El ministerio de Asuntos Exteriores no ve factible reformar la normativa de nacionalidad para extender la ciudadanía española a los saharauis, alegando que el conflicto de la ex colonia española sigue sin resolverse en la ONU. No encuentra, sin embargo, reparos al envío de armas y material de defensa a Marruecos, censurado por las organizaciones de derechos humanos.»Las propuestas de reforma de la normativa de nacionalidad para extender la nacionalidad española a los saharauis plantean cuestiones técnicas y de seguridad jurídica que han de ser dilucidadas con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, y atendiendo al proceso negociador en el marco de Naciones Unidas, cuya centralidad ha de asegurarse en todo caso», responde por escrito el departamento que dirige el socialista José Manuel Albares a la pregunta planteada en el Congreso de los Diputados por el grupo de Sumar.
El socio de coalición planteaba otorgar la nacionalidad española a los saharauis en virtud del reconocimiento de los pasaportes kosovares desde el pasado enero y el artículo de la Constitución que establece que «ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad». «¿Va a trasladar el Gobierno a esta Cámara alguna iniciativa para revertir la situación derivada de la privación del derecho a no perder su nacionalidad a los españoles saharauis de origen a la entrada en vigor de la Constitución española?», solicitaba el movimiento de Yolanda Díaz.
Sumar tiene registrada en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para instar al Congreso a que se otorgue la nacionalidad española a aquellos saharauis nacidos bajo la administración española del territorio antes del 26 de febrero de 1976. Una iniciativa muy similar a la tomada en consideración por la Cámara baja el pasado febrero a instancias de Unidas Podemos y en la que el PSOE se opuso y salió adelante con los votos del PP y con la abstención de Vox. El texto decayó semanas después ante la convocatoria de las elecciones generales anticipadas del 23 de julio.
Embargo de armas a Rabat
Sumar también preguntó a Exteriores por la posibilidad de establecer un embargo sobre la autorización de envío de armas y material de defensa a Marruecos. El departamento de Albares defiende el comercio armamentístico con Rabat. Todas las exportaciones de material de Defensa que realiza España cumplen tanto la legislación nacional como la normativa europea e internacional aplicable a estos efectos. Dicha normativa, a su vez, se basa en el respeto de los preceptos del Derecho Internacional Humanitario y de las medidas encaminadas a promover la paz y seguridad internacionales», arguye escuetamente.
Precisamente Amnistía Internacional denunció hace unas semanas que el Gobierno español volvió a autorizar la venta de material antidisturbios a la policía marroquí tras quince años de parón. La reanudación de las exportaciones coincidió con el histórico cambio de posición en el conflicto del Sáhara y se produjo en el año de la tragedia del salto a la valla de Melilla en el que el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de fronteras provocó la muerte de menos 37 migrantes.
Entre las recomendaciones emitidas, Amnistía pide al Gobierno «revocar las licencias autorizadas en 2022; no autorizar ninguna licencia de exportación de material policial y de seguridad, incluido el material antidisturbios, hasta que se investiguen de forma exhaustiva e independiente todas las denuncias de graves crímenes de derecho internacional como uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada de las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, la justicia procese a los responsables y las fuerzas de seguridad demuestren en la práctica que utilizan ese material de acuerdo con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza».