La primera asamblea de València en Comú (entonces Guanyem) se convocó el 23 de septiembre de 2014. Ocho meses después y, con apenas 11.000 euros de autofinanciación para la campaña electoral, la candidatura ciudadana ha obtenido 40.420 votos (el 9,81% de total) y tres concejales. Lo decisivo es que junto a Compromís y el PSPV-PSOE, […]
La primera asamblea de València en Comú (entonces Guanyem) se convocó el 23 de septiembre de 2014. Ocho meses después y, con apenas 11.000 euros de autofinanciación para la campaña electoral, la candidatura ciudadana ha obtenido 40.420 votos (el 9,81% de total) y tres concejales. Lo decisivo es que junto a Compromís y el PSPV-PSOE, València en Comú puede contribuir a desalojar al PP de la alcaldía. «Uno de los objetivos es abrir a los vecinos las puertas del Ayuntamiento; y sobre todo, la transparencia, porque no sabemos cuáles son las cuentas reales del consistorio», afirma Roberto Jaramillo, tercer concejal electo de València en Comú y miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos en Valencia. Estudiante de último año de Ingeniería de Caminos, Roberto Jaramillo, de 30 años, participó en Podemos de los inicios, sobre todo en el trabajo de constitución de los «círculos». Cuando se señala el escaso margen de maniobra con el que cuentan los municipios, por las restricciones presupuestarias, responde que hay dinero, «el problema es cómo se establecen las prioridades».
-¿Han comenzado las conversaciones con Compromís y el PSPV-PSOE para la configuración de un posible «tripartito» que pudiera desalojar al PP del consistorio valenciano, después de 24 años en el poder?
-No han empezado, pero hay que tener en cuenta que las elecciones fueron hace dos días. Sólo ha habido llamadas de felicitación. Nuestra intención es sentarnos a hablar, ver si es posible llegar a un acuerdo y cambiarle la cara al Ayuntamiento de Valencia. Ahora bien, la decisión de participar en un pacto de gobierno tendrá que ser ratificada por la asamblea.
-¿Es València en Comú la parte más débil a la hora de negociar (tres regidores), por los nueve concejales electos de Compromís y los cinco del PSPV-PSOE?
-El partido que aporta menos concejales es el más «débil» en las negociaciones si de lo que se trata es de alcanzar más cuota de poder. Pero eso no es lo que nosotros buscamos. Nuestras fortalezas residen en cómo se ha constituido nuestro partido: es el único asambleario de los tres. Esto hará que se dé un control mayor sobre las decisiones de gobierno que se tomen en estos cuatro años. PSPV-PSOE y Compromís son formaciones ya con muchos años, lo que implica algunos vicios.
-¿Vais a marcar lo que se denominan «líneas rojas» programáticas en las negociaciones?
-Durante las dos semanas de campaña electoral ha habido tiempo para debatir y darnos cuenta de que las coincidencias -salvo con el PP, Ciudadanos y UPyD- eran muy numerosas. Había muchas semejanzas entre las propuestas de Valéncia en Comú, Compromís, EUPV-IU y el PSPV-PSOE.
-¿Se podría esperar tal vez otro resultado electoral de València en Comú, a la vista de la representación lograda por las candidaturas de unidad popular en otras ciudades?
-Cada candidatura popular ha seguido un proceso diferente. En Madrid no hay una fuerza como pueda ser Compromís, de ámbito local y con un trabajo consolidado en los barrios. En otras ciudades como Barcelona o Zaragoza, estas candidaturas reunieron a muchos partidos. Pero a València en Comú no se adhirieron EUPV-IU ni tampoco Compromís. En el caso de EUPV-IU sí estuvieron trabajando, y esperamos que continúen haciéndolo. Son factores, en definitiva, que han contribuido a la fragmentación del voto. Además en Valencia, nuestro cabeza de lista, Jordi Peris, fue un líder «natural» en nuestro ámbito, pero no una figura conocida por la gente.
-¿En qué condiciones ha afrontado la campaña electoral esta formación?
-Seguramente los bancos nos hubieran prestado dinero por nuestras expectativas electorales, sin embargo, preferíamos tener independencia económica, para emprender por ejemplo políticas contra los desahucios. Hemos hecho la campaña con aproximadamente 11.000 euros, conseguidos sobre todo a partir de bonos y donaciones. Y, además, mucho voluntarismo: no hemos contratado a empresas ni pagado a profesionales para ninguno de los trabajos (prensa, redes, sociales, marketing…). Tampoco hemos podido regalar camisetas, paraguas y gorras como han hecho otros partidos. Hemos tenido que venderlas para financiarnos…
-¿Qué medidas plantearéis, en caso de gobernar la ciudad de Valencia, para frenar los desahucios? ¿Hay previsto un plan global contra la pobreza?
