Bankia celebró ayer en el Palacio de Congresos de Valencia, ciudad donde el banco tiene su sede social, la Junta General de Accionistas. La entidad financiera logró en 2015 unos beneficios netos de 1.040 millones de euros, lo que representa un aumento del 39,4% respecto a las ganancias de 2014, que ascendieron a 747 millones […]
Bankia celebró ayer en el Palacio de Congresos de Valencia, ciudad donde el banco tiene su sede social, la Junta General de Accionistas. La entidad financiera logró en 2015 unos beneficios netos de 1.040 millones de euros, lo que representa un aumento del 39,4% respecto a las ganancias de 2014, que ascendieron a 747 millones de euros. Además, Bankia fue la corporación bancaria con mayores beneficios por su negocio en el estado español durante el año 2015, por delante del Banco Santander, CaixaBanc, Banco Sabadell y BBVA. Pero los resultados de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri no fueron una excepción en la banca española. Según informaciones de Europa Press, el conjunto de bancos españoles que cotizan en el IBEX 35 ganaron en 2015 un total de 11.651 millones de euros, es decir, un 8% más que el año anterior.
El mismo día que tenía lugar la Junta General de Accionistas de Bankia, un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) se congregaban en la puerta de la sede del banco en la calle Pintor Sorolla de Valencia, en pleno centro financiero de la ciudad. De ese modo se sumaron a las denuncias de los colectivos antidesahucios de todo el estado frente a los «abusos» de Bankia. La protesta se centró en los desahucios «forzosos» registrados en ciudades como Madrid, en las que intervino el cuerpo de antidisturbios de la Policía Nacional. «Agredieron vilmente a varios activistas cuando defendieron el derecho a la vivienda impidiendo los desahucios y ocupando oficinas, de manera que muchos de ellos acabaron en los hospitales por las heridas recibidas», informa PAH-Valencia en un comunicado. El colectivo pidió asimismo la retirada inmediata de los cargos a los activistas.
La segunda reivindicación de los grupos antidesahucios consiste en que se habilite un sistema de negociación con el banco, que resuelva la situación de centenares de familias afectadas. Éstas continúan sin recibir una respuesta por parte de Bankia, señala la PAH, que pide la paralización de los desahucios y los procedimientos judiciales hipotecarios, además de otras medidas como condonación de las deudas, dación en pago, liberación de los avalistas, levantamiento de embargos y las quitas en caso de que haya un plan de pagos asumible por los afectados. Sobre todo, resalta la PAH en un comunicado, las familias requieren información previa de la venta o cesión de créditos a «terceros», como es el caso de los fondos de capital-riesgo. El último punto de las demandas de la PAH es la cesión de las viviendas vacías de Bankia con el fin de constituir un gran parque público de viviendas, destinadas al alquiler social. Esta exigencia se apoya en el hecho de que la corporación bancaria fue «rescatada» con dinero público (unos 23.000 millones de euros), y su accionista principal es actualmente el FROB.
Custodiaban la sede valenciana de Bankia dos furgones de la Policía Nacional y una docena de agentes apostados en la zona, un dispositivo al que se sumaron algunos miembros de la Policía Local. Durante la concentración los activistas corearon consignas como «Este banco engaña, estafa y tira a la gente de su casa», «Aquí está la cueva de Alí Babá», «Que sí, que sí, que sí que hay dinero, lo tienen los corruptos y los banqueros», además del habitual «Basta ya, ni un desahucio más». Terminado el acto reivindicativo, los congregados se desplazaron a la Plaza del Ayuntamiento para participar en la «Intifalla», protesta que tiene lugar desde 2012 bajo el balcón del consistorio al finalizar la «mascletà» (gran traca que se dispara diariamente durante la fiesta fallera). La «Intifalla» dedica cada día de la semana fallera a una lucha de los movimientos sociales, la de ayer pedía la derogación de la «ley mordaza» con la boca velada.
La portavocía de la PAH es rotatoria, de manera que ayer le tocó ejercer a Carlos Montalvo, de nacionalidad peruana, quien además coordina el grupo de afectados de Bankia en PAH-Valencia. En 2003 pidió un préstamo con esta entidad bancaria para comprar un bajo comercial, por 240.000 euros, y en aval depositó su vivienda, que ya tenía pagada. Pero con el estallido de la crisis se vio forzado a cerrar el restaurante y dejar de pagar los 2.000 euros mensuales de cuota hipotecaria por el bajo. Intentó negociar con Bankia una dación en pago, pero el banco siempre rechazó esta opción, explica el activista. «El banco quería el bajo y la casa». Lleva en la PAH desde 2013 y el balance es satisfactorio: «Primero Bankia me rechazaba, pero gracias a la presión de la plataforma hemos conseguido una reestructuración de la deuda». Ahora paga mil euros mensuales, «pan para hoy y hambre para mañana», lamenta. Más allá de su circunstancia, (es el único afectado por una hipoteca sobre un bajo comercial), lo habitual es que en el colectivo se presenten personas en paro y que, en un 80% de los casos, hayan dejado de abonar la cuota hipotecaria por la primera vivienda; Pero también hay familias que tienen que pechar con su condición de avalistas y a los que el banco no da opción. O quienes, sobre todo a partir de 2007, han perdido la vivienda y el banco continúa reclamándoles la deuda acumulada. «Con Bankia tenemos en Valencia una comunicación fluida», asegura Carlos Montalvo, «hay un negociador del banco para los diferentes casos de Valencia y la Comunidad Valenciana». Pero «sin presión no hay nada», remata.
