Tras sus declaraciones sobre las cifras del paro y los funcionarios, el presidente de la patronal se ha manifestado «encantado de abrir debates que la gente tiene miedo de poner encima de la mesa». Con esto no se refería, por ejemplo, al posible debate sobre su abismal incultura en cuestiones estadísticas -su crítica de la […]
Tras sus declaraciones sobre las cifras del paro y los funcionarios, el presidente de la patronal se ha manifestado «encantado de abrir debates que la gente tiene miedo de poner encima de la mesa». Con esto no se refería, por ejemplo, al posible debate sobre su abismal incultura en cuestiones estadísticas -su crítica de la EPA evidencia que Rosell no sabe lo que es una muestra estadística-. Cuando uno pretende «abrir debates» que dan «miedo» es para arrimar el ascua a su sardina.
El mero hecho de «abrir debates» concede a quien lo hace una ventaja estratégica: escoge el terreno de juego. Aunque sea criticado, denostado, refutado: obliga al resto a debatir sobre lo que él quiere y a relegar otras cuestiones que podrían perjudicarle. Berlusconi era maestro en esto: sus constantes provocaciones obligaban continuamente a sus adversarios a debatir en el terreno que él elegía, a perder el tiempo refutando argumentos estrafalarios.
No creo que debamos perder mucho tiempo debatiendo de estadísticas de desempleo con quien sólo sabe que son «complicadas». En lugar de ello, deberíamos plantear debates que a gente como Rosell le puede dar «miedo poner encima de la mesa». Propondré uno: ¿qué deberíamos hacer para poner coto a las ilegalidades y delitos que cometen muchísimas empresas contra sus trabajadores? Estas fechorías no son hechos puntuales causados por algunos garbanzos negros dispersos. Desde hace cinco años, en www.abusospatronales.es estamos recopilando y publicando estas prácticas: son comunes en empresas de todo tamaño, en todo el territorio español, en todos los sectores productivos.
Comenzaré ilustrando el problema con el caso de Carmen, una trabajadora de hipermercado. Al poco de ser contratada, le ofrecen presentarse a las elecciones sindicales por un sindicato, FETICO. Durante varios años permanece como delegada. Progresivamente descubre que el sindicato está al servicio de la empresa y que toda su actividad está dirigida por el departamento de recursos humanos. Desencantada, abandona FETICO y comienza a preparar una lista de CCOO al comité de empresa. Las compañeras que firman para presentarse como delegadas son llamadas de inmediato a los despachos de dirección y amenazadas. La mayoría sale llorando para buscar de inmediato a Carmen: bórrame, por favor, no quiero problemas. Las pocas que resisten sufren un acoso continuo y son aisladas; quien hable con ellas está señalado. Dos trabajadoras que habían firmado la lista y estaban de baja por embarazo reciben constantes llamadas telefónicas de la empresa amenazándolas. Aun así resisten y consiguen ganar las elecciones. Pero ahí no acabaron sus problemas: la empresa siguió presionando -por ejemplo, haciendo cargar cajas a una trabajadora con problemas de espalda- para lograr el abandono de todas las que se hubieran presentado o que pudieran hacerlo en las próximas elecciones.
Este caso sólo es peculiar en un rasgo: las trabajadoras, en un primer momento, triunfaron. Por lo demás, es sólo un botón de muestra de una persecución antisindical extendida en muchas empresas. Quien quiera implantar una delegación sindical o presentarse por un sindicato no aprobado por la dirección se enfrenta a todo tipo de presiones: amenazas de despido -que pueden extenderse a los familiares si éstos trabajan en la misma empresa-, cambio a puestos de trabajo con peores condiciones laborales o con tareas más penosas -así, pintar la misma sala una y otra vez sin salir de ella y en total aislamiento– seguimiento exhaustivo, aislamiento, llamadas telefónicas a familiares, provocaciones -insultos, humillaciones públicas, desafíos- para que el trabajador pierda los nervios y poder tener una causa justificada de despido, cambio de los horarios o de los días de descanso, impago de salarios, avisos a los otros trabajadores para que no tengan el mínimo contacto con el trabajador rebelde -quien tiene la sensación de volverse transparente-, imposibilidad de obtener los turnos de trabajo o las fechas de vacaciones deseados, etc. Muchas empresas -como ésta– carecen así de todo tipo de representación sindical; en otras, las listas sindicales se organizan en situaciones de absoluta clandestinidad, como en los tiempos más negros del franquismo.
¿A qué se debe esta saña de tantas empresas con los sindicatos? Al hecho de que sin ellos -o con sindicatos bien controlados por la empresa- su margen para infringir la normativa laboral -y todo tipo de leyes- es mucho mayor. Señalaré algunas de las prácticas más comunes:
. Horas extraordinarias por encima de las legales, muchas de ellas impagadas. La práctica de obligar a hacer horas extras hasta sumar jornadas diarias de veinte horas es habitual, y no sólo en sectores como la hostelería, donde la jornada semanal puede llegar a 72 horas. Muchas de estas horas no se pagan, ya sea porque se exigen directamente –la alternativa es el despido-, porque se pospone su pago -a un futuro que puede no llegar porque se acaba antes el contrato- o porque el continuo cambio de horarios dificulta que el trabajador pueda calcular las horas que se le adeudan. El INE ha calculado que casi la mitad de las horas extraordinarias realizadas en España no se pagan. Este fraude afecta ahora masivamente también a los trabajadores a tiempo parcial, que pueden realizar jornadas semanales de 56 horas y cobrar como si sólo trabajaran media jornada -quizás a esto se refiera Rosell con su propuesta de minijobs-. Y se ha incrementado con la crisis: muchas empresas -como ésta o ésta– están despidiendo personal o recurriendo a EREs al tiempo que obligan al resto de asalariados a realizar horas extras. Además, ahora no sólo se obliga a trabajar más horas, sino también a estar a merced de la empresa prácticamente durante todo el día.