-Primero, una mesa de negociación con los bancos y los usuarios. Y decirles a los bancos que si se desahucia sin alternativa habitacional, podrían retirarse las cuentas municipales de esas entidades financieras, y dejar de realizar transferencias o pagos a pequeñas y medianas empresas a través de estos bancos. Además, un plan de vivienda municipal para que las viviendas vacías se destinen al alquiler social. Hemos anunciado un «plan de choque» con 30 medidas valoradas en 40 millones de euros (el 5% del presupuesto municipal) para aplicarlas en los 100 primeros días de gobierno. Planteamos una renta mínima municipal, un plan de empleo, medidas contra la pobreza energética, transporte público gratuito para los parados…
-¿Qué espacio de participación se les va a dejar a los ciudadanos en el nuevo gobierno municipal? ¿Van a estar abiertas las puertas del consistorio?
-El objetivo es precisamente ése. Ahora mismo las Juntas de Distrito son «teatros», en los que los vecinos no tienen posibilidad de participar. Los mecanismos de participación están viciados. Sólo están representados en las Juntas de Distrito los partidos que están en el Ayuntamiento. Plantean sus preguntas, el partido en el gobierno las reformula y termina respondiendo lo que quiere. Nosotros pensamos que quienes han de tomar las decisiones son las asociaciones vecinales. Además, impulsaremos los presupuestos participativos vinculados a las Juntas de Distrito. Por último, hay que aumentar el número de juntas e incrementar las reuniones.
-¿Cuál es la relación de València en Comú con las organizaciones sociales y con el movimiento vecinal?
-El programa electoral ha recogido las propuestas de estas organizaciones, que son apartidistas y han de continuar siéndolo. Han de ejercer mecanismos de control desde fuera de las instituciones, y nosotros hemos de escucharlas.
-¿En qué consiste el Código Ético de vuestra formación?
-Se establecen compromisos como una persona, un cargo. Un salario máximo para todos los cargos públicos, equivalente a tres veces el salario mínimo interprofesional (la asamblea de València en Comú será la que decida a qué proyectos sociales se destina el sobrante); además, se estipula un máximo de dos legislaturas para todos los cargos, la obligación de publicitar el patrimonio y la transparencia en la agenda. Esto significa, como ocurre en los países del norte de Europa, que los ciudadanos han de saber con quién se reúne cada responsable público.
-¿Cuál será el cambio fundamental respecto a 24 años de gobierno del Partido Popular?
-Lo fundamental es la transparencia. Que la gente sepa con quién se reúne el alcalde y los concejales, el patrimonio personal de los cargos electos y los contratos del Ayuntamiento con las empresas. Si un concejal se reúne con una empresa del lobby energético, los ciudadanos han de saberlo. Eso evitará los chanchullos que se han producido en los últimos 24 años. Proyectos de gran calado como la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez por el barrio del Cabanyal, requieren un referéndum vinculante. Y lo mismo el Plan General respecto a la huerta. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Benimaclet lanzó un concurso sobre cómo se debían resolver las cuestiones urbanísticas del barrio. Más que ofrecer soluciones el proyecto era en sí un mecanismo de participación.
-¿Van a levantarse las «alfombras»?
-Será la primera medida, además de una auditoría de la deuda, garantizar el cumplimiento de los contratos y las concesiones. Se han firmado contratos que no se están cumpliendo, por ejemplo, en el caso de las empresas de limpieza. Barrios como el de Cánovas están muy limpios, cosa que no ocurre con los de la periferia. Y es el Ayuntamiento el que presiona para que determinadas zonas estén más limpias. En el caso de la limpieza de parques y jardines, o podas de árboles, sólo se cumple una pequeña parte de la contrata. Además, hay que exigir a las empresas condiciones de trabajo dignas para los empleados. Si no se cumplen las contratas, la alternativa es la remunicipalización.
-Por último, ¿hay margen de maniobra para hacer política? El consistorio valenciano tiene una deuda, oficial, que supera los 800 millones de euros… ¿De dónde se obtendrán los recursos?
-No puede ser que los ciudadanos desconozcamos los recursos disponibles. No sabemos cuáles son las cuentas reales del Ayuntamiento de Valencia, y por eso llevaremos a cabo una auditoría de la deuda. Probablemente nos encontremos con cosas que no esperábamos. Además, muchas de las medidas del «plan de choque» que proponemos no son cuestión de dinero, sino de voluntad política (por ejemplo, las relacionadas con las Juntas de Distrito). Siempre hay dinero. La cuestión es cómo se establecen las prioridades. No creo que haya que hacer recortes, porque finalmente esto no es una crisis sino una estafa. Por otro lado, se ha vaciado de competencias fiscales a los municipios.
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