El Gobierno y la oposición dieron luz verde a un plan de las corporaciones empresarias para profundizar el modelo de agronegocio en Argentina. Bajo el pretexto de la búsqueda de dólares, no se miden las consecuencias ambientales ni el impacto social. La génesis de nuevas pandemias, y el adiós a la soberanía alimentaria. Qué dice el proyecto y cómo lo analizan productores campesinos, investigadores y vecinos de asambleas. Las falsas promesas bajo palabras amables, y por qué lo que está en juego no es solo un modelo de país sino de vida y futuro: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué.
No hay grieta en Argentina. Oficialismo y oposición están de acuerdo y se aferran al modelo de agronegocio, de producción de commodities para exportación. Así queda en claro, una vez más, con el plan de diez años impulsado por un amplío sector empresario y que ya tuvo el visto bueno del Presidente, la Vicepresidenta, de gobernadores y de Juntos por el Cambio (Pro-UCR).
Mientras parte de la discusión pública se centró en la (frustrada) expropiación de Vicentín, los chanchos para China y la quema de humedales, el sector empresario y el gobierno nacional cerraron filas en un plan que propone profundizar el agronegocio transgénico, con nuevas promesas de “empleos”, divisas, “desarrollo” y, una vez más, dejando de lado las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del modelo que lleva tres décadas en el país.
“Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)” es el nombre del nuevo espacio que reúne al sector empresario del agronegocio. Su plan para la próxima década lleva ya tiene nombre: “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.
El plan 2020-2030
El sector empresario busca imponer la profundización del modelo de agronegocio durante diez años, hasta 2030, donde prometen aumento de exportaciones (dólares que el Gobierno prioriza), con leyes a medida de las empresas, más hectáreas sembradas, más transgénicos y agrotóxicos.
En el documento de presentación, de 19 carillas, explicitan qué buscan: “Definir una política activa de corto plazo con herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas”. La promesa, que tanto sedujo al Gobierno, es aumentar en 35.000 millones de dólares las exportaciones (pasar de los 65.000 actuales a 100.000 millones) y “generar 700.000 empleos”. No precisa cómo llegarán a esas cifras, pero igual lograron que muchos artículos periodísticos lo dieran por cierto y difundieran como la salvación pospandemia.
Más exportaciones del agro implica el avance sobre nuevas áreas. La experiencia de las últimas décadas confirma que el modelo de agronegocio implicó el avance sobre campesinos, indígenas, montes nativos y humedales. El plan del agronegocio no menciona nada de esto, pero sí promete que su acción será “sin descuidar el entorno ambiental”.
El documento de presentación señala que el Consejo “representa” a economías agroindustriales de todo el país. Entre los integrantes figuran todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja).También están presentes tres de las cuatro patas de la Mesa de Enlace (Coninagro, Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentina -CRA-). Están las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de Puertos Privados, entre otros.
El listado de integrantes dejar ver a los principales actores del agronegocio local y, también, jugadores del tablero internacional.
Y ellos planean marcar políticas de Estado. Incluso fijan tiempos: “Las propuestas deberán estar listas en 60 días”. E insta a desarrollar una ley “de desarrollo agroindustrial exportador, con estabilidad fiscal y financiera de diez años”.
El documento de las empresas fija tiempos al Poder Legislativo: “El proyecto de ley debería ser tratado por el Congreso de la Nación en 2020”.
También está presente el impulso al “sector forestal”, que en muchos territorios es sinónimo de monocultivos de pino y eucaliptus, con similares consecuencias a la soja: desalojos de campesinos e indígenas, violación de derechos, desmontes, agrotóxicos, concentración de tierras de pocas manos. Misiones, con la multinacional Alto Paraná, es un emblema de esa actividad.
El Consejo Agroindustrial señala que la ley debe incluir “un plan nacional de fomento a la agrotecnología” para el agro y las forestales.
Prometen un impacto anual de 16.000 millones de dólares de aumento de exportaciones y 210.000 empleos (directos e indirectos). Pero no dejan de destacar su objetivo central: “Consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio”. Destacan el uso de “biotecnologías y edición génica” (nueva y cuestionada técnica de transgénicos).
Alineamientos políticos
Lo que a una organización social le puede llevar meses, años o quizá nunca logre, las empresas del Consejo Agroindustrial en solo un mes sentaron a la mesa al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), al canciller Felipe Solá; a los ministros de Agricultura y Producción (Luis Basterra y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas). Lograron el apoyo de los gobernadores de Córdoba (Juan Schiaretti), Entre Ríos (Gustavo Bordet), Santa Fe (Omar Perotti) y Chaco (Jorge Capitanich).
