipulación de datos y conclusiones especulativas. Todo luce más como un teatro de lo absurdo cuyo único propósito es plegarse a los ignorantes planteamientos de Donald Trump sobre el calentamiento global: es sólo un cuento Chino, una farsa, un complot internacional en el que participan todos los países del mundo (excepto Estados Unidos), así como todas las Academias de Ciencia del mundo y los principales centros de investigación especializados en la materia, incluyendo los de Estados Unidos, como la NASA (National Aeronautics and Space Administration), la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), la Academia de Ciencias, la Universidad de Columbia y la Universidad de California, ente muchos otros. En el peor de los casos, señala Trump en su supina ignorancia, el calentamiento global “implicaría la pérdida de un octavo de pulgada de las playas por el aumento en el nivel del mar en 300 años”.
Las empresas de automóviles se consideran satisfechas por la eliminación de la competencia por parte de los carros eléctricos chinos, a los que se les aplica un arancel del 100%. También se consideran satisfechas por la protección al mercado de automóviles con motores de combustión interno y por la eliminación de la legislación que exigía aumentos programados en su eficiencia energética, para aumentar el rendimiento por litro de gasolina o gasoil consumido. Las empresas petroleras se benefician por la protección al mercado interno de gasolina y gasoil, sin consecuencia alguna por la contaminación por emisiones o por su contribución al calentamiento global.
Con las medidas anunciadas por la Agencia de Protección Ambiental, las empresas petroleras, gasíferas y del carbón norteamericanas pueden aumentar la producción y la emisión de CO2, metano y óxido nitroso sin limitación ni consecuencia alguna, traicionando los compromisos asumidos por Estados Unidos ante el mundo entero hace apenas cuatro años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió ante todos los países del mundo, en plenaria del Acuerdo de Paris en noviembre 2021, a que Estados Unidos alcanzaría emisiones netas cero para el 2050 a más tardar.
Las políticas del presidente Trump convierten a Estados Unidos en un país paria, traicionando los esfuerzos de todos los demás países del mundo por superar la crisis del calentamiento global, la peor amenaza colectiva que ha enfrentado la humanidad en toda su historia. Estados Unidos desconoce sus responsabilidades históricas en la gestación de la crisis climática mundial y traiciona a los pueblos más vulnerables al calentamiento global. Se apodera además de una cantidad descomunalmente desproporcionada del presupuesto disponible de emisiones para limitar el impacto destructivo del aumento en la temperatura media global.
Estados Unidos, con apenas el 4% de la población mundial, es el país que más ha contribuido a la gestación de la crisis climática actual. Sus emisiones acumuladas hasta la fecha superan las de China, India, África y América Latina juntos, con el 60% de la población mundial. Su deuda climática es equivalente a su producto territorial bruto.
Las políticas anunciadas por la administración de Donald Trump están orientadas a maximizar la producción y consumo de combustibles fósiles por décadas, mantener su posición como el principal productor mundial de petróleo (13,4 millones barriles diarios) y gas (1,3 billones m3, 2023), impulsar su desarrollo industrial y tecnológico sin consideración por sus impactos ambientales, desconocer sus responsabilidades históricas por el calentamiento global, traicionar al resto de la humanidad en sus esfuerzos por superar la crisis climática e imponer sus intereses nacionales sobre los de los demás países del mundo, independientemente de sus consecuencias sociales o ambientales.
La Corte Internacional de Justicia se pronunció el 23 de julio 2025 sobre la obligación de todos los países de contribuir, en proporción con sus correspondientes capacidades y responsabilidades, a la superación de la crisis climática mundial. Entre sus principales conclusiones se encuentran las siguientes:
Obligación jurídica internacional: Los Estados tienen la obligación, según el derecho internacional, de proteger el sistema climático y el medio ambiente frente a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico.
Responsabilidad por daños: Si un Estado causa daño al clima, ya sea por acción o por omisión, incurre en un hecho internacionalmente ilícito. Esto conlleva a la obligación de cesar la conducta, garantizar su no repetición y reparar íntegramente los daños causados (restitución, compensación y satisfacción).
Derecho humano al medio ambiente sano: La CIJ reafirmó que un entorno limpio, saludable y sostenible es un derecho humano fundamental, lo que vincula la acción climática con tratados sobre la protección de los derechos humanos.
Más allá del Acuerdo de París: La CIJ destacó que las obligaciones climáticas no se limitan al Acuerdo de París, sino que se extienden a todo el marco del derecho internacional, incluyendo la Carta de la ONU y tratados sobre derechos humanos.
Deber de cooperación: Los Estados deben actuar con buena fe y cooperar entre sí para prevenir daños significativos al sistema climático planetario.
Aunque la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia no es jurídicamente vinculante, marca un poderoso precedente que puede influir tanto en litigios climáticos futuros como en negociaciones internacionales, como la inminente COP-30 del Acuerdo de París, a celebrarse en Brasil en noviembre 2025. Puede también aumentar la presión sobre los grandes emisores para que actúen con mayor diligencia y responsabilidad.
Queda por verse si la Corte Internacional de Justicia es capaz de pasar de las palabras a los hechos ante el evidente desconocimiento por parte de Estados Unidos de sus responsabilidades histórica como el principal responsable de la crisis climática actual, así como por su traición a la comunidad internacional en su esfuerzo por superar esta amenaza existencial planetaria.
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