Si es cierto que el PSOE e IU han acordado revisar el sistema electoral, puede ser una de las mejores noticias para la calidad de la democracia en España. Suele decirse que estas cosas no interesan mucho a los ciudadanos, lo cual es como decir que los conductores habituales no están interesados en la mecánica […]
Si es cierto que el PSOE e IU han acordado revisar el sistema electoral, puede ser una de las mejores noticias para la calidad de la democracia en España. Suele decirse que estas cosas no interesan mucho a los ciudadanos, lo cual es como decir que los conductores habituales no están interesados en la mecánica del automóvil. Pero no hay duda de que los conductores están interesados en que la máquina funcione bien, como los ciudadanos están interesados en que el sistema político sea representativo y efectivo. El hecho es que la máquina del sistema electoral español no funciona bien y produce un nivel muy alto de polarización política, es decir, de concentración del poder, confrontación y exclusión de amplios sectores de la gobernación del Estado, por lo que su reforma es del más amplio interés.
En el diseño del sistema electoral durante la transición, así como en su confirmación por el PSOE en los años ochenta, hubo, desde luego, un cálculo interesado para conseguir gobernar en solitario con una minoría de los votos populares. Pero también hubo una extraña confusión acerca de los precedentes democráticos en España que hizo creer a algunos líderes políticos que la inestabilidad política de la Segunda República había sido causada por una excesiva fragmentación del sistema de partidos. En realidad, el multipartidismo republicano había sido más bien un mito franquista para justificar la supresión de todos los partidos, ya que durante los años treinta había habido una gran polarización en dos bloques que aplastaron el centro moderado, lo cual generó la confrontación que precedió a la Guerra Civil.
En contra de aquellos temores, cabe sostener que no hay mejor receta para la estabilidad democrática que el multipartidismo y los gobiernos de amplia coalición, cuya viabilidad depende en gran parte del sistema electoral. Con las actuales reglas electorales para el Congreso de los Diputados hay, en cambio, muy poca proporcionalidad de la representación y mucha ventaja para los dos partidos mayores. El resultado es que España es el único país de Europa continental en que no ha habido nunca un Gobierno basado en una mayoría de los votos populares ni un Gobierno de coalición pluripartidista. Desde 1977, todos los gobiernos han estado formados por un solo partido con el apoyo de sólo una minoría de los votos populares -en cinco ocasiones, con una mayoría de escaños fabricada por el sistema electoral, y en las otras cuatro, con una minoría de escaños protegida por las reglas parlamentarias que permiten formar gobierno en minoría, pero requieren una mayoría alternativa para derrocarlo-.
Entre los mayores perjudicados por el sistema electoral se encuentra, desde luego, IU, que ahora parece haber conseguido situar el tema en la agenda política, pero aún más lo han sido aquellos partidos centristas que, a lo largo de los años, han sido ya no subrepresentados, sino liquidados por el sistema electoral, como la Democracia Cristiana, los liberales, el Partido Socialista Popular, el Centro Democrático y Social o el Partido Reformista Democrático, todos los cuales podrían haber actuado como balanza intermedia entre socialistas y populares, y contribuir a ensanchar las bases de apoyo de los gobiernos y la moderación política general. Ha sido el sistema electoral el que ha creado un alto grado de polarización de la competencia política que no corresponde a las preferencias sinceras de muchos electores.
Indirectamente, el sistema electoral ha favorecido el poder de negociación de los partidos nacionalistas, como se ha repetido una y otra vez. Pero lo cierto es que la Convergència i Unió, la Esquerra Republicana de Catalunya a veces, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Galego y la Coalición Canaria suelen recibir una representación bastante proporcional a sus votos. Es decir, no están sobrerrepresentados, en contra de lo que algunos suelen decir. Lo que ocurre es que, debido a la subrepresentación o la desaparición de los partidos medianos y pequeños de ámbito español, los partidos nacionalistas se han convertido en el único elemento de pluralismo político del actual sistema representativo. Esto, naturalmente, ha ayudado a centrar en gran medida la agenda pública en las cuestiones de distribución territorial del poder. Pero los españolistas que se sienten incómodos con las reivindicaciones nacionalistas y descentralizadoras deberían entender que éstas son la penitencia que pagan por el pecado de mantener un sistema electoral excluyente que ha eliminado otros elementos potenciales de pluralismo.
Es en gran parte, pues, el sistema electoral el que ha mantenido el proceso continuado de descentralización del Estado. Por ello, parece lógico que la oportunidad de su reforma incluya la del Senado, que de hecho ya está en parte en la agenda gubernamental. Actualmente el Senado tiene una composición aún más favorable a los dos grandes partidos de ámbito español que el Congreso de los Diputados. Para que se convirtiera en una cámara de representación territorial, podría ser conveniente que los ciudadanos eligieran a sus senadores al mismo tiempo que el Parlamento autonómico, de modo que la mayoría de gobierno en cada comunidad autónoma obtuviera la correspondiente representación senatorial.
En otras ocasiones, algunos sectores del PP y del PSOE han propuesto reformas del sistema electoral en un sentido contrario al aquí sugerido, es decir, aún más restrictivo y bipartidista que el actualmente vigente (por ejemplo, imponiendo una barrera mínima del 3% al nivel español, en vez de la circunscripción). Con ello se pretendería, al parecer, «quitarse a los nacionalistas de encima» en la gobernación del Estado. Pero lo que más probablemente se conseguiría sería, por el contrario, aumentar la exclusión y el rechazo de los resultados electorales y que se pusiera en cuestión la legitimidad del sistema representativo. La buena oportunidad puede consistir ahora, en cambio, en abrir la competencia política y favorecer el pluripartidismo y la política de coalición.
Josep M. Colomer, profesor de investigación en Ciencia Política en el CSIC y la Universidad Pompeu Fabra, es autor de Cómo votamos. Los sistemas electorales del mundo: pasado, presente y futuro, premio Leon Weaver sobre Representación y Sistemas Electorales de la Asociación Americana de Ciencia Política.