Catalunya en Comú está procediendo a la renovación de sus órganos de dirección, paso previo a la convocatoria de su próxima Asamblea. Y lo está haciendo de manera relativamente plácida. Es cierto que la corriente minoritaria «Desbordem», disconforme con la actual orientación de la organización, ha dado un paso atrás por cuanto se refiere a […]
Catalunya en Comú está procediendo a la renovación de sus órganos de dirección, paso previo a la convocatoria de su próxima Asamblea. Y lo está haciendo de manera relativamente plácida. Es cierto que la corriente minoritaria «Desbordem», disconforme con la actual orientación de la organización, ha dado un paso atrás por cuanto se refiere a su presencia en esos órganos. Sin embargo, la corriente federalista ha logrado integrarse en la candidatura unitaria, de consenso, que se hará cargo de dirigir Catcomú. Aunque en política no es oro cuanto reluce y a veces, bajo un mar encalmado, fluyen tumultuosas corrientes.
Poco importan los detalles. Lo significativo, aquello que los medios de comunicación han trasladado a la opinión pública -y seguramente ha sido percibido así- es que las tesis federalistas han ganado predicamento en el espacio de la izquierda alternativa. Lo que no deja de ser cierto. Federalistas empiezan a declararse en público destacados portavoces, como Jèssica Albiach, presidenta del grupo parlamentario. Y el tono de la campaña electoral -con un cabeza de lista, Jaume Asens, de perfil independentista, pero cuyo comedimiento ha sido en general encomiable- se ha aproximado mucho más que en otras ocasiones al sentir de nuestra corriente, distanciándose del imaginario procesista.
No nos engañemos: esos cambios se deben más a la evolución de la situación política -que, como ocurrió en el ayuntamiento de Barcelona, ha obligado a los comunes a tomar distancias con los independentistas y a entenderse con los socialistas para poder gobernar- que a la capacidad de seducción de las compañeras y compañeros federalistas, cuyas críticas no siempre han sido encajadas con agrado. Baste recordar que los comunes federalistas surgieron de un llamamiento a no participar en el 1-O, considerándolo como una huida hacia adelante del «procés» que rompía la unidad civil de la sociedad catalana. Pero no es momento de ponerse estupendo, ni nadie está habilitado para extender certificados de pureza federalista.
Sería problemático, sin embargo, que ese desplazamiento de lenguaje y postulados resultase meramente táctico, circunstancial. De hecho, la gran debilidad de los comunes radica en lo etéreo de su programa y de su cultura política, necesitada de un esfuerzo colectivo para consolidarse. Excesivo liderazgo personal y poca vida democrática efectiva; demasiados movimientos intuitivos y escasa elaboración compartida; mucho regate corto y ausencia de pensamiento estratégico. La cita de la Asamblea representa una oportunidad para tratar de corregir ese estado de cosas. Urge hacerlo. La situación en España, con o sin la formación de un gobierno progresista, y la propia evolución de los acontecimientos en Catalunya obligan a la izquierda alternativa a una decidida actualización de sus tesis fundamentales, en particular por cuanto respecta a la cuestión nacional.
Sería hora de que, tanto frente a quienes abogan por una involución centralista como ante el independentismo, Catalunya en Comú se declarase como una fuerza política inequívocamente federalista. Frente al auge de los nacionalismos, el federalismo es la respuesta de una izquierda social, feminista y ecologista a la crisis territorial en España. Y es hora de explicitar sin ambages que, persiguiendo el acomodo de su diversidad nacional y lingüística, el proyecto federal se opone radicalmente a la secesión. La independencia no es el proyecto de la clase trabajadora, ni representa avance democrático alguno para la sociedad catalana. Todo lo contrario. El diseño de nuevo Estado que planteó el independentismo el 7 de septiembre de 2017 no era un malentendido. En el marco de la globalización, por razones objetivas, la República Catalana estaría abocada a configurarse como un Estado autoritario y socialmente regresivo -pues tendría que comprimir de un modo u otro una realidad nacional diversa y mestiza-, e inevitablemente sujeto al dictado de los mercados financieros y a las intrigas de las grandes potencias.
A lo largo de estos años, el proceso independentista ha derivado en un movimiento nacional populista, fisurando la unidad civil de la sociedad catalana y dibujando los amenazadores contornos de un enfrentamiento entre comunidades étnico-lingüísticas. Todo lo contrario de los valores que siempre enarbolaron el movimiento obrero y las izquierdas. Para seguir defendiéndolos, toca poner al día estatutos y textos fundacionales.
La autodeterminación, presente en muchos de ellos, carece de sentido en el caso de Catalunya. Catalunya no es ni ha sido nunca una colonia – muy al contrario: su desarrollo nacional, la conformación de sus modernas clases sociales, su etapa de acumulación primitiva capitalista, tuvieron mucho que ver con la participación en el expolio colonial de América y con el comercio negrero. Pero tampoco es aplicable aquí la idea de autodeterminación en el sentido en que la izquierda del siglo XX la propugnó para los pueblos sojuzgados por los viejos imperios europeos al final de la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista de la tradición marxista, podríamos decir que Catalunya viene autodeterminándose desde 1978, cuando, al aprobar la Constitución, su ciudadanía apostó por el desarrollo del autogobierno en el marco de una España democrática. No podemos identificar los desajustes en el encaje territorial, el déficit de financiación, el insuficiente reconocimiento de la singularidad nacional o las señales de agotamiento del modelo autonómico con una situación de opresión nacional. Ningún observador imparcial avalaría semejante despropósito.
Por mucho que en sus fases iniciales invocase esos problemas, el movimiento independentista creció -auspiciado desde un gobierno nacionalista con ingentes recursos propagandísticos- como la reacción insolidaria de las clases medias de una de las regiones más ricas de Europa, tratando de escapar a la decadencia con que las amenaza el desorden global. Por eso mismo deberíamos dejar definitivamente atrás la idea de un referéndum como vía de salida al conflicto. La experiencia del brexit es inapelable. Y el 1-O a punto estuvo de precipitar el país a una irreparable desgracia. Sólo tiene sentido refrendar una propuesta política previamente elaborada y pactada.
La perspectiva coherente es una reforma federal de la Constitución. Pero un objetivo de semejante calado requiere trabar consensos con fuerzas conservadoras, hoy por hoy inalcanzables. La izquierda deberá impulsar una dinámica federalizante en el marco del actual ordenamiento jurídico, generando una nueva cultura de solidaridad y lealtad institucional -a partir de la mejora de la financiación, la utilización de los recursos del Senado o la cooperación entre comunidades autónomas. Para avanzar por ese camino, es necesario lograr un gobierno de izquierdas en España… y forjar una mayoría de progreso en Catalunya. La clave residirá en una alianza estratégica de la izquierda social: un entendimiento entre la socialdemocracia y el espacio de los comunes capaz de hacer bascular a una parte decisiva de las clases medias -que por mucho tiempo aún conservarán el anhelo de un Estado independiente- hacia un pacto de convivencia que permita transitar las próximas décadas. ¿Nos atreveremos con todo eso? Hic Rhodus, hic salta.
Blog del autor: https://lluisrabell.com/2019/12/05/aggiornamento/