La empresa pretende dejar en la calle a casi 700 trabajadores de A Coruña y Avilés tras pasar casi dos décadas obteniendo beneficios millonarios incentivados por las subvenciones estatales enmascaradas.
El 17 de octubre la multinacional estadounidense Alcoa, líder mundial en producción de aluminio, anunciaba su intención de llevar a cabo un procedimiento de despido colectivo en dos de las cuatro plantas que mantiene en el Estado español: las de A Coruña y Avilés. La empresa comunicó su decisión a los trabajadores, 369 personas en la planta gallega y 317 en la asturiana, a la vez que difundía un comunicado en el que justificaba su decisión en base a «problemas estructurales productivos y tecnológicos» que afectan a las plantas, «las menos productivas del grupo», según sus propios datos.
La compañía, que cerró el último ejercicio anual con beneficios que superaron los 200 millones de dólares, alegó también dificultades como «factores externos de mercado» o «el elevado precio de las materias primas y el coste de la energía», que serían los detonantes de la decisión.
La noticia no cogió por sorpresa a las plantillas de ambas fábricas, que llevan una década temiendo un posible cierre y reclaman que se retire el expediente de extinción de empleo, pues alegan que las plantas, al contrario de lo que argumenta la multinacional, son rentables. A su vez, han exigido desde un primer momento la articulación de un frente común conjunto con los administraciones estatales, autonómicas y locales.
A sí se vislumbró en la la movilización del pasado sábado 20 de octubre en A Coruña, que contó con la presencia de los trabajadores de la planta asturiana. Dicha manifestación acabó con un discurso del presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho, que pidió, de forma irónica, «que apliquen el 155 a Alcoa». En el acto intervino también el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, quien aseguró que la ciudad «no va a dejar tirados» a los trabajadores.
Posteriormente, el martes 23 de octubre, en la reunión que mantuvieron en Madrid todas las partes implicadas bajo la mediación del Ministerio de Industria, constataron que la empresa no está dispuesta a negociar nada más allá del cierre de las plantas. De hecho, las últimas informaciones apuntaban a que la multinacional no estaría dispuesta a vender la planta de A Coruña al Klesch Group, que habría mostrado interés en adquirir la fábrica.
Para López Corbacho, presidente del comité de empresa coruñés, «lo que se nota es que la gente que está viniendo a las reuniones no son los que tienen la capacidad para tomar ninguna decisión, hay gente por encima que está fuera de aquí que ha dado una orden que deben defender». Señala que «después del martes, quien tiene todo que decir aquí es la Administración» porque «un Gobierno no puede tolerar una actitud de una empresa como la nuestra que ha ido ahí sin ningún talante negociador».
El representante sindical considera que el Estado «tiene mecanismos para hacerles entrar en razón, y tendrán que apretarles las clavijas», ya que, según señala, «en sectores tan estratégicos como el nuestro no se pueden tolerar actitudes como estas».
Para el concejal de Empleo y Economía Social del Ayuntamiento de A Coruña, Alberto Lema, «lo que quiere impedir Alcoa es crearse un competidor dentro de las fronteras de la UE». Considera que «el Estado y la Unión Europea tienen que usar todas las palancas de presión posibles para hacerle ver a la empresa que el cierre de las plantas es una decisión que le va a traer consecuencias» y, en caso de que el cierre sea inevitable, una de las alternativas, en su opinión, podría ser «que el Estado se haga cargo del futuro de la empresa de la manera que sea y que busque su viabilidad a futuro».
Lema apunta que «estamos hablando de una empresa pública que fue privatizada», por lo que «sigue habiendo una parte de responsabilidad pública sobre esos terrenos». Y añade: «No se puede permitir que una empresa a la que le hemos regalado estas plantas las saque del mercado como si se tratase de activos inmobiliarios».
