-«No podemos permitir que las personas vivan por encima de sus posibilidades», dijo Facundo; -«Sí, pero ¿Cuándo vamos a ocuparnos de los que vivimos por debajo de nuestras posibilidades?», le contestó Pánfilo, en medio de esos diálogos no tan sutiles que sostienen los personajes de Vivir del cuento, quizás el espacio de más audiencia de […]
-«No podemos permitir que las personas vivan por encima de sus posibilidades», dijo Facundo; -«Sí, pero ¿Cuándo vamos a ocuparnos de los que vivimos por debajo de nuestras posibilidades?», le contestó Pánfilo, en medio de esos diálogos no tan sutiles que sostienen los personajes de Vivir del cuento, quizás el espacio de más audiencia de la televisión cubana.
Las diferencias sociales en el país vuelven a traerse a colación ahora que la nación analiza la reforma a la Constitución vigente desde 1976. ¿Dónde radica la inquietud? ¿En la concentración de la riqueza, del ingreso, o de ambos?
De acuerdo con la nueva formulación del artículo 22 de la Carta Magna el Estado cubano evitará que ocurra la concentración de la propiedad. Sin embargo, durante los debates parlamentarios algunos diputados no las tenían todas consigo. «Nos preocupa el costo de la concentración de la riqueza en la sociedad», opinó la diputada Alicia Alonso Becerra.
«En las normas aprobadas y otras que debemos aprobar es factible desde el punto de vista jurídico regular la propiedad, (…) pero en términos de riqueza (…) es mucho más difícil la regulación, porque llevaría límites cuantitativos que son difíciles de establecer y que difieren a partir de los distintos ingresos que pueden tener las personas», argumentó a nombre de la Comisión que redactó la reforma, la diputada Johana Odriozola Guitart, titular de la Dirección Jurídica del Ministerio de Economía y Planificación.
Al parecer los cambios propuestos a la Ley de Leyes cubana no tratarían, en primera instancia, de limitar la capacidad de la gente de incrementar legítimamente sus ingresos sino de controlar la posesión de los medios de producción, que es mucho más que propiedades.
Pero con todo y eso… ¿Cómo saber la distribución de riquezas y de ingresos en el país?
La interrogante no puede responderla con total precisión ni siquiera alguien con acceso a información estadística actualizada como Marino Murillo Jorge, quien dirige la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. La dualidad monetaria y cambiaria enturbia la nitidez de la visión del asunto, dijo recientemente. Los datos disponibles solo dan una idea aproximada sobre como se ha movido la posesión y la «desposesión» de la riqueza en el país.
El propio Murillo aseguró que «en la década del 80 Cuba fue una sociedad muy equitativa». Su afirmación la apoyó en el coeficiente Gini que mide la equidad en la distribución del ingreso en una escala de 0 a 1, en la cual 0 significa que la sociedad es más equitativa, si tiende a 1, todo lo contrario. En 1989, indicó, el índice en Cuba se movía entre 0,22 y 0,27.
Ya a la altura del año 2000 -luego de la crisis del 90- el coeficiente Gini se había movido hasta 0,38. «Los últimos datos calculados a vuelo dan ahora más de 0.45», aseguró en marzo pasado, José Luis Rodríguez, exministro de Finanzas y Precios y de Economía.
Un grupo de expertos reunidos a instancias de la revista Temas convinieron en que hoy es sumamente difícil establecer con claridad la línea divisoria pobreza-riqueza en Cuba viéndolo solo desde el ángulo monetario. En primer lugar porque el salario pagado por el Estado dejó de ser la fuente primigenia de ingresos y no todo el capital se mueve mediante mecanismos que permitan contabilizarlos, como los bancos.
Incluso atenidos a dichos indicadores son palpables las distancias. En la actualidad «el uno por ciento de los trabajadores reciben salarios que promedian los dos mil pesos (CUP) mensuales [y] el 85 por ciento de lo depositado en el banco corresponde a 13 por ciento de la población», sostuvo en el mencionado foro, Carlos Albizu-Campos Espiñeira, investigador del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Sondeos citados allí, pero realizados en La Habana indicaron que los más altos ingresos individuales rozarían los 20 mil pesos convertibles (CUC, un CUC equivale a 25 pesos CUP)) los cuales estarían yendo a manos de medianos empresarios privados quienes actúan en el turismo, comercio y la gastronomía de alto estándar, así como en la industria de reconstrucción y mantenimiento de autos de lujo. A estos se unirían agricultores del occidente del país o de otras regiones especializados en la cría de cerdos o el arroz cuyas ganancias anuales rozan el millón de pesos (CUP).
En el otro extremo se ubica quienes apenas reciben ingresos en el entorno de los 10 CUC mensuales, unos 250 CUP.
Estas personas serían los pobres en Cuba. Ellos y ellas, dice la profesora Mayra Paula Espina Prieto «gozan de servicios públicos de alta calidad, servicios que son exactamente los mismos a los que acceden todos los grupos de ingresos y que incluyen estudios universitarios, trasplantes de órganos, vacunas variadas». Insiste la socióloga cubana especializada en el tema de las desigualdades que la diferencia con el resto de la población del Archipiélago radica en que «les resulta muy difícil cubrir sus demandas de alimentos y otras necesidades básicas que se satisfacen en el hogar, en buena medida a través del mercado. A ello se suma la dificultad para disponer de una vivienda adecuada. Se trata de una situación en la que el ámbito de generación autónoma de medios propios para satisfacer necesidades y elegir sus satisfactores está seriamente dañado».
También las dinámicas territoriales suelen ser determinantes en este sentido. De hecho ya en 1999 un estudio clasificó a las provincias cubanas atendiendo a su grado de incorporación a los cambios económicos impulsados por el primer paquete de reformas que derivó en el capítulo inicial de la expansión del sector emergente de la economía, combinándolos con el desarrollo humano alcanzado que incluye a la esperanza de vida, educación promedio, porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza e indicadores diversos del aprovisionamiento económico general.
Se concluyó entonces, por ejemplo, que las provincias de La Habana y Matanzas tenían el más alto desarrollo humano y la mejor inserción en los cambios. En el otro extremo: Las Tunas, Granma y Guantánamo, mostraban el más bajo índice de desarrollo humano y estaba a la saga en la inserción en las transformaciones. Otras como Holguín y Ciego de Ávila, aunque se mantenían en el rango medio de desarrollo humano, habían logrado, comparativamente, sacar mejor partido de los cambios económicos de los 90, en especial lo concerniente a inversiones en áreas de desarrollo generadoras de empleo.
Puede que la Constitución haya aceptado lo evidente e innegable, la existencia de un grupo de personas en situación desfavorable desde el punto de vista económico que calificarían como pobres y otras que calificarían como ricos. No obstante, tal cual advierte la profesora Mayra Paula Espina Prieto, eso no implica comulgar con la idea de una supuesta «naturalidad» de la pobreza o que «que dicha diversidad está determinada por cualidades personales, elecciones individuales, eficientes o ineficientes, que conducen a una ubicación socio estructural dada, ventajosa o desventajosa».
El punto, señala correctamente Espina Prieto, es reconocer «el peso determinante de las constricciones socio estructurales en la conexión desigual que los distintos grupos sociales tienen en relación con el acceso a los satisfactores de sus necesidades y en los nexos inclusión/exclusión, como así también la baja calidad del mercado como instrumento de distribución equitativa de bienes». «Las políticas [entonces] tendrían que orientarse hacia la alteración de esas constricciones en el ámbito de lo social». Eso la Revolución lo ha hecho desde el comienzo y deberá mantenerse entre sus prioridades más relevantes de cara al futuro, incluso más allá de la Constitución.