En estos días, el Gobierno de Asturias, por medio del consejero de Sanidad y del propio Presidente del Principado, ha manifestado que la sociedad asturiana no puede mantener el actual ritmo de crecimiento del gasto sanitario. Una alerta de crisis de sostenibilidad de la sanidad pública, dirigida a toda la ciudadanía y, en particular, a […]
En estos días, el Gobierno de Asturias, por medio del consejero de Sanidad y del propio Presidente del Principado, ha manifestado que la sociedad asturiana no puede mantener el actual ritmo de crecimiento del gasto sanitario. Una alerta de crisis de sostenibilidad de la sanidad pública, dirigida a toda la ciudadanía y, en particular, a los sectores profesionales de la salud.
La sostenibilidad es uno de los grandes debates, de permanente actualidad, en los sistemas de salud de todo el mundo: el sector sanitario es el que más crece, y más rápidamente, de todos los sectores productivos. Por tanto, hay base real para la preocupación, como demuestra el 8,6% sobre el PIB, de gasto sanitario medio en los países de la OCDE, aunque España se encuentra 1 punto por debajo.
Por tanto, hay razones -incluso en España- para la preocupación, pero es necesario saber que estamos en un debate que frecuentemente obedece a otros intereses, no siempre declarados, como avanzar hacia el copago o directamente a la privatización del sistema sanitario. Parece obvio que no es nuestro caso. No tenemos datos que nos permitan dudar de las convicciones y el apoyo del Consejero o del Gobierno a la sanidad pública. Sin embargo, no deja de llamar la atención que, ante un tema complejo y multifactorial como la sostenibilidad, la responsabilidad del gasto se coloque en exclusiva (o al menos eso es lo que se deduce de las mencionadas declaraciones) en el personal sanitario, y en particular en el personal médico.
No cabe duda de que los médicos tienen una posición clave en el proceso productivo; pero no se puede simplificar y reducir la sostenibilidad a los médicos, y, menos aún, eludiendo otras responsabilidades (que corresponden directamente a la Consejería y al Gobierno) y que son de similar o mayor importancia.
El término sostenible (sustentable o perdurable) fue definido en el informe Brutland (1987): Satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades del futuro. ¿Puede un sistema nacional de salud ser sostenible? ¿Es posible que siga siendo universal y gratuito para las generaciones venideras? Y en caso positivo, ¿cómo se puede conseguir?
Es bien sabido que el modelo actual de asistencia sanitaria origina irracionalidad y despilfarro, porque reside en dar una respuesta médica a todos los problemas y malestares, porque se construye desde el paternalismo de los servicios de salud que promueven en la población pasividad y consumismo sanitario, porque es la hegemonía del «sanitarismo», que sustituye y anula la capacidad de la población para asumir responsabilidades en el mantenimiento y la mejora de su salud y, en esa medida, de la promoción de la salud. En nuestra opinión, hay que apostar por otro modelo, construido desde la Salud Pública y las políticas intersectoriales (que dependen directamente del Gobierno) porque son las que tienen verdadera potencialidad para producir salud para toda la colectividad. Así es como se puede combatir, y con bajo coste, la hipertensión, el colesterol y tantos otros problemas y enfermedades. Un nuevo escenario de sostenibilidad, probado por múltiples evidencias, en donde, como dijo Sir Derek Wanless, ex ministro de Hacienda británico, el ahorro sería casi infinito.
Hay que considerar, además, otras causas del aumento del gasto sanitario. Los expertos estiman que los precios de las nuevas tecnologías explican hasta el 75% del total del incremento, correspondiendo 1/3 de este capítulo al gasto farmacéutico. Es decir, el sistema depende de tecnologías privadas, muy caras, sin que la Administración haya sido capaz de dar una respuesta adecuada. Por ejemplo, regulando institucionalmente las prestaciones para eliminar aquellas que son innecesarias y redundantes (propias de la medicalización) y que, además, siempre conllevan efectos adversos, o promoviendo la centralización y las economías de escala para racionalizar las compras; o generando recursos tecnológicos propios en puntos sensibles y estratégicos, o privilegiando el uso racional de los medicamentos y aumentando el consumo de genéricos a niveles europeos…
No debemos eludir, por ultimo, la efectividad y la eficiencia de los servicios sanitarios y, dentro de ellos, el rol de las plantillas, de indudable importancia en la sostenibilidad del sistema. Cuestiones como la dedicación exclusiva, aplicando estrictamente la ley de incompatibilidades, la ampliación de horarios o la coordinación entre instituciones y niveles son algunas de las necesidades más elementales. En todo caso, activar la cooperación y la responsabilidad pública de los trabajadores sanitarios requiere que las instituciones no les sean ajenas: es decir, que no sigan siendo «propiedad de los gerentes» como ocurre con los hospitales, puesto que la atención primaria ni siquiera parece tenerlos. A los profesionales de la salud no se les puede pedir lealtad y compromiso con el sistema público sin reconocimiento de su trabajo y sin participación en el manejo estratégico de las instituciones.
A modo de conclusión, nuestro Gobierno tiene que entender que las políticas de salud son inversiones interdisciplinarias, y no simplemente gasto. Que la salud y la sostenibilidad de los sistemas de salud son problemas políticos, que requieren respuestas, estrategias y alianzas políticas, por mucho que se pretenda poner la pelota en el alero de la ciudadanía o de los profesionales sanitarios.
*Carlos Ponte es médico de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.