La policía acordonó las instalaciones y los trabajadores denuncian que empleados externos han entrado en la fábrica dentro de furgonas de las fuerzas de seguridad para comenzar a desmontarla. Coca Cola Iberian Partners (CCIP), embotelladora de Coca Cola en España, comenzó ayer por la mañana a desmantelar la planta de Fuenlabrada, en Madrid, a pesar […]
La policía acordonó las instalaciones y los trabajadores denuncian que empleados externos han entrado en la fábrica dentro de furgonas de las fuerzas de seguridad para comenzar a desmontarla.
Coca Cola Iberian Partners (CCIP), embotelladora de Coca Cola en España, comenzó ayer por la mañana a desmantelar la planta de Fuenlabrada, en Madrid, a pesar de la resistencia de los trabajadores, que llevan desde febrero de 2014 acampados en una de las puertas del recinto con el fin de evitar, precisamente, el desarme de las instalaciones. Éstos aseguran que la compañía envió a trabajadores externos a la fábrica con el fin de echarla abajo.
«A primera hora de la mañana ha llegado en torno a medio centenar de policías y han entrado trabajadores metidos dentro de una furgoneta policial que creemos están saboteando el interior de la fábrica», indica Juan Gil, trabajador de CCIP afectado por el ERE que la empresa hizo público a finales de 2013. Las fuerzas de seguridad cortaron la vía de acceso a las instalaciones y acordonaron la fábrica, a la que no se pudo entrar por ninguna de sus entradas, desplazando a los trabajadores que se encontraban en uno de los accesos fuera del mismo para permitir el paso de las furgonas policiales. «Nosotros nos hemos retirado desde nuestra posición de no violencia, protestando», apuntó el trabajador.
A media mañana se desataron algunos forcejeos entre trabajadores y policía cuando ésta última intentó despejar la puerta trasera, donde el campamento de los empleados bloqueaba el paso de camiones. Acto seguido una treintena de éstos entraron en el recinto, donde, aseguran, encontraron herramientas para desmantelar las instalaciones que no se encontraban el día anterior. Uno de ellos fue detenido en el interior de la fábrica, mientras que el resto terminó saliendo por su propio pie. Asimismo, se registraron enfrentamientos en la puerta principal del recinto, con al menos cuatro heridos, dos de los cuales tuvieron que ser trasladados al hospital de la zona, uno de ellos con un golpe en la cabeza.
Hasta Fuenlabrada se desplazaron la diputada de Izquierda Unida por la Asamblea de Madrid Tania Sánchez, el concejal del Ayuntamiento de Madrid Jorge García Castaño, el miembro de la promotora de Podemos Íñigo Errejón y la integrante del Consejo Ciudadano de la misma formación Irene Montero.
La Audiencia Nacional declaró nulos los despidos realizados por la empresa tras una denuncia interpuesta por CC OO en octubre, con lo que CCIP está obligada a readmitir a los empleados. Así, los trabajadores se encuentran a la a la espera de la ejecución provisional de la sentencia. El plazo para ello ha vencido sin producirse tal reincorporación, con lo que la movilización no ha cesado. Es más, desde el pasado 30 de octubre estos trabajadores dejaron de recibir la prestación por desempleo por entenderse incompatible con los salarios que Coca Cola debía empezar a transferirles, salarios que no se han hecho efectivos a día de hoy aunque ya debería estar haciéndolo la empresa, asegura Gil. CCIP, según informan los representantes de los trabajadores, ha ofrecido trasladarlos a otros centros, algo que consideran inaceptable, amparándose en dicha sentencia.
«Están violando el espíritu de la ley, están obligados a reincorporarnos en nuestros puestos de trabajo. No pueden hacer lo que están haciendo, están haciendo sabotaje industrial«, declaró el trabajador. «Con nuestras manos y con nuestra voz seguiremos protestando todo lo que podamos y pidiendo la solidaridad de la gente y denunciando esta situación que es un fraude de ley. Nadie puede estar por encima de la ley en este país, se llame como se llame».
Por otra parte, los trabajadores denunciaron que las fuerzas del orden público, en este caso la Policía Nacional, se encuentren «al servicio de la patronal», según afirmó Gil, impidiendo el derecho de los trabajadores a mantener su puesto de trabajo.