Tres meses después de las elecciones generales todo apunta al fracaso de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. No parece que vaya a sacar mucho más de sus 123 votos, muy lejos de los 176 de la mayoría. Lo cierto es que Sánchez no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo para asegurarse los […]
Tres meses después de las elecciones generales todo apunta al fracaso de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. No parece que vaya a sacar mucho más de sus 123 votos, muy lejos de los 176 de la mayoría. Lo cierto es que Sánchez no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo para asegurarse los apoyos de los 42 diputados de Unidas Podemos. Y de la consulta convocada por Podemos, dentro de su conocida línea de pedir opinión a las bases, no parece que pueda salir un sí a la investidura. A ello hay que añadir que pueden perder los 19 votos de ERC y Bildu que se abstendrían si hubiera acuerdo PSOE-UP. Por último, está el rechazo de las tres derechas. El batacazo sería grande y la responsabilidad sería de Sánchez y de sus asesores.
El fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos anuncia que -si no se evita in extremis-, la sesión de investidura va a ser una derrota para las fuerzas progresistas. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Por un lado, es evidente que no ha existido suficiente voluntad negociadora ni la finura necesaria para cerrar un acuerdo. Pero, sobre todo, creo que han sido muy potentes las fuerzas internas y externas que han intrigado contra la posibilidad de dar un rumbo progresista al nuevo Gobierno.
Que no ha existido suficiente voluntad negociadora lo demuestra que la estrategia del PSOE ha sido dar vueltas y más vueltas al asunto sin alcanzar acuerdos en el programa y para un Gobierno de coalición. Hablar de «cinco propuestas» realizadas no es un signo de flexibilidad ni de cesión, sino más bien de ratonería política intentando comprometerse lo menos posible para tener las manos libres y no enfadar a las élites que claman contra la participación de Unidas Podemos.
Los errores han podido ser de todas las partes. Sin negar importancia y legitimidad a un Gobierno de coalición, quizá habría que priorizar los contenidos del programa de Gobierno, porque eso es lo que realmente mide si la política se orienta en favor de la mayoría social o en no incomodar a los poderes económicos. Y la propuesta que mandó el PSOE el 8 de julio (España Avanza) era peor que el acuerdo para los PGE de 2019. Como bien ha desmontado Nacho Álvarez, en la propuesta del PSOE desaparecen entre otras cosas, el bono social eléctrico, el control fiscal sobre las SICAV y las SOCIMI para evitar la elusión fiscal, el incremento de un 1% en el Impuesto del Patrimonio sobre patrimonios superiores a los 10 millones de euros, la regulación del mercado eléctrico, la limitación de los precios de los alquileres, la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral (modificación sustancial de condiciones de trabajo, no caducidad de los convenios…). Es decir, menos que hace un año.
Pedro Sánchez en la SER, ha jugado perfectamente su papel de «víctima», intentando cargarse de razón con sus cinco propuestas a UP; reiterando que UP acabará votando con la ultraderecha y que impedirá como en 2016 que sea presidente. Responsabiliza a Pablo Iglesias por convocar una consulta que es una «mascarada», intentando meter más lío en las bases de Podemos donde ya tienen su ruido. Esta consulta le gustará o no a Sánchez, pero es tan legítima como la que hizo el PSOE en 2016 sobre sus acuerdos con Cs. Y hasta más democrática que la ejecutiva del PSOE decida que el Gobierno sea monocolor. El candidato a presidir España se equivoca si intenta buscar culpables en vez de ofrecer soluciones.
Como dato significativo, Pedro Sánchez ha reconocido en la entrevista que Pablo Iglesias no ha pedido ser vicepresidente: «No, no me ha pedido nunca eso…». Algo que, de haberlo hecho, sería perfectamente legítimo, pero que demuestra las mentiras en las que se ha desenvuelto el proceso. Porque ¿cuántos dirigentes del PSOE han dicho o han filtrado a los medios esa falsa información para descalificar al «socio preferente»?
En el fondo y en las formas, Pedro Sánchez ha quemado las naves para un acuerdo con la izquierda y para un Gobierno de progreso y permiten desvelar su estrategia real: Unidas Podemos debe de dar su apoyo a la investidura prácticamente gratis y, luego, el Gobierno irá pactando cada ley o medida con la derecha o la izquierda según sea el tema.
Cuando Sánchez da por cerrada la posibilidad de acuerdos con Unidas Podemos y dice: «Yo ya estoy en otro escenario», parece que se refiere a dar tiempo a que las presiones de las élites hagan su efecto en Ciudadanos. Porque la hipótesis de adelantar elecciones tiene mucho riesgo. Según el CIS, la preocupación por la política llega a un máximo histórico desde 1985. La abstención podría ser inmensa en un electorado cansado de una clase política incapaz de dar solución a los numerosos problemas y embarcada en un teatrillo tan agresivo como aburrido. Lejos de reproducirse el voto útil al PSOE por la inutilidad manifiesta en la gestión del 28-A, unas elecciones donde las fuerzas progresistas fueran divididas con tres candidaturas (PSOE, Unidas Podemos y el partido de Errejón), daría la presidencia del Gobierno a Pablo Casado.
Por lo tanto, la clave es esperar a Rivera. Desde el principio la banca, el Ibex o la CEOE pidieron acuerdos al PSOE y Cs. El PSOE se ha cansado de pedir su apoyo, pero el problema ha sido Ciudadanos, que ha radicalizado tanto su discurso al competir directamente con el PP y con Vox que ha olvidado sus orígenes. Pero ya se encargará el IBEX de recordarles que la estrategia la marcan ellos, porque quien te crea te puede destruir. No son ajenas a estas presiones, la cadena de dimisiones, la crisis interna abierta en Ciudadanos, la presión de medios de comunicación y futuras convocatorias de sus órganos de dirección de Cs para después de la investidura.
La Casa real quizá está muy interesada en esta estrategia de presión para evitar un Gobierno claramente de izquierdas. Es más, como apunta Juan Carlos Escudier, Felipe VI podría estar detrás de este veto a Unidas Podemos. Y tiene toda su lógica: es un rey profundamente conservador y agresivo en todo lo que sea mantener su estatus, como demostró el 3 de octubre. Explicaría también cómo se ha modificado la actitud inicialmente positiva de Pedro Sánchez a un Gobierno avanzado.
La situación está bloqueada y mientras tanto siguen los problemas. Urge derogar las reformas laborales y de pensiones, la LOMCE, la ley mordaza, apostar por la educación, la sanidad y los servicios públicos, por el empleo digno y con derechos, por la transición energética, por el fortalecimiento del Estado de Bienestar, por el acceso a la vivienda… Y eso, nunca se conseguirá con el apoyo de la derecha y de Ciudadanos, que ha aparecido en la política para que no cambie nada sustancial.
Así las cosas ¿qué hacer? Convencer al electorado y bases del PSOE que sus intereses no son los de sus barones, ni los de la oligarquía financiera y empresarial, que la esperanza de cambio y progreso pasa precisamente por un Gobierno de progreso con un programa avanzado en favor de la mayoría de la población. El CIS apuntaba que había una mayoría que defendía ese Gobierno de coalición. Quizá eso explique el tono de la comparecencia de Sánchez, dirigido a convencer a sus bases de las «enormes discrepancias», que no aclara, con UP para dar la vuelta al inteligente clamor de la militancia socialista la noche electoral del 28 de abril del «Con Rivera No». La cuestión es coger el camino de la mayoría social o el de las élites. Lo que no está claro es a qué juega el PSOE.
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