El jueves 30 de julio tuvieron un encuentro con la vicepresidenta, Cristina Fernández e Kirchner. La visitaron en el Senado José Carlos Martins (presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino), Roberto Domenech (presidente de la Cámara de Empresas Avícolas) y Gustavo Idigoras (presidente de la Cámara de la Industria Aceitera). «Nos dio un respaldo al proyecto, se puso a disposición y nos alentó a seguir trabajando. Fue una reunión muy cordial. Nos atendió de primera, muy amable», señaló Martins en diálogo con el diario La Nación. El empresario relató que cuando llegaron al encuentro se sorprendieron porque la Vicepresidenta ya tenía leído el trabajo de la agroindustria y la charla se focalizó en aspectos que más finos del plan exportador.
El 4 de agosto llegaron hasta la Quinta de Olivos, donde presentaron su plan al presidente Alberto Fernández. La agencia oficial Télam dio cuenta de la reunión y tituló que el Presidente afirmó que “en toda la agroindustria hay una gran posibilidad de exportaciones y necesitamos que produzcan ya”.
Presidencia emitió un comunicado: «Se evaluó el camino a seguir para aprovechar el potencial del sector agroindustrial para exportar y generar empleo teniendo a la Cancillería como una institución fundamental para que los productos argentinos lleguen a los mercados del mundo».
El canciller Felipe Solá es un actor clave, tanto como fue en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, cuando aprobó la primera soja transgénica de Monsanto.
El Consejo Agroindustrial (CAA) también difundió un comunicado: “El Presidente valoró y felicitó a la agrupación por la iniciativa, destacando la unión y representatividad federal de las entidades que lo componen».
Alberto Fernández estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.
Por el sector empresario participaron José Martins, Gustavo Idígoras, Roberto Domenech, Patricia Calderón (Federación Olivícola Argentina) y Dardo Chesa (Mesa de las Carnes).
El Consejo Agroindustrial no deja cabos sueltos. Dos días después de reunirse con el Presidente tuvieron un encuentro con la oposición de Juntos por el Cambio (Pro-UCR), espacio político que celebró el plan agropecuario a diez años y comprometió su apoyo en el Congreso Nacional. Participaron el presidente del interbloque, Mario Negri, los diputados Cristian Ritondo (presidente del bloque del PRO), Maximiliano Ferraro (presidente del bloque de la Coalición Cívica), Ricardo Buryaille, Atilio Benedetti, Alfredo Cornejo, Lucila Lehmann, Fabio Quetlas, Pablo Torello y Alfredo Sciavone, entre otros. Mario Negri no dudó: “Al campo hay que ayudarlo con medidas que le permitan seguir desarrollándose. Apoyaremos la propuesta del Consejo Agroindustrial en el Congreso Nacional. El desarrollo del campo es vital para un país que necesita exportar más”.
Doble discurso
El presidente Alberto Fernández tuvo una charla en vivo con jóvenes de diferentes provincias, transmitida por TV Pública el 21 de julio. Ante la pregunta respecto al ambiente, el Presidente no dudó: “La Argentina que tenemos que construir es una Argentina medioambientalmente sustentable, dejar de producir contaminando. Dejar de infectar el aire que respiramos, dejar de ensuciar el agua que tomamos. Esa es una oportunidad que tenemos. Eso (el ambiente), que tanto le preocupa a los jóvenes, hay que cuidarlo mucho. Esta es nuestra casa, la Argentina es nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Y no tenemos derechos a seguir destruyendo y maltratándola como hasta ahora. Y que no me vengan con los argumentos económicos para tratar de sostener que sigamos contaminando al mundo”.
El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, twiteó ese extracto del discurso presidencial.
El mismo día, seis horas después, Alberto Fernández tuvo una reunión online ante el Consejo de las Américas, de lo más rancio de las corporaciones estadounidenses. Y les hizo una extensa invitación a explotar los recursos naturales de Argentina: “Tenemos para adelante muchas oportunidades para invertir en el país. Este es un país que tiene muchas riquezas, tiene riquezas en hidrocarburos, Vaca Muerta (…) La minería tiene un enorme potencial. Un mundo que luego de la pandemia seguramente reclamará alimentos tiene una enorme oportunidad en Argentina, porque Argentina es un enorme productor de alimentos y como país tenemos que comenzar a pensar cómo desarrollamos la agroindustria y como el Estado ayuda a ese desarrollo. Lo ideal sería dejar de vender alimentos para los animales que otros tienen y comenzar a alimentar a nuestros propios animales y vender nuestra carne faenada. Siento que ademas tenemos una enorme actividad pesquera que está absolutamente poco desarrollada y que podría ser una gran oportunidad para Argentina».
