Rajoy ha «aceptado» (¡) hablar de la reforma constitucional en la próxima legislatura. Dice que en esta no tocaba porque lo importante era salir de la crisis. Y ahora (ahora se supone que hemos salido de la crisis), para lo que queda de legislatura no hay tiempo. Señala que la reforma podría precisar las competencias […]
Rajoy ha «aceptado» (¡) hablar de la reforma constitucional en la próxima legislatura. Dice que en esta no tocaba porque lo importante era salir de la crisis. Y ahora (ahora se supone que hemos salido de la crisis), para lo que queda de legislatura no hay tiempo. Señala que la reforma podría precisar las competencias del Estado y las CCAA y adelanta que, desde luego, no va a gustar a los independentistas.
El repertorio de políticos de la derecha española no parece dar para más. Entre 1996 y 2004 padecimos los delirios de un pequeño político de estirpe y sentimientos franquistas al que se le adivina un pasado de resentimientos personales con resultado de un odio furibundo con todo lo que suene a lo que él llama despectivamente «progres». En esta que termina ha oficiado de inquilino de la Moncloa un representante genuino de la más tradicional burguesía española que alardea continuamente de previsible y de promotor del sentido común. Como desde la aparición de Podemos hemos hablado mucho de sentido común, bueno será que recordemos que, en su acepción gramsciana, el sentido común de una época venía a reflejar la hegemonía de los valores del grupo dominante en la misma. Rajoy es el compendio de todos los lugares comunes de la burguesía de provincias dependiente del Estado sin mezcla de idea disonante alguna. Su paradigma vital exige que todo esté en su sitio, que los acontecimientos se sucedan «como debe ser», que el orden de los mismos no se interrumpa por nada del mundo. Así, para él, «lo primero es lo primero». Lo primero era recuperar la confianza (otro mantra directamente proveniente del universo mental de la tranquilidad de los negocios y la certidumbre de los contratos) de los mercados, presuntamente alarmados por los desatinos de la política de Zapatero. Poco importa que la secuencia histórica de los hechos no corresponda con ese relato, es un relato que triunfa en una buena parte de la sociedad y que hasta podría volverse hegemónico si no se le contrapone otro relato alternativo. La presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 (por cierto, ¡qué poca vergüenza dejarlos aprobados con un más que posible cambio de escenario parlamentario!), en realidad el primer acto de campaña del PP para las generales, contiene los soportes económicos de este relato (el análisis del mismo merece una atención específica que aquí no es posible).
Lo «segundo», lo que puede dejarse para la siguiente legislatura, es el debate sobre la reforma constitucional. Previamente limitado, claro está, a aquello que los partidos del régimen entiendan que puede ser objeto de discusión. El PP ya lo ha dejado claro. Junto a la eliminación de la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona (demanda ésta muy sentida en el seno de la sociedad española…) la revisión de la distribución competencial entre el Estado y las CCAA en orden a una mayor precisión de la misma, aparece como el núcleo duro de la reforma.
Es mi intención hacer un comentario sobre este núcleo duro de la reforma que proyectan. Pero tengo que referirme antes a una cuestión que considero relevante. La pregunta es: ¿cuál ha sido el factor determinante para que una cuestión como la reforma constitucional, que la derecha española y el propio PSOE tenían excluida de sus agendas políticas, de pronto se ha puesto de actualidad? La contestación más inmediata la relaciona con el movimiento soberanista catalán que el día 27 de septiembre alcanza un punto de no retorno y ante el que los partidos del régimen estarían ofreciendo una salida honrosa para los sectores más pactistas de la derecha nacionalista. No tengo duda de que tal consideración ha pesado en el ánimo de Rajoy y la dirección del PP para abrir la posibilidad de reforma que no hace mucho descartaban como insensata. Pero creo que el envite tiene una mirada más larga, que pretende prevenir algo que las élites temen mucho más que un proceso soberanista. Creo que el conjunto de las clases dominantes están mandando mensajes a ambos partidos para que establezcan una sólida muralla defensiva en torno a una Constitución renovada que podría mantener una base social amplia, contra las posibilidades constituyentes que con origen en el 15M del 2011, emergen de forma confusa pero inequívoca en puntos y con protagonistas muy diversos del Estado.
