Tras dejar arder bosques y montes engordando el negocio de la extinción, comienza el negocio de la madera quemada.
Apagar los incendios en cuanto se inician no es negocio. Negocio es dejarlos crecer y luego intervenir con miles de horas de recursos (privados la mayoría), que hubieran sido innecesarios con una vigilancia básica. Negocio es sacar la madera quemada para venderla.
Tras los pavorosos incendios de este verano, y en contraste con la falta de diligencia para reforzar las estructuras de extinción no privatizadas, la Junta de Castilla y León no ha tardado en dar el pistoletazo de salida para la extracción de la madera quemada. Bajo la dirección del incombustible Quiñones y al grito de «más madera«, se podría estar preparando otro pelotazo para sus colegas, al establecer la obligatoriedad de sacar la madera quemada de los montes con la excusa de la prevención de plagas.
La entrada, como elefante en cacharrería, de maquinaria y camiones en las zonas afectadas, puede impedir la recuperación de los suelos y la destrucción de los pocos nutrientes y estructuras que hayan quedado, es decir, puede tener un impacto negativo en la recuperación natural de los ecosistemas, y ser una aberración por los “costes ecológicos», algo que a los políticos les tiene sin cuidado, por cierto. Esta intervención solo podría tener algún sentido en el caso de las plantaciones de pinos, pero es mucho más discutible en el caso de los bosques naturales de frondosas, ya que la capacidad de regeneración de éstas se va a reducir si se destruyen los pocos nutrientes y el soporte estructural que queda.
Dado que desde la Academia hay diversas opiniones de como actuar, ante la lógica discrepancia (algo inherente a la ciencia y absolutamente imprescindible para el avance del conocimiento), es conveniente utilizar la prueba del algodón, es decir, seguir el rastro del dinero y los posibles conflictos de interés.
Así, Quiñones no nos explica en ningún momento cual va a ser el destino de la madera extraída, lo que genera sospechas fundadas por su histórica compulsión incendiaria y su debilidad por la construcción de calderas para la incineración de biomasa, cuando lo sensato seria prohibir su venta como medida para desincentivar las quemas. Que nadie se beneficie de los incendios.
Sin embargo, las medidas oscurantistas cuadran con el discurso mantenido por la Junta, de una «supuesta necesidad» de llenar la región de «centros logísticos de biomasa» y sus correspondientes centrales de incineración (recordemos, para quemar árboles) para «ofrecernos calefacción», para nuestros cada vez menos crudos inviernos. Sin embargo, lo que se va a producir con esta política suicida es un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto de las temperaturas, de la dispersión de contaminantes entre la población, y la progresiva desaparición de nuestros bosques autóctonos con la consiguiente la reducción de su capacidad para absorber carbono.
Detrás de esta estrategia podrían estar las empresas de siempre, con las manos abiertas para recibir a precio de saldo el combustible para mantener su negocio y las calderas que envenenan a la población, eso sí, recibiendo dinero de nuestros impuestos, ya que dicho negocio no parece rentable sin subvenciones públicas.
Incinera baby, incinera.
COORDINADORA EN DEFENSA DEL TERRITORIO