Las dos cuestiones centrales sobre las que viene girando el devenir político y económico español en los últimos tiempos vienen a demostrar que la supuesta modernidad democrática y social conseguida por el Reino de España en los últimos 30 años, tiene poco que ver con una visión objetiva de lo que es esta frágil unión […]
Las dos cuestiones centrales sobre las que viene girando el devenir político y económico español en los últimos tiempos vienen a demostrar que la supuesta modernidad democrática y social conseguida por el Reino de España en los últimos 30 años, tiene poco que ver con una visión objetiva de lo que es esta frágil unión (forzada) de naciones, y mucho que ver con las tesis que hicieron del apellido de Nicolás Chauvin un ridículo apelativo, bien insertado en el pensamiento españolista del antedicho período. Esto es, la creencia narcisista, casi paranoica y bastante mitómana, de que España es un Estado de modélica y consolidada democracia, muy moderno y con una sociedad madura que vive en una situación muy próxima al ideal de la igualdad. Ya no queda lugar para tal chauvinismo.
Las dos cuestiones a las que me refiero tienen que ver con la suspensión del juez Garzón y con las medidas de ajuste del socialista Zapatero. En el primero de los casos, la causa contra la más que censurábel figura desmonta de una vez por todas el mito de la Transición ejemplar española, para reforzar la tesis mantenida por el analista mexicano de La Jornada, José Steinsleger, que habla de que lo único que hizo la dicha Transición fue modernizar el fascismo español, o adaptarlo a los tiempos (1). «Se puede jugar con la cadena, pero no con el mono», escribía en un artículo de estos días, haciendo referencia al poder que aún mantienen los herederos de aquel régimen que echó por tierra la última obra realmente democrática de los pueblos de las Hespañas, la II República. «Ni Hitler ni Mussolini gozaron de las cuatro décadas que, con la venia de Washington y Dios, Franco tuvo para fusilar, torturar y condenar a sus propios ciudadanos a trabajos forzados (1936-75)», concluye Steinsleger.
En el segundo de los casos, el de las antisociales medidas de recorte de Zapatero para hacer frente al mito del déficit del Estado -dice el economista Juan Torres López, que según las tesis neoliberales el déficit público tiene que estar por debajo del 3 por ciento siempre, sin existir ningún análisis científico que demuestre que esto es mejor que estar por debajo del 2 por ciento, del 7 por ciento o de cualquiera otro (2)-, se demuestra que en este «modélico» Reino, los intocables siguen siendo los mismos, los poseedores de las mayores fortunas, los curas y los militares.
Todos los economistas contrarios al capitalismo liberal coinciden en señalar que las medidas más justas para «ajustar» el presupuesto del Estado deberían apuntar a la fiscalidad de las grandes fortunas, a los obscenos gastos militares y claro, al recuadrito ese que en la declaración del IRPF mantiene la situación privilegiada de la Iglesia en el Estado español. Asusta por ejemplo comprobar, que los aproximadamente 15.000 millones que quiere ahorrar Zapatero para satisfacer el Banco Central Europeo y al recuperado FMI, se recaudarían sólo, como declaraba entre otros Arcadi Oliveres a ‘Público’ (3), incluyendo el gasto pendiente del avión de combate Eurofighter (10.795 millones hasta 2024); retirando las tropas de Afganistán, Líbano y Somalia (750 millones); eliminando los maestros de religión de los centros públicos (650 millones); y no dando opción a marcar el cuadrito religioso en la declaración de la renta (250 millones). Treinta años para nada.
Notas:
(1) El corte inglés de Baltasar Garzón: http://www.jornada.unam.mx/
(2) ¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre los déficit y la deuda: http://www.rebelion.org/
(3) Un ajuste que no toque el gasto social sí es posible: http://www.publico.es/espana/
Traducido del gallego original para Rebelión: http://www.altermundo.org/