He analizado el debate entre la reforma y el proceso constituyente en esta revista y al mismo me remito para ilustrar las profundas diferencias que existen entre ambos procesos. Que al final de una legislatura marcada por la dureza de las políticas antisociales del PP aparezca esta propuesta del lado de quienes no querían hablar de ella tiene que ver con la convicción existente en los círculos del poder económico y en la del Sr Montoro de que los gastos generados por los servicios públicos del bienestar (educación, salud, servicios sociales) deben ser sometidos a control y que la atribución competencial de estos servicios a las CCAA dificulta mucho este control. Solo hay que ver la presión a la que a través de los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera (LOEPySF) ha sometido a las CCAA, especialmente en estas áreas de gestión, para comprobar los auténticos designios de esta reforma constitucional. Atajar los excesos del Estado del Bienestar a la par que los «cometidos» en el desarrollo del Título VIII de la Constitución constituye un auténtico proyecto histórico de la derecha española.
Así y todo, no deja de sorprender esta propuesta del PP y cuesta creer que se haya hecho «solo» como elemento de réplica para el 27S. La sensación es que el PP, fiel a su ADN, pretende aprovechar el envite para barrer otras presencias molestas, además de las autonomías territoriales. En el imaginario de la derecha realmente existente, la lucha contra rojos y separatistas ha ido siempre asociada.
Una larga preparación ha precedido a este asalto final. Desde la primera legislatura de Zapatero y aun cuando ya detentaba buena parte del poder autonómico, el PP, apoyado por unos medios de comunicación más conservadores, ha emprendido una sistemática campaña contra lo que ha conseguido presentar como las duplicidades, ineficiencias y despilfarros del Estado autonómico. Le ayudó de forma muy eficaz en ese momento la UPyD de Rosa Díez y le sustituye en esa función de forma algo menos beligerante pero no menos eficaz Ciudadanos de Rivera.
No es éste, debe quedar claro, un fenómeno exclusivo del Estado español aunque aquí toma rasgos específicos asociados al centralismo reaccionario que comparte la derecha con una cierta izquierda. Es posible detectar a nivel global una tendencia asociada a la necesidad de los mercados financieros de reducir los «costes de transacción» reduciendo el número de interlocutores gubernamentales. De fondo, además, está otra tendencia histórica a cerrar los procesos constitucionales; es decir, a concebir las constituciones como una muralla contra los movimientos históricos de innovación y adecuación, contra los procesos constituyentes.
Se invoca de forma reiterada el inconveniente que estos procesos -al fin y al cabo, la esencia misma de la democracia y la soberanía popular- podrían representar para la gobernanza global, presentándolos como disfunciones para el funcionamiento sistémico. La experiencia de los referendos griegos de 2012 y 2015 evidencia hasta qué punto están dispuestos a llegar las «instituciones» comunitarias y globales para impedir estas disfunciones causadas por las pretensiones de democracia y soberanía de los pueblos.
Y, como decíamos, se percibe con claridad la utilización de la Constitución contra la democracia en el momento en el que su ejercicio efectivo pudiera suponer alguna posibilidad de reequilibrar la relación entre los de arriba y los de abajo, seriamente afectada por decenios de políticas favorecedoras de los primeros y acentuadas a partir de noviembre del 2011, como lo demuestra, entre otros ejemplos, el incremento del margen empresarial, que ha superado incluso el existente antes de la entrada del euro, y la paralela caída de los salarios, factor este que explica la recuperación de competitividad de la economía española.