En este sentido, la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró este martes en una entrevista en RNE que el Estado estaría negociando ya la venta de las plantas a posibles compradores. «Me he reunido ya con algunos posibles inversores y estamos definiendo esos escenarios, más pronto que tarde podremos dar buenas noticias», apuntaba la responsable. Preguntado al respecto de estas informaciones, López Corbacho ha dicho desconocer estas reuniones: «De momento no tenemos información al respecto».
Energía y materias primas
Alcoa aduce que el 40% del coste total de producción de sus plantas lo dedica al consumo energético. Aunque no cuenta que, desde su desembarco en España -en 1998, durante la primera presidencia de Aznar-, tras la compra de la empresa de participación pública Inespal por unos 400 millones de dólares, disfrutaron de los beneficios de la llamada tarifa G4 hasta el año 2008, plan que abarataba los costes energéticos a empresas con elevados niveles de consumo. Con este movimiento la multinacional se hacía con el monopolio del sector del aluminio en España, a precio de saldo y con importantes ventajas, pasando a ser propietaria de un total de once centros de trabajo, de los cuales hoy solo cuatro siguen activos: A Coruña, Avilés y dos en San Cibrao (Lugo).
Posteriormente, la UE prohibió la tarifa G4 por considerar que daba una ventaja a estas empresas frente a sus competidores comunitarios. Ante esta situación, y dada la presión de la gran industria por conservar unas subvenciones que garantizaban con dinero público la viabilidad de las empresas, el Gobierno de Zapatero optó por enmascarar las subvenciones detrás de las compensaciones por interrumpibilidad. Se trata de un sistema creado en los 80, época de escasez energética, basado en el pago a los grandes consumidores eléctricos de unas cifras millonarias con el pretexto de que, en tiempos de elevado consumo energético, reducirían su volumen de producción con la consiguiente reducción de consumo, permitiendo así satisfacer la demanda de los consumidores particulares.
Este mecanismo compensatorio de pagos fijos anuales funcionó hasta el 2013, año en que la UE volvió a denunciarlo alegando que se trataba de subvenciones estatales disimuladas. Por lo que el Ejecutivo de Rajoy se vio obligado a diseñar un nuevo sistema que sigue estando vigente en la actualidad: el de subastas. De esta manera, las empresas pasaron de percibir unas cuantías fijas anuales a tener que pujar a la baja por las compensaciones, lo cual generó un marco energético inestable en el que las compañías no saben cuánto tendrán que pagar por su consumo, ya que los costes varían según los resultados de las subastas.
El experto en energía y miembro de la cooperativa Nosa Enerxía Adrián Dios Vicente apunta que el sistema de interrumpibilidad no es más que un sistema de subvenciones encubiertas para la industria electrointensiva. «Es una forma de que el dinero público acabe en empresas privadas que consumen mucha electricidad para abaratar su factura de luz», afirma, para luego agregar que «la interrumpibilidad es un mito en España porque tenemos una sobrecapacidad eléctrica muy grande, por lo que en realidad lo que se crearon fueron unas ayudas que, para que no aparecieran directamente como subvenciones, se dan través de subastas, pero la realidad es que estamos hablando de una transferencia directa de recursos de lo público a lo privado».
Para Adrián Dios «las subastas en el fondo son una solución que no gusta a nadie» y cree que la problemática que subyace es la incapacidad del Estado de enfrentarse a las grandes eléctricas. «La solución tendría que ser que la factura baje, necesitamos un cambio de política energética que abarate la factura de la luz, pero eso implicaría que en vez de que el Gobierno se enfrentase con Alcoa, tendría que hacerlo con las grandes eléctricas, porque les va a bajar los beneficios a ellas. Entonces, ¿con quién confrontas? ¿Con la industria electrointensiva o con las grandes eléctricas?», comenta.
