Los últimos acontecimientos sucedidos en Euskal Herria nos obligan a denunciar públicamente una situación de falta grave de garantías democráticas para miles de personas en nuestro país. Ni derechos colectivos ni individuales sino utilización política de la justicia contra personas y colectivos de todo tipo; eso es lo que vimos durante el «aznarismo» y es […]
Los últimos acontecimientos sucedidos en Euskal Herria nos obligan a denunciar públicamente una situación de falta grave de garantías democráticas para miles de personas en nuestro país. Ni derechos colectivos ni individuales sino utilización política de la justicia contra personas y colectivos de todo tipo; eso es lo que vimos durante el «aznarismo» y es lo que vemos ahora también, cuando el incipiente proceso de paz parecía abrir esperanzas de que las cosas cambiaran. El acoso judicial no se limita a la izquierda abertzale (aun siendo la principal destinataria de los ataques) sino que se extiende a grupos de música (como el grupo de rock Sociedad Alcohólica), familiares de las víctimas del 3 de Marzo en Gasteiz (asesinadas a manos de la policía en 1976), políticos nacionalistas moderados o incluso dirigentes del Partido Socialista de Euskadi. (Más artículos en la sección conflicto vasco).
La locura represiva judicial no parece detenerse ante nada. Apoyándose en las leyes antidemocráticas instauradas durante el gobierno del PP con el consenso de los dos partidos mayoritarios en España, diversas instancias judiciales han iniciado una nueva caza de brujas que debe ser denunciada desde un punto de vista jurídico, ético y político : jurídico, porque esta actuación rompe con el principio de la igualdad ante la ley haciendo una utilización partidista de la justicia. Ético, ante el abuso de autoridad que lleva a situaciones inadmisibles como las detenciones preventivas (hay cientos de jóvenes que llevan varios años en la cárcel sólo por que a alguien se le ocurrió que eran potenciales «delincuentes») o bien el encarcelamiento de personas por delitos de opinión, como el caso de Ignacio de Juana, o la criminalización de movimientos sociales como en el sumario abierto contra amplios sectores del movimiento popular y social de Euskal Herria (con número 18/98), y otros similares, por no hablar de la tortura cuando el gobierno español vuelve a suspender el examen ante el relator de Naciones Unidas al no llevar a cabo sus recomendaciones. Político porque a nadie se le escapa que estas actuaciones tienen un objetivo político claro: hacer descarrilar el proceso de paz. En este último sentido la responsabilidad no se puede limitar a la mayoría conservadora de los jueces españoles, sino que también compete al gobierno de Zapatero que podría realizar cambios legislativos para derogar las leyes antidemocráticas (de hecho tiene mayoría suficiente en el parlamento para hacerlo).
Podemos hacer por lo menos dos interpretaciones de la actitud del gobierno más allá de la retórica de la separación de poderes: o bien el gobierno del PSOE se ha instalado en el miedo electoral, temiendo que posibles medidas hacia la paz sean utilizadas por el PP como argumento electoral, o bien está utilizando de forma indirecta a los jueces como parte del proceso de negociación (un ejemplo claro, donde ni siquiera interviene necesariamente el poder judicial, es el de utilizar a los presos políticos como rehenes que pueda usar como baza en el proceso). Puede que las dos interpretaciones sean ciertas pero, en todo caso, las consecuencias son las mismas; bloqueo del proceso de paz y más represión a la ciudadanía vasca.
Como siempre estas medidas represivas vienen acompañadas de una tergiversación mediática casi generalizada de los acontecimientos; poniendo siempre el acento en las expresiones de violencia de una parte (como el rebrote, bastante reducido en realidad, de kale borroka) y silenciando la violencia institucional.
Nosotros como ciudadanos y ciudadanas de a pie no conocemos los entresijos de la negociación entre ETA y el Gobierno español pero no podemos permanecer callados ante lo que vemos un día sí y otro también: La suspensión sistemática de las garantías democráticas y la represión selectiva.
Por ello, queremos alertar a la opinión pública internacional y en particular al movimiento de las izquierdas del mundo ante el grave peligro de ruptura del proceso de paz en el País Vasco así como la vuelta a la política autoritaria y represora del estado español.
Os invitamos a estar atentas a los acontecimientos y a difundirlos a través de las redes solidarias, que en casos como el de Oaxaca y otros han funcionado y funcionan como freno a las políticas autoritarias en todo el mundo. También hacemos un llamado a la solidaridad activa a través de cartas, acciones de protesta… en favor del proceso de paz y de la democracia en Euskal Herria.
* Juan Ibarrondo (Redacción Eutsi.org)