“Lo que pasa en Chaco es trágico”
Jorge Milton Capitanich era jefe de Gabinete de Cristina Fernández en febrero de 2015, cuando en conferencia de prensa rompió en vivo y directo un diario Clarín. Lo llamó “periodismo basura”, “mentira sistemática”, “(Clarín) todo el tiempo es mentira”.
Cinco años después, una eternidad para el pragmatismo político, Capitanich escribió un extenso artículo de opinión en Clarín. Las diferencias políticas y disputas de antaño quedaron de lado, ahora lo une el agronegocio: “Chaco. Oportunidades de la agroindustria en la pospandemia”, es el título del 2 de agosto donde promociona a la provincia para el avance del modelo transgénico.
El gobernador celebra que entre la década de 1980 y la actualidad se pasó de 800 mil hectáreas a 1,8 millones de hectáreas cultivadas, con un fuerte incidencia de soja transgénica. “Chaco tiene potencial para llegar a las tres millones de hectáreas sembradas para el año 2030”, afirma el Gobernador.
El artículo promociona todas las “ventajas” que tendría la provincia para recibir inversiones del agronegocio. Propone el avance de la frontera agropecuaria, fábricas de agrocombustibles, recuerda que están abiertos “al mercado de capitales”, señala nuevas rutas, “tarifas energéticas diferenciales” para empresas, subsidio a las contribuciones patronales, exención del impuesto a los ingresos brutos y de sellos por diez años. “Chaco puede aportar mucho para la recuperación económica del país”, finaliza el artículo en Clarín.
El gobernador Capitanich no hizo ninguna mención al impacto social, ambiental y sanitario que tuvo (y tiene) el modelo agropecuario en Chaco. El más notorio, no el único, el desmonte masivo del El Impenetrable.
Somos Monte es un espacio multisectorial de Chaco, que reúne a organizaciones, activistas y académicos que desde hace décadas denuncian las consecuencias del extractivismo en la región. Micaela Camino, integrante de Somos Monte, cuestionó con dureza el escrito de Capitanich. Recordó que la provincia sufre una crisis ambiental, social y sanitaria, donde el modelo que propone el Gobernador solo agravará los problemas.
“Lo que está pasando en Chaco con el agro y los desmonte ya es trágico. Pero si encima se realiza lo que propone Capitanich… sería como un suicidio”, afirmó Camino y remarcó que el plan agropecuario que se aplica en la provincia solo acentuó la desigualdad, la injusticia, la pobreza “y todo fue para llenar los bolsillos de unos pocos”.
La integrante de Somos Monte hizo una repaso de todas las consecuencias ambientales que padece Chaco (sequías, aumento de salinidad de aguas y suelo, erosión, desertificación, impacto en la crisis climática), pero también se refirió a lo sanitario: “El impacto de los venenos (agroquímicos) es terrible en algunas localidades, repleto de casos de cáncer y malformaciones, parece Chernobyil”.
Micaela Camino acaba de releer la nota del Gobernador en Clarín y durante unos minutos explica con paciencia el estado de situación de la provincia, sin agua, con “epidemia de chagas”, con madres que no tienen donde parir, con casos de desnutrición que no salen en las noticias y con las empresas madereras que no pararon ni un día durante la pandemia. Recuerda que los pueblos indígenas tienen numerosas leyes y convenios internacionales que los protegen, pero que ni el Poder Judicial ni el poder político las cumplen. No para de enumerar, hasta que se enoja: “Es toda una gran mentira lo que dice Capitanich. Y avanzar con más agronegocio será una tragedia”.
“El viejo discurso de más de ese agro para alimentar al mundo ya no lo cree nadie. Hablan de alimentos y acá crece el hambre. Y la otra falacia es cuando menciona a los biocomustibles como energía verde, cuando en realidad es nocivo para el ambiente. Da vergüenza, no debiera ni decirlo”, lamentó.
Qué modelo
En una rápida consulta a actores en lucha de diversos territorios del país surge una coincidencia total: el plan de las empresas y el Gobierno implicará más avanzada territorial, más desmontes, más agrotóxicos, más efectos en la salud, más concentración de tierras en pocas manos, más problemas para los sectores populares del campo.
Gabriel Arisnabarreta es productor agroecológico, integrante de la organización Ecos de Saladillo y del colectivo de Pueblos Fumigados de Buenos Aires. “Vemos con mucha preocupación y no oponemos al plan del Consejo Agroindustrial y que aparentemente fue recibido con beneplácito por el gobierno nacional”, es lo primero que menciona en la entrevista.