En un lugar discreto de la concentración se halla Jessenia Tuárez, ecuatoriana de 37 años, quien pacientemente espera para contar que firmó un préstamo con Bankia de 152.000 euros en 2006 para comprarse una primera vivienda en Manises (Valencia). El banco la llevó a juicio y el piso salió a subasta, aunque no se encontró al avalista. La vivienda terminó en manos de un «fondo buitre», relata en la acera contigua a la delegación de Bankia. Ella y su marido, que actualmente trabaja en Madrid y tienen un hijo a cargo, abonaban una cuota mensual de 700 euros, pero ahora lo que piden es una condonación de la deuda. Hace un año, recuerda, se le reclamaban 136.000 euros, pero a esta cantidad se le ha de agregar la espiral de intereses que crece sin freno. Hoy continúa en el piso y confiesa que la negociación con el banco «va fatal». Los negociadores de Bankia han comunicado a los coordinadores de la PAH que ya no quieren saber nada, porque han vendido la hipoteca. Y del «fondo buitre» le llaman al teléfono móvil para decirle que puede firmar un préstamo con otro banco para adquirir la vivienda. Jessenia Tuárez continúa amenazada de desahucio.
En enero de 2016 el Tribunal Supremo anuló las órdenes de compra de acciones de Bankia por parte de los pequeños accionistas (unos 200.000 según el banco), en la salida a bolsa de la entidad financiera en julio de 2011. El motivo era las «graves inexactitudes» en el folleto de la oferta pública. En consecuencia, Bankia devolverá la inversión realizada, más unos intereses compensatorios, a los pequeños accionistas. El golpe podría suponer un desembolso de 1.500 millones de euros a la corporación que preside José Ignacio Goirigolzarri, quien percibió en 2015 un sueldo fijo de 500.000 euros, al igual que el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, y otro de los ejecutivos de la entidad, Antonio Ortega. Los dos primeros directivos renunciaron a la «retribución variable». Se da la circunstancia que Goirigolzarri dejó, antes de ingresar en Bankia, el cargo de consejero delegado del BBVA percibiendo 68,7 millones de euros en concepto de pensión.
En una realidad diferente vive Elías Abbou Bensemmane, español de origen argelino, que perdió dos pisos (él y su excónyuge, matiza) en Valencia y Picanya. Todo empezó con un préstamo de 139.000 euros con Bankia, que hoy se ha convertido en una deuda de 51.000 euros a la que se añaden progresivamente los intereses. Ya fueron subastados los dos pisos, pero Elías Abbou Bensemmane, de 47 años, continúa sin empleo y el subsidio que recibe -de 400 euros mensuales- expira en mayo. Bankia le ha concedido en régimen de alquiler social el piso que tenía hipotecado en Valencia, donde paga 120 euros. «Primero intenté negociar con ellos, y el director de la sucursal me trató como a una mierda». Después se integró en la PAH y utilizó la estrategia de la presión colectiva. «Al unirte a más gente, ya puedes tratar con los cargos superiores de Bankia, que son más flexibles». Pero al principio le cerraron todas las puertas («te lo pintan todo muy negro»), incluso le amenazaron. «Les intentas justificar que no pagas porque no tienes trabajo, pero no ceden». Afirma que tomó pastillas y tranquilizantes. Eleva el tono para describir las formas de un director de sucursal: «Me hablaba de manera agresiva, como un macarra». «Te vas a quedar en la calle toda la vida como un moroso», le decía. Y delante de otros clientes le espetó el directivo: «A lo mejor estás recogiendo cartón de la basura y tienes dinero para pagar». O «te vamos a desahuciar y no vas a tener tiempo, te va a coger todo por sorpresa».
Mientras Elías Abbou relata, indignado, su experiencia, Antonio Eslava, de 63 años, observa de cerca y espera el final de la conversación. «¿Eres de la prensa?» «¿Te puedo contar mi caso?» Él no ha sufrido las acometidas de Bankia sino las de General Electric, pero está en la acción de protesta porque se solidariza con los compañeros y porque forma parte de PAH-Valencia. La hipoteca de Antonio Eslava terminó en la cartera de un «fondo buitre», pero con independencia de los vericuetos del préstamo lo cierto es que todos los meses se le reclaman 400 euros, que lleva cuatro años en desempleo y, que como autónomo que tuvo que cerrar su negocio, no tiene derecho a prestación. Ni él ni su cónyuge, de 56 años, tienen actualmente ingresos. ¿De qué vive? «Pues de la ayuda de la familia», responde.
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