Han pasado cincuenta años desde que España decidió firmar los Acuerdos Tripartitos de Madrid y abandonar el Sáhara Occidental en uno de los momentos más críticos de su historia.
Medio siglo después, los efectos de aquella decisión siguen vivos: un pueblo dividido, un territorio ocupado y una responsabilidad que España continúa sin asumir. No se trata solo de un episodio del pasado; es una herida que atraviesa el presente y condiciona cualquier posibilidad de solución justa. Este artículo analiza ese legado, la continuidad de la política española y la resistencia de un pueblo que, pese a todo, nunca ha dejado de luchar.
La traición de 1975: un acuerdo ilegal y una renuncia consciente
El 14 de noviembre de 1975, España firmó con Marruecos y Mauritania los Acuerdos Tripartitos de Madrid, un pacto que pretendía “transferir” la administración del Sáhara Occidental. Pero aquel documento —negociado en plena agonía del franquismo— fue desde el primer momento un fraude: España no tenía capacidad legal para ceder la administración de un territorio no autónomo y, además, no podía sustituir el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
La ONU nunca reconoció esos acuerdos. Apenas días después, el Secretario General dejó claro que España seguía siendo, hasta completar la descolonización, la potencia administradora del Sáhara Occidental. El Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975 —tan solo un mes antes— había reafirmado que no existía soberanía marroquí sobre el territorio. Todo lo demás fue una maniobra política para dar cobertura a una invasión militar ya en marcha.
Aquella firma selló uno de los episodios más vergonzosos de la historia contemporánea de España: el abandono de un pueblo colonizado que confiaba en un referéndum prometido y el inicio de un éxodo bajo fuego real, con bombardeos documentados por organismos internacionales.
De la retirada a la complicidad: la continuidad del error
Cincuenta años después, el patrón se repite. España ha pasado de la retirada cobarde a la complicidad activa. Ningún gobierno español ha corregido la premisa falsa de 1975: que España “se desentendió” del Sáhara Occidental. La realidad jurídica, ignorada sistemáticamente, es clara: la descolonización no se completó y la responsabilidad de España sigue vigente.
La política exterior española —a menudo condicionada por la presión marroquí— ha reforzado un statu quo injusto. La carta enviada en 2022 por Pedro Sánchez, respaldando unilateralmente el plan de autonomía marroquí, fue la expresión más reciente de esa continuidad histórica: España avalando la versión del ocupante, en contra del derecho internacional y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han insistido en que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental.
España ha preferido priorizar acuerdos económicos, intereses migratorios y estabilidad fronteriza antes que asumir su obligación histórica: garantizar que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a decidir. De la cobardía hemos pasado al cálculo político. El efecto es el mismo: la prolongación de la ocupación.
Medio siglo de resistencia saharaui: un pueblo que nunca se ha rendido
Frente a los acuerdos ilegítimos de 1975 y la consolidación de la ocupación marroquí, el pueblo saharaui ha desarrollado una de las experiencias de resistencia más firmes y sostenidas del mundo contemporáneo. El Frente Polisario, reconocido por la ONU como representante legítimo, ha mantenido un proyecto nacional coherente, resistente y organizado pese al exilio, la represión y el silencio internacional.
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), miembro fundador de la Unión Africana, ha consolidado instituciones políticas y sociales sólidas. En los territorios ocupados, la población saharaui continúa manifestándose pacíficamente, a pesar de detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas y una vigilancia sistemática documentada por organizaciones internacionales. Y desde la ruptura del alto el fuego en 2020, el conflicto armado ha vuelto a marcar un escenario que Marruecos y algunos actores internacionales intentaron ocultar bajo la ficción de una “normalidad” inexistente.
Nada de esto se entiende sin la fuerza colectiva saharaui: un pueblo que ha resistido 50 años sin renunciar a su derecho a la independencia.
España: una responsabilidad que no prescribe
España intenta presentarse como un actor “neutral”, pero la neutralidad no existe cuando se trata de un territorio cuyo proceso de descolonización sigue pendiente. Las obligaciones del derecho internacional —como recuerda cada año la Cuarta Comisión de la ONU— no desaparecen porque hayan pasado cinco décadas. La responsabilidad de España sigue siendo directa: conducir, facilitar y garantizar un proceso real de autodeterminación.
No es solo una cuestión moral. Es una cuestión jurídica. Y es también una cuestión política: España no recuperará credibilidad internacional mientras continúe sosteniendo una posición que contradice su propia historia y la legalidad internacional.
Cincuenta años después: lo que sigue en pie
Cincuenta años después de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, quedan varias certezas:
– El acuerdo fue ilegal y no descolonizó el territorio.
– España sigue siendo la potencia administradora, lo reconozca o no.
– Marruecos ocupa el Sáhara Occidental en violación del derecho internacional.
– El pueblo saharaui mantiene intacto su derecho a la autodeterminación.
– Sin referéndum, no hay solución política posible.
Y, sobre todo, que la causa saharaui no ha sido derrotada. Ha resistido medio siglo y se ha convertido en un símbolo internacional de dignidad, cohesión y derecho.
España tiene aún la posibilidad —y la obligación— de rectificar. La historia no podrá reescribirse, pero sí puede corregirse. El primer paso es reconocer la verdad: el Sáhara Occidental no fue descolonizado en 1975. El segundo, actuar en consecuencia.
Victoria G. Corera. Plataforma No te olvides del Sáhara Occidental