Una situación que contradice de plano el espíritu y la letra de la Constitución del 78. Pero desde su promulgación aquí, como hemos reiterado, ha sido continua la acción erosiva de los contenidos favorables al trabajo que han sido producidos por las políticas gubernamentales, con frecuencia justificadas con el imperativo comunitario. En realidad, con la aplicación de estas políticas se ha producido un auténtico proceso constituyente sin que nadie haya reclamado los procedimientos de reforma previstos en la Constitución. Un proceso «constituyente/destituyente» que, además de erosionar las instituciones y los derechos sociales, ha acometido un continuado proceso de desdemocratización que ha conducido al actual Estado oligárquico de Derecho que padecemos.
La iniciativa de reforma constitucional anunciada por Rajoy se inscribe en este proceso desdemocratizador. La derecha y las oligarquías para las que trabaja empiezan a recoger los frutos de las políticas emprendidas desde la rendición de Zapatero a las imposiciones de la troika. Los niveles de paro se mantienen en esos niveles tan del gusto de los economistas neoclásicos para que cumplan su función de racionalizar la oferta de trabajo y disciplinar de forma adecuada tanto a los trabajadores ocupados como a los aspirantes a serlo; la relación entre rentas salariales y del capital profundiza su desequilibrio a favor de las segundas, manteniendo las condiciones de posibilidad de una nueva oleada de endeudamiento de los hogares en cuanto la renta disponible mejore lo suficiente y la demanda de bienes muestre niveles suficientes para garantizar expectativas seguras de rentabilidad /1 ; y, en fin, el capital financiero es posible que se decida a abrir la espita de los créditos a hogares y empresas a la vista del desencadenamiento del proceso anterior.
Es lo que describen los dirigentes del PP cuando proclaman ufanos la recuperación de la economía española. A la que añaden una condición para que no sea desbaratada: no volver a las políticas causantes de la grave crisis de la que ellos nos han sacado. Se ha ilustrado con reiteración cuales han sido los factores verdaderamente causantes de la crisis mal datada en 2008 /2, su naturaleza y su alcance histórico. Ahora interesa fijar la atención en las consecuencias de la proclamación con la que los dirigentes del PP amenazan a los electores: «cuidado con las elecciones que hacéis, pensadlo dos veces, que luego tenemos que venir nosotros a arreglarlo». No es difícil encontrar similitudes con la amenaza formulada por Juncker, Mekel, etc., contra el pueblo griego.
El fondo es bien sencillo: la complejidad de las economías contemporáneas (y, sobre todo, la confianza de los mercados financieros, auténtica última ratio en la mayoría de las decisiones de política económica) hacen imposible, indecidible para las mayorías sociales, pronunciarse sobre determinados asuntos de la mayor transcendencia. Es preciso entender y aceptar esto por el bien de todos y ello implica que el ámbito de lo decidible debe excluir estos asuntos quedando restringido a la posibilidad de elegir a quienes los decidirán por nosotros. En la pugna (inevitable, los intelectuales de derecha son en esto mucho más claros que los de la izquierda sistémica) entre la gobernanza del sistema y la democracia, no hay duda que debe prevalecer la primera. La democracia es un bien secundario, de los que se ejercen después de haber asegurado el orden normal de las cosas (ese sentido común de Rajoy: «hemos hecho lo que hay que hacer») y restringido a esferas inofensivas que ya advirtieron las mentes preclaras de la Trilateral hace cuarenta años de los peligros de sus excesos.
La reforma constitucional que se anuncia tiene, pues, claros cometidos. Se trata de constitucionalizar, como hizo la reforma del artículo 135 con la prevalencia de los servicios de la deuda a cualquier otra obligación del Estado, esa subordinación de la democracia a los imperativos del funcionamiento de la economía…capitalista, consolidando lo que se ha ido normativizando por el gobierno del PP estos años. ¿O es que no ha sido subordinar la democracia, liquidar la negociación colectiva, desterrar la cultura de los derechos y la participación en los centros de trabajo como ha hecho la Reforma laboral de 2012?
La reforma del artículo 135 ha sido, en efecto, un paso decisivo en la constitucionalización del gobierno oligárquico. Con la prohibición de superar un determinado nivel de déficit público y con la prevalencia de las obligaciones del pago de la deuda se cierra la posibilidad de hacer otras políticas distintas de las austeritarias, se abole en la práctica el ejercicio efectivo de la soberanía que es, por definición, apertura de posibilidades diversas, elección, capacidad de decisión.