. Robo y fraude a los asalariados. Este toma múltiples formas. La más visible es el simple impago de las nóminas mes tras mes. Aunque en ocasiones esto se debe a problemas reales de la empresa, a menudo es una treta para deshacerse de una forma barata de los asalariados. El truco es ir acumulando meses sin pagar para forzar al cabo del tiempo una negociación: te pago ahora la mitad de los ocho meses que te debo si renuncias a la indemnización por despido; la alternativa -para trabajadores desposeídos de todo recurso económico- es esperar un juicio que puede demorarse. Pero hay muchas más formas de robar a los asalariados. Una que está de moda últimamente -en empresas como ésta– es tener a los trabajadores «de prueba» durante dos semanas sin contrato ni salario, para despedirles al final del período «de prueba» y sustituirles por otros trabajadores gratuitos. Y, por supuesto, están las fórmulas clásicas: el impago de complementos o pluses, los contratos en fraude de ley, los engaños al trabajador en la firma del contrato o de su finalización, o las tradicionales «encerronas» -se encierra al trabajador en un despacho rodeado de mandos conminándole a firmar voluntariamente las condiciones que la empresa le ordene.
. Acoso y despido de madres y embarazadas. La Ley de Conciliación y la Ley de Igualdad han supuesto mayores derechos para madres y padres de hijos de corta edad. ¿Cómo han reaccionado muchas empresas a estas leyes y a los problemas de conciliación de las madres? Acosándolas para que no se acogieran a los nuevos derechos, especialmente de reducción de jornada y elección de horarios, presionándolas -p. ej., cambiándolas de puesto o de tareas- para que abandonaran el trabajo o despidiéndolas, para atajar de raíz todo problema de conciliación. La socióloga Margarita Delgado calcula que el 80% de las madres trabajadoras tienen problemas en el trabajo debido a su maternidad, aunque el 90% no denuncian los abusos que sufren.
Estas son solo algunas de las múltiples ilegalidades que cometen muchas empresas. Hacer una somera recopilación del resto rebasaría ampliamente la extensión de un artículo. En muchos casos, no son meras infracciones menores de la normativa laboral y fiscal. Muchas de las prácticas más habituales son punibles penalmente como delitos de coacción, estafa, insolvencia punible o acoso laboral. En la práctica, pocos de estos delitos llegan al juzgado, como si el Estado de Derecho se parase ante los muros de las empresas, como si éstas disfrutaran de extraterritorialidad jurídica.
Aquí tenemos un verdadero debate: ¿cuáles son las causas de la extendida delincuencia empresarial?; ¿qué reformas legales servirían para poner coto a estas fechorías?, ¿qué cambios se imponen en los procedimientos judiciales para evitar la generalizada sensación de impunidad que disfrutan estos delincuentes?, ¿habría que introducir reformas en la policía, crear una unidad especializada en delitos contra los trabajadores?, ¿por qué la mayoría de estas ilegalidades escapan a Inspección de Trabajo?, ¿cómo propiciar que las víctimas denuncien? El debate, además, podría retomar temas clásicos cuando se habla de delincuencia e inseguridad ciudadana: ¿habría que ampliar las penas para los delitos contra los derechos de los trabajadores?; ¿tolerancia cero con estos delitos?; ¿en qué ambientes se crían estos malhechores?; ¿en qué tipo de familias se incuba este absoluto desprecio por los derechos humanos?, ¿generan los barrios adinerados una cultura delincuente?, ¿y las escuelas de negocios?, ¿qué medidas de reinserción serían más eficaces?
Es posible que, si se le plantea este debate, el señor Rosell niegue que estos sean casos representativos. También puede alegar desconocimiento. En este caso, no tiene más que preguntar a su predecesor en el cargo, Díaz Ferrán: este avezado defraudador también tiene experiencia en estos delitos. En Air Comet, una empresa con casi mil trabajadores, no hubo comité de empresa durante trece años: la dirección practicó una implacable persecución antisindical. Esta nula implantación sindical le servía a la empresa para cometer todo tipo de tropelías: no había convenio, se cambiaban los turnos a discreción, se firmaban contratos en fraude de ley…. El miedo en la empresa era tal que, cuando un trabajador contactó con www.abusospatronales.es para denunciar la situación, no quiso siquiera que constara que se trataba de una empresa de transporte aéreo.
Este debate sí que da «miedo». Un miedo cotidiano de muchas personas a ser despedidas o acosadas si denuncian los delitos e ilegalidades que sufren en sus empresas. ¿Abrimos ese debate?
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