Remarca que es más de lo mismo, con el discurso de transformar al país en líder del comercio de alimentos cuando en realidad se trata de commodities con más y nuevos agrotóxicos, fertilizantes artificiales y transgénicos. Afirma que implicará más deforestación, más contaminación y más “territorios de sacrificio”. Vincula este plan al impulsado por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), llamado AgTech, que ya contó con la adhesión del Ministerio de Ciencia y de Agricultura. También vinculó estas iniciativas al acuerdo con China por la cría industrial de porcinos y el aumento del corte de mezcla del gasoil (con agrocombustibles).
“Lo que está en juego es el modelo de país”, resume. Y puntualiza: quién produce, qué se produce, cómo se produce y para qué. Afirma que el plan del Consejo Agroindustrial es una profundización del modelo, con más concentración de las tierras y de la producción.
Recuerda que el Foro Agrario (histórico encuentro campesino de mayo de 2019) redactó 21 puntos del plan agrario popular. Y señala que el gobierno no solo no tomó esas iniciativas, sino que abraza un plan que está en las antípodas. “Es terrible que en medio de una pandemia, que mucho tiene que ver con la destrucción del ambiente y la ganadería y agricultura intensiva, se reciba con beneplácito una propuesta para profundizar aun más ese mismo modelo. Esto no tiene nada que ver con los 21 puntos del Foro Agrario y mucho menos con la soberanía alimentara”, denunció.
Profundizar la desigualdad
Fernando Albrecht es miembro de los Vecinxos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de Hersilia (Santa Fe). Analizó el discurso con el que se publicita el plan agroindustrial: “Usa algunos nombres que quedan bien, como ‘federal’, ‘sustentable’; es como estuvieran en el lugar de los que van a traer el bien, el desarrollo de un país. Pero son los mismos actores que aplican este modelo del que ya conocemos las consecuencias”, advierte.
Recuerda que muchas de esas entidades son las responsables de la “expansión sojera”, de la ganadería industrial, de fumigaciones y de un modelo que provocó un desastre ambiental. “Este tipo de planes tiene relación con lo que impulsan corporaciones financieras y grupos concentrados del agro mundial. Un modelo que se aplica acá desde mediados de los 90. Que no solo no ha resuelto la pobreza, sino que ha profundizado la desigualdad”, afirma Albrecht. Y recuerda que el agronegocio destruyó las economías regionales, que en esa región de Santa Fe tenía forma de pequeños tambos y agricultores familiares.
Llama la atención sobre la insistencia, en el discurso empresario, de las palabras “estabilidad fiscal”. Albrecht, que también es parte y parte del Equipo para la Promoción de la Agroecología de Hersilia, advierte que eso implicará menos impuestos para el agronegocio o, parecido, que el resto de la población se haga cargo de financiarles las obras de infraestructura que requiere la agricultura industrial. Por otro parte, remarca cómo la casta política actúa según el sector al que se parece: “Qué facilidad tienen los gobiernos para abrir la puerta a los empresarios y patronales, enseguida llegan a acuerdos y se dan la mano; mientras que no escucha a las organizaciones que elaboramos propuestas agroecológicas, comunidad campesinas, agricultores familiares, indígenas, a los pueblos que elaboramos propuestas desde abajo”.
Dólares para la deuda externa
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) fue una de las organizaciones que impulsó el Foro Agrario de 2019. Agustín Suárez es uno de los voceros de la UTT y acaba de leer el plan del Consejo Agroindustrial. “El Gobierno, con el argumento de necesitar dólares, sigue apoyándose en los grupos de lobby más importantes nacionales e internacionales para profundizar un modelo de producción agroexportadora. Ya vimos que, con 30 años de este modelo, nos llevó a más concentración de la producción y más dependencia. Y solo queda contaminación y saqueo”, advierte.
Recuerda que la UTT señala desde hace años que son las organizaciones de pequeños productores, campesinos y cooperativas las que pueden solucionar el hambre de la Argentina. Remarca que es necesario discutir el modelo agropecuario y cuestiona que el Gobierno deje afuera de la discusión a las organizaciones populares del campo. “La agroindustria promete dólares que, si es que entran, no solucionan el problema porque se vuelven a ir mediante el pago de la deuda externa”, cuestiona.
Remarca que el plan del Consejo Agroindustrial es, al igual que el posible acuerdo con China por la cría de chanchos, la profundización del modelo con las consecuencias ya conocidas.