Nada más opuesto que este cierre al sentido de la reforma en el Derecho Constitucional. En la teoría clásica de la constitución la reforma es apertura, desarrollo de las potencialidades que sus preceptos contiene. Es por eso que las Constituciones que se toman como referencia, la italiana de 1947 y la alemana de 1949, contienen preceptos favorables tanto al capital como al trabajo, además de porque la teoría que las inspiraba veía en la armonía de sus intereses la salvación del capitalismo, para que fuera la voluntad soberana del pueblo la que pudiera decidir, en cada momento, cuál sería el desarrollo, la orientación política a tomar /3.
En la actual coyuntura histórica el propósito es, por el contrario, operar todo un cierre histórico. Un cierre a los restos jurídicos, institucionales y hasta simbólicos del ciclo histórico del fordismo y el Estado del Bienestar. Se viene denunciando desde hace años el paso del Welfare al Workfare, con la particularidad de que ahora el trabajo hay que ganárselo, ha dejado de ser un derecho para ser un premio a alcanzar en una dura concurrencia de todos contra todos de alta rentabilidad para el capital.
Un pasaje que precisa de cambios sustantivos en la configuración del tipo social dominante. Para hacerlo efectivo es preciso recuperar las condiciones antropológicas del individualismo posesivo, siempre de la mano del estatismo autoritario.
El 15M ha sido un motivo especial de alarma entre las clases pudientes. Mucho más que las rutinarias y adocenadas prácticas de reivindicación sindical preocupa a los poderosos y a sus agentes esta pasión desmedida por la política que llenó las plazas del país y que ha derivado en la emergencia de Podemos. Porque desmentía de forma indudable la siempre alegada falta de interés por los asuntos públicos que ha sido una de las bases fundamentales para el gobierno oligárquico.
Así que hay que volver a las virtudes del individualismo liberal pero hay que ayudarlo, como ya se ha dicho, con unas buenas dosis de estatismo autoritario, el par hobbesiano de la profecía autocumplida. Si todos los medios que la tecnología de las comunicaciones y el entretenimiento y la industria de producción de sentido no son suficientes, aquí están las buenas y viejas dosis de estaca para disuadir a la gente de la funesta manía de participar. La ley mordaza. ¿Qué es eso de fotografiar a un policía mientras apalea a un manifestante o a alguien en quien descargar su mala leche? ¡Si se dedicara a sus asuntos y dejara los asuntos públicos a los políticos del sistema y la calle a la policía no le pasaría nada!
Liberty, no freedom, la libertad de los modernos frente a la libertad de los antiguos.
Lo ha dicho Emir Sader: «Es un desastre para la lucha democrática en todo el mundo que las democracias europeas pierdan sentido«. No pierden sentido, lo tienen más que nunca. En la época del declive manifiesto del capitalismo y cuando los dirigentes de la casta político- financiera que nos gobierna demuestran su impotencia y su cobardía, es indispensable que la democracia reclame su papel histórico comprometiéndonos a todos y cada uno en la tarea de afrontar los graves problemas de nuestro país y nuestra especie.
Notas
1/ Ya se está viendo en el incremento de actividad en el sector de la construcción.
2/ En realidad prolongada desde los años 70 del pasado siglo, de naturaleza estructural y mostrando un carácter de declive sistémico cada vez más difícil de ocultar.
3/ Esa era al menos la teoría constitucional en la época del Estado del Bienestar en la que, con algún retraso, se inscribe la española de 1978. Huelga decir que las potencialidades que pudieran representar para el mundo del trabajo estuvieron siempre determinadas por las restricciones derivadas de la realidad geopolítica de la guerra fría y permanentemente actualizadas por la potencia capitalista hegemónica; las presiones y amenazas nada veladas para el caso del triunfo electoral del PCI en los años 70 son buena muestra de estas restricciones prácticas.