Este marco de inestabilidad generado por las subastas de interrumpibilidad fue el detonante para que la empresa presentara, en noviembre de 2014, una propuesta de ERE. El conflicto se saldó con un acuerdo entre la multinacional y el Estado por el cual la empresa retiró el ERE tras recibir 50 millones más. En total, la compañía ha ingresado cerca de 1.000 millones en concepto de compensaciones desde que el mecanismo se puso en marcha, lo que la convierte en la principal beneficiaria del sistema de pagos por interrumpibilidad en todo el Estado español.
Por otro lado, Alcoa también ha justificado su decisión en el elevado coste que debe asumir en cuestión de materias primas, argumento que trabajadores y expertos califican de tramposo, ya que en realidad le ha generado cuantiosos beneficios.
La alúminia, material empleado para la fabricación del aluminio, ha incrementado su precio vertiginosamente en lo que va de año. Sin embargo, la multinacional, que también produce alúmina en otras plantas como la de San Cibrao, se ha visto beneficiada en el computo general por esta subida debido a las ventas de este material a otras fábricas productoras, hasta el punto que la misma semana en que presentaba los ERE la empresa certificaba que los ingresos por este concepto se incrementaron en un 54,5% entre julio y septiembre respecto al mismo período del año anterior, ingresando más de 1.100 millones de dólares.
Falta de inversiones
El otro motivo aducido por la empresa para justificar el cierre de las plantas son los problemas estructurales y tecnológicos de los que adolecen las fábricas. Esto no impidió que obtuviese unos beneficios de más de 1.400 millones de euros entre 1998 y 2014 en las dos plantas. Aunque en lugar de ser reinvertirlos en las propias fábricas para actualizar su tecnología, sirvieron a la multinacional para potenciar plantas en terceros países que le proporcionan mejores condiciones, como Arabia Saudí. De hecho, la empresa ni siquiera ha llevado adelante las inversiones a las que se comprometió cuando adquirió las plantas, 400 millones en los diez años siguientes a la compra.
Todo esto fue posible gracias a un sistema de compensaciones que no obliga a la multinacional a realizar ningún tipo de inversión que sirviese para garantizar la viabilidad de las plantas, tal y como cree Alberto Lema, responsable de empleo del Ayuntamiento coruñés, quien asegura que «lo que ha faltado ha sido un condicionamiento después de la venta de estas infraestructuras a un programa de viabilidad y de inversiones, lo cual significa que a día de hoy la empresa ha mantenido las plantas a coste cero, es decir, con unas infraestructuras completamente amortizadas en las que no ha invertido dinero, sino que solamente ha extraído beneficios con bonificaciones del Estado». Además, no termina de creerse las justificaciones de la compañía, pues Alcoa está obteniendo beneficios en bolsa muy importantes y añade: «Nosotros consideramos que aun así la planta sigue siendo absolutamente viable».
Esta opinión es compartida por los trabajadores. Corbacho asegura que las plantas tienen «una tecnología que es la misma que la de Lista, en Noruega, una planta rentable, con buenos números. La única diferencia que tenemos con ellos es el precio de la electricidad». Denuncia que las beneficios que la compañía obtuvo «no se utilizaron para mejorar ninguna planta en España, sino que fueron a parar a la planta de Maaden, en Arabia Saudí, y a otra en Islandia». Son lugares donde la empresa obtiene un margen de negocio mayor. «Como no pueden presentar una causa económica para el despido colectivo, porque Alcoa es un grupo empresarial que tiene beneficios, aprovechan la coyuntura actual del precio de la alúmina y de la electricidad», denuncia el presidente del comité de empresa.
En cuanto a los próximos movimientos, Corbacho explica que el comité de empresa ha presentado una propuesta que se basa en «retirar el expediente de encima de la mesa, abrir un marco temporal para iniciar un proyecto de venta de las plantas que nosotros propusimos de 18 meses y, durante ese periodo, acondicionar las plantas para su venta». Como sentencia, «aún queda tiempo para trabajar, y se irán tirando tabiques hasta llegar al objetivo, que es garantizar nuestros puestos de trabajo».