115.598 hectáreas; es la superficie quemada en agosto -en el estado español- debido a la oleada de incendios; esta cifra casi triplica la superficie abrasada durante el resto de 2025 (41.903 hectáreas hasta finales de julio), según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea, citados el 14 de agosto por Europa Press.
A ello se suman tres personas muertas, otras muchas desalojadas y confinadas; el impacto en espacios naturales protegidos y el corte de vías ferroviarias y carreteras; Castilla y León es la autonomía más afectada (12 grandes incendios), pero el fuego también ha causado estragos en Galicia, Extremadura, Asturias, Andalucía o la Comunidad de Madrid.
Las competencias sobre prevención y extinción de incendios forestales corresponden a las comunidades autónomas; pero si se considera en términos globales (Administración estatal y autonómica), la inversión en prevención ha pasado de 364,17 millones de euros en 2009 a 175,8 millones en 2022 (reducción del 51%), según la estadística de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) citada por la Cadena Ser.
En el País Valenciano, destaca el incendio forestal sucedido en el municipio de Teresa de Cofrentes (600 habitantes, Valencia), declarado el 13 de agosto y estabilizado dos días después, tras calcinar cerca de 500 hectáreas y motivar más de una decena de desalojos; las llamas se han extendido cerca del Macizo del Caroig, de importante valor ecológico y paisajístico.
¿Existe alguna relación entre el fuego que prende en los bosques y la precariedad laboral? Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, adscrito a la Diputación, interrumpieron la huelga de celo iniciada el 29 de junio con el fin de participar en la extinción del incendio que afectaba a Teresa de Cofrentes (en alguna de las protestas mostraron carteles con la consigna Bomberos sí, toreros no).
UGT, Intersindical y CGT habían declarado la citada huelga en nueve parques de bomberos (de seis zonas) de la provincia, porque la Diputación de Valencia rechazaba una ampliación de la plantilla; ante la falta de personal, los trabajadores se han negado a la realización de horas extraordinarias; bomberos del consorcio ya señalaron esta falta de medios y material durante la catástrofe de la DANA, el 29 de octubre de 2024.
Precisamente los tres sindicatos en el Consorcio de Bomberos de la Diputación denunciaron, el pasado 7 de agosto, que, cuando ocurrió la gran riada, “faltaba por contratar el 40% de la plantilla”.
En cuanto a los bomberos forestales de la Generalitat (GVA), adscritos a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), están reivindicando actualmente la implantación del llamado tercer turno; y exigen, para ello, una cronología concreta y hechos constatables; de lo contrario, anuncian movilizaciones.
Se han producido avances en el proceso de estabilización de la plantilla de bomberos forestales en la empresa pública SGISE (adjudicación de plazas).
Y también, para lograrlo, movilizaciones en la calle, por ejemplo el 12 y el 23 de marzo de 2024; los bomberos de la GVA convocaron entonces protestas contra los recortes de plantilla, ante el Palau de la Generalitat y en el municipio de Chiva. Reclamaron un convenio “digno”; que se ejecutara el proceso de estabilización; la eliminación de la temporalidad y el establecimiento del tercer turno; las manifestaciones estaban promovidas por la CGT, el sindicato profesional SPPLB, Comisiones Obreras, UGT, el CSIF y EMAD.
Además el 30 de octubre de 2023, los bomberos forestales de la Generalitat se concentraron ante la Ciudad Administrativa 9 de Octubre de Valencia, para reclamar entre otros puntos “el establecimiento del 100% de unidades de refuerzo durante todo el año y un primer convenio colectivo para los trabajadores de la SGISE”.
Prueba de que se trata de una batalla intensa y a largo plazo es que el citado colectivo ya participó en cuatro huelgas de una jornada en agosto de 2021, y otras tres en julio, contra las contrataciones en fraude de ley y a favor de la estabilización de los puestos de trabajo; convocaron los paros CGT, SPPLB, Intersindical, UGT y el Col·lectiu de Bombers Forestals en Frau de Llei.
En el estado español, una parte de las reivindicaciones laborales están resumidas en un comunicado de la CGT, el pasado 14 de agosto; “cada año, el fuego nos arrasa… y no hablamos sólo del monte, también de vidas, cuerpos calcinados, de familias destrozadas, de muertes que se podrían haber evitado. Y nadie asume responsabilidades”, denuncian.
Hacen hincapié, por ejemplo, en la inaplicación de la Ley Básica de Bomberos Forestales (noviembre de 2024), cuyo objeto es regular las funciones del personal que -en el ejercicio profesional de bombero forestal- realice labores de extinción; pero el sindicato critica que los trabajadores continúan en condiciones de precariedad, temporalidad y en régimen de subcontratación.
Así, “no somos funcionarios, ni laborales fijos. No tenemos garantías, ni categoría profesional, ni planes de carrera, ni estabilidad; sólo tenemos riesgo”, añaden.
El comunicado enumera ejemplos de graves insuficiencias: jornadas que pueden alcanzar las 14 horas seguidas, y sin que se respeten los descansos mínimos; salarios que pueden situarse en los 1.300 euros mensuales, o en sumas inferiores; “no se nos reconoce la toxicidad, penosidad y peligrosidad”; a ello se agrega la falta de formación especializada, de EPI (Equipos de Protección individual) adecuados, y de medios técnicos y humanos suficientes.
Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha calificó, el 12 de agosto, de “nefastos” los avituallamientos -durante algunos de los incendios- en esta autonomía; hasta el punto que unidades de extinción no recibieron siquiera un bocadillo durante la jornada laboral (sólo pudieron comer cuando fueron relevados).
¿Existe, en determinados casos, un negocio del fuego? En Castilla y León hasta 35 empresas privadas toman parte en el operativo de prevención y extinción, declaró un bombero forestal (anónimo) a la Cadena Ser el 13 de agosto. La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) denunció, dos días después, los dispendios de la Junta:
“Con un presupuesto cinco veces mayor que el de 2022, han gastado en multitud de licitaciones para el beneficio de empresas privadas, alquiler de autobombas con un sobredimensionado coste, desmantelamiento de torre de vigilancia, compras de tablets y cámaras inútiles, kits intragables de avituallamientos a base de sales solubles y cacahuetes (…)”.
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