Excusa perfecta
Juan Wahren es investigador del Conicet y del Grupo de Estudios Rurales (GER) del Instituto Gino Germani de la UBA. Entiende que el plan acordado por el Consejo Agroindustrial y el Gobierno es una readecuación de algunos de los actores más importantes del agronegocio para consolidar el modelo agrario hegemónico. “Es la excusa perfecta, el explotar recursos naturales para salir, supuestamente, de la crisis de la pospandemia”, cuestiona.
Wahren leyó los lineamientos del plan y lo evalúa como una vuelta de tuerca más a los planes que impulsaron Cristina Fernández de Kirchner (“Plan Estratégico Agroalimentario”) y el de Mauricio Macri (“Argentina exporta”).
Recuerda que Alberto Fernández ya había anunciado en campaña que iba a impulsar el agronegocio con mayores exportaciones. Como también su apoyo a la megaminería, Vaca Muerta, explotación de litio “que la venden como una minería limpia, cuando no lo es y cuando no hay acuerdo de muchas de las comunidades indígenas de esos territorios”.
Paradojas de la política, aporta que el nombre del nuevo espacio empresario le hizo recordar al “Consejo Agrario Nacional”, espacio estatal de la década del ‘30 que luego fue tomado por el primer peronismo con una político muy interesante de distribución de tierras. “Fue lo más parecido a una reforma agraria, con todas sus limitaciones y a años luz de otros países de América Latina, pero que entregó millones de hectáreas en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, en beneficio de los pequeños chacareros. Fue un espacio odiado por los terratenientes y destruido por la dictadura militar”, describe.
Un siglo después, otro peronismo implementa políticas en las antípodas.
Wahren advierte que el Gobierno y las empresas también se encontrarán con más resistencias en los territorios. Afirma que la profundización del agronegocio agudizará las contradicciones dentro del gobierno y también en los territorios.
Una gran pregunta, sin respuesta aún, es qué harán las organizaciones campesinas e indígenas frente al gobierno que impulsa el extractivismo en sus territorios.
Lucha de trincheras
Roger Almaraz es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, con base en la comunidad Pozo del Castaño. “Somos lechuza ya cascoteada. Sabemos cuándo nos quieren engañar”, avisa. Y se remonta cuando a inicios del 2000 les decían que un “nuevo paquete tecnológico” (soja transgénica más glifosato) les traería beneficios y sucedió todo lo contrario.
Leyó el proyecto del Consejo Agroindustrial y comparte una primera devolución. “Escriben tan lindo esos señores que hasta parece bueno lo que proponen, dicen ‘inclusivo’, sustentable’, ‘generar trabajo’. Pero para obtener esas cifras millonarias que prometen de seguro intentarán más avance sobre nuestras tierras, más desmontes. Y no podemos permitir eso”, avisa.
Explica que ellos dialogan con distintos sectores del Estado. Y que la propuesta campesina es producir sin contaminar, acceso a la tierra, reservas campesinas, comercio justo. Remarca las “contradicciones” del Gobierno, que habla de cambio climático y crea un Ministerio de Ambiente, y otro lado impulsa un modelo que impactará aún más en los territorios.
“Debe haber cambios drásticos en el modo de producir. Todos los sabemos, pero el Gobierno no plantea eso. Al contrario, apoya a estos empresarios”, cuestiona. Y resume lo que es “el modelo sojero” para el Mocase: “Para nosotros la soja no fue progreso. Ese modelo no implicó desalojos, contaminación y muerte”.
Almaraz afirma que son dos modelos en disputa: el agronegocio y el campesino-indígena. “¿Cuál persistirá en Argentina? Van ganando los poderosos, se ve al mirar las millones de hectáreas desmontadas, aunque nuestra lucha ha evitado que volteen muchas también”, reflexiona.
Comparte dos hipótesis. Los cambios pueden llegar cuando algún gobernante se convenza de que es necesaria una reforma agraria. O, más probable quizá, cuando la sociedad tome conciencia. “No sé cuánto tiempo tomará, pero es necesario ese cambio de conciencia, para un cambio de modelo. Como dicen los compañeros del campo, el problema de tierras no es solo de los campesinos de Santiago, es de toda la sociedad argentina”, arriesga.
¿Y mientras tanto?
Propone Almaraz: “Hasta que ocurra eso, seguiremos dando luchas desde nuestras trincheras. No entiendo que pueda ser de otra manera. Y para eso debemos ir intentando hacer ese camino desde nuestras pequeñas luchas, para alguna vez integrarlas en luchas mayores, vincularlas a sectores de todo el país y ahí ver si podemos instalar otro modelo, que sea para todos y no para unos pocos. Es el